Abinader decretó plan de austeridad y racionamiento del gasto público; Limita viajes oficiales, compra vehículos de lujo y escoltas de funcionarios

Por Diario Digital Dominicano
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Diario Digital Dominicano, por Andrés Rodríguez, 20 de junio 2021, Santo Domingo, DN, República Dominicana.-El Gobierno decretó un plan de austeridad y racionamiento del gasto público, con el que espera mitigar el impacto de la pandemia del COVID-19 en la economía de la República Dominicana.

El decreto presidencial establece considerables reducciones en gastos relacionados con viajes al exterior, compra de vehículos de lujo, remodelaciones de alto costo, agasajos y celebraciones.

La disposición también alcanza las donaciones, obsequios, uso de instalaciones privadas para la realización de actividades, y hasta el uso de personal policial o militar asignado a funcionarios públicos, con muy contadas excepciones establecidas en el propio decreto.

La medida también prohíbe la salida al exterior de servidores públicos en viajes oficiales que no cuenten con autorización previa y la consecuente compra de boletos aéreos.

De igual manera, prohíbe las compras de vehículos de motor, excepto los utilitarios que sean imprescindibles para la adecuada ejecución de las funciones a las que sean asignados y debidamente autorizadas.

Igualmente, solo se autorizarán exoneraciones y exenciones de vehículos según lo establecen las correspondientes leyes aplicables y se denegará cualquier solicitud relacionada, que no tenga su base en alguna ley.

Prohíbe también el uso de vehículos oficiales durante fines de semana y días feriados.

Igualmente queda prohibido el uso de flanqueadores motorizados en desplazamientos de los servidores públicos, con claras excepciones como la del Presidente y Vicepresidenta de la República, Ministros de Defensa e Interior y Policía, Director General de la Policía Nacional, Procuradora General de la República, Comandantes generales de los cuerpos castrenses, Presidente de la DNCD y el Director del DNI.

En el caso específico de la Policía, se ordena la reducción de personal asignado a instituciones y funcionarios en al menos un 50%, para que el resto sea dedicado a la implementación efectiva de la Estrategia Nacional Integral de Seguridad Ciudadana “Mi País Seguro”.


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