Fiscalía de Santiago y DNCD desmantelan puntos de droga
SANTIAGO (República Dominicana).- La Fiscalía de este distrito judicial y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) desmantelaron varios puntos de distribución de narcóticos en los sectores de Cienfuegos y Ensanche Espaillat, donde detuvieron a cuatro personas y ocuparon más de 200 porciones de drogas.
En un comunicado de prensa, el Ministerio Público informó que en el barrio Santa Lucía, en Cienfuegos, fue apresado José Manuel Salas Vélez, alias Ney, mientras que Saúl Gómez Polanco y Anderson Checo fueron detenidos en el ensanche Espaillat y Luis David Polanco en Cienfuegos.
Indicó que en las próximas horas los presentará ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente para el conocimiento de sus respectivas medidas de coerción.
Fruto de ocho operativos en los citados lugares de Santiago, las autoridades ocuparon 567 gramos de cocaína y 100 gramos de marihuana. En detalle, se trató de 136 porciones de cocaína, con un peso aproximado de 567.3 gramos, y 90 de marihuana, con unos 100 gramos.
Además de los narcóticos, ocuparon 2 mil 350 pesos y una balanza.
El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) llevan a cabo operativos frecuentes en diferentes sectores de Santiago con el propósito de desmantelar puntos de venta de narcóticos que son denunciados por residentes de los barrios intervenidos.
Fiscalía de Villa Altagracia obtiene 40 años de prisión para atracador que asesinó a un vigilante
VILLA ALTAGRACIA (San Cristóbal).- Un tribunal impuso la condena de 40 años de prisión, a solicitud del Ministerio Público, en contra de un hombre enjuiciado por asesinar a un vigilante y herir a un segundo, durante un asalto para despojarlos de sus armas.
El Tribunal Colegiado de Villa Altagracia condenó a Samuel Sánchez Tejada (Dalbeury) y le impuso una multa de 50 salarios mínimos por provocarle la muerte a Eugenio Disla y herir a Ángel de La Cruz de Paula, mientras estos realizaban labores de vigilancia.
Los jueces Dante Ozuna Mercedes, José Hilario Germán y Alexis Miguel Arias dictaron la sentencia contra Sánchez Tejada tras declararlo culpable de los delitos de asociación de malhechores para cometer un crimen precedido de otro crimen, robo con violencia con uso de armas, asesinato y tentativa de asesinato.
En un comunicado de prensa, la Fiscalía de Villa Altagracia resaltó que se trata de la primera condena a 40 años de reclusión que se emite en este distrito judicial.
El órgano de la acusación recordó que por este caso ya habían sido condenados a 30 años de prisión Rafael Reynoso Gil (Bincito) y Jeremías Reyes (Cacón).
Las autoridades, además, persiguen a otro hombre que se encuentra prófugo, identificado hasta el momento como “Pato”.
El hecho ocurrió el 11 de abril de 2018, a las 6:00 de la tarde, en la localidad La Lomita, del sector Guananito, mientras los afectados ejercían labores de seguridad en zonas donde funcionan antenas de diferentes compañías telefónicas. Las víctimas fueron despojadas de las escopetas con las que realizaban sus servicios.
Sánchez Tejada le disparó de contacto a Eugenio Disla, hiriéndolo primero en una de sus piernas y luego le propinó un disparo en la cabeza que le provocó la muerte.
La sentencia se basa en los artículos 265, 266, 295, 296, 304, 379, 382 y 386.2 del Código Penal, y los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
La sentencia deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.
El Ministerio Público reiteró su compromiso en la lucha contra el crimen y dijo que trabajan para lograr las máximas sanciones contra los involucrados en hechos delictivos en el país.
Ministerio Público pide un año de prisión contra coronel Maríñez Lora
VILLA ALTAGRACIA (San Cristóbal).-El Ministerio Público pidió este viernes la imposición de prisión preventiva en contra del coronel César Maríñez Lora, superior jerárquico de la patrulla policial que el pasado 30 de marzo mató a una pareja de esposos que se desplazaba por la autopista Duarte.
El órgano persecutor del crimen solicitó que se imponga al oficial un año de prisión preventiva y que declare el proceso de tramitación compleja, por su vinculación a la muerte de Eliza Muñoz Marte y Joel Eusebio Díaz Ferrer.
El juez José Hilario Germán, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Villa Altagracia, que conocía la audiencia este viernes dispuso su aplazamiento para el próximo miércoles 28 de abril, a las 10:00 de la mañana, tras acoger una solicitud de la defensa técnica del imputado, quienes pidieron más tiempo para conocer el expediente y presentar presupuestos.
El Ministerio Público destaca que procedió con su sometimiento a la justicia luego de que en el transcurso de las investigaciones obtuvieran elementos de pruebas que comprometen su responsabilidad penal sobre los hechos que provocaron la muerte a Muñoz Marte, de 32 años de edad y su esposo Díaz Ferrer, de 35, así como heridas a Claudio Ramírez Lamais, de 29 años.
La fiscal Fátima Sánchez Guzmán encabeza la investigación del caso con el apoyo de un equipo de fiscales designado por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, que encabeza la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso.
La institución recordó que por el caso, el Ministerio Público ya obtuvo un año de prisión preventiva contra Victorino Reyes Navarro (segundo teniente), Domingo Perdomo Reyes (sargento), así como de los cabos Norquis Rodríguez Jiménez y Ángel de Los Santos y los rasos Antony Castro Pérez y Juan Samuel Ogando Solís, integrantes de la patrulla actuante.
Al momento en que ocurrió el hecho, los esposos se desplazaban por la autopista Duarte, a la altura del Kilómetro 45, junto a Ramírez Lamais y Carlos José Pérez Báez, quien resultó ileso, en un carro marca Kia, modelo K5, color blanco.
Los ocupantes del vehículo fueron interceptados por la patrulla policial que la emprendió a tiros contra el vehículo.
Tribunal en Hermanas Mirabal envía a juicio de fondo a un hombre acusado de la muerte de otro en Villa Tapia.
HERMANAS MIRABAL.- El Juzgado de Instrucción del Distrito Judicial de Hermanas Mirabal decidió enviar a juicio de fondo el caso seguido en contra de un hombre acusado por el Ministerio Público de matar a otro en una localidad de Villa Tapia en 2019.
La magistrada Yudelka de León, jueza actuante en el caso, dictaminó que el nombrado Agustín Saúl Almánzar Ortega responda ante un juez del Tribunal Colegiado en materia penal de esta jurisdicción por la muerte de Geovanny Brito Martínez.
La investigación del Ministerio Público permitió establecer que el hecho aconteció aproximadamente a las 8:00 de la noche del 20 de octubre de 2019, mientras el hoy occiso se encontraba en su casa en la comunidad El Coco del citado municipio.
El expediente narra que la víctima recibió una llamada y salió al patio y que posteriormente la familia encontró su cadáver en un terreno colindante, propiedad de Almánzar Ortega. Brito Martínez falleció por una herida de arma de fuego que laceró el pulmón izquierdo.
El órgano de la persecución penal sostiene que tiene suficientes evidencias periciales y testimoniales que comprometen la responsabilidad del imputado sobre la agresión mortal.
La Fiscalía de la provincia Hermanas Mirabal ha calificado el hecho como violación a los artículos 265, 266, 295, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal y los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16, sobre el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Mientras el Tribunal notifique la fecha del inicio de juicio de fondo, el imputado continuará recluido en la cárcel pública Juana Núñez de Salcedo.
Con más de 540 evidencias y 21 testigos, la Pepca concluye presentación de pruebas comunes contra encartados del Caso Odebrecht
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) concluyó la tarde de este jueves con la presentación por lectura de las pruebas comunes contra los seis acusados por los sobornos que distribuyó Odebrecht en República Dominicana.
Durante la jornada de este jueves el órgano persecutor de la corrupción logró incorporar por lectura el acuerdo entre República Dominicana y Odebrecht, en el que la empresa testifica que entregó sobornos en el país por unos US$92 millones, así como un acta de allanamiento practicado en sus oficinas.
“El acuerdo es sumamente importante porque recoge la admisión de culpabilidad de aquella empresa que indica que distribuyó los sobornos; entonces queda como un hecho comprobado el que Odebrecht repartió sobornos en República Dominicana y por eso llega a este tipo de acuerdo, que es de las fórmulas procesales establecidas en el Código Procesal Penal”, declaró la fiscal Mirna Ortiz a periodistas que le preguntaron sobre la importancia del convenio en un receso del juicio de fondo.
También fue incorporada el acta de allanamiento practicado a las oficinas de Odebrecht, en las que se recuperaron distintos documentos, como los contratos de las obras que obtuvo esa compañía a través de la distribución de los sobornos en República Dominicana.
Las secretarias del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que conoce el expediente, leyeron primero el acuerdo y luego el acta de allanamiento.
Las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, luego de que el Ministerio Público terminara con la presentación de sus pruebas comunes, suspendieron el juicio hasta el próximo jueves 29 de abril, a partir de las 9:00 de la mañana, para organizar la dinámica en que se incorporarán las pruebas específicas aportadas respecto de cada imputado.
Los fiscales presentan las evidencias en contra de los imputados Ángel Rondón Rijo, Porfirio Andrés Bautista García, Tommy Alberto Galán Grullón, Conrado Pittaluga Arzeno, Víctor Díaz Rúa y Roberto Rodríguez Hernández.
El Ministerio Público destacó que avanzan con la presentación de sus pruebas y adelantó que en la continuación del juicio la próxima semana incorporarán más evidencias en contra de los imputados por los sobornos que distribuyó la multinacional brasileña.
La Pepca incorpora por lectura homologación de acuerdo donde Odebrecht admite que pagó sobornos en República Dominicana
SANTO DOMINGO (República Dominicana).-La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) continúa con la incorporación de pruebas documentales contra los seis procesados por distribuir y recibir sobornos de la constructora Odebrecht.
La fiscal Mirna Ortiz detalló que el Ministerio Público continúa con la incorporación de sus pruebas por lectura y destacó que en la jornada de este jueves se incorporaron la homologación del acuerdo entre República Dominicana y Odebrecht, en el que la empresa testifica que pagó sobornos en el país por unos US$92 millones.
Agregó que el acuerdo además indica que esos sobornos fueron pagados a funcionarios y personas vinculadas a las esferas de poder.
“El acuerdo es sumamente importante porque recoge la admisión de culpabilidad de aquella empresa que indica que pagó los sobornos; entonces queda como un hecho comprobado el que Odebrecht pagó sobornos en República Dominicana y por eso llega a este tipo de acuerdo, que es de las fórmulas procesales establecidas en el Código Procesal Penal”, declaró Mirna Ortiz a periodistas que le preguntaron sobre la importancia del convenio.
“Hemos continuado ahora con la lectura del acta de allanamiento practicado a las oficinas de Odebrecht, en las que se recuperaron distintos documentos, como los contratos de las obras que obtuvo a través del pago de éstos sobornos en República Dominicana”, destacó.
Ortiz, quien forma parte del cuerpo de fiscales litigantes, al ofrecer los detalles sobre el avance en la presentación de las pruebas, adelantó que está pendiente todavía la lectura del acta de allanamiento y otros documentos más que seguirán incorporando en el proceso.
Las juezas del Primer Tribunal Colegiado, Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, ordenaron un receso del juicio hasta las 2:30 de esta tarde.
Desde tempranas horas de la mañana, las secretarias del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dan lectura a los documentos presentados por el Ministerio Público. Primero leyeron la homologación de dicho acuerdo por parte del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional y luego iniciaron la lectura del acta de allanamiento practicado a las oficinas de Odebrecht.
Las pruebas documentales forman parte de la oferta probatoria del órgano acusador contra los imputados Ángel Rondón Rijo, Porfirio Andrés Bautista García, Tommy Alberto Galán Grullón, Conrado Pittaluga Arzeno, Víctor Díaz Rúa y Roberto Rodríguez Hernández.
Ministerio Público pide un año de prisión contra coronel Maríñez Lora, vinculado a muerte de pareja religiosa a mano de una patrulla policial en Villa Altagracia
VILLA ALTAGRACIA (San Cristóbal).-El Ministerio Público depositó pasado el mediodía de este jueves la solicitud de medida de coerción en contra del coronel César Maríñez Lora, superior jerárquico de la patrulla policial que el pasado 30 de marzo mató a una pareja de esposos que transitaba por la autopista Duarte.
Mediante la instancia depositada en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Villa Altagracia, el órgano de persecución solicitó que se imponga al oficial un año de prisión preventiva y que declare el proceso de tramitación compleja, por su vinculación a la muerte de Eliza Muñoz Marte y Joel Eusebio Díaz Ferrer.
La audiencia para su conocimiento fue fijada para las 10:00 de la mañana de este viernes.
El órgano de justicia destaca en un documento de prensa que en el transcurso de la investigación, han encontrado elementos de pruebas que comprometen la responsabilidad penal del oficial sobre los hechos que provocaron la muerte a Muñoz Marte, de 32 años de edad y su esposo Díaz Ferrer, de 35, así como heridas a Claudio Ramírez Lamais, de 29 años.
La fiscal Fátima Sánchez Guzmán encabeza la investigación del caso con el apoyo de un equipo de fiscales designado por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, que encabeza la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso.
Por el caso, el Ministerio Público ya obtuvo un año de prisión preventiva contra Victorino Reyes Navarro (segundo teniente), Domingo Perdomo Reyes (sargento), así como de los cabos Norquis Rodríguez Jiménez y Ángel de Los Santos y los rasos Antony Castro Pérez y Juan Samuel Ogando Solís, integrantes de la patrulla actuante.
Al momento en que ocurrió el hecho, los esposos se desplazaban por la autopista Duarte, a la altura del Kilómetro 45, junto a Ramírez Lamais y Carlos José Pérez Báez, quien resultó ileso, en un carro marca Kia, modelo K5, color blanco.
Los ocupantes del vehículo fueron interceptados por la patrulla policial que la emprendió a tiros contra el vehículo.
El Ministerio Público ha otorgado al proceso seguido al oficial la calificación jurídica de violación a varios artículos del Código Penal y de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Corte de Apelación de la región Este encamina soluciones para resolver hacinamiento en cárcel de Higüey
SAN PEDRO DE MACORÍS (República Dominicana).- El Ministerio Público encamina acciones con los fiscales de Higüey y coordina con el sistema penitenciario para descongestionar la cárcel preventiva de ese municipio, así como para erradicar cualquier acción irregular que pudiera presentarse en el manejo del recinto.
La información la ofreció la procuradora regional de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, Ramona Nova Cabrera, quien explicó que el hacinamiento se debe a varios factores, incluyendo la lentitud que se dio en el conocimiento de los procesos judiciales en los tribunales.
Nova Cabrera recordó que los procesos judiciales sufrieron un retraso en las primeras etapas de la pandemia de la COVID-19 que afecta a República Dominicana desde marzo de 2020, cuando se registró el primer contagio de coronavirus en el país.
“Pero ya, de hecho, reconocemos que los jueces de la jurisdicción de la provincia La Altagracia, empezaron a fijar las audiencias con una mayor premura y se han comprometido a agilizar la expedición de las resoluciones de las medidas de coerción, lo cual permite su reubicación en otros recintos”, dijo.
Nova Cabrera se mantiene en constante comunicación permanente con la recién designada fiscal titular interina de Higüey, Mercedes Santana, para corregir cualquier situación que se presente en el recinto.
Sin embargo, recordó a los familiares de los internos que el Ministerio Público, a través de las fiscalías y de la procuraduría de corte, mantiene sus puertas abiertas para recibir cualquier denuncia que contribuya a lograr un sano desenvolvimiento del citado recinto o de cualquier otro.
“Desde que llegamos a la Procuraduría de la Corte Regional, en febrero pasado, hemos estado gestionando soluciones. Encontramos alrededor de 600 internos y hoy tenemos 408, recientemente logramos que el sistema penitenciario trasladara a 60 a Anamuya, aunque reconocemos que la solución será el levantamiento de un recinto carcelario”.
Nova Cabrera dijo que, aunque el Ministerio Público ejerce su control y supervisión, la cárcel preventiva está bajo custodia de la Policía Nacional, por lo que el Ministerio Público también coordina acciones con ese órgano para solucionar cualquier inconveniente.
