Diario Digital Dominicano, por Marisol Laurenz, 1 de mayo 2019,Santo Domingo DN.-El procurador general de la República, Jean Rodríguez, hizo entrega formal del nuevo Centro de Atención al Ciudadano (CAC) del Distrito Nacional, que funciona en la torre Malecón Center, completamente renovado y dotado de modernos equipos.
La Procuraduría General de la República (PGR) informó que a través de ese centro ofrece servicios de gran demanda por la ciudadanía como son las certificaciones de buena conducta y de firmas (legalización) de documentos oficiales y notariales, y recepción de solicitudes de actualización y rectificación de la información penal, así como consultas y asistencia al ciudadano sobre las multas por infracciones de tránsito.
Durante el acto de entrega formal de las renovadas instalaciones, Rodríguez explicó que este es el primer centro que entrega dentro del Plan de Eficientización y Modernización de los Centros de Atención al Ciudadano, que contempla la remodelación y equipamiento de los CAC y de todas las dependencias que funcionan en diferentes puntos del país, para prestar servicios de mayor calidad a toda la población.
Destacó que el plan además incluye la digitalización y simplificación de los servicios que se ofrecen en cada una de esas dependencias, en el marco del proyecto gubernamental República Digital al que se ha sumado la Procuraduría General de la República.
“En el día de hoy nos enorgullece hacer la primera entrega a la ciudadanía dentro del marco de este Plan, del Centro de Atención al Ciudadano del Distrito Nacional, el cual se ha convertido en un verdadero hub o espacio de atención integral al ciudadano en nuestro país”, manifestó.
En ese sentido, indicó que el CAC del Distrito Nacional recibe a diario a alrededor de mil personas, quienes en lo adelante podrán solicitar, sin necesidad de trasladarse a otras dependencias, la actualización o rectificación de la información penal que figura en sus registros, así como consultar y recibir asistencia sobre sus multas por infracciones de tránsito, con la finalidad de facilitarles el pago y aclarar cualquier inquietud que tengan sobre las mismas.
En su discurso, el jefe del Ministerio Público resaltó que en el primer cuatrimestre de este año desde este centro se ha ofrecido asistencia presencial a más de 80,000 usuarios, generando más del 40% de las legalizaciones en todo el país y recibiendo el 58% de todas las solicitudes de actualización y rectificación de información penal a nivel nacional.
“Ha sido precisamente la cantidad de trabajo que se genera en esta dependencia y el número elevado de usuarios que cruzan por estas puertas, lo que nos motivó a invertir sustanciales esfuerzos en la simplificación y digitalización de nuestros servicios en beneficio de la ciudadanía”, proclamó.
Servicios de mayor calidad y más asequibles
El procurador Jean Rodríguez detalló que para lograr esa simplificación y digitalización, implementaron una moderna plataforma digital disponible en la sección de servicios del portal web www.pgr.gob.do, a través de la cual los ciudadanos pueden acceder a diversos servicios desde la comodidad de su hogar, con tan solo tener a mano su dispositivo móvil o computador, sin necesidad de hacer filas ni traslados.
“Gracias a estas mejoras, obtener una certificación de buena conducta o pagar las multas de tránsito y obtener el descargo nunca había sido tan fácil, basta entrar a nuestro portal para recibir todos estos servicios de forma automática”, explicó.
La Dirección de Comunicación y Prensa de la PGR destacó a través de un comunicado que el Centro de Atención al Ciudadano del Distrito Nacional, que funciona en el primer nivel de la torre Malecón Center, en la George Washington No. 511, fue remodelado y dotado del mobiliario necesario con un monto total de RD$6,045,073.17.
El organismo detalló que los servicios de atención al ciudadano que ofrece la institución tienen cobertura nacional e internacional, destacando que se ofrecen a través de cinco centros y tres estafetas de Atención al Ciudadano en diferentes lugares del país, así como a través de 31 procuradurías fiscales, ocho procuradurías regionales y 34 misiones consulares de la República Dominicana en diferentes naciones.
En el acto el magistrado Rodríguez estuvo acompañado de la secretaria general del Ministerio Público, Ena Ortega, y la encargada general de los CAC, Laura Cid; el coordinador de la Pastoral Penitenciario, Fray Arístides Jiménez Richardson, y miembros del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte (INTRANT), entre otros.
Acusado de agredir a entrenadora de baloncesto en Santiago se entrega ante el Ministerio Público
SANTIAGO.- Se entregó ante las autoridades del Ministerio Público de este distrito judicial un hombre que era buscado desde la pasada semana por presuntamente agredir a una mujer mientras la víctima entrenaba a varias niñas y adolescentes en una cancha deportiva de baloncesto de esta ciudad, en horas de la noche del pasado jueves 25 de abril.
Junior Bustamante, alias Piquete, se presentó ante la Fiscalía de Santiago, donde se encuentra hasta que se le conozca medidas de coerción en el Juzgado de Paz Ordinario de la Primera Circunscripción de Santiago.
El nombre de la entrenadora deportiva y el de las jóvenes que se encontraban en el lugar recibiendo las prácticas de baloncesto al momento en que ocurrió el hecho, no fueron revelados para preservar su seguridad e integridad.
A través de un comunicado de prensa, el órgano investigador informó que en las próximas horas estará solicitando contra Junior Bustamante la imposición de medidas de coerción, consistente en limpieza por tres meses de todas las canchas de Santiago, una garantía económica de RD$500 mil y asistir a charlas para el manejo de la violencia.
Recordó que la Fiscalía de Santiago había activado su localización junto a la Policía, luego que solicitara y obtuviera una orden de arresto emitida en su contra por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, tras recibir una denuncia de que habría agredido a la entrenadora deportiva en la mano derecha en momentos en que trataba de despojarla de un teléfono celular.
De acuerdo a la denuncia del caso, previamente, Bustamante habría rociado aceite quemado en el tabloncillo de la cancha y luego tiró dos botellas de cervezas, creando el pánico entre las adolescentes y su entrenadora, presuntamente protestando porque quería que le dejaran utilizar la cancha. Indica que luego procedió a retirarse del lugar cuando se percató que la víctima estaba llamando al Sistema de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
La Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Santiago, órgano del Ministerio Público a cargo de la investigación del caso, acusa a Bustamante de violar las disposiciones establecidas en los artículos 309 y 311 del Código Penal Dominicano, que tipifican y sancionan los golpes y heridas, y los hechos de violencia.
Fiscales de San Pedro de Macorís reciben capacitación sobre la Ley de Armas
SAN PEDRO DE MACORÍS.- La Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP), conjuntamente con la Fiscalía de San Pedro de Macorís, impartió un curso taller sobre la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados, dirigido a fiscales y abogados ayudantes de este departamento judicial, para lograr un mejor abordaje en los casos de violación a esa normativa.
La Ley de Armas es una de las legislaciones marco para América Latina, que promueve importantes cambios a las sanciones que deben de imponerse en el territorio nacional, por el porte ilegal de armas, así como a la hora de otorgar licencias desde el Ministerio de Interior y Policía.
El Ministerio Público destacó en un comunicado de prensa, que hasta ahora, esta es la única ley en el país que establece el cúmulo de pena, como ocurre con los disparos al aire. Resaltó que dicha ley permite acumular la pena cuando se comete más de una infracción.
La institución del sistema de justicia destacó que procuran seguir capacitando al Ministerio Público para lograr obtener sanciones ejemplares por la violación de esta ley, tras recordar que este mes de abril se obtuvieron las dos primeras condenas a la pena máxima de 40 años de prisión en la jurisdicción de Santo Domingo Este con la aplicación de esta normativa como sanción al uso ilegal de armas durante atracos donde las víctimas perdieron la vida.
Señaló que la primera condena fue impuesta a Jesús Francisco Ramírez Guzmán (Lili y/o Omali), por causarle la muerte al cabo (R) de la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD), Polanco González, alias El Rubio, para robarle su arma de fuego en momentos en que la víctima realizaba servicios de motoconcho y el victimario le solicitó que lo llevara al sector de Santo Domingo Este.
En otra audiencia también fue sentenciado a la pena máxima de 40 años de prisión Mantovani Pericles Muñoz por haberle ocasionado la muerte con un arma de fuego ilegal a Jhony Franklin Cuello Santil cuando trató de intervenir para impedir un atraco en el sector Las Palmas de Alma Rosa II, de ese mismo municipio.
La información destaca los esfuerzos que se llevan a cabo desde el Ministerio Público bajo la dirección del procurador general de la República, Jean Rodríguez, para prevenir y combatir el uso ilegal de las amas en todo el país.
Con relación a la capacitación impartida a los miembros del Ministerio Público de San Pedro de Macorís, se informó que estuvo a cargo del docente de la ENMP, Lic. Julio Aybar, quien además es juez miembro del Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo.
El curso tuvo una duración de 8 horas presenciales y se realizó en el Salón de Conferencias de la Biblioteca de la Universidad Central del Este, donde los participantes recibieron la capacitación y fueron evaluados del contenido dado en la primera jornada. Además, se les entregó material basado en la ley de armas.
El fiscal titular de San Pedro de Macorís, magistrado Pedro Núñez, destacó que trabajan en la formación continua de los miembros de la Fiscalía para conseguir mejores resultados en lo relativo a las funciones de los fiscales.
El magistrado Núñez agradeció a la Escuela Nacional del Ministerio Público traer hacia la provincia de San Pedro de Macorís capacitaciones tan importantes para continuar eficientizando el rol del Ministerio Público.
Ministerio Público SDE logra envío a prisión de profesor de deportes implicado en acoso sexual de menor en centro educativo
Fiscal titular reitera lucha frontal contra agresores de menores de edad.
SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público de Santo Domingo Este obtuvo tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra un profesor de deportes imputado de acosar sexualmente a una alumna menor de edad, en una escuela pública del sector de Villa Mella.
Durante la audiencia el Ministerio Público presentó pruebas que fueron suficientes para la imposición de la medida de coerción en contra del imputado Ricardo Marte, de 45 años de edad.
Marte presuntamente violó las disposiciones establecidas en los artículos 330 y 333 del Código Penal Dominicano y el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley No. 136-03), en perjuicio de la menor de 10 años de edad, cuyo nombre se omite por razones legales.
Según el expediente instrumentado por la Fiscalía de Santo Domingo Este, que dirige el magistrado Milcíades Guzmán Leonardo, en fecha 29 de marzo del presente año, fue presentada una denuncia por ante la Unidad de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, en la que una representante de la menor informó sobre la presunta conducta abusiva por parte del profesor.
Tras la denuncia se iniciaron de inmediato las investigaciones. A la víctima le fueron realizadas pruebas psicológicas, a través de las cuales se pudo establecer los vínculos del profesor de deportes con la agresión sexual contra la niña.
La representante de la menor indicó en su denuncia que la conducta del maestro fue notificada a la dirección del plantel escolar donde estudia la menor, lo que llevó al victimario a agredir físicamente a la niña. El docente fue sancionado por la dirección de dicho centro escolar.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de este departamento judicial dictó la medida de coerción que deberá cumplir el imputado en la Penitenciaría Nacional de La Victoria.
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