Jean Rodríguez entrega certificados a los primeros 50 agentes penitenciarios capacitados para la atención integral de adolescentes SANTO DOMINGO, D.N.- El procurador general de la República, Jean Rodríguez, encabezó la entrega de certificados a 50 agentes penitenciarios que participaron en un diplomado especializado para la atención integral de los adolescentes en conflicto con la ley penal, realizado en el marco de la implementación del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario.
En la solemne ceremonia, el magistrado Rodríguez pronunció un discurso durante el cual expresó que la reforma del sistema penitenciario y la atención integral a los adolescentes en conflicto con la ley es de prioridad para la Procuraduría General de la República.
Destacó que el pasado 11 de octubre de 2018 fue lanzado el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario que contempla la creación de espacios penitenciarios que salvaguarden la dignidad humana, disminuyendo a su mínima expresión los riesgos en la seguridad y la salud.
En su discurso, Rodríguez destacó “Este esfuerzo cobra aún más importancia, cuando pensamos en los centros para los adolescentes en conflicto con la ley penal, quienes tal como manda la Ley No. 136-03 que crea el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, requieren un tratamiento especializado, cuyo principal objetivo es aplicar la medida socioeducativa o la sanción correspondiente y promover la educación, atención integral e inserción de la persona adolescente en la familia y en la sociedad”.
Manifestó que todo adolescente que se encuentre privado de libertad tiene derecho a que el Estado adopte las medidas que sean necesarias para protegerlo contra cualquier perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, debiendo ser llevada su detención dentro de unas medidas estrictas de control para garantizar la reinserción del adolescente.
El jefe del Ministerio Público tras felicitar a los graduandos, manifestó “Todos ustedes son un sostén importante del sistema, con su disciplina y comportamiento se convierten en referentes para los internos, garantizando no sólo su protección, sino además contribuyendo a su desarrollo dentro de los centros”.
Explicó que con la graduación de estos primeros 50 agentes penitenciarios del Diplomado Especial para Agentes Penitenciarios del Sistema de Atención Integral a la Persona Adolescente en Conflicto con la Ley Penal, están dando pasos firmes de avance hacia la formación especializada y el reforzamiento del personal penitenciario.
Detalló que los agentes penitenciarios fueron formados en cultura de paz y sobre la atención integral, la seguridad, y otros temas especializados para trabajar con la población de los adolescentes en conflicto con la ley penal.
En la emotiva actividad, que tuvo lugar en el Auditorio de la Procuraduría General de la República, el procurador Jean Rodríguez estuvo acompañado de Ysmael Paniagua, director de la Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP); Olga Diná Llaverías, directora Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes de la Procuraduría, y Carolina Ramírez, directora de la Dirección Nacional de Atención a la Persona Adolescente en Conflicto con la Ley Penal.
La Procuraduría General de la República explicó a través de un comunicado de prensa que el diplomado fue impartido por la Escuela Nacional Penitenciaria y que estuvo dirigido a agentes penitenciarios en formación que pertenecen a la vigésimo cuarta promoción de Agentes de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario.
Ministerio Público y Policía arrestan a dos personas vinculadas al tráfico de armas y drogas en Santiago SANTIAGO.- Durante un allanamiento ejecutado mediante orden judicial en una vivienda del residencial Cerro Alto de esta provincia, miembros del Ministerio Público y la Policía Nacional apresaron a dos hombres que presuntamente están vinculados al tráfico de armas y drogas.
Las autoridades identificaron a los detenidos como Divari Nicolás Correa Rodríguez y Jaime Mármol Medina, quienes serán sometidos en las próximas horas a la acción de la justicia en este departamento judicial y se pedirá en su contra la imposición de medidas de coerción.
La información fue ofrecida a través de un comunicado de prensa, mediante el cual informaron que los detenidos Correa Rodríguez y Mármol Medina presuntamente pertenecían a una organización criminal dedicada al tráfico de armas, drogas, lavados de activos y otros delitos conexos.
En relación a la requisa realizada en la casa del residencial donde se produjo el arresto, informaron que en el transcurso de la misma también fueron decomisadas 11 armas de fuego, más de 2 mil municiones y 29 paquetes de una sustancia que se presume es cocaína.
Detallaron que fueron confiscados fusiles, mini UZI, pistolas, escopetas, rifles, cargadores para pistolas y cartuchos para escopetas, así como miras telescópicas, entre otros objetos que se presume eran utilizados en la comisión de esa actividad ilegal.
De acuerdo a las investigaciones preliminares llevada a cabo por el Ministerio Público se ha podido establecer que Divari Nicolás Correa Rodríguez combinaba sus actividades delictivas con el trabajo de chofer que realizaba en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) de Santiago, para encubrir sus acciones ilícitas.
El Ministerio Público destacó que junto a la Policía Nacional hacen los mayores esfuerzos para combatir la criminalidad organizada, destacando en ese sentido, que esta operación es el resultado del trabajo coordinado que realizan para combatir de manera contundente la actividad delictiva y garantizar mayor seguridad a la ciudadanía.
Ministerio Público SDE logra 20 años de prisión por homicidio ocurrido en un colmadón de Villa Mella SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público de Santo Domingo Este logró una condena de 20 años de prisión y el pago de una indemnización de RD$2 millones en contra de un hombre que le provocó la muerte a otro cuando ambos consumían bebidas alcohólicas en un colmadón del sector de Villa Mella, en el municipio Santo Domingo Norte.
Ambiorix Cleto, de 26 años de edad, fue hallado culpable de haberle ocasionado la muerte a Juan José Reyes, alias El Enano, quien murió a consecuencia de una herida corto penetrante por arma blanca en la región dorsal izquierda, que se la infirió el condenado en momentos en que ambos se encontraban en dicho negocio y sostenían una acalorada discusión relacionada con viejas rencillas personales.
En la audiencia, el Ministerio Público aportó todos los elementos de pruebas con los que se determinó que el sentenciado violó el artículo 295, del Código Penal Dominicano, que castiga el homicidio.
Con relación al lamentable hecho que fue presenciado por varias personas que se encontraban en el lugar, el órgano acusador indicó que ocurrió en horas de la noche del 2 de septiembre del 2013, en el colmado “La Avenida”, ubicado en la carretera que conduce a Yamasá.
El Primer Tribunal Colegiado de Santo Domingo dictó la sentencia condenatoria y ordenó que el sentenciado Ambiorix Cleto cumpla su condena en la Penitenciaría Nacional de La Victoria y que pague la indemnización a la familia del fenecido.
MP Santiago obtiene 18 meses de prisión preventiva contra 15 personas vinculadas a la trata y tráfico de personas SANTIAGO.- El Ministerio Público de este distrito judicial logró que fueran impuestos 18 meses de prisión preventiva en contra de quince personas que fueron arrestadas el pasado mes de marzo durante un operativo nacional por estar vinculadas a la trata y el tráfico de personas.
La medida de coerción de prisión preventiva le fue impuesta a los imputados Félix Benjamín Tejada Andújar (Félix Mambo), Claudio Alonzo Tejeda Andújar (Bobón, El Profeta), Héctor David Mesa (El Doctor), Carlos Antonio Núñez Taveras (Koki), Sonny Vladimir Estévez Solís, y contra Sixto Alfredo Paulino Hernández (Niño).
Igualmente, fueron enviados a prisión preventiva por dieciocho meses Nison Arturo Montero Ogando (Rudy), Luis René Valdez Geraldino, Mayobane de Jesús Adames Landron (Mayo y/o Maye), Ysamel Antonio Díaz Troncoso (Guillermo y/o Antonio Gas), Leonardo Betances Álvarez (Pica Pica), Rafael De León Serrano, Agustín Gutiérrez Uceta, Danilo Fajardo Genao y Vianny Lozania Ventura Rodríguez.
En tanto que a Luci Amanda Féliz Medina, Carolina Altagracia Santana, Abigail de los Santos, Josefina Paula Fulgencio, Emelyn Núñez Mercedes y Evelin García Collado, se les impuso impedimento de salida del país, presentación periódica y garantías económicas que oscilan entre los RD300,000 a RD5,000,000.00 millones.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago dictó la medida de coerción y además declaró el caso complejo luego que acogiera la solicitud del Ministerio Público.
El tribunal ordenó que los encartados cumplan la prisión preventiva los centros de corrección y rehabilitación de Rafey Hombres y Rafey Mujeres, ambos localizados en esta provincia.
A través de un comunicado de prensa, el Ministerio Público indicó que el grupo presuntamente violó varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley No. 137-03 sobre Trata y Tráfico de Personas, y la Ley No. 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados, así como la Ley No. 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo y la Ley No. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Se recuerda que los imputados, entre ellos, miembros del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC) e inspectores de la Dirección General de Migración, fueron arrestados el pasado mes de marzo luego de una labor de inteligencia y de coordinación interinstitucional realizada por el Ministerio Público y la Policía Nacional, la cual permitió asestar un duro golpe al flagelo de la trata y tráfico de personas.
Los arrestos se produjeron en el marco de unos dieciséis allanamientos ejecutados mediante orden judicial en zonas de Bani, en la provincia Peravia; Santo Domingo Este, Santiago, San Francisco de Macorís, en la provincia Duarte, Hato Mayor y el Distrito Nacional.
El órgano persecutor indicó que los imputados están vinculado a una red de la criminalidad organizada que presuntamente se dedicaba al tráfico ilícito de personas hacia los Estados Unidos, utilizando rutas por Haití, Bahamas, Tórtola, México y Puerto Rico, quienes estarían proporcionando a sus clientes documentos de viajes falsos de Estados Unidos, España, Venezuela, Guatemala, Bahamas, Chile, Panamá y Costa Rica.
Señaló que los encartados presuntamente han incurrido en la promoción, falsificación, alteración, venta, compra y distribución de documentos de viajes (pasaportes y visas de diferentes nacionalidades), sellos migratorios y documentos públicos y privados en general, con el fin de traficar personas mediante la introducción, paso y salida ilegal de éstos hacia diferentes países del mundo, específicamente a los Estados Unidos, para lo cual estarían cobrando sumas entre US22,000.00 a 27,000.00 dólares norteamericanos por cada cliente traficado mediante esta modalidad.
Dictan un año de prisión preventiva al acusado de provocar muerte a Domingo Bretón, hermano de Monseñor Freddy Bretón SANTIAGO.- El Ministerio Público de este distrito judicial logró que fuera impuesto un año de prisión preventiva en contra de Luís Leonardo García Liriano, alias El Pollo, acusado de haberle ocasionado la muerte al señor Domingo Bretón, Hermano de Monseñor Freddy Bretón, el 12 de enero del presente año.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente dictó la medida de coerción tras acoger la petición del Ministerio Público luego que el órgano persecutor presentará varias evidencias que lo vinculan con la muerte de Bretón, en un hecho ocurrido en la comunidad Los Bretones del municipio de Licey al Medio, Santiago.
García Liriano, quien deberá cumplir la medida cautelar en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Rafey Hombres de esta provincia, fue sometido a la justicia por la presunta violación de los artículos, 265, 266, 295, 304, 2, 379 y 382 del Código Penal dominicano, que sancionan la asociación de malhechores y el homicidio para robar en perjuicio de Domingo Evangelista Bretón Martínez.
La institución a cargo de la investigación indicó que Leonardo García Liriano al momento en que habría cometido el hecho se desmontó de la parte trasera de un motor, conducido por un desconocido, logrando interceptar a Domingo Evangelista Bretón Martínez y despojarlo de su motocicleta luego que le propinara dos estocadas de arma blanca.
La información fue ofrecida a través de un comunicado de prensa, donde el Ministerio Público destaca que realiza una profunda investigación del caso y que trabaja en la recolección de pruebas que les permitan lograr su envío a juicio de fondo.
Procuraduría solo realiza interceptaciones telefónicas legales y autorizados por juecesSANTO DOMINGO, D.N.- La Procuraduría General de la República (PGR) confirmó hoy que todas las interceptaciones telefónicas que realiza son bajo estricto apego a la ley, autorizadas por los jueces competentes y recordó que representan un valioso medio de prueba habitual en su misión de persecución del delito.
La PGR manifestó que durante la investigación del caso Odebrecht se realizaron decenas de solicitudes de órdenes judiciales de interceptación a número telefónicos de diversas personas vinculadas a los imputados y que en este proceso fueron investigadas decenas de personas.
La institución explicó que debido a que los imputados del caso Odebrecht han hecho de público conocimiento documentos confidenciales que forman parte del expediente instrumentado por el Ministerio Público y depositado ante la Suprema Corte de Justicia, es oportuno aclarar a la ciudadanía una vez más, que la solicitud y autorización de interceptación telefónica de un juez no significa ni que se haya ejecutado, ni que las personas propietarias de dichos números estén involucrados penalmente en el caso.
Destacó que por tratarse del caso de corrupción más grande del país, ello conllevó la realización de una amplia investigación en el transcurso de la cual la solicitud de interceptación telefónica representó una de las tantas diligencias investigativas llevada a cabo por el Ministerio Público en estricto cumplimiento a lo establecido en la ley, todo lo cual puede ser demostrado a cualquier ciudadano interesado o que se sienta afectado.
De manera particular, la Procuraduría General de la República confirmó que todos y cada uno de los teléfonos interceptados pertenecen a los imputados o a personas vinculadas a los mismos, ya sea por familiaridad, sociedad, vínculos cercanos, alto tráfico de llamadas o porque durante el período de investigación prestaban estos teléfonos a los imputados, siendo este el caso de varios de los números que han salido a la luz pública.
En ese orden, la institución del sistema de justicia hizo un llamado a la población en el sentido de no dejarse confundir con falsas teorías de espionaje, y explicó que las interceptaciones telefónicas han sido realizadas con la debida autorización de un juez, ya que representan un medio de prueba utilizado en todas partes del mundo que pudiera ser determinante para llegar a la verdad y procurar las sanciones que pide la sociedad dominicana.
Ese nivel de meticulosidad y profundidad en la investigación de los vínculos ha sido también una respuesta a un reclamo de la sociedad. Destacó que la población debe tener en cuenta que los imputados cuentan con amplios recursos económicos para poder sustentar sofisticadas estructuras de propagandas y cuentan con la colaboración de personas que se prestan a maniobras de desinformación, cuya misión es entorpecer e incidentar el proceso con el objetivo de restar credibilidad al expediente que los implica y evadir la justicia con trucos mediáticos de redes sociales y propagandas maliciosas que no hacen ningún servicio al país.
La Procuraduría General de la República recordó que Odebrecht es el caso más grande de corrupción en toda la historia del país, ameritando agotar todas las técnicas legales de investigación, y que fruto de una exhaustiva y minuciosa investigación llevada a cabo por el Ministerio Público, hoy se puede contar con un expediente con más de 1,700 pruebas que comprometen la responsabilidad penal de siete imputados.
Condenan a 20 años de prisión asaltante ultimó agente PN que intentó impedir atracoSANTO DOMINGO, DN.- Fue sentenciado a 20 años de prisión un hombre al que el Ministerio Público del Distrito Nacional acusó de haberle ocasionado la muerte a un agente de la Policía Nacional que intentó impedir un atraco en el callejón Domingo Sabio del sector 27 de Febrero, el 8 de abril de 2017.
La sentencia fue dictada en contra de Danny De Jesús Pérez, alias La Para, quien le ocasionó la muerte al agente policial Gabriel Flores Rodríguez junto a un adolescente de 16 años y otros dos hombres hasta el momento no identificados.
El sentenciado De Jesús Pérez le disparó en el tórax a la víctima, provocándole la muerte en momentos en que el agente policial intervino, sacando su arma de reglamento para impedir que el acusado cometiera el atraco, conforme explicó en la audiencia la procuradora fiscal litigante María del Carmen Silvestre.
Mediante las investigaciones realizadas por el órgano acusador, a cargo del procurador fiscal investigador Héctor Romero, se recolectaron suficientes pruebas que permitieron demostrar ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional la participación del acusado en el homicidio, logrando de esta forma obtener la condena.
Los desafortunados actos cometidos por el acusado, los cuales dieron al traste con la vida de Flores Rodríguez, han sido calificados por el Ministerio Público como asociación de malhechores, homicidio voluntario, porte y tenencia ilegal de arma de fuego, delitos previstos y sancionados en los artículos 265, 266, 295 y 304 párrafo II del Código Penal Dominicano y violación a los artículos 66 y 67 de la Ley No. 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
El tribunal, compuesto por las juezas Claribel Nivar, Yisel Soto y Clara Castillo, ordenó que el sentenciado De Jesús Pérez cumpla la condena en la Penitenciaría Nacional de La Victoria.
MP La Vega logra 15 años de prisión contra venezolano perpetró robo en empresa de aire acondicionado para vehículosDLA VEGA.- Acogiendo la petición del Ministerio Público de este departamento judicial, fueron impuestos 15 años de prisión en contra de un hombre de nacionalidad venezolana acusado de perpetrar un robo en la empresa Suárez Auto Aire de esta ciudad, el 16 de octubre de 2016, donde fueron sustraídos alrededor de un millón de pesos en objetos y dinero en efectivo.
La sentencia condenatoria fue dictada por el Tribunal Colegiado de La Vega en contra de Lían Alberto Liven Rodríguez, quien fue declarado culpable de incurrir en el delito de robo luego que fiscales de esta demarcación demostraran durante el juicio con pruebas documentales, materiales, audiovisuales y testimoniales, la comisión de la acción delictiva.
El venezolano Liven Rodríguez fue sentenciado por la violación de varios artículos del Código Penal Dominicano, debiendo cumplir dicha condena en la cárcel pública de La Vega.
En el expediente acusatorio instrumentado por la Procuraduría Fiscal de La Vega se estableció que el hecho ocurrió alrededor de las 8:00 de la noche del citado día cuando los acusados penetraron al establecimiento y sustrajeron dinero, así como distintos objetos de refrigeración utilizados en el servicio de aire para vehículos, los cuales posteriormente comercializaron en negocios de esta localidad.
Detalla que una vez dentro del establecimiento los acusados sustrajeron aires acondicionados, evaporadora para diferentes tipos de vehículos, refrigerantes, filtros de cabina, abanicos para aire acondicionados, y tarjetas universales para aire acondicionados, así como taladros industriales, pinzas y manómetros, además RD$24,850, todo ello valorado en alrededor de RD$1 millón.
El Ministerio Público indicó que durante una labor de inteligencia llevada a cabo en conjunto con la Policía Nacional, confiscaron varios de los objetos robados, que habían sido comercializados en negocios de esta provincia de la región norte del país.
La información precisa que por este caso también fue procesado judicialmente Alexander Capellán Rodríguez, quien fue descargado por el tribunal.
El Ministerio Público destacó que procuran que sea debidamente sancionado todo el que se pueda determinar con pruebas fehacientes su responsabilidad penal en hechos delictivos.
Leave a comment