Sentencia SCJ: El Estado dominicano es el único y legítimo propietario de Bahía de Las Águilas

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Diario Digital Dominicano, por Geisha C. Terrero, 29 de diciembre, 2018, Santo Domingo DN.-El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, anunció esta mañana que la Corte Suprema de Justicia (SCJ) anunció la decisión sobre la apelación de casación del caso de Bahía de Águilas.

El recurso establece que a partir de hoy el Estado dominicano es el único y legítimo propietario de 362 millones de metros cuadrados, que había pasado a manos privadas por medios fraudulentos.

Dijo que la SCJ es el máximo tribunal de justicia que puede decidir sobre el caso, se ha confirmado, sin posibilidad de apelación, la decisión que anuló la totalidad de las demarcaciones y títulos obtenidos de manera fraudulenta por los reclamantes de derechos en dicho lote de tierra. .

“Con este paso, la justicia finalmente ha triunfado y el fraude que hace años se cometió con estas tierras en Pedernales se ha desmantelado por completo”. Gustavo Montalvo recordó que, en 2013, el presidente Danilo Medina decidió continuar con la demanda y promoverla de manera definitiva y prioritaria, dedicando los recursos humanos y financieros necesarios para el seguimiento y el fin, lo que ha permitido al Gobierno de la República Dominicana Obtenga fallos a favor en primer grado, en apelación y, hoy, una sentencia definitiva e irrevocable en Casación.

“Esta última oración no solo nos llena de satisfacción porque se ha hecho justicia, sino también porque abre las puertas para dar el impulso definitivo a los diversos proyectos que la provincia de Pedernales necesita y merece; entre ellos, el tan esperado turismo sostenible. desarrollo, que, según entendemos, mejorará las condiciones de vida de la región suroeste “.

Agregó que en los años de gestión, se ha trabajado para sentar las bases de este desarrollo, para que sea un proceso ordenado y planificado, y con la decisión favorable podrá acelerar la implementación de los planes en curso, con la seguridad jurídica necesaria.

Destacó que el fallo prueba que el estado de derecho funciona en la República Dominicana. En resumen, esta frase nos llena de orgullo y nos muestra la verdadera forma de defender la Patria: el camino de la perseverancia, la defensa de la ley y un trabajo bien hecho.

Historia del caso Gustavo Montalvo repasó el proceso señalando que la historia comenzó mucho antes y vale la pena recordar lo que sucedió para comprender lo que se ha logrado en todas sus dimensiones.

Narró que entre 1992 y 1995, varios funcionarios del gobierno de la época y el registro de títulos de Barahona, en connivencia con algunos amigos cercanos, generaron títulos irregulares a favor de individuos, incluidas las tierras del Parque Natural de Jaragua, que violaron a ambos. Las leyes de bienes raíces y las leyes ambientales.

Dijo que, posiblemente en ese momento, este grupo pensaba que podía burlar la ley y quedar impune.

“Sin embargo, este no fue el caso, porque en 1997, la Dra. Piky Lora, como fiscal estatal, inició un proceso para recuperar estos activos que son propiedad de todos los dominicanos”.

“Hay momentos en que la dignidad de un pueblo entero se muestra en un pequeño acto individual. Y este fue uno de esos momentos. Ese proceso legal, que duraría 21 años, sería continuado por su hija, también Laura Acosta, quien Continuó defendiendo desde 2013, los intereses del Estado en los tribunales incansablemente “, dijo.

El Ministro de la Presidencia expresó el reconocimiento del Gobierno a estas dos mujeres excepcionales, así como al equipo legal que las ha acompañado durante esta larga lucha.

“También es justo reconocer el trabajo del poder judicial, que ha demostrado su alto grado de compromiso, responsabilidad e independencia en cada una de las sentencias. Tenga la seguridad de que el pueblo dominicano reconoce y aprecia el trabajo de estos magistrados”.

Gustavo Montalvo ofreció las declaraciones junto con el consultor legal del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, en el Salón de los Martínez Martínez del Palacio Nacional y moderado por el portavoz del gobierno y director general de Comunicación, Roberto Rodríguez Marchena.