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Por Diario Digital Dominicano
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Diario Digital Dominicano, 23 de noviembre 2021, Santo Domingo DN.-Ministerio Público espera concluir este miércoles con la lectura de la solicitud de coerción contra implicados en la red de lavado desarticulada con la Operación Larva

SAN CRISTÓBAL (República Dominicana).-El Ministerio Público espera concluir este miércoles con la lectura de la solicitud de medida de coerción contra 14 de los imputados del Caso Larva, para quienes pide a un tribunal de esta demarcación la imposición de 18 meses de prisión preventiva y, además, que el expediente sea declarado de tramitación compleja.

La procuradora de corte Ramona Nova Cabrera, titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, recordó que, por decisión del tribunal, la medida contra el último arrestado del caso se conocerá en un proceso distinto. “La fusión no tiene nada que ver con la imputación”, dijo, al referirse a las intenciones que tuvo el Ministerio Público de que toda la medida se conociera junta por economía procesal.

Dijo a periodistas que la abordaron en el Palacio de Justicia de San Cristóbal, luego de aplazamiento de la audiencia, que este martes iniciaron  con la lectura de la solicitud de la coerción contra los primeros 14 arrestados, la cual continuarán este miércoles, además de que también conocerán por separado la solicitud contra el imputado número 15.

La jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, Katherine Rubio Matos, luego de rechazar en audiencias anteriores múltiples incidentes de las defensas, dio inicio este martes al conocimiento de la  coerción, cuya jornada continuará este miércoles a las 3:00 de la tarde.

El Ministerio Público sometió por este caso a los imputados Domingo Ventura, Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o el Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suárez Díaz (Ojitos).

En tanto que, como entidades con personería jurídica, la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y Financiera GDNIPI, S.R.L.

El órgano de la persecución penal está representado además por los fiscales Ramona Santana Uceta, titular interina de San Cristóbal, Eduardo Velásquez y Elvira Rodríguez, así como por los fiscalizadores Luis Alberto García, Daryl Montes de Oca, Laura Segura, Fanny Garabito.

El pasado 27 de octubre el Ministerio Público desmanteló la red de lavado de activos en coordinación con el Centro de Información y Coordinación Conjuntas (CICC) y la Dirección de Investigaciones Financieras (Difla) de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Los involucrados en el Caso Larva forman parte de una organización criminal dedicada a traficar drogas y a lavar activos producto de operaciones de narcotráfico a gran escala, ha establecido el Ministerio Público en el transcurso de las pesquisas.

El entramado criminal está vinculado a una red de narcotráfico denominada Corona, que el 16 de marzo de 2020 introdujo al país la cantidad de 724.35 kilogramos de cocaína clorhidratada, por la costa de Nigua, provincia San Cristóbal, en una embarcación proveniente de Colombia.

El 15 de septiembre de 2020 la Fiscalía de San Cristóbal y la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo presentaron acusación contra José Aníbal González Luna, José Aníbal González Cubilete (el Don), Manuel Alejandro Lara Martínez, Julio Ignacio Morel Adames y otros 12 implicados en el Caso Corona, en el que las autoridades ocuparon un arsenal, incluyendo tres fusiles y una metralleta.

Un año de prisión preventiva para agentes policiales involucrados en sustracción de 400 kilogramos de drogas en Barahona

BARAHONA (República Dominicana).- Un tribunal de esta provincia le impuso un año de prisión preventiva y declaró complejo el caso seguido a los agentes policiales que el Ministerio Público sometió a la justicia por su vinculación a la sustracción de alrededor de 400 kilogramos  de drogas que habían ocupado el 28 de agosto pasado en  Las Costas de la Salina, Villa Central.

La jueza María Consuelo Valenzuela, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Barahona, dictó la medida de coerción al capitán Rafael Amaurys Medina Pérez, al sargento Oscar Andrés Valentín Jiménez (Oscalito), al cabo Esteban Armando Féliz Batista (Chatica) y a los rasos Iván Féliz Vólquez y Carlos David Pimentel Cuevas.

También a los sargentos Frainel Féliz (Bambí), Jorge Ramón Alcántara Urbáez (Sargento Alcántara), Jordany Cuevas Méndez (Yoda), Miguel Ángel Féliz Féliz (Argenis), los cabos  Juan Carlos Medina Méndez y Welni Féliz y a los rasos Junior Geraldo García, Brayan Polanco y José M. Olivero.

El tribunal ordenó el cumplimiento de la medida en recintos penitenciarios localizados en Neyba, Jimaní, Baní y Najayo y además ordenó el secuestro de más de 1 millón 700 mil pesos ocupados durante la investigación. El Ministerio Público también persigue por este caso a otros dos hombres identificados hasta el momento como Álvaro y el Guardia. 

 Las sustancias narcóticas corresponden a cocaína y marihuana, según establecen los investigadores, quienes además han expresado que estas fueron vendidas a narcotraficantes que son perseguidos con órdenes de arresto. 

 Además de las drogas, los imputados sustrajeron un fusil y tres armas de fuego tipo pistola que habían ocupado durante la operación, de las cuales solo el fusil ha sido recuperado por las autoridades.

 En un documento de prensa, el órgano persecutor de la actividad delictiva recordó que, a raíz de la sustracción de la droga, el cabo Féliz Batista fue secuestrado por tres agentes policiales y un civil, que también son procesados por ese hecho, ocurrido el 3 de noviembre de este año.  

El Ministerio Público indicó que por el secuestro del cabo Féliz Batista fueron sometidos a la justicia los miembros de la Policía Wellington Ferreras, Jonathan Pérez y Cherilyn Suero Medina, así como el civil Jorge Luis Díaz.

El Tribunal de Atención Permanente la pasada semana aplazó para este jueves 25 de noviembre, a partir de las 10:00 de la mañana, el conocimiento de la solicitud de medida de coerción para los involucrados en el secuestro, para quienes el Ministerio Público pide prisión preventiva por un año, el otorgamiento de un plazo de ocho meses a la Fiscalía de Barahona para concluir el proceso preparatorio, así como la declaratoria de caso complejo.

En relación con el secuestro, la instancia con la solicitud de medida de coerción detalla que los imputados se asociaron para secuestrar al agente policial Féliz Batista el pasado 3 de noviembre, alrededor de las 7:20 de la mañana, en la carretera Barahona-Pedernales, cuando se trasladaba en una motocicleta de su propiedad.

El documento indica que los imputados exigían 5 millones de pesos por la liberación del secuestrado. Posteriormente, al no conseguirlo le exigieron que buscara los 2 millones de pesos obtenidos por la venta de la droga, a lo que este respondió con la entrega de más de 1 millón 745 mil pesos.

Ante la entrega del dinero, el grupo lo dejó abandonado en unos matorrales, desde donde fue llevado a un destacamento policial, tras lo cual se abrió una investigación que condujo al arresto de los imputados.

El Ministerio Público les atribuye a los agentes policiales imputados la violación de  varios artículos del Código Penal; de la Ley 583, sobre Secuestro; de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas; así como la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

Fiscalía de SDE obtiene prisión preventiva contra implicados en red de estafa electrónica

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Fiscalía de Santo Domingo Este logró la imposición de seis meses de prisión preventiva contra cuatro personas involucradas en una red de estafa electrónica, vinculada al robo de más de RD$27 millones de pesos, caso que fue declarado complejo.

El juez Bernardo Coplín García dispuso que a los imputados Loren Liselot Ysabel Alonzo, Ángel Ernesto Montes de Oca Matos, Anlly Luz Solano Adames y Yessica Rosaura Escalante Heredia, identificados como los principales beneficiarios de la estafa, cumplan la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Mujeres y la Penitenciaría Nacional de La Victoria.

Mientras que para Frank Ambras, Starling Pérez Vicioso y Evelin Esmeralda Tejeda, quienes acordaron con la entidad financiera para resarcirle los daños causados, impuso garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país.

El Ministerio Público estuvo representado por los fiscales litigantes Waldimir Reynoso, Nehemías Salazar, Jhon Suncar y Ruddy Medina, bajo la coordinación del fiscal titular de Santo Domingo Este y Norte, Milcíades Guzmán Leonardo.

El órgano de la persecución establece que el fraude cometido a la víctima tuvo que ser subsanado por la entidad bancaria y se originó el 11 de mayo de 2021.

La estructura criminal fue sometida a la justicia luego de que el Ministerio Público obtuviera distintas pruebas que vinculan al grupo a la estafa millonaria contra el cliente y el banco.

El Ministerio Público sostiene en la solicitud de medida de coerción que los imputados cometieron la acción delictiva tras obtener una tarjeta de códigos del banco con la que realizaron pagos y transferencias de forma electrónica. Señala que realizaron 65 transferencias electrónicas fraudulentas por un total de RD$27,197,966.07.

Entre los delitos que les atribuye la Fiscalía de Santo Domingo Este figuran robo mediante la utilización de alta tecnología, obtención ilícita de fondos, transferencia electrónica de fondos y estafa electrónica, así como robo de identidad, falsedad de documentos y firmas, falsedad en escritura pública y privada y asociación de malhechores.  

En el transcurso de la investigación el Ministerio Público ha obtenido distintas evidencias que les vinculan a esos hechos delictivos tipificados y sancionados por varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Imponen prisión preventiva a hombre que agredió a otro a batazos en Tenares

HERMANAS MIRABAL (República Dominicana).- Una jueza de la instrucción impuso tres meses de prisión preventiva en contra de un hombre a quien se le imputa agredir a otro a batazos durante un incidente en la zona céntrica del municipio Tenares.

La jueza Yudelka de León dispuso que Francisco Hidalgo Acosta, mejor conocido como Niño Préstamo, vaya a prisión como medida de coerción por los golpes y las heridas ocasionados a Porfirio Leonel Jiménez Álvarez.

De acuerdo con el relato del Ministerio Público, el hecho ocurrió el pasado 11 de noviembre cuando el imputado se presentó al negocio donde la víctima labora como limpiador de autos, en reclamo de que le pagara una deuda de 500 pesos.

El fiscal responsable de la investigación, José Orlando Liriano, establece en el escrito de solicitud de medidas de coerción que una vez la víctima le manifestó a su agresor que no tenía el dinero en ese momento, éste se mostró enfurecido y, de manera agresiva, lo amenazó con darle una golpiza y se marchó del lugar.  Pasados 10 minutos, Hidalgo Acosta regresó con un bate de hierro y golpeó con él a Jiménez Álvarez.

Los golpes provocaron a la víctima un trauma contuso del brazo izquierdo con fractura del hueso cúbito, curable en 30 días, además de trauma de muslo izquierdo, de acuerdo con el certificado médico legal, emitido por un médico legista de la provincia Hermanas Mirabal.

El Ministerio Público indicó que el imputado incurrió en violación de los artículos 309 y 310 del Código Penal, que tipifica la agresión con golpes y heridas.

El fiscal titular de Hermanas Mirabal, Edward Andrés Núñez-Merette, llamó a la sociedad mirabalense a no tratar de hacer justicia por su propia cuenta e instó a utilizar las vías correspondientes que ofrece la legislación dominicana en materia civil y penal.

Ministerio Público depositó en el tribunal más de 15 mil páginas de evidencias en Caso Coral  5G

 SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El procurador adjunto Wilson Camacho dijo este domingo que el Ministerio Público está preparado para conocer la medida de coerción del Caso Coral 5G, al destacar que el órgano ha aportado en este proceso más de 15 mil páginas de evidencias en contra de los imputados por corrupción administrativa.

 Contra los involucrados, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dirigida por Camacho, solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional que imponga 18 meses de prisión preventiva contra 13 detenidos durante la Operación Coral G5 y que el caso se declare complejo.

 “El Ministerio Público como en todos sus procesos, vino hoy listo, más que listo, para conocer la presente solicitud de medida de coerción. Nosotros hemos dicho, lo reiteramos: venimos a los tribunales cuando tenemos nuestros procesos blindados y eso ha sucedido una vez más”, dijo el representante del Ministerio Público a la prensa, a la salida del tribunal, luego del aplazamiento de la audiencia para el próximo jueves 25 de noviembre, a las 11:00 de la mañana.

“La defensa, como consecuencia del alto volumen de evidencias presentadas por el Ministerio Público, y eso es así, hemos depositado más de 15 mil páginas de evidencias, ha solicitado al tribunal un aplazamiento y que se le otorgue tiempo para revisarlas”, explicó Camacho cuando respondía a preguntas de los representantes de los diferentes medios de comunicación.

Destacó que los representantes del órgano acusador son respetuosos del debido proceso. “Hemos estado de acuerdo con que se aplace la audiencia para que la defensa revise el alto volumen de evidencias que ha presentado el Ministerio Público en este caso”, dijo.

Además, indicó que las personas que colaboren con la investigación deben tener un tratamiento diferente. “Nosotros estamos abiertos a cualquier persona que esté procesada, que colabore con la investigación y el Ministerio Público se comportará en consecuencia”, sostuvo.

Destacó también que esta es una investigación abierta. “Como nosotros dijimos en la primera parte de Coral, de que habría más procesados, aquí están los procesados que habíamos dicho”, resaltó el titular de la Pepca.

Explicó que la investigación todavía no se cierra, por lo que, en consecuencia, tampoco se cierra la posibilidad de que haya más personas procesadas en esta operación Coral 5G. “Esta es una investigación abierta. Nosotros seguimos recopilando la información necesaria e incautando bienes. Solo cuando tenemos nuestros procesos blindados con relación a todas las personas que nosotros decidamos procesar, serán presentadas ante los tribunales”, subrayó el representante del Ministerio Público.

El juez Emmanuel López, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien conocía este domingo la solicitud de coerción del Ministerio Público, dispuso su aplazamiento para el próximo jueves, luego de acoger el pedimento de las defensas.

El Ministerio Público depositó la noche del viernes la solicitud de medida de coerción junto a más de 700 pruebas que vinculan a los imputados al entramado de corrupción administrativa desmantelado con la Operación Coral 5G.

La medida fue solicitada en contra de los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD), Julio Camilo de los Santos (FARD) y Boanerges Reyes Batista (ARD), así como del capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores (ARD), los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Miguel Ventura Pichardo (FARD) y el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez (FARD).

También, contra el teniente coronel Kelman Santana Martínez (ERD) y el mayor José Manuel Rosario Pirón (PN). Igualmente, el primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, César Félix Ramos Ovalle y Esmeralda Ortega Polanco.

El auto de solicitud incluye documentos de bancos, títulos de propiedad, bienes inmuebles que han sido decomisados y una serie de elementos probatorios.

En este caso también representan al Ministerio Público los fiscales Mirna Ortiz, coordinadora litigación de la Pepca; Miguel Collado, María Melenciano, Jonathan Pérez, Emmanuel Ramírez, Arolin Lemos Féliz, Melvin Romero.

El grupo de imputados de la Operación Coral 5G es custodiado por el sistema penitenciario en el Centro de Atención y Privación de Libertad Provisional (Caplip) del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

La red de corrupción desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos 4,500 millones de pesos, ha establecido el Ministerio Público durante la investigación. A los oficiales de cuerpos castrenses, incluyendo generales, se les ha ocupado hasta el momento unas 125 propiedades.

La Operación Coral 5G se ejecutó en el marco de 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega, en una acción sincronizada dirigida por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, responsables de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca.

Estas nuevas acciones contra la corrupción administrativa se suman a las realizadas por la Operación Coral, por la que también desde mayo pasado cumplen prisión preventiva de 18 meses varios miembros de la Policía Nacional y organismos castrenses.

 

 

 


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