Por Maximo Martinez De La Cruz, Santo Domingo.-La decisión de la junta central electoral de prohibir la publicación de encuestas, mediante la resolución del 22 de mayo del año en curso, ha causado un avispero en el ámbito político nacional.
Por lo que, mediante esta resolución tomada por el órgano electoral, la cual persigue frenar la proliferación de encuestas previo al inicio del periodo de precampaña electoral.
A pesar de que, la ley de partidos políticos 33-18, establece que el punto de partida para el inicio de la precampaña de las organizaciones políticas, inicia el plazo a partir del mes de julio, un año antes de las elecciones del 2028.
Pero que nosbtante a estos, muchas de estas empresas encuestadoras, lanzan sus estudios sin ningún rigor científico, y dicho sea de paso, tampoco se encuentran registradas en la JCE, inician fuera de plazo una especie de envestida de publicaciones con resultados electorales, que responden a intereses particulares, que no responden a la realidad y significan una modalidad de campañas electorales a destiempo, en violacion a los plazos legales.
Esta medida de la JCE, le ha caído como un trago amargo en ciertos sectores. Y esto ha sido así, de tal manera para que no se convierta el tema de campaña electoral a destiempo, en violacion al artículo 41 de la ley 33-18, de partidos políticos.
Muchas de estas encuestas arrojaban números por encima de lo real, y esos son un ejemplo claro de violacion a las reglas y las normas que el órgano electoral tiene la potestad de procurar aplicar y proteger la transparencia y la confianza de los procesos democráticos, especialmente cuando hay grupos que se benefician de este tipo de desinformación.
Lo decisión de la junta electoral, busca poner un freno a una práctica que, ha sido muy común en los últimos procesos: la difusión de encuestas manipuladas o inventadas, que se usan no para informar a la gente, sino para influir en las decisiones, generar expectativas falsas, desmoralizar a los oponentes o ganar ventaja política.
Para ellos, las encuestas falsas eran una herramienta de poder muy útil: si decían que iban a ganar por mucha diferencia, hacían que sus seguidores creyeran que el resultado estaba decidido, o hacían dudar a los votantes de otras opciones.
También servían para justificar sus acciones o para criticar a los demás con cifras abultadas sin ninguna base real.
Las empresas encuestadoras que venden informaciones falsas: Muchas veces detrás de estas empresas o grupos que cobran por difundir estos datos que ellos mismos inventan, al quedar prohibido mediante resolución, se les estaría quitando una fuente de ingresos económicos y de influencia.
La junta central electoral ha usado este reglamento para establecer límites, puestos que, la desinformación sistemática no es libertad de expresión, sino una manipulación que daña a todo el proceso.
Cuando se difunden números falsos, la población toma decisiones basadas en información que no es cierta, lo que distorsiona la voluntad real.
Al prohibir esta práctica, se busca que la información que sirva a la población, sea veraz, y que los procesos electorales venideros se desarrollen con mayor transparencia.
Por supuesto, es normal que quienes se beneficiaban de la mentira se opongan, puesto que, la medida le quita la posibilidad de manipular la opinión pública.
