Santo Domingo. – La Procuraduría General de la República (PGR) ha ordenado la inmovilización de varios bienes del empresario Antonio Espaillat López, propietario del colapsado centro de espectáculos Jet Set, como parte de las investigaciones por la tragedia ocurrida el pasado 8 de abril, en la que murieron 232 personas y más de 180 resultaron heridas.
La medida fue ejecutada por la Dirección de Persecución del Ministerio Público, encabezada por Wilson Camacho, ante la sospecha de que Espaillat habría iniciado movimientos de bienes con el propósito de evitar una posible compensación económica a las víctimas del desplome del techo del establecimiento.
Medidas cautelares para evitar enajenación de propiedades
Entre las acciones procesales, se encuentran oposiciones a traspasos de bienespertenecientes a las empresas Inversiones E y L SRL y Jet Set Club, además de otras propiedades asociadas al empresario. Estas medidas buscan garantizar la integridad del patrimonio empresarial, mientras avanza el proceso judicial.
Una fuente vinculada a la investigación explicó que el Ministerio Público ha solicitado el uso de figuras legales contempladas en la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, como vía para aplicar impedimentos cautelares a cualquier transacción accionaria o patrimonial.
“Estas acciones no significan que se esté investigando a Espaillat por lavado de activos. Se trata de una herramienta jurídica que permite frenar de forma preventiva cualquier intento de enajenación de bienes durante la investigación”, aclaró la fuente.
Investigaciones en marcha por parte del Ministerio Público
La investigación incluye una revisión exhaustiva de la documentación corporativa, licencias, pólizas de seguros, condiciones estructurales y cumplimiento de normativas del local donde operaba el icónico centro de entretenimiento.
Aunque Antonio Espaillat ha declarado públicamente su disposición a colaborar con la justicia, las autoridades han procedido con rigor, al considerar que las acciones preventivas son cruciales para proteger los derechos de las víctimas y sus familias.
La Procuraduría habría ya interpuesto oposiciones a traspasos de bienes que estaban en movimiento. De esta manera busca proteger los derechos de las víctimas del colapso del techo de la discoteca Jet Set y sus familiares.
“El Ministerio Público ha gestionado imponer un impedimento cautelar a cualquier transacción accionaria o patrimonial de las empresas vinculadas a Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set”, dijo al citado periódico una fuente ligada a la investigación.
Las acciones oficiales estarían siendo hechas al amparo de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.
Se dijo que también el Ministerio Público ha comenzado a revisar la documentación corporativa, licencias, seguros y condiciones estructurales del local así como también si cumplía las normativas exigidas para este tipo de negocio.
Estado y Cabildo demandados
El Estado Dominicano y el Ayuntamiento del Distrito Nacional han sido incluídos en dos nuevas demandas que acaban de ser presentadas por el desplome del techo de la discoteca Jet Set, de esta capital, en contra de los propietarios de este establecimiento.
Las querellas fueron interpuestas por familiares de dos de las víctimas de la tragedia ocurrida el 8 de abril último en contra de Antonio Espaillat y Ana Grecia López, dueños del centro nocturno. Fueron recibidas en la Dirección de Persecución del Ministerio Público y en la Fiscalía del Distrito Nacional, instituciones a cargo de la investigación.
Las acciones legales fueron presentadas por separado por los padres de Melissa Yismel Tejada, de 26 años y doctora de profesión, y de Gustavo Noel Suero, de 37 años y piloto, a través del abogado Félix Humberto Portes
Ambas familias también demandaron al Estado dominicano y al Ayuntamiento del Distrito Nacional por responsabilidad civil, según argumentaron.
Las primeras reclamaciones fueron presentadas a inicios de esta semana por los familiares de Virgilio Rafael Aponte y Rauny Cedano en contra también de los dueños de la discoteca, el Estado y el Ayuntamiento.
Hace cuatro días la Procuraduría General de la República abrió una investigación sobre las causas del desplome del techo de la discoteca Jet Set.
La procuradora general de la República, Yeni Berenice, instruyó a la Dirección de Persecución y a la Fiscalía de la capital para que lleven a cabo las pesquisas.
De manera paralela, el Gobierno de Luis Abinader anunció la conformación de una comisión de expertos nacionales e internacionales para determinar qué ocurrió para que se desplomara el techo sobre centenares de personas mientras actuaba el merenguero Rubby Pérez.
De acuerdo con el mandatario, «a partir de ahora, hay de dar respuesta a qué pasó, por qué pasó y cómo pasó» la tragedia en la discoteca