Envían a prisión preventiva por 18 meses a otro vinculado al lavado de activos del narcotráfico en Caso Falcón
SANTIAGO (República Dominicana).- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta provincia le impuso este viernes 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción a Kelvin Torres Bueno, alias El Toro, quien es vinculado al lavado de activos del narcotráfico en el Caso Falcón.
El juez Cirilo Salomón Sánchez impuso la medida de coerción a Torres Bueno para cumplirla en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres y declaró el caso complejo al acoger en su totalidad la solicitud del Ministerio Público.
Según ha establecido el órgano persecutor del crimen en el transcurso de las investigaciones, el encartado movilizó una importante cantidad de dinero y bienes en la red delictiva.
Los fiscales litigantes Yenny Liranzo, Yarily Toribio y Pedro Martínez aportaron diferentes pruebas con las que sustentaron la solicitud que fue acogida por el tribunal, en virtud de que estando en libertad el encartado representaría un peligro para la investigación.
El pasado 28 de octubre también recibieron 18 meses de prisión preventiva Iván De Jesús Paulino y Harington José Mosquea Núñez, hermano del prófugo Erick Randhiel Mosquea Polanco.
En tanto que el 19 de octubre de este año también le fue aplicada la misma medida a Juan Carlos Mosquea Eduardo, quien también es hermano del prófugo Mosquea Polanco.
Asimismo, el pasado 8 de octubre el Tribunal de Atención Permanente le impuso medida de coerción a los 23 primeros encartados y declaró el caso complejo. Como resultado de esa decisión, 21 de los implicados también recibieron 18 meses de prisión preventiva y arresto domiciliario, y otros dos garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país.
Previamente, el Ministerio Público también había logrado la imposición de medidas de coerción consistente en prisión preventiva y domiciliaria contra otros tres involucrados en el caso.
Los imputados cumplen medida privativa de libertad en diferentes recintos penitenciarios del país, detalla el Ministerio Público en un comunicado de prensa.
El Ministerio Público sigue ampliando las investigaciones con el apoyo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y los demás organismos de seguridad del Estado dominicano, así como con la cooperación internacional, en especial con la Administración de Control de Drogas (DEA).
Procuradora establece mecanismo para fijar criterio unitario del Ministerio Público en acciones de inconstitucionalidad
SANTO DOMINGO (República Dominicana).-Con la finalidad de fijar un criterio unitario acorde a las políticas institucionales, la Constitución y la Ley Orgánica 133-11, la magistrada Miriam Germán Brito instruyó a todos los miembros del Ministerio Público para que canalicen a través del Despacho de la Procuraduría General las acciones de inconstitucionalidad, opiniones sobre proyectos de leyes a otros órganos del Estado y la firma de acuerdos de cooperación con entidades públicas y privadas.
La instrucción, fechada el 2 de noviembre de 2021, explica que los integrantes del Ministerio Público deben canalizar, a través del Despacho de la Procuraduría General, las propuestas de acciones de inconstitucionalidad que consideren pertinentes, así como las intenciones de acuerdo de cooperación o intercambio con entidades nacionales o extranjeras, tanto públicas como privadas.
También los instruye a canalizar por ante el Despacho de la Procuradora General de la República las opiniones sobre los proyectos de leyes, reglamentos o cualquier otra regulación normativa para su debida ponderación y análisis.
La instrucción, basada en las competencias legales reservadas a la máxima instancia del Ministerio Público, busca fortalecer los criterios jurídicos al perseguir la inconstitucionalidad de una ley o norma, fomentar los lazos de cooperación en un marco de transparencia y propiciar que instancias especializadas cumplan su rol de intervenir en la ponderación de las reformas que busca la sociedad a la legislación vigente, resaltó la Procuraduría General en un comunicado.
Recuerda, en una de sus consideraciones, que el artículo 23 de la Ley Orgánica del Ministerio consagra el principio de unidad de actuaciones, conforme el cual “el Ministerio Público es único para todo el territorio nacional”.
La instrucción, que cita distintas disposiciones legales, destaca que la medida tiene el propósito de fijar un criterio unitario conforme a las políticas institucionales y a las prerrogativas que la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público (número 133-11) reconocen al o la procuradora general la máxima autoridad en el Ministerio Público.
Ministerio Público somete otro implicado en lavado de activos del narcotráfico en Caso Larva
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público sometió a la justicia a otro implicado en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada la pasada semana con la Operación Larva, por el que ahora suman 15 los procesados contra los que ha solicitado medida de coerción consistente en prisión preventiva de 18 meses y en la declaración de complejidad del caso.
La titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, procuradora de corte Ramona Nova Cabrera, informó que a Domingo Ventura se le presentó la medida de coerción el domingo porque estaba prófugo y que se solicitó la fusión para conocerla conjuntamente con los demás imputados que habían sido sometidos por estar vinculados a la red.
Dijo que en la próxima audiencia para el conocimiento de la medida de coerción el tribunal se pronunciará sobre esa solicitud.
La jueza Katherine Rubio Matos, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal, aplazó para el próximo viernes 12 de noviembre, a las 9:00 de la mañana, el conocimiento de la medida de coerción en contra de los involucrados.
La fiscal titular de San Cristóbal, Ramona Santana, dijo que el motivo del aplazamiento es que los abogados de los imputados puedan tomar conocimiento de todos los elementos de prueba que depositó el Ministerio Público.
Además de Ventura, son procesados por este caso Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
En tanto que como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y Financiera GDNIPI, S.R.L.
El Ministerio Público desmanteló la red de lavado de activos en coordinación con el Centro de Información y Coordinación Conjuntas (CICC) y la Dirección de Investigaciones Financieras (Difla) de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
Durante las pesquisas, el órgano de la persecución penal ha establecido que los involucrados en el Caso Larva forman parte de una organización criminal dedicada a traficar drogas y a lavar activos producto de operaciones de narcotráfico a gran escala.
El entramado criminal está vinculado a una red de narcotráfico denominada Corona, que el 16 de marzo de 2020 introdujo al país la cantidad de 724.35 kilogramos de cocaína clorhidratada, por la costa de Nigua, provincia San Cristóbal, en una embarcación proveniente de Colombia.
El 15 de septiembre de 2020 la Fiscalía de San Cristóbal y la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo presentaron acusación contra José Aníbal González Luna, José Aníbal González Cubilete (El Don), Manuel Alejandro Lara Martínez, Julio Ignacio Morel Adames y otros 12 implicados en el Caso Corona, en el que las autoridades ocuparon un arsenal, incluyendo tres fusiles y una metralleta.
Tribunal de San Pedro de Macorís dicta cinco años de prisión a hombre por tráfico de drogas
SAN PEDRO DE MACORÍS (República Dominicana).- Tras acoger la acusación del Ministerio Público, un tribunal de esta provincia condenó a cinco años de prisión a un hombre que fue enjuiciado por traficar con más de 200 porciones de cocaína y crack.
El Tribunal Colegiado de San Pedro de Macorís dictó la sentencia contra Joel Alberto Cuello Ramírez, quien fue hallado culpable del crimen de tráfico ilícito de sustancias controladas, en la categoría de traficante.
El procesado cumplirá la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís y deberá pagar una multa de 50 mil pesos.
Los jueces Juan de la Cruz Rijo Güílamo, Bethania del Carmen Conce Polanco y Esmirna Antonia Ortega Ventura emitieron la sentencia con base en distintas pruebas documentales y periciales ofrecidas por el Ministerio Público, representado por el fiscal Pedro Adael García de Peña, del Departamento de Litigación Final.
El expediente señala que Cuello Ramírez fue arrestado en flagrante delito el 16 de noviembre de 2019, en la calle Prolongación Estudiantil, del sector Pedro Justo Carrión, provincia San Pedro de Macorís.
El arresto se produjo cuando agentes de la Policía Nacional descubrieron que el imputado ocultaba en los bolsillos de su pantalón una funda plástica con 91 porciones de un polvo que resultó ser cocaína clorhidratada, con un peso de 112.87 gramos.
Además, le fue ocupada en otra funda 125 porciones de un material rocoso, que se trataba de cocaína base (crack), con un peso preciso de 23.98 gramos, según lo certificó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
El dictamen establece que el procesado violó las disposiciones contenidas en los artículos 4, letra d; 5, letra a, y 75, párrafo II, de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas.
Los centros penitenciarios abrirán visitas conyugales bajo un estricto protocolo sanitario
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Gabinete Penitenciario anunció que avanza en la aplicación de los protocolos para que el próximo 15 de este mes reinicie el proceso de visitas conyugales a personas privadas de libertad, siempre apegadas a las directrices para la preparación, prevención y control de la COVID-19 establecidas por el Ministerio de Salud Pública.
Desde el inicio de la pandemia los contagios entre privados de libertad en el sistema penitenciario dominicano suman más de 1,700 casos, en una población de casi 28 mil personas. Las autoridades registran además el lamentable deceso de 22 personas afectadas por la COVID-19.
El Gabinete Penitenciario, que coordina el procurador de corte Jonathan Baró Gutiérrez, recordó que la pandemia obligó al aislamiento de los centros de privación de libertad para evitar contagios.
Hace tres meses los 41 centros de privación de libertad se preparan para que el proceso de reapertura a las visitas conyugales se efectúe con los riesgos mínimos y en las mejores condiciones sanitarias, ya que contribuyen a mantener los lazos afectivos del interno con la persona con la que tiene establecida una relación estable de pareja.
Para el reinicio de los encuentros íntimos el protocolo establece que cada persona privada de libertad registre a su pareja fija.
Sólo se permitirá el acceso de la persona previamente inscrita que además haya depositado los resultados de las analíticas requeridas. Las visitas serán cada quince días, por espacio de dos horas y ambos miembros de la pareja deben tener su tarjeta de vacunación contra la COVID-19 con al menos dos dosis aplicadas.
Hasta el momento poco más de 4,000 privados de libertad han inscrito a sus parejas y ya alrededor de 300 han presentado sus tarjetas de vacunación contra la COVID-19, así como otros análisis clínicos necesarios para proteger la salud de los internos.
Después del primer confinamiento en 2020, las autoridades penitenciarias encontraron en la tecnología una vía de garantizar los encuentros de los privados de libertad con sus familiares e incluso con los abogados vía videollamadas.
El sistema penitenciario sigue los lineamientos trazados por el Ministerio de Salud Pública en el combate a la pandemia. En enero de 2021 la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dispuso que se permitiera el ingreso a los recintos de abogados de los internos, siguiendo las normas de protección y bioseguridad.
El proceso de vacunación de los internos inició en marzo de 2021 y toda la población penitenciaria que tiene condena firme ya tiene aplicado al menos dos dosis del biológico contra la COVID-19.
A un porcentaje mínimo de internos, que corresponde a la población casi flotante de nuevos ingresos, se les sigue un protocolo de vigilancia epidemiológica que incluye pruebas y aislamiento preventivo.
Una vez vacunado un alto porcentaje de privados de libertad y agentes penitenciarios, las autoridades procedieron a la reapertura de las visitas presenciales de familiares, aunque debido al surgimiento de algunos brotes, las direcciones provinciales de Salud han ordenado el aislamiento esporádico de centros afectados hasta controlar la línea de contagios.
Las autoridades procedieron ya a la adecuación de los espacios para ofrecer las visitas en intimidad con las parejas y trabajaron en la sensibilización a los privados de libertad sobre el procedimiento para inscribir a una persona que también esté vacunada para que presente los resultados de una serie de analíticas con las que se procura evitar la propagación de infecciones.
Imponen prisión preventiva contra hombre que atracó a punta de pistola a comerciante en Salcedo
HERMANAS MIRABAL.- Un Tribunal del Distrito Judicial de Hermanas Mirabal impuso tres meses de prisión preventiva en contra de un hombre que atracó a punta de pistola a un comerciante de esta localidad, despojándolo de un arma de fuego y dinero en efectivo, en enero de 2020.
La medida de coerción fue impuesta por la jueza Yudelka de León en contra de Daniel Rafael Martínez Cáceres, a quien el Ministerio Público implica en el asalto a mano armada en contra del señor Antonio García Batista, en un momento en que se encontraba en su establecimiento de provisiones.
En la medida de coerción se establece que el imputado Daniel Rafael Martínez Cáceres, alias Danielito, junto a Junior Manuel Hidalgo Rosario (en prisión preventiva), Leonardo Antonio García Bencosme (hoy occiso), José Manuel Carela Báez y José Antonio Bautista, se presentó alrededor de las 3:00 de la madrugada al establecimiento comercial Colmado El Resbalón, propiedad de García Batista, a quien despejó de su pistola y de 700 mil pesos en efectivo.
El representante del Ministerio Público, Pablo Osiris Molina Santos, ha calificado provisionalmente los hechos atribuidos al encartado, como violación de los artículos 265, 266, 379, 382, 383, 385 del Código Penal, así como violación a los artículos 66 y 67 de la ley 631-16, sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
El órgano persecutor indicó que el imputado, quien tiene un amplio historial delictivo, cumplirá la prisión preventiva en la cárcel pública Juana Núñez de la ciudad de Salcedo.
