Diario Digital Dominicano, por Yoselin Terrero, 8 de mayo 2019, Santo Domingo DN.-El procurador general de la República, Jean Rodríguez, afirmó que la República Dominicana en los dos últimos años ha dado pasos trascendentales en la lucha contra el contrabando y la piratería, producto del fortalecimiento de las labores de prevención y persecución que se llevan a cabo en el país.
Resaltó que durante su gestión han incrementado las labores de persecución y procesamiento de personas y grupos criminales vinculados al contrabando y la falsificación de productos de consumo, logrando como resultado la imposición de más de 40 sentencias condenatorias por esos delitos.
El magistrado Rodríguez habló del tema al participar en un panel sobre control, prevención y sanción de los delitos de falsificación, contrabando, y fraude fiscal, organizado por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) y la Cámara Británica de Comercio de la República Dominicana (BRITCHAM).
Explicó que las labores se llevan a cabo a través de la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos contra la Salud (PEDECSA), la cual ha logrado que acusados de incurrir en esa actividad ilegal sean condenadas a penas de entre los seis meses a 10 años de prisión luego de demostrar su responsabilidad penal en esos hechos.
Detalló en ese orden, que por falsificación y contrabando de bebidas alcohólicas han obtenido 20 sentencias y por falsificación de medicamentos y cosméticos 10, mientras que por contrabando y falsificación de derivados del tabaco 9 sentencias, y dos por piratería de otros productos de consumo y alimentos, así como ocho suspensiones condicionales.
Se destaca que en fecha 22 de junio del 2018 el Segundo Tribunal Colegiado de Santiago condenó a seis personas integrantes de una red criminal que se dedicaba a la falsificación de medicamentos a las penas de 10, 7, 5 y 2 años de prisión. Además, producto de este operativo fueron cerradas varias farmacias y un laboratorio.
El procurador señaló que grandes redes criminales han sido golpeadas fuertemente, destacando que en estos dos últimos años han sido decomisadas más de 250,000,000 unidades de cigarrillos, con un valor aproximado en el mercado de RD$1 mil 500 millones, así como más de 700,000 litros de bebidas alcohólicas y alcohol puro, y aproximadamente 179,000 cajas y frascos de medicamentos.
Como parte de las acciones operativas, dijo que con la debida autorización judicial han ejecutado cerca de 400 arrestos, 545 allanamientos, 2,686 inspecciones y registros, además de que han procedido al cierre de 43 farmacias y de 2 laboratorios, así como de 18 centros sanitarios y 57 envasadoras de agua.
Nueva ley permitirá seguir fortaleciendo lucha contra esos delitos
Durante su exposición ante reconocidas personalidades que participaron en el panel, el jefe del Ministerio Público además destacó que lograron que fueran acogidas sus propuestas de modificación a la recién promulgada Ley No. 17-19 para la Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Medicamentos, Hidrocarburos, Alcohol y Tabaco.
Explicó que las sugerencias hechas al Congreso Nacional con relación a dicha normativa vienen a reforzar el eje de prevención de esos delitos, como política dirigida y coordinada por el Ministerio Público, las cuales permitirán reducir los índices de criminalidad a largo plazo y de manera sostenible.
Entre las sugerencias hechas al órgano legislativo se encuentran, las de reforzar las atribuciones del Ministerio Público, mediante la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos Contra la Salud, la cual, se establece en dicha ley, que es la encargada de ejercer la representación, defensa y persecución de los intereses del Estado y la sociedad en los asuntos que trata esta normativa, conforme los términos establecidos en la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Además, se sugirió la creación del Consejo Interinstitucional Público-Privado de Prevención, como órgano del Estado, dependiente del Ministerio Público y presidido por el Procurador General de la República, Jean Rodriguez. Dicho Consejo dará consultas y asesoría en el diseño e implementación de políticas de prevención de comercio ilícito, contrabando y falsificación de productos regulados.
El evento, celebrado en un hotel de la capital, contó con la participación de Chris Campbell, embajador del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de Joanna Crellin, comisionada de comercio para América Latina y el Caribe, y los presidentes de la AIRD y de BRITCHAM, Celso Marranzini y Leonel Melo Guerrero, respectivamente, así como de distintas personalidades en calidad de oradores que abordaron diferentes temas de interés para el sector industrial y toda la sociedad dominicana.
Red de tráfico ilícito y trata de personas condenada a 20, 15, 12 y 10 años de prisión, solicitados por Ministerio Publico SDE
El Ministerio Público dice sentencia es otra prueba más del compromiso asumido con el combate efectivo de ese flagelo.
SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público de Santo Domingo Este logró que el Segundo Tribunal Colegiado de esta jurisdicción emitiera una sentencia condenatoria contra cinco hombres, por integrar una red dedicada al tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, principalmente hacia los Estados Unidos, Europa y Canadá.
Se trata de Francisco Gregorio Mencía Estrella, alias Mencía, y Miguel Antonio Coronado Peña, alias Miguel, condenados a 20 años y al pago de 20 salarios mínimos cada uno; Joel Tomas Aquino Fermín, condenado a 15 años y al pago de 15 salarios mínimos; José Ramón Almánzar Pérez, alias Chelo, sentenciado a 12 años y al pago de 12 salarios mínimos, y Senaldo Antonio Estévez Taveras, alias Media Libra, condenado a cumplir 10 años de prisión con una multa de 10 salarios mínimos.
La condena fue posible tras el tribunal acoger como válidos los elementos probatorios presentados por el Ministerio Público, que asignó a los hechos los cargos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, sancionados por la Ley No. 137-03.
También, por violación al artículo 13 de la Ley No. 8-92 sobre Cédula de Identidad y Electoral, así como el artículo 10 de la Ley No. 53-07 sobre Delitos de Alta Tecnología, y la violación a los artículos 139, 147, 148, 265 y 266 del Código Penal Dominicano y la Ley No. 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Durante las audiencias, el Ministerio Público de Santo Domingo Este presentó pruebas documentales, testimoniales y materiales suficientes, con las cuales quedó demostrada la responsabilidad penal de los imputados y se establecieron las circunstancias y el modo en que operaba la red de tráfico de personas.
Según el expediente instrumentado por la fiscalía, el 26 de marzo de 2016 fue iniciada una investigación a través de la cual se pudo determinar la existencia de un grupo delictivo organizado y dirigido por Mencía Estrella, quien se encargaba de coordinar todo el proceso para dotar a “clientes” de la documentación falsificada necesaria que, posteriormente, otros miembros de la red se encargaban de acompañar hasta el aeropuerto para sacarlos del país.
El grupo de malhechores operaba desde 2015, logrando hacer viajar a varias personas, principalmente menores de edad, por los aeropuertos Internacional de Las Américas y Punta Cana, cobrando entre USD$20,000.00 y USD$25,000.00 dólares por cada persona traficada.
Tras una ardua labor de inteligencia, las autoridades lograron frustrar el trasiego de dos víctimas en fechas separadas. Uno de los casos ocurrió el 16 de octubre de 2016 cuando intentaron sacar del país a un adolescente de 17 años a través de la aerolínea Jet Blue, por el AILA, con un pasaporte falso a nombre de Rafael Antonio Fernández, siendo el menor retenido por las autoridades.
El Ministerio Público en coordinación con los demás organismos y agencias investigativas, realizó unos seis allanamientos en Santo Domingo Este, durante los cuales fueron decomisados documentos públicos, pasaportes, sellos, timbres, papel sellado del Estado falsificados, así como documentos de doble identidad.
Además de los condenados, que cumplirán la sentencia condenatoria en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, otros dos integrantes de la red figuran en rebeldía y son perseguidos por las autoridades.
Condenan a 8 años de prisión a un hombre acusado de traficar con 49 libras de marihuana
SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público de Santo Domingo Oeste obtuvo una condena de 8 años de prisión en contra de un hombre acusado de traficar con 49 libras de marihuana.
La sentencia fue dictada en contra de José De Jesús Evangelista, luego que el Ministerio Público demostrara que incurrió en tráfico de drogas, destaca el Ministerio Público en una nota de prensa.
El Tercer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste dictó la sentencia condenatoria por la violación de las disposiciones establecidas en los artículos 6-A, 28 y 75 de la Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, disponiendo el cumplimiento de la misma en la Penitenciaría Nacional de La Victoria.
La acusación presentada por el Ministerio Público en contra del condenado relata que en fecha 29 de octubre del 2017, aproximadamente a la 1:18 de la madrugada, el acusado fue sorprendido infraganti con la droga.
Detalla que De Jesús Evangelista, quien tenía antecedentes penales por delitos similares, al momento de ser detenido se transportaba a bordo de una yipeta por la avenida Prolongación 27 de Febrero.
Explica que al presentar una actitud sospechosa, provocó que agentes policiales a cargo de un operativo que realizaban en dicho lugar procedieran a requisar el vehículo y posteriormente a arrestarlo tras ocuparle la referida cantidad de marihuana.
Ministerio Público DN ocupa casi 50,000 pares de calzados falsificados en importadora de la avenida Duarte
Dice constituye un golpe significativo para quienes se dedican a las actividades ilícitas de falsificación y piratería.
SANTO DOMINGO, D.N.- El Ministerio Público del Distrito Nacional, a través de su Departamento de Investigación de Propiedad Intelectual, ejecutó varios allanamientos en la tienda y almacenes de la Importadora A.M.G, donde fueron ocupados unos 49,932 pares de calzados falsificados, de prestigiosas marcas.
El decomiso de las mercancías falsificadas fue posible gracias a la exhaustiva labor de investigación que el Departamento de Investigación de Propiedad Intelectual del Ministerio Público Distrito Nacional realizó en conjunto con el Departamento de Investigación de falsificaciones de la Policía Nacional.
Durante la fase investigativa se obtuvieron indicios de que la referida importadora se dedica a vender y distribuir de forma clandestina productos de marcas protegidas, aprovechándose del buen prestigio que gozan estas marcas en el mercado, resultando esto en un perjuicio para los fabricantes originales y los distribuidores autorizados.
Las actuaciones del Ministerio Público fueron llevadas a cabo en la avenida Duarte del sector Villa María, donde está situada la Importadora A.M.G., representada por la nacional china Xin Chen. En este lugar fueron ocupados unos 128 pares de tenis y sandalias presumiblemente falsificados.
Asimismo, en una nave de almacén propiedad del citado comercio, localizado en el sector Mejoramiento Social, fueron hallados 45,768 pares de tenis y sandalias con logos distintivos presumiblemente falsificados.
De igual modo, en su almacén, ubicado en el sector Villa María, se ocuparon alrededor de 4,036 pares de tenis y sandalias de distintas marcas.
El valor de los calzados ocupados oscila entre los 60 y 90 millones de pesos dominicanos, esto constituye un golpe significativo del Ministerio Público para quienes se dedican a las actividades ilícitas de falsificación y piratería, incurriendo en una violación a la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial. Estos delitos son sancionados con penas de seis meses a tres años de prisión, además de multas de 50 a 1,000 salarios mínimos.
Ministerio Público pide juicio para que haya justicia en caso Odebrecht
«Expresa que es la primera vez en la historia de la persecución de la corrupción que se presentan 1700 pruebas contra altos exfuncionarios”.
SANTO DOMINGO, D.N.- Al reiniciar la audiencia preliminar del caso Odebrecht, luego de que fuera rechazada la 7ma. recusación hecha el pasado 22 de abril al juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco y más de 40 incidentes ganados por el Ministerio Público, el mismo respondió todos los alegatos de los abogados de los encartados y concluyó pidiendo al tribunal que rechace las conclusiones de la defensa de los siete imputados de corrupción.
El representante del Ministerio Público, Wilson Camacho, durante sus planteamientos, dirigiéndose al juez Ortega, manifestó “que la corrupción es un cáncer que se adueña del cuerpo de este país y que si no se juega el rol que corresponde, podría hacer metástasis”.
Agregó en ese orden “Si no se juega el rol que corresponde nos quitará las esperanzas átomo por átomo, célula por célula, tejido por tejido, órganos por órganos, quedando al final un esqueleto como recuerdo de lo que fuimos, como recuerdo de la desesperanza, una muestra de irresponsabilidad histórica”.
La barra del Ministerio Público expresó que por la dinámica de las discusiones que se han presentado, la cantidad de horas que han necesitado la defensa, así como por la calidad y la cantidad de pruebas con que cuenta el Ministerio Público hacen evidente de que esto debe ir a un juicio de fondo, “porque para que haya justicia debe haber un juicio”.
El Ministerio Público en la continuación de la audiencia preliminar en la Suprema Corte de Justicia, respondió todos los alegatos de la defensa de los imputados Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, Porfirio Andrés Bautista García, Tommy Alberto Galán Grullón, Juan Roberto Rodríguez Hernández, y Jesús Antonio Vásquez Martínez.
Los encartados son acusados de incurrir en los delitos de sobornos, prevaricación, enriquecimiento ilícito, falsedad en escritura y lavado de activos, sancionados por la Ley No. 448-06 sobre Sobornos en el Comercio y la Inversión, el Código Penal Dominicano, la Ley No, 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico de Drogas y Sustancias Controladas, y la Ley No. 82-79 sobre Declaración Jurada de Patrimonio.
Reiteró durante la audiencia preliminar que los encartados cuentan con un patrimonio que no pueden justificar y recordó que cuentan con pruebas suficientes que demuestran los vínculos de éstos con los delitos que se les imputan, por lo que enfatizó en que “todos, absolutamente, todos, deben ir a juicio de fondo”.
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