Prisión preventiva para conductor involucrado en accidente de tránsito
LAS MATAS DE FARFÁN (República Dominicana).- El Ministerio Público de esta jurisdicción obtuvo tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, para un conductor involucrado en un accidente de tránsito en el que resultaron muertas dos personas.
El imputado, Wilkin Féliz Jáquez, conducía el camión volteo marca Freightliner, color rojo, placa SOO2825, cuando impactó a las víctimas, Samuel Mora Melo y Luisa Solís Alcántara, quienes se desplazaban en una motocicleta marca Honda C-50, color verde.
El hecho ocurrió el 8 de este mes en la calle Independencia, de este municipio.
El juez especial de tránsito Blaury Luciano, del Juzgado de Paz Especial de este distrito judicial, dispuso que Féliz Jáquez cumpla la medida en la Cárcel Pública de San Juan de la Maguana.
El Ministerio Público le dio al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 300, 301, 302, 303 y 304 de la Ley 63-17, sobre Movilidad, Transporte, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana.
La fiscal titular Marggie Viloria Caraballo valoró la decisión del juez y pidió a la población de Las Matas de Farfán conducir con prudencia, respetando la ley de tránsito para evitar situaciones lamentables que llevan dolor a las familias.
Tribunal mantiene prisión preventiva al general de Torres Robiou, imputado del Caso Coral 5G
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Atendiendo a una solicitud del Ministerio Público, el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó este martes la prisión preventiva al general de la Fuerza Aérea Juan Carlos Torres Robiou, acusado de formar parte de la red de corrupción administrativa desmantelada con la Operación Coral 5G.
“En el día de hoy se conoció la revisión obligatoria de Juan Carlos Torres Robiou y el tribunal la ha mantenido, sobre la base de que no se le ha presentado al tribunal ningún presupuesto nuevo o suficiente como para que la medida de coerción sea variada”, indicó el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, al responder preguntas a periodistas que lo abordaron a su salida de la audiencia de este martes.
La jueza Yanibet Rivas tomó la decisión al conocer la revisión obligatoria a la coerción de Torres Robiu. El procurador adjunto Camacho representó al Ministerio Público junto a los fiscales Emmanuel Ramírez y Jonathan Elías Pérez.
El general Torres Robiou deberá continuar cumpliendo la medida coercitiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.
Con las operaciones Coral y Coral 5G, que involucran a imputados por corrupción administrativa, el Ministerio Público presentó cargos por ese delito contra 48 personas, 30 personas físicas y 18 personas jurídicas, imputadas de defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos.
El entramado de corrupción operó en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
En la Operación Coral 5G, derivada de la Operación Coral, fueron arrestados los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD), Boanerges Reyes Batista (ARD) y Julio Camilo de los Santos Viola (FARD), así como el capitán de navío ARD, Franklin Mata Flores, y José Manuel Rosario Pirón.
En el caso también están implicados Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco.
Entre los imputados de la Operación Coral figuran el mayor general Adán Cáceres Silvestre, Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa), el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, así como el mayor del Ejército, Raúl Alejandro Girón Jiménez.
Sobre investigación a juez de Atención Permanente
El procurador adjunto confirmó que la Pepca tiene abierta una investigación sobre el magistrado Juan Francisco Rodríguez Consoró, juez del Noveno Juzgado de la Instrucción, adscrito a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
“Ciertamente, la Inspectoría del Poder Judicial nos pasó ese caso hace unos meses y desde el Ministerio Público hemos abierto una investigación”, dijo Camacho, al ser cuestionado por periodistas sobre la información difundida este martes por dos medios impresos.
“Lo que nos ha dicho esa investigación, hasta el momento, es que hay indicios de que se trata de una estructura, pero por ser una investigación abierta no podemos dar más detalles”, añadió Camacho.
“Podría haber otras personas pero no podemos dar más detalles ahora. Podría haber otras personas de diferentes naturalezas vinculadas en este tema, pero es una investigación abierta y por esa razón no podemos hablar de este tema”, sostuvo.
Los periodistas preguntaron al titular de la Pepca sobre una supuesta suspensión temporal del juez Rodríguez Consoró a la Inspectoría General del Poder Judicial solicitó al Consejo de ese órgano. “No sabemos de la suspensión, sabemos de la comunicación que se nos hizo hace unos meses y que tenemos una investigación abierta”.
“Es una investigación abierta y no podemos dar más detalles, pero ustedes saben que nosotros lo investigamos todo y siempre vamos con todo y por todo”, indicó.
El Ministerio Público fortalece articulación de actores clave contra la trata de personas en la frontera
MONTECRISTI (República Dominicana).- El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Inmigrantes y Trata de Personas (PETT), realizó en esta provincia un encuentro estratégico para reforzar las acciones contra la trata de personas en la zona fronteriza, en conjunto con el Poder Judicial y con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM),.
El “Encuentro estratégico para el fortalecimiento de la red de fiscales, jueces y actores clave para combatir la trata de personas en la Zona Fronteriza” estuvo dirigido al fortalecimiento del sistema, con el objetivo de identificar los problemas actuales de la parte norte de la frontera y crear grupos de trabajo estandarizados para la identificación y remisión de víctimas de trata de personas.
Además, el encuentro, que se realizó en el marco del “Programa Multipaís de Seguridad Fronteriza en Jamaica, Haití y República Dominicana” MCBS (por sus siglas en inglés, Multi Country Border Security) financiado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo para el Desarrollo (FED), tuvo por finalidad crear redes de apoyo que permitan el fortalecimiento de las diferentes instituciones que componen el sistema de justicia en la región.
La titular de la Procuraduría Especializada de Trata y Tráfico, la procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, destacó la necesidad de fortalecer de manera constante las herramientas y capacidades de los actores judiciales frente al reto que constituye combatir este tipo de delitos.
También, motivó a los presentes a denunciar esos delitos y destacó que su gestión ha puesto en marcha un plan estratégico, con acciones a largo, corto y mediano plazo, para eficientizar la prevención y persecución de los delitos de tráfico y trata de personas en el país.
En la ceremonia de apertura de este encuentro, que se realizó en el Palacio de Justicia de Montecristi, donde las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la jueza Arleny Miguelina Cabral Then, coordinadora del Departamento Judicial de Montecristi, quien manifestó sentirse agradecida con la iniciativa de realizar este tipo de encuentro y la asistencia masiva de los participantes.
La actividad integró a las autoridades de las provincias que componen el litoral de la zona fronteriza norte, representadas por fiscales, jueces y actores clave, además de policías, representantes del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront), sociedad civil con representantes de las juntas de vecinos, del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de Montecristi y gobernadores civiles de las distintas provincias, bajo la coordinación general de la PETT y el Poder Judicial, representado por coordinadora del Departamento Judicial de Montecristi.
Igualmente, contó con la participación de la señora María Paredes, coordinadora de asistencia a OIM, quien presentó el programa de la actividad, los objetivos y los resultados esperados, además de agradecer a la PETT y al Poder Judicial por haber organizado oportunamente el evento.
La expositora Kenya Romero, quien es juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, resaltó las generalidades de la trata de personas, sus diferencias con el tráfico ilícito de migrantes y el Protocolo de Palermo, así como los protocolos de asistencia a víctimas.
La señora Gina Gallardo, experta en migración y trata, destacó el rol de los agentes de seguridad frente a ese delito y la importancia de la identificación de esos casos y su remisión a la autoridad competente.
Al realizar la entrega de los certificados de participación, la titular de la PETT, Yoanna Bejarán, y la magistrada Arleny Miguelina Cabral Then puntualizaron “que la trata de personas reviste muchas formas diferentes, que es dinámica y adaptable y que, al igual que otras tantas formas de actividad delictiva, cambia constantemente, a fin de burlar la labor de prevención de los organismos encargados de hacer cumplir la ley”.
En marzo de este año las autoridades realizaron un encuentro de trabajo similar en la provincia Barahona, donde participaron miembros del Poder Judicial, la Policía Nacional y la Gobernación Provincial, quienes abordaron diversos temas relativos al combate efectivo de ese delito.
Fiscalía de Santiago solicita prisión preventiva contra agente de la Policía que mató a un civil
SANTIAGO (República Dominicana)-La Fiscalía de esta demarcación solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente imponer la prisión preventiva, como medida de coerción, a un agente de la Policía Nacional imputado de matar a un joven de 21 años en el ensanche Gregorio Luperón.
En la instancia, el órgano acusador señala como imputado de homicidio voluntario a Smolin Sánchez Montero, un raso de la Policía Nacional que disparó deliberadamente, provocando la muerte de Jalfany Albert Reynoso Trinidad, de 21 años, en medio de una supuesta persecución a un presunto delincuente.
Las investigaciones realizadas por la Fiscalía permitieron identificar a Sánchez Montero como el agente que, usando un arma de fuego tipo pistola marca Taurus calibre 9 milímetros, disparó contra la víctima.
El documento de solicitud de medida consta de numerosas pruebas materiales, documentales y testimoniales.
El Ministerio Público, encabezado por el fiscal titular Osvaldo Bonilla, plantea que la muerte del joven Reynoso Trinidad se debió a un uso desmedido de la fuerza y una violación flagrante a los protocolos de actuación de la institución del orden.
Por ello, aseguró que el hecho, sin importar la procedencia de quien lo ha cometido, deberá ser sancionado como lo establece la legislación dominicana.
La Fiscalía de Santiago formuló contra el imputado la violación a los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, que penalizan el homicidio voluntario.
Wilson Camacho: Ministerio Público ha sobreprobado hechos con más de 2,000 pruebas presentadas en Caso Antipulpo
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- “En Operación Antipulpo, el Ministerio Público al día de hoy ha presentado ya todos sus hechos y para probar esos hechos hemos presentado al tribunal más de 2,000 pruebas”, destacó este lunes el procurador adjunto Wilson Camacho, sobre el proceso por corrupción administrativa que tiene como principal imputado a Juan Alexis Medina Sánchez.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) consideró que, por la fortaleza del expediente y los elementos probatorios aportados, el proceso por corrupción administrativa debe ir a juicio y que al final de este debe emitirse sentencia condenatoria contra los imputados.
“Esa cantidad de pruebas, esa enorme cantidad de pruebas, sobreprueba los hechos que hemos presentado, y ha sido así porque en República Dominicana está demostrado que, cuando se trata de casos de corrupción, hay que sobreprobar; por ende, hemos depositado en este tribunal pruebas más que suficientes como para que este proceso sea enviado a juicio y en juicio se produzca sentencia condenatoria con relación a los acusados”, consideró.
Camacho, quien produjo sus declaraciones en respuesta a preguntas de periodistas de varios medios de comunicación que lo abordaron luego de concluida la audiencia preliminar en el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, adelantó que el próximo viernes el Ministerio Público presentará sus conclusiones formales, en las que solicitará apertura a juicio.
“Esperamos que, conforme a la enorme cantidad de pruebas que hemos presentado, se dicte apertura a juicio”, insistió.
Al ser cuestionado sobre cuántos imputados han negociado con el Ministerio Público, dijo: “esa es una información que nosotros solamente podemos develar en el momento que cierre la audiencia preliminar; el Ministerio Público, incluso, por mandato del propio Código (Procesal Penal), no puede divulgar esa información mientras no se cierren los acuerdos”, expresó.
Sobre si tiene esperanza de que antes de que cierre la primera fase, haya otros implicados que también acepten negociar, respondió: “Nosotros somos un Ministerio Público que creemos en los acuerdos. Hemos demostrado que creemos en los acuerdos y todo el que esté en condición, conforme las pruebas que ha presentado el Ministerio Público, en colaborar, y en este caso por el nivel en el que está el proceso, de asumir los hechos sobre los que se le ha acusado, el Ministerio Público tiene las puertas abiertas”, concluyó.
Además del procurador adjunto Camacho, el órgano de la persecución penal estuvo representado en la audiencia por la procuradora de corte y coordinadora de Litigación de la Pepca, Mirna Ortiz, y los fiscales Ernesto Guzmán, Elizabeth Paredes, José Miguel Marmolejos y Yoneivy González.
El juez Deiby Timoteo Peguero aplazó la continuación de la audiencia preliminar para el próximo viernes 18 de noviembre, a partir de las 9:00 de la mañana.
Por los hechos de corrupción administrativa, además de Juan Alexis Medina Sánchez, en el caso es procesada la exvicepresidenta del Fonper, Carmen Magalys Medina Sánchez, ambos hermanos del expresidente Danilo Medina Sánchez. También, fueron acusadas otras 27 personas físicas y 21 compañías que enfrentan cargos por corrupción y lavado de activos.
Igualmente, están involucrados el expresidente del Fonper Fernando Rosa; el exministro de Salud Pública Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez; José Dolores Santana Carmona y Wacal Bernabé Méndez Pineda, así como Francisco Pagán Rodríguez, ex director general de la otrora Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y el exfiscalizador de esa institución Aquiles Alejandro Christopher Sánchez.
La acusación del caso presentada por la Pepca y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la cual contiene unas 3,445 páginas, además incluye a Julián Esteban Suriel Suazo, al ex contralor general Rafael Antonio Germosén Andújar y a Domingo Antonio Santiago Muñoz.
Asimismo, están involucrados Carlos Martín Montes de Oca Vásquez y Paola Mercedes Molina Suazo.
El órgano de la persecución penal presentó cargos, además, contra las personas jurídicas General Supply Corporation S.R.L., Domedical Supply S.R.L., Fuel América Inc. Dominicana S.R.L., y Globus Electrical S.R.L., entre otras.
Sobre Juan Alexis Medina Sánchez, principal acusado, el expediente establece que creó un entramado societario y, utilizando tráfico de influencias, al ser hermano del expresidente de la República Danilo Medina Sánchez (periodos constitucionales 2012-2016, 2016-2020), realizó un conjunto de maniobras fraudulentas, en asociación con funcionarios.
Señala que se hizo adjudicar a su nombre, así como a terceros, obras, bienes y servicios del Estado, operando como criminalidad organizada.
Los tipos penales en que incurrieron los procesados incluyen la asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, complicidad para desfalco, soborno activo y pasivo, uso de documentos falsos, financiamiento ilícito de campañas políticas, tráfico de influencia, lavado de activos, coalición de funcionarios, concusión, tráfico de influencia y falsedad en escritura pública, así como falseamiento y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito, prevaricación, uso de prestanombres y testaferrato.
Fiscalía de SDE obtiene siete años de prisión contra hombre al que le ocuparon 381.96 gramos de cocaína
SANTO DOMINGO ESTE (República Dominicana).- La Procuraduría Fiscal de Santo Domingo Este y Norte logró que le sea impuesta una condena de siete años de prisión a un hombre que fue detenido justo en el momento en el que se disponía a traficar 381.96 gramos de sustancias controladas, en el sector Lucerna de Santo Domingo Este.
Patricio Pierre, de nacionalidad haitiana, deberá cumplir la sentencia en el centro de privación de libertad La Victoria, por disposición del Primer Tribunal Colegiado de esta demarcación.
El expediente instrumentado por el Ministerio Público establece que el 3 de agosto de 2021, alrededor de las 12:54 de la noche, el hoy condenado fue detenido por miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), por presentar una actitud sospechosa.
Detalla que, tras su detención, los agentes procedieron a registrarlo y le ocuparon una cartera pequeña que tenía en su interior 73 porciones de un polvo blanco, de las cuales 72 estaban envueltas en fundas plásticas transparentes con cierre y una envuelta en un pedazo de papel transparente.
Tras analizar las sustancias se determinó que correspondían a cocaína clorhidratada, como consta en el certificado del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Durante el juicio, el Ministerio Público, representado por el fiscal litigante Darío Almonte, demostró con suficientes elementos probatorios la responsabilidad penal del encartado, por haber violado los artículos 5-A, 28 y 75, párrafo II, de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas.
Ministerio Público de SDO obtiene prisión preventiva contra una mujer que contrabandeaba armas desde Estados Unidos
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público de Santo Domingo Oeste logró que la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta demarcación impusiera tres meses de prisión preventiva a una mujer imputada por tráfico de armas y asociación de malhechores.
La jueza Cecilia Toribio dispuso que Jelissa Arias Segura cumpla la medida de coerción en el recinto penitenciario Najayo Mujeres, en la provincia San Cristóbal.
El órgano acusador presentó ante el tribunal evidencias que demuestran que la imputada incurrió en violación a las leyes, tras dedicarse al lavado de activos, así como a contrabandear y comercializar armas de fuego de uso militar desde Estados Unidos hacia República Dominicana.
En una ardua labor de inteligencia y con la obtención de una orden de allanamiento a la vivienda de Arias Segura, las autoridades le ocuparon armas, motocicletas y teléfonos móviles.
El Ministerio Público le imputa infringir la Ley 631-16, sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, y la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, así como los artículos 265 y 266 del Código Penal y 333, 334, 335, 338 y 343 de la Ley 168-21, del Régimen Sancionador de los Delitos Aduaneros.
Ministerio Público de Hermanas Mirabal logra condena contra hombre acusado de traficar con droga
HERMANAS MIRABAL (República Dominicana).- El Ministerio Público de esta provincia logró que un juez condenara a tres años de prisión a un hombre hallado culpable de traficar con marihuana en Tenares.
La decisión fue tomada por los jueces Manuel Antonio Carela, Felicia Núñez de Jesús y Elizabeth Cepeda Muñoz, del Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de la provincia Hermanas Mirabal, en contra del procesado Jorge Ramón Salcedo González.
El hoy condenado había sido arrestado mediante la orden judicial 0152-2021 por miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el 20 de mayo de 2021, durante un allanamiento en su residencia, ubicada en el sector Cristo Rey, del municipio Tenares.
Según consta en el escrito de acusación, las autoridades encontraron en la residencia de Salcedo González 12 porciones de una sustancia que, mediante el correspondiente análisis químico forense, se determinó que se trataba de marihuana. La droga tenía un peso de 213.48 gramos.
El Ministerio Público detalló, además, que durante el allanamiento los agentes actuantes observaron al imputado lanzando 15 porciones de la droga por una persiana del baño de la residencia, según consta en el acta de inspección de lugar.
El procurador fiscal Pablo Osiris Molina, responsable de la investigación, estableció que Salcedo González fue sometido a la justicia por violar el artículo 4, letra b; artículo 6, letra a, y el artículo 75, párrafo II, de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas, en perjuicio del Estado dominicano.
El hoy condenado deberá cumplir la pena en la cárcel pública Juana Núñez de la ciudad de Salcedo.
Fiscalía de Santiago obtiene prisión preventiva contra traficante al que ocupó más de 380 libras de marihuana
SANTIAGO (República Dominicana).- La Fiscalía de Santiago logró que un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente impusiera prisión preventiva por tres meses a un traficante de drogas a quien el órgano persecutor, junto a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), le ocupó 381.1 libras de marihuana.
El procesado es Juan Alberto Leotto Hernández, alias Merón, Nerón o Verón, en cuya residencia agentes de la DNCD y miembros del Ministerio Público en Santiago ejecutaron un allanamiento, avalado en la orden judicial número 09325-2022.
Además de la sustancia narcótica, las autoridades actuantes ocuparon una balanza en la vivienda.
Las fiscales Quirsa Abreu y Heidys de León depositaron ante el juzgado una lista de elementos de irrefutable probación, que demuestran la vinculación del imputado con el tráfico de sustancias narcóticas, en una actividad ilícita que atenta contra el orden público, la salud, la paz pública y la seguridad.
La Fiscalía le imputa a Hernández la violación a los artículos 4, letra D; 6, letra A; artículo 8, categoría I, acápite III, y el artículo 75 de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas, que lo sanciona en la categoría de traficante.
El allanamiento
Tras una previa labor de investigación y vigilancia, la Fiscalía dispersó a sus peritos, obteniendo evidencias de que el imputado se dedicaba al tráfico de sustancias narcóticas, por lo que solicitó autorización judicial para ejecutar la operación.
Frente al imputado, durante la requisa, los agentes se incautaron de 63 paquetes vegetal que contenían el vegetal que, más tarde, las analíticas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), confirmaron que era marihuana.
Otros cuatro paquetes y dos porciones de la misma sustancia, también fueron ocupadas al traficante, para un total de 381.1 libras.
Instituto Especializado de Estudios Penitenciarios abre nuevo diplomado en Gestión y Tratamiento
SAN CRISTÓBAL (República Dominicana).- El Instituto Especializado de Estudios Penitenciarios y Correccionales (Iseepenc) dio inicio a la edición número 42 de su Diplomado en Gestión y Tratamiento Penitenciario, con una matrícula de 36 profesionales y técnicos que trabajan con las personas privadas de libertad.
Los participantes serán capacitados y certificados en el dominio de la gestión, el tratamiento, la seguridad y el entorno institucional e integral del Sistema Penitenciario y Correccional de la República Dominicana, especialmente para la gerencia de los procesos de reeducación y reinserción social de las personas recluidas en los centros de corrección y rehabilitación.
El Iseepenc, antes Escuela Nacional Penitenciaria y elevado a instituto de educación superior por mandato de la Ley 113-21, que regula el Sistema Penitenciario y Correccional de República Dominicana, impulsa este programa en el marco de su responsabilidad respecto a la profesionalización, formación y capacitación del talento humano que presta servicio.
Durante un encuentro con los estudiantes, la directora general del Iseepenc, maestra Gladys Esther Sánchez Richiez, le instó a la búsqueda constante del conocimiento y, con ello, a mejorar sus capacidades para brindar un servicio de calidad a la población privada de libertad, además de ir acumulando méritos en la carrera penitenciaria.
Este Diplomado en Gestión y Tratamiento Penitenciario cuenta con una carga de 104 horas y se desarrollará en seis módulos. El primero es Fundamentos y Contexto de la Reforma Penitenciaria Dominicana, seguido de Gestión Penitenciaria. El tercero en el orden es Asistencia y Tratamiento, Componentes, Gestión Efectiva e Integral en los Centros de Corrección y Rehabilitación, para pasar luego a Sostenibilidad y Medio Social. La formación concluye con los módulos de Pasantía y Evaluación.
Se desarrollará en la modalidad semipresencial, con secciones virtuales participativas e inmersión práctica en los centros de corrección.
Autoridades penitenciarias investigan la muerte de un privado de libertad en pelea con otro en Fortaleza Duarte
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) informó que investiga las circunstancias en las que un privado de libertad perdió la vida debido a heridas de arma blanca que recibió en la Fortaleza de la provincia Duarte.
Los informes preliminares dan cuenta que cerca de las 3:00 de la tarde de este domingo se produjo una pelea entre los internos Pavel Pichardo Paulino y Byron Zayas Morillo, en la que ambos se provocaron varias heridas.
Las autoridades del centro, cuya seguridad está a cargo del Ejército de la República Dominicana, detallaron en un reporte que, debido a la gravedad de las heridas, trasladaron a Pichardo Paulino al hospital San Vicente de Paúl de San Francisco de Macorís, donde falleció al poco tiempo de llegar.
Al respecto, la DGSPC abrió una investigación para determinar el origen y los detalles de las circunstancias del incidente, a fin de tomar las medidas que correspondan.
Fiscal titular de Santiago sostiene son vinculantes las pruebas contra sicarios que mataron a una mujer en Santiago
SANTIAGO (República Dominicana).- El titular de la Fiscalía de Santiago, Osvaldo Bonilla, aseguró que son suficientemente vinculantes las pruebas contra los dos imputados de sicariato por la muerte a tiros de Ana Francisca Gómez y sostuvo que el órgano que dirige trabaja de sol a sol para dar respuesta a los hechos que laceran la tranquilidad de los habitantes de la provincia.
Las declaraciones de Bonilla se produjeron a la salida de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, a cuyo estrado se presentó para solicitar se imponga la prisión preventiva por un año en contra de dos hombres vinculados al asesinato de la mujer, a la que atacaron a tiros mientras conducía un vehículo por la avenida 27 de Febrero en el ensanche Libertad, en octubre pasado.
El tribunal aplazó la audiencia para este martes, a solicitud de las defensas de Wader Robert Peña Angomás, alias Adalino, y Wilfin Gerónimo Sánchez Angomás, imputados por la muerte de Ana Francisca Gómez de Amaro, alias Ana la Colombiana, la Patrona y/o la Reina.
«Tenemos múltiples elementos de pruebas que los vinculan, entre ellos armas de fuego, los videos de las cámaras de vigilancia que fueron levantados y testimonios que vinculan al imputado con los hechos. En lo adelante esperamos que la audiencia se conozca este martes y que el tribunal imponga prisión preventiva», indicó con respecto a la solicitud de medida de coerción.
La investigación que abrió la Fiscalía tras el crimen de la mujer establece que Peña Angomás, oriundo de Capotillo, en Santo Domingo, es la persona que ubicó y conducía la motocicleta en la que dieron seguimiento e interceptaron a Gómez, quien murió mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud, a causa de numerosos impactos de balas.
La solicitud de medida de coerción revela que el levantamiento de cámaras de vigilancia, el rastreo de rutas y otras acciones de inteligencia permitieron identificar, individualizar y relacionar con el hecho a Angomás, en cuyo poder las autoridades ocuparon evidencias, como armas de fuego, el casco protector y prendas de vestir, entre otros objetos.
«En lo adelante, el Ministerio Público seguirá ampliando las investigaciones de este y otros casos que tenemos en carpeta y están en proceso de investigación, por lo que la sociedad de Santiago puede tener la certeza de que nosotros les vamos a dar respuesta, día a día, de los hechos que se van presentando», acotó el titular del Ministerio Público.
La Fiscalía de Santiago le imputa a Peña Angomás la comisión de asesinato y asociación de malhechores, delitos tipificados y sancionados en los artículos 265, 266, 297 y 304 del Código Penal Dominicano, así como el artículo 67 de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
