SANTO DOMINGO, DN.-Las exoneraciones otorgadas a los legisladores para importar vehículos de motor, se erigen como una afrenta contra la población que tendrá que pagar a través de una reforma fiscal los platos rotos por el dispendio y la corrupción que por mucho tiempo han carcomido al Estado.
Ante el anuncio de dos senadores de someter proyectos de ley que supriman, o limiten esas exoneraciones, algunos diputados amenazan con elaborar otro proyecto para suprimir el barrilito en la cámara alta, que representa una erogación de 252 millones de pesos al año.
En un intento por mantener ese irritante privilegio, desde el congreso condicionan la eliminación de esas exenciones arancelarias, a que también se supriman las exoneraciones que disfrutan instituciones y personas físicas, tanto a nivel oficial como en el sector privado.
Los grandes empresarios se han acostumbrado a esos privilegios.
El sector turismo tiene décadas disfrutando de las exenciones impositivas al igual que los sindicatos del transporte, y empresas eléctricas que reciben de regalo millones de galones de combustibles cada mes. Hay que parar ese dispendio.
Esas prebendas han representado al fisco un sangrado por miles de millones de pesos. Toda forma de privilegio debe ser erradicado sin ningún tipo de contemplación.
Esas son las distorsiones que debe corregir Luis Abinader para que sea recordado, como el presidente que salvo al estado, de las garras de un sector político y empresarial insaciable, corrupto e inescrupuloso.
Presidente Abinader préstele atención a los reclamos de un pueblo que lo eligió para un segundo periodo, dígale que no a esos privilegios.
