Diario Digital Dominicano, por Geisha C. Terrero, 2 de julio 2019, Santo Domingo DN.-Ministerio Público obtiene prisión preventiva contra presunto organizador de viajes ilegales hacia Puerto Rico,
LA ALTAGRACIA.- El Ministerio Público obtuvo prisión preventiva en contra del presunto organizador del viaje que partió el pasado 2 de junio hacia Puerto Rico en una embarcación con unas 21 personas a bordo, resultando siete de ellos desaparecidos, mientras que varios fueron rescatados, incluyendo una mujer embarazada que posteriormente falleció en un hospital de esta localidad donde recibía atenciones médicas.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Altagracia impuso tres meses de prisión preventiva en contra de Ariel Polanco, alias “Yipeta”, quien fue arrestado en la provincia San Juan, al sur del país, pocos días después de haber ocurrido el trágico hecho.
Ariel Polanco se encuentra recluido en la cárcel preventiva de Higüey, provincia La Altagracia, a la espera de la resolución para su traslado a la cárcel pública de la provincia de El Seibo donde deberá cumplir la medida de coerción.
La solicitud de la medida cautelar hecha por la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas y la Procuraduría Fiscal de La Altagracia establece que a este caso provisionalmente se le ha otorgado la calificación jurídica de violación a la Ley No. 137-03 sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas.
A través de un comunicado de prensa divulgado por el Ministerio Público se informó que Polanco está implicado en el tráfico ilícito de migrantes agravado, delito por el cual se le daba seguimiento desde diciembre del pasado año luego que en el transcurso de otras investigaciones, se le vinculara a esa actividad delictiva.
El Ministerio Público indicó que durante la audiencia presentó distintas pruebas documentales, testimoniales y materiales que lo vinculan al viaje realizado a principio de este mes para transportar hacia la vecina nación a los 21 viajeros procedentes de las provincias de La Vega, La Romana, Hato Mayor y Puerto Plata.
La instancia detalla con relación al caso, que la embarcación habría salido desde de La Romana el pasado domingo 2 de junio y que a las 2:00 de la tarde del mismo día, aproximadamente a 12 millas náuticas de Punta Los Nidos, de la zona de Cabeza de Toro de la provincia La Altagracia, fue detectada virada con varias personas encima.
Detalla que de las veintiuna personas que iban a bordo de la embarcación siete se encuentran desparecidas, incluyendo el capitán de la yola, y que la joven María Yesenia Vásquez Betances, quien se encontraba en estado de embarazo, falleció mientras recibía atenciones médicas en un hospital de la provincia La Altagracia.
Indica que a dicho centro de salud también fueron trasladadas otras trece personas que también fueron rescatadas por miembros de la Armada Dominicana y del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
Ministerio Público SDE logra cuarta condena a 40 años de prisión contra asaltantes que han ocasionado muertes a víctimas con armas ilegales
Esta cuarta sentencia fue dictada en contra de dos hombres que le ocasionaron la muerte a un raso policial durante un asalto.
SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público de Santo Domingo Este logró que fueran condenados a 40 años de prisión y al pago de una indemnización de RD$2 millones, dos hombres hallados culpables de asaltar y dar muerte con un arma de fuego ilegal a un policía en el sector de Villa Duarte, el 16 de enero de 2017.
La sentencia fue dictada contra Jean Andrés Heredia Sosa (Yan) y Ángel Alberto Batista Medina (Chemba), acusados de asesinar a balazos al raso de la Policía Nacional, Jorge Luis Gómez, para despojarlo de su arma de reglamento, siendo esta la cuarta condena que logra el Ministerio Público en esta demarcación a la pena máxima de 40 años de prisión contra asaltantes que le han ocasionado la muerte a sus víctimas con armas de fuego ilegales.
El magistrado Milcíades Guzmán Leonardo, fiscal titular de Santo Domingo Este, advirtió a la delincuencia común y al crimen organizado que esa es la condena que solicitarán en la jurisdicción bajo su dirección para todos aquellos desaprensivos que maten e hieran a ciudadanos para robarle sus pertenencias, tal y como lo estipula la Ley No. 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
El expediente instrumentado por el Ministerio Público indica que el referido día, alrededor de las 11:55 de la noche, en momentos en que el agente policial se encontraba frente a su casa en el sector Maquiteria, en Villa Duarte, llegaron los dos encartados a bordo de una motocicleta y de inmediato lo encañonaron con la intención de despojarlo de su arma de reglamento.
Revela que cuando el policía fue a pasarle su arma, los asaltantes le realizaron cinco disparos en diferentes partes del cuerpo, los cuales le provocaron la muerte, procediendo luego a llevarse la pistola marca Tauro, calibre 9 milímetros, y huyeron del lugar.
Los dos hombres fueron acusados por la Fiscalía de violar los artículos 265, 266, 295, 296, 297, 298 y 302, 379, 382, 383 y 386 1-2 del Código Penal Dominicano, que sancionan la Asociación de Malhechores, Robo Agravado y Asesinato, así como los artículos 66 y 67 de la Ley No. 636-16, sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados, en perjuicio del hoy occiso Jorge Luis Gómez.
El asaltante Heredia Sosa fue arrestado horas después del suceso, en la calle Las Carreras, del barrio Los Farallones, ocupándosele en su poder la pistola Taurus, calibre nueve milímetros, asignada como arma de reglamento al raso ultimado, así como la pistola marca Hipower, calibre 9mm serie 1313383, con un cargador, la que supuestamente utilizaron para ultimar al alistado.
En ese mismo orden, indicó que el otro atracador Batista Medina fue arrestado en la provincia de San Pedro de Macorís, el 18 enero de 2017, ocupándosele una pistola, la cual portaba de manera ilegal.
El Primer Tribunal Colegiado de esta jurisdicción, tras acoger la solicitud del Ministerio Público, dictó la sentencia condenatoria y dispuso que sea cumplida en la Penitenciaría Nacional de La Victoria.
Ministerio Público y Policía detienen administradora de bar en Santiago por vinculación a la explotación sexual de menores
En esta nueva acción contra la explotación sexual clausuran el negocio y rescatan dos víctimas.
SANTIAGO.- En otra operación conjunta ejecutada mediante orden judicial por miembros del Ministerio Público y la Policía Nacional, fue arrestada la administradora de un bar de esta localidad donde se presume que eran explotadas sexualmente varias jóvenes menores de edad.
La detenida fue identificada como Ramona Milagros Cruz Reyes, de nacionalidad dominicana, administradora del Bar La Guacima, del paraje El Rubio, municipio de San José de las Matas, el cual fue clausurado de manera provisional por las autoridades.
La información fue ofrecida a través de un comunicado de prensa, el cual detalla que Cruz Reyes, quien fue arrestada en el clausurado negocio, será sometida a la acción de la justicia y se solicitará en su contra la imposición de prisión preventiva por su vinculación a los delitos de trata de personas, explotación sexual y proxenetismo.
Las autoridades informaron que durante el allanamiento fueron rescatadas dos jóvenes que se presume eran víctimas de esos delitos, una de ellas de 17 años de edad que fue llevada a un centro del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) donde recibe las atenciones de lugar y otra joven de 18 años que presuntamente trabajaba en dicho negocio desde los quince años de edad.
Detallaron que la operación fue ejecutada por miembros de los departamentos contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes de la Procuraduría Fiscal y la Policía Nacional de Santiago con la asistencia de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas.
Se informó que las labores se llevaron a cabo luego de que en el transcurso de la investigación del caso, iniciada el pasado mes de abril, se determinara a través de agentes bajo reservas, autorizados mediante orden judicial, que en dicho negocio presuntamente se estaban dedicando a la trata de personas, la explotación sexual comercial y al proxenetismo.
Las investigaciones realizadas por los organismos a cargo del combate de la trata de personas establecen que el clausurado negocio cuenta con una cantina (bar) y varias habitaciones.
En relación a la activa labor que llevan a cabo las autoridades contra esos delitos, indicaron que trabajan unidas para hacer cumplir la Ley No. 137-03 sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas.
Destacaron que producto de dicha labor han sido clausurados varios establecimientos y sometidos a la acción de la justicia decenas de personas a las cuales les han sido impuestas distintas medidas de coerción por su vinculación a esos delitos.
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