Noticias del Ministerio Público

Por Diario Digital Dominicano
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El Ministerio Público sostiene que aportó pruebas suficientes para enjuiciar a Argenis Contreras por muerte de Yuniol Ramírez

 SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El procurador fiscal Pedro Frías dijo confiar en que el Cuarto Juzgado de la Instrucción enviará a juicio de fondo al imputado Argenis Contreras González,  señalado como el principal autor material del secuestro y asesinato del abogado y profesor universitario Yuniol Ramírez Ferreras.

 Contreras González enfrenta, también, la acusación de incurrir en corrupción administrativa mientras se desempeñaba como funcionario de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa).

 “Nosotros estamos seguros que va a haber apertura a juicio porque hemos presentado todos los elementos de prueba”, indicó Frías a la prensa a la salida de la sala de audiencia este lunes.

 Luego de que el Ministerio Público terminara la lectura de la acusación contra el imputado, la jueza Yanibet Rivas suspendió la audiencia del juicio preliminar para continuar el próximo lunes, a las 10:00 de la mañana.

 El fiscal Frías explicó que la audiencia se recesó con el objetivo de que se presente la abogada del tercero civilmente demandado, en este caso de la Omsa.

 En ese sentido, dijo que en la próxima audiencia el Ministerio Público y el querellante harán los reparos a los planteamientos de la defensa.

 Explicó que los familiares de la víctima se querellaron en contra de la Omsa porque varias de las personas vinculadas al caso eran empleados de esa entidad; “entonces, la abogada titular del tercero civilmente demandado no estaba presente” y el tribunal aplazó “a fin de que ella esté presente y también para que el Ministerio Público y el querellante hagan reparos o le contesten a la defensa técnica”, añadió Frías.

 El representante del Ministerio Público dijo que luego el proceso “quedaría en estado de fallo o de decisión; ya después de ahí la jueza determinaría si dictará auto de apertura a juicio o no”.

 En el proceso, el fiscal Frías ha adelantado que en el juicio de fondo el Ministerio Público pedirá la pena máxima, de 30 años de prisión, en contra del encartado.

 La Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), que dirigen los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, están a cargo del caso.

 Contreras González es procesado y cumple un año de prisión preventiva por su vinculación como autor material en el secuestro y asesinato de Yuniol Ramírez Ferreras, ocurrido en octubre de 2017, un hecho criminal vinculado con actos de corrupción administrativa cuando el encartado formaba parte de la Omsa durante la gestión de Manuel Rivas.  

 El abogado Ramírez Ferreras, quien presidía la Convergencia Nacional de Abogados (Cona), fue hallado muerto con un block de concreto atado a su cuello mediante una cadena, en un arroyo de Hato Nuevo, en la provincia Santo Domingo.  

 Después de perpetrado el crimen, Argenis Contreras huyó del país. Tres años después y tras los esfuerzos de la actual gestión de la Procuraduría General, el Ministerio Público logró que Estados Unidos lo entregara para que responda por los graves hechos que se le imputan en el país.  

 Se recuerda que, en marzo pasado, la jueza Solange Vásquez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidió el envío a juicio de Manuel Rivas y Faustino Rosario Díaz, ambos acusados de incurrir en corrupción en la Omsa. 

 En tanto que por la muerte de Yuniol Ramírez se dictó apertura a juicio contra José Mercado (El Grande), Víctor Ravelo Campos (El Herrero), Jorge Abreu, Heidy Peña y Lilian Francisca Suárez Jáquez.  

 Además de Pedro Frías, en la audiencia de este lunes el Ministerio Público estuvo representado por los fiscales Jonathan Pérez, Rosa Isabel y Elvira Rodríguez. 

Ministerio Público aportará más de 350 pruebas contra imputados del Caso Falcón

SANTIAGO (República Dominicana).- El procurador adjunto Wilson Camacho aseguró que el Ministerio Público está preparado para aportar más de 350 pruebas durante la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción contra los imputados de la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Falcón que se conoce en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta jurisdicción.

“A pesar de que la defensa hizo varios intentos fallidos para impedir que el Ministerio Público presentara su solicitud, hoy hemos logrado iniciar con la presentación de los hechos. Estos hechos están vinculados a imputación de tráfico internacional de drogas, tráfico de armas, lavado de activos y financiamiento ilícito de campañas”, explicó el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

En ese mismo orden, dijo que este martes el Ministerio Público pretende continuar presentando su solicitud de medida de coerción, de la que en la jornada de hoy fueron presentadas las primeras 54 páginas, correspondientes a los hechos y la descripción de quién es quién dentro de éste entramado criminal.

“Presentaremos nuestras pruebas. Estamos hablando de más de 350 pruebas con que cuenta el Ministerio Público que serán más que suficientes; primero, para demostrar lo que siempre hemos demostrado, que nosotros vamos a los tribunales con procesos blindados; además, para poner a la jueza en condición de que se dicte la medida de coerción que ha solicitado el Ministerio Público, que es la de prisión preventiva”, dijo.

“Esta es una investigación abierta, una investigación en curso, ustedes se habrán dado cuenta, seguimos haciendo allanamientos y, en la medida de que aparezcan nuevas evidencias y esas evidencias vinculen a nuevas personas, evidentemente, las estaremos presentando a los tribunales”, añadió Camacho, al responder a periodistas que lo abordaron a la salida del tribunal. 

La jueza Iris Borges, ratificada por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago luego de ser recusada por varios representantes de las defensas de los imputados el pasado miércoles, retomó el conocimiento de la medida este lunes pasadas las 10:00 de la mañana.

El Ministerio Público inició la presentación de medida de coerción a las 11:20 de la mañana, luego de un receso de 45 minutos que se prolongó por más de una hora, debido a que los abogados de al menos cinco imputados se retrasaron.

El procurador adjunto Camacho informó que la coerción sería presentada en dos partes, primero cómo operaba la red criminal de lavado de activos producto del narcotráfico desmantelada con la Operación Falcón, y en un segundo momento el rol de cada uno de los imputados dentro de la organización criminal.

La parte agraviada es el Estado dominicano, ya que el narcotráfico internacional y el lavado de activos constituyen delitos de orden público.

Esta organización criminal tenía como principal actividad el tráfico de miles de kilos de drogas, específicamente cocaína, desde Sudamérica hasta Estados Unidos, Puerto Rico y varios países de Europa.

La red de lavado desmantelada con la Operación Falcón manejaba millones de dólares en efectivo, amenazaban a personas e intentaron evadir la persecución penal utilizando la inmunidad, específicamente el caso de un legislador que intentó eludir a un extraditable del cerco que habían establecido las autoridades.

Los investigadores estiman que la red traficaba aproximadamente 2,500 kilos de cocaína semanales desde 2012, aunque hay registro de actividades criminales de este entramado desde antes de la fecha. También se intensificaron las operaciones a partir de 2017.

La red tenía como centro de mando y control la provincia de Santiago, en República Dominicana, funcionando con un esquema propio de una mafia, en el que se involucra a los miembros de la familia en toda la operación criminal.

Las fiscalías de todo el país deberán investigar de oficio o por denuncia los casos de maltratos a los animales

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La procuradora general de la República, magistrada Miriam Germán Brito, dispuso que las fiscalías investiguen de oficio, o por denuncia, los casos de maltratos a los animales que se registren en los diferentes distritos judiciales del país.

“Se instruye a las fiscalías del país a investigar los casos que lleguen a su conocimiento, ya sea de oficio o por denuncia, sobre violación a las infracciones penales previstas y sancionadas por la Ley No. 248-12, de Protección  Animal y Tenencia Responsable”, destaca la instrucción general dirigida a los miembros del Ministerio Público.

La procuradora Germán Brito ordenó que las fiscalías tramiten a las autoridades competentes, conforme a la ley, la información pertinente para el rescate o albergue de animales agraviados por la infracción de la citada normativa.

Dijo que podrán aplicarse las salidas alternas que establece la normativa procesal penal y que sean oportunas al caso concreto, conforme a los presupuestos legalmente establecidos, como los “criterios de oportunidad, conciliación y suspensión condicional del procedimiento”.

En ese orden, precisó que “no se aplicarán salidas alternas en los casos  de reincidencia en las infracciones concernidas a la presente instrucción”.

“Se deberá presentar acusación debidamente fundamentada, para imponer la sanción prevista en la ley, en cualesquiera casos que revistan importancia desde el punto de vista político criminal y que afecten de manera más grave al bien jurídico protegido por la ley, en razón de la intensidad del maltrato o crueldad cometido en contra de los animales”, destaca la instrucción general de Germán Brito.

Agrega que la instrucción es de aplicación obligatoria, inmediata y general. “En casos excepcionales en que corresponda apartarse de lo aquí enunciado, o en casos en que existan lagunas, se deberá siempre solicitar autorización previa al fiscal titular, quien a su vez deberá enviar un informe de las acciones emprendidas a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público”, resaltó.

Las instrucciones se amparan en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (núm. 133-11).

En sus considerandos, la disposición recuerda que la Ley núm. 248-12 establece, en su artículo 4, que “es obligación del Estado salvaguardar los derechos de los animales y protegerlos contra el desprecio, el irrespeto, la desatención, el descuido, el abandono, el maltrato y la crueldad a que son sometidos, prohijando el cuidado de las especies y su hábitat”.

 La Pepca confía tribunal impartirá justicia en Caso Odebrecht por la fortaleza de las evidencias incorporadas en el juicio

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La fiscal Mirna Ortiz se manifestó este lunes confiada en que el tribunal que conoce el Caso Odebrecht impartirá justicia, al destacar los méritos de las pruebas aportadas en el juicio por el Ministerio Público para la imposición de condenas contra todos los procesados.

“El Ministerio Público ha llevado este caso hasta este día porque cree en las pruebas que ha presentado a estas juzgadoras y cree firmemente que, con las pruebas presentadas, cuando las juezas se retiren a deliberar, fallarán dictando sentencias condenatorias para cada uno de los imputados”, dijo la coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

“Eso es lo que espera el Ministerio Público y eso es lo que estamos seguros que vamos a obtener”, insistió Ortiz, mientras respondía preguntas de periodistas de diversos medios de comunicación que la abordaron a la salida de la sala de audiencias.

En relación con la suspensión del juicio hasta el próximo 30 de septiembre, Ortiz explicó que se produjo para facilitar que las partes puedan estar presentes para el fallo en dispositivo que debe darse en 10 días.

“El tribunal entendió prudente que rodáramos la finalización de las conclusiones, a los fines de que el cómputo de esos 10 días caiga un día laboral, para que sea más fácil a todos estar en la sala de audiencia”, aclaró.

En ese sentido, explicó que el tribunal informó a las partes de la nueva fecha que fue fijada tomando en cuenta los plazos establecidos por el Código Procesal Penal.

Respecto al tiempo de casi cinco años que lleva el proceso en sus diferentes fases, dijo que “ningún caso es igual a otro caso”.

“Debemos recordar que este año y el pasado fueron prácticamente perdidos para el sector justicia, para gran parte del país afectado por la pandemia; entonces, los cómputos no se realizan de manera matemática, porque tenemos que restarle todos los meses en los que no fue posible celebrar audiencias porque los tribunales estaban cerrados fruto de la pandemia de la COVID-19, y luego la reactivación de los tribunales, pues fue progresiva, no se reabrieron de manera automática”, señaló.

La fiscal de la Pepca dijo que el proceso se encuentra en la declaración final de los imputados, “en la que, de acuerdo a la ley, la costumbre y a la doctrina, ellos tienen la oportunidad de dirigirse al tribunal y obviamente hablan desde su punto de vista”.

En torno a las penas solicitadas, explicó: “Las sentencias son las que acuerdan la ley; lamentablemente, todos sabemos que tenemos un Código Penal que ha dado mil y una vueltas en el Congreso, que no ha sido aprobado y, para ciertos tipos penales, y de acuerdo con la participación de los implicados, pues el Ministerio Público no puede pedir sanciones mayores a las previstas en la norma”.

En la audiencia de este lunes, que se inició alrededor de las 9:15 de la mañana, luego de un receso de 10 minutos, las juezas  Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, escucharon a los imputados, quienes se dirigieron al tribunal  con su defensa material frente a su participación en los US$92 millones en sobornos que distribuyó Odebrecht en República Dominicana para lograr  la adjudicación de contratos para la construcción y reconstrucción de obras públicas.

El primero en presentar sus argumentos fue Ángel Rondón Rijo, representante empresarial de Odebrecht, seguido de Víctor José Díaz Rúa, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y exministro de Obras Públicas, y luego continuó el expresidente del Senado Andrés Bautista García.

En horas de la tarde, previo a socialización con las partes, las juezas dispusieron la suspensión del juicio hasta el próximo jueves 30 de septiembre, a las 9:00 de la mañana, para recibir las manifestaciones finales de los restantes encartados en caso de que deseen dirigirse al tribunal.

En la próxima audiencia expondrían los imputados Tommy Alberto Galán Grullón, exsenador por San Cristóbal; Juan Roberto Rodríguez Hernández, también exdirector del Inapa, y el abogado Conrado Enrique Pittaluga Arzeno.

El Ministerio Público pidió al tribunal condenas de 10 años de prisión para los coimputados Rondón Rijo y Díaz Rúa, mientras que para Pittaluga Arzeno siete años y cinco años de reclusión para Bautista García, Galán Grullón y Rodríguez Hernández.

De igual manera, solicitó que cada uno pague una multa de 200 salarios mínimos y que el tribunal ordene el decomiso de bienes en favor y provecho del Estado y el pago de las costas del proceso, además de que se les varíe la medida de coerción por prisión preventiva.


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