SANTO DOMINGO.-La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), presidida por el magistrado Rafael Vásquez Goico, confirmó una sentencia histórica que obliga al Estado dominicano a indemnizar con RD$10,912,792.00 a Affe Gutiérrez Gil, víctima de una prolongada prisión preventiva sin fundamento legal.
La decisión, emitida el 29 de agosto de 2025, rechaza el recurso de casación presentado por la Procuraduría General de la República (PGR) y valida por completo el fallo previo del Tribunal Superior Administrativo (TSA). Este caso marca la mayor compensación económica en la historia judicial del país por una detención arbitraria.
Un fallo sin precedentes
El equipo jurídico de Gutiérrez, conformado por Carlos Moreno, Manuela Ramírez y Zaida Carrasco, celebró la decisión como “un paso firme hacia la consolidación de la responsabilidad patrimonial del Estado dominicano”.
Por su parte, el afectado declaró que “no hay dinero que devuelva el tiempo perdido, y aún el órgano acusador no ha pedido disculpas por el abuso cometido”. La sentencia se considera un punto de inflexión en la protección de los derechos humanos y el debido proceso en República Dominicana.
En 2008, la Policía Nacional expulsó a Affe Gutiérrez después de que se casara con la periodista Sarah Pepén. Poco después, lo acusaron injustamente de homicidio, sin presentar pruebas que sustentaran la acusación.
En 2009, fue enviado a prisión preventiva, donde pasó más de dos años y medio tras las rejas hasta que un testigo confesó haber sido sobornado para incriminarlo falsamente. Durante ese tiempo, Gutiérrez enfrentó intentos de asesinato, una huelga de hambre y el nacimiento de su hija mientras permanecía encarcelado.
La demanda que cambió la jurisprudencia
En 2020, Gutiérrez interpuso una demanda contra la Procuraduría General de la República reclamando RD$100 millones por daños físicos, psicológicos y profesionales.
El TSA reconoció que el Estado actuó con arbitrariedad y abuso de poder, ordenando una reparación económica por el daño moral, físico y profesional causado. La Suprema Corte ratificó el fallo al determinar que la PGR carecía de base legal para su apelación y que el Estado debe responder por los daños ocasionados por un uso abusivo de la prisión preventiva.
Justicia y precedente
Con esta sentencia, el caso de Affe Gutiérrez se convierte en un precedente judicial clave sobre la responsabilidad del Estado por violaciones de derechos fundamentales.
“Esta sentencia no devuelve los años perdidos, pero sí devuelve la honra”, expresó su equipo legal al conocer la decisión definitiva.
El fallo, además de resarcir a la víctima, envía un mensaje claro sobre la obligación de las instituciones públicas de actuar conforme a la ley y el respeto a la dignidad humana.
