Por Geisha Carvajal
Ministerio Público continúa avanzando con presentación de pruebas en juicio por muerte Yuniol Ramírez y corrupción en OMSA
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público continuó este miércoles con la presentación de las pruebas en el juicio de fondo que sigue en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional contra los imputados por el asesinato del abogado Yuniol Ramírez Ferreras y los actos de corrupción administrativa en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) durante la gestión de Manuel Rivas.
La procuradora general de corte Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), destacó el avance del juicio y dijo que en las próximas audiencias aportarán más pruebas testimoniales.
“El Ministerio Público continúa avanzando en este proceso. Hemos presentado en el día de hoy la participación de uno de los testigos del Ministerio Público, testigo que también ha sido ofertado por la parte de la defensa del imputado Manuel Rivas”, precisó, tras indicar que están en la fase del interrogatorio y contrainterrogatorio.
Ortiz dijo a periodistas que la abordaron en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, luego de concluida la audiencia, que “en los próximos días seguiremos avanzando con la presentación de las pruebas y día por día vamos demostrando ante el tribunal todas nuestras pretensiones, que los hechos ocurrieron conforme la narrativa del Ministerio Público y que conllevará a una indiscutible condena”.
Precisó sobre la cantidad de testigos, que el Ministerio Público ha presentado más de 50 testigos en su escrito de acusación y dijo que son los testigos que pretenden reproducir en el desarrollo del proceso.
“Ahora mismo llevamos ya con la audiencia del día de hoy siete testigos que se han escuchado en el tribunal y el lunes próximo seguiremos con diez testigos más, que esperamos que la jornada sea extendida y nos permita presentar todas estas pruebas”, apuntó.
El juicio se sigue contra Argenis Contreras, señalado como el principal autor material del secuestro y asesinato del abogado y catedrático universitario Ramírez Ferreras, así como de José Mercado (el Grande), Víctor Ravelo Campos (el Herrero), Jorge Abreu, Heidy Peña y Lilian Francisca Suárez Jáquez. También, contra Manuel Rivas y Faustino Rosario Díaz, quienes enfrentan cargos por corrupción administrativa en la OMSA.
El Ministerio Público ha destacado en el proceso que aportará pruebas testimoniales de 55 personas.
En la audiencia el órgano acusador del sistema de justicia estuvo representado por un amplio equipo litigante integrado por Mirna Ortiz, Pedro Frías, Rosa Ysabel, Wagner Cubilete, Elvira Rodríguez y Jonathan Pérez.
Será el próximo lunes 30 de mayo, a partir de las 11:00 de la mañana, cuando las juezas Claribel Nivar Arias (presidenta), Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo, continuarán conociendo el juicio contra los imputados por asesinato y corrupción.
Ramírez Ferreras, quien presidía la Convergencia Nacional de Abogados (CONA), fue hallado muerto con un block de concreto atado a su cuello mediante una cadena, en un arroyo de Hato Nuevo, en Santo Domingo Oeste.
El crimen registrado en octubre de 2017 está vinculado con los actos de corrupción administrativa ocurridos en la entidad gubernamental de transporte.
Luego del hecho Argenis Contreras huyó del país hacia Estados Unidos, en donde fue capturado y tres años después entregado al país tras los esfuerzos de la actual gestión de la Procuraduría General.
En atención a una solicitud del Ministerio Público, el pasado 24 de febrero el tribunal decidió unificar el expediente del asesinato del abogado Yuniol Ramírez con el de los actos de corrupción administrativa registrados en la OMSA.
El Ministerio Público inició el miércoles 11 de mayo de este año la lectura de la acusación que contiene los cargos y los elementos probatorios del caso, y concluyó el pasado viernes 13 de mayo. Ahora, continúa con la presentación de los elementos probatorios que sustentan el expediente.
El Ministerio Público interpone recurso de casación a decisión que descarga a exalcalde de Bayaguana
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público interpuso un recurso de casación en el Departamento Judicial de Santo Domingo en contra de la decisión que descarga a Nelson Osvaldo Sosa Marte, alias Opi, exalcalde de Bayaguana, imputado por la autoría intelectual del asesinato del regidor Renato de Jesús Castillo Hernández.
El recurso interpuesto por el Ministerio Público solicita la anulación de la decisión emitida por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, que dispuso el descargo de Sosa Marte, quien estaba condenado a 20 años de prisión por el asesinato de Castillo Hernández, ocurrido en 2014.
El recurso presentado por el procurador general de la Corte Regional de la Provincia Santo Domingo, Francisco Alberto Berroa Hiciano, solicita que Sosa Marte, quien se encuentra en libertad, sea apresado y que cumpla con la condena de 20 años que le fue impuesta el 8 de abril de 2021, como autor intelectual de la muerte del regidor.
“Estamos solicitando a la Suprema Corte de Justicia que dicte sentencia propia y que se ejecute la sentencia emitida en primera instancia por el Tribunal Colegiado de Monte Plata”, dijo.
Castillo Hernández fue ultimado en junio de 2014, cuando se encontraba frente a un colmado de su localidad. Sus atacantes, que se movilizaron a bordo de una motocicleta, lo impactaron con disparos en el tórax y en un brazo.
Durante el juicio de primera instancia, el Ministerio Público demostró la participación intelectual del exalcalde en la muerte del regidor, quien para entonces fungía como presidente de la Sala Capitular de la Alcaldía de Bayaguana.
Por el crimen, también fueron sentenciados a 20 años de prisión Antonio Rafael Olivo Javier (Eladio) y Fredy Alberto de la Cruz, en tanto Marcial Cuello Soto (Prieto) y Yolkis Severino Alberto (Coqui) recibieron condenas de 30 años, por su participación material en el hecho.
También, Dauris de la Cruz (Dawri) fue condenado a 10 años de prisión, mientras que Michael Peña Bueno fue favorecido con absolución por insuficiencia de pruebas.
Procuraduría ambiental presenta acusación contra una empresa por el corte de cientos de árboles
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren) presentó formal acusación en contra de la empresa 481 Constructora, SRL, responsable de la eliminación de cientos de árboles de diferentes especies.
La acusación, presentada por los fiscales de Proedemaren ante el Juzgado de la Instrucción de Santo Domingo Este, persigue la apertura a juicio en contra de la razón social “481 Constructora, SRL”, así como contra sus propietarios Luis Miguel Arenas y Cesarina Leonor de las Mercedes Rivera Mata de Montás.
La instancia establece que los imputados talaron y eliminaron cientos de árboles de diferentes especies, en un área de aproximadamente 153,000 metros cuadrados, en el sector Ferregú, situado en la carretera Santo Domingo-La Victoria.
Entre las especies derribadas se encuentran javilla, samán, palma real, mango, amapola, gina, jagua, piñón cubano, memiso, almendro y campeche.
El Ministerio Público califica esta acción como una violación a la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales (64/2000) y la Ley Sectorial Forestal de la República Dominicana (57-18).
El órgano de persecución penal explica que el área donde actualmente se proyecta el Proyecto Habitacional Altos Ríos forma parte del Campo de Pozos del Cinturón Verde de Santo Domingo, por lo que la citada intervención provoca una alteración al equilibrio ambiental de la zona metropolitana y sus territorios circundantes.
El impacto negativo directo abarca a dos de los cinco pozos que son protegidos en el área del Cinturón Verde de Santo Domingo, situados en la Zona Ambiental F, que son los que registran mayores niveles de humedad y los cuales también contribuyen a las nacientes de los riachuelos tributarios del Río La Yuca.
La destrucción de esta zona afecta la calidad del agua que se extrae en la actualidad en el Gran Santo Domingo, para uso y consumo humano, además de eliminar el efecto de esponja que existía en el lugar, que contribuye a mitigar las crecidas de ríos en los alrededores.
Esta acción indiscriminada ha eliminado, además, un ecosistema típico y representativo del bosque húmedo natural y ha desplazado a las especies que allí habitaban, explicó el titular de Proedemaren, el procurador de corte Francisco Contreras.
Entre las especies agraviadas con esta acción contra el ambiente nacional se encuentran la cigua palmera, cigua canaria, judío, rolita, carpintero, paloma, maco toro y lagarto verde.
La zona, seleccionada por la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) como un Campo de Pozos de Agua para el abastecimiento de la capital dominicana, fue desmontada por completo, dejando solo la mancha boscosa de lo que era anteriormente y donde aún se encuentran apilados múltiples árboles de los que fueron derribados.
La investigación fue realizada por los fiscales José Espinal Beato y Porfirio Estévez Mejía, en compañía del técnico de la Dirección Provincial de Santo Domingo Este del Ministerio de Medio Ambiente, Jesús Diffó, y un equipo de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, encabezado por el ingeniero forestal Eleuterio Martínez Alcántara.
Germán Brito pondera aporte ONDP para solución problemas carcelarios
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La procuradora general Miriam Germán Brito ponderó el esfuerzo realizado por la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP), dirigida por Rodolfo Valentín Santos, al elaborar y presentar su “Informe de las condiciones de detención y de prisión 2021”, enfocado en que el sistema penitenciario del país supere los males que arrastra desde hace décadas.
La magistrada Germán Brito agradeció la copia del informe que le remitiera el martes de esta semana Valentín Santos, con quien mantiene una comunicación fluida sobre los retos que debe superar el sistema penitenciario.
Dijo que, en interés de que el país y sus diferentes instancias estatales tomen conciencia sobre la necesidad de invertir recursos para mejorar las condiciones de los privados de libertad, la gestión que encabeza, tal como lo reconoce Valentín Santos, mantendrá siempre una vía de cooperación con entidades como la ONDP, la Defensoría del Pueblo, que dirige Pablo Ulloa, los miembros del Congreso y entidades religiosas y de Derechos Humanos.
A través de un comunicado, Germán Brito recordó que el sistema penitenciario alberga a más de 27,000 privados de libertad en 44 recintos, 19 del denominado modelo tradicional. “Desde que llegamos a la Procuraduría General empezamos a visitar las cárceles y nos dimos cuenta de que el denominado Nuevo Modelo que se estuvo desarrollando, aunque positivo en la práctica, propiciaba una situación de inequidad para algunos privados de libertad del sistema tradicional que podían tener espacio en los recintos reformados”, indicó Germán Brito.
Recordó que con la Ley 113-21, promulgada el año pasado y que regula el Sistema Penitenciario y Correccional en República Dominicana, el país se encamina al establecimiento de un solo sistema carcelario. Además, el Consejo Superior del Ministerio Público inició el proceso de aplicación de la legislación, mediante la creación del Gabinete de Asuntos Penitenciarios, que encabezó el procurador de corte de apelación Jonathan Baró Gutiérrez.
“Aunque con el inicio de la aplicación de la ley el gabinete cesaba en sus funciones, nuestra gestión quiso que los responsables del sistema penitenciario siguieran desempeñando sus responsabilidades para poder enfrentar, de manera más efectiva, las carencias que ya tenían identificadas, porque siempre hemos querido aportar soluciones”, indicó.
Ponderó el hecho de que las autoridades, así como toda la sociedad dominicana, está entendiendo la necesidad de invertir mayores recursos para, por ejemplo, lograr que todos los recintos sean vigilados por un solo cuerpo de seguridad y administrados por una entidad distinta al órgano persecutor.
Germán Brito planteó, por ejemplo, que el hacinamiento de la Penitenciaría Nacional de La Victoria comenzará a resolverse cuando el Estado termine de readecuar el complejo ubicado en Las Parras, Guerra. “Sin embargo, todos tenemos que estar muy claros, y así incluso nos lo llegó a plantear el Poder Ejecutivo a través de su asesor en la materia, que esas obras, que se inauguraron sin estar concluidas, habían sido sobrevaluadas y, además, tenían que ser debidamente readecuadas”, indicó.
“En nuestra gestión, incluso avanzamos algunos pasos en interés de readecuar el recinto de Las Parras para buscar solución al hacinamiento de La Victoria. Pero, como siempre respetamos los procedimientos legales, una vez que los órganos de persecución del Ministerio Público desarrollaron la Operación Medusa, la cual incluía a la denominada como Nueva Victoria, vimos el imperativo de esperar a que el complejo sea auditado debidamente por la Cámara de Cuentas, porque, como todos sabemos, forman parte de un expediente de corrupción bajo investigación”, enfatizó la magistrada Germán Brito.
Reiteró que desde el inicio de su gestión ha sido prioridad enfrentar las actividades ilícitas y las indisciplinas que se producen en el interior de los recintos de privación de libertad, conscientes de que se trata de una tarea constante, gradual y multimodal desmontar estructuras instaladas por décadas en el sistema.
