Santo Domingo.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) solicitó al Gobierno la apertura de una investigación integral sobre todos los procesos del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) desde el año 2021, tras múltiples denuncias de irregularidades en licitaciones de alimentos, uniformes y utilería escolar.
El INABIE es responsable de garantizar la alimentación, provisión de uniformes y la salud de más de 2.3 millones de estudiantes de escuelas públicas. Para 2025, la institución cuenta con un presupuesto cercano a los 40 mil millones de pesos, monto que supera al de 18 instituciones públicas juntas y que demanda una gestión transparente, ética y eficiente.
Entre 2021 y julio de 2025, el INABIE no ha logrado realizar licitaciones sin denuncias de irregularidades, afectando a microempresarios proveedores y, sobre todo, a los estudiantes beneficiarios. Las denuncias incluyen adjudicaciones a oferentes que no cumplían los requisitos, cobros indebidos, pago de servicios no contratados y entrega de raciones incompletas, entre otras anomalías.
Las instituciones de control del Estado, como la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, han documentado estas irregularidades y remitido expedientes al Ministerio Público, confirmando violaciones a la Ley de Compras y Contrataciones y a la Ley de Control Interno. En 2025, se hallaron irregularidades en compras de uniformes, mochilas y calzados por montos superiores a seis mil millones de pesos, que obligaron a anular contratos y remitir expedientes a las autoridades judiciales.
El PLD destaca que estas situaciones no solo afectan la transparencia y el manejo de los fondos públicos, sino que repercuten directamente en la nutrición, la educación y la seguridad de más de dos millones de niños y niñas, así como en la supervivencia de miles de pequeños proveedores que dependen de estos contratos.
Por ello, el partido solicitó al presidente de la República instruir una investigación pública, integral y con cronograma definido, que incluya la participación de los órganos estatales competentes, la publicación completa de los expedientes y la determinación de responsabilidades de los funcionarios involucrados.
