El Principio de Gratuidad de la Justicia Dominicana

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Diario Digital Dominicano, por el Dr. Máximo Martínez de la Cruz, 7 de mayo 2020, Santo Domingo DN.-Tiene rango constitucional “El principio de Gratuidad de la Justicia” en la Republica Dominicana, para la aplicación de todos los procesos públicos y privados.

Esto significa en término llano, que todo aquel que requiera los servicios judiciales antes cualquier conflicto con la ley o antes cualquier requerimiento que implique una decisión judicial, no tenga que pagar un solo centavo.

Pero La Administración de justicia no tiene costo? ¿Todas las personas que requieran de servicios judiciales no tienen que tener dinero?

La repuesta todos las conocemos, hay un costo y es caro.

Hago un paralelo de semejante situación con el principio del “Derecho a la Salud” que de igual modo tiene rango constitucional, de conformidad con el Artículo 61.1, de la Constitución R., que dispone:

El Estado debe velar por la protección de la salud de todas las personas, (…) así como procurar los medios para la prevención y tratamiento de todas las enfermedades, asegurando el acceso a medicamentos de calidad y dando asistencia médica y hospitalaria gratuita a quienes la requieran.

A contrapelo de esto, me hago la pregunta.

Verdaderamente: el Estado garantiza los servicios de salud y atenciones médicas?

Obviamente que no, puesto que un aquejado de salud con tal de no arriesgarse, y perderlo todo prefiere pagar atenciones médicas de calidad en un centro privado.

El Artículo 149, de la constitución establece que: La justicia se administra gratuitamente, en nombre de la República, por el Poder Judicial. Este poder se ejerce por la Suprema Corte de Justicia y los demás tribunales creados por esta Constitución y por las leyes.

La función judicial consiste en administrar justicia para decidir sobre los conflictos entre personas físicas o morales, en derecho privado o público, en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado (…)

Es ineludible que los jueces no cobran directamente a los ciudadanos que pretendan acceder a la justicia, sin embargo afirmo categóricamente: ES PRECARIO EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE JUSTICIA GRATIS.

Existe una realidad contrapuesta al precepto constitucional, de justicia gratis, porque en realidad hay que pagar dinero, para acceder a la justicia y mucho.

Los tribunales de derechos públicos y privados, exigen como requisitos previos al apoderamiento de instancia, impuestos en sellos y recibos de tasas por servicios, agregándose el pago de la notificación de alguaciles, sino no hace esto no inicia el proceso.

Y no me refiero al pago de honorarios de abogados, porque existe la defensoría pública para los casos y procesos penales, y abogados disponibles en ciertos procesos donde intervienen instituciones estatales, pagados por el estado dominicano, disponibles para aquellos que no dispongan de recursos económicos.

Por otro lado, en los casos netamente civiles y de acción privada, para poner en movimiento la accion de la justicia no es indispensable la intervención del estado.

Estos casos, a falta de dinero del interesado para iniciar su proceso, pudieran convenirse arreglos de pagos de honorarios con el abogado al final del proceso.

Más aun, luego de emitir una decisión, previo al retiro de la misma, es imprescindible pagar más impuestos, arbitrios y tasas por servicios y además pago de alguaciles.

Como podemos ver, el acceso a la justicia no es gratis, si el ciudadano no tiene dinero para cubrir estos gastos, entonces no tiene nada.

No podemos negar que hemos avanzado muchos en torno, al principio de gratuidad del acceso a la justica y nombre de este, tanto la Suprema corte de justicia como el Tribunal Constitucional han debido declarar inconstitucional ciertas normas que no se ajustan a este principio.

En ese sentido el Tribunal Constitucional en su sentencia No. TC 0339/14, de fecha 22 de Diciembre del Año 2014, declaro no conforme con la Constitución de la Republica los Artículos 13 y 41, de la Ley 2334, del Año 1885, sobre Registro de Actos Civiles, tomando en cuenta la violación al Derecho a ejecutar las decisiones judiciales, al principio de gratuidad e igualdad entre las partes.

También recientemente el Tribunal Constitucional, en fecha 29 de Abril del 2020, declaro la nulidad de la resolución número 21/2018, del 6 de Junio del 2018, emitida por El Consejo del Poder Judicial (CPJ).

La Alta Corte acogió una acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio Dominicano de Notarios en contra de esa resolución, declarándola no conforme con la Carta Magna. Mediante el reglamento anulado por el TC, el CPJ estableció tasas por servicio y registro de documentos por un monto global de 550 pesos, para cubrir los gastos operativos y la elaboración de una plataforma digital.

Es muy obvio que el Consejo del Poder Judicial (CPJ), a la hora emitir esta ilegal resolución no pensó en el principio de gratuidad del acceso a la justicia, tampoco pensó que con la emisión de esa desdichada resolución estaba violando o modificando la Ley 140-15, Ley del Notariado, que es una actitud digna de estudios, puesto que hasta los niños saben que una resolución en modo alguno puede modificar una ley vigente.

Lic. Máximo Martínez de la Cruz.
Abogado, Notario, Master en
Derecho Civil y Procedimiento Civil.