Imputados en Caso Discovery recurren a burlas por la condición de vulnerabilidad de las víctimas, ante solidez acusación del Ministerio Público
SANTIAGO (República Dominicana).- Los imputados en la red del cibercrimen que, haciendo uso de medios electrónicos, estafó a miles de ciudadanos de Estados Unidos, trataron este jueves, de manera infructuosa, de desmontar la acusación presentada por el Ministerio Público.
“No pudo la defensa técnica presentar un solo medio, ni siquiera de trabajo lícito de ninguno de los imputados, no pudo presentar un solo medio que rebata que son personas dedicadas al narcotráfico, que pertenecen a una organización criminal”, indicó la procuradora de corte Sourelly Jáquez a los periodistas que abordaron a los fiscales al salir de audiencia de solicitud de medida de coerción, este jueves.
Jáquez señaló que la defensa técnica concluyó presentando sus medios de defensa ante un tribunal de esta jurisdicción, queriendo tergiversar la acusación del Ministerio Público, pero ante la solidez de la misma, incurrieron en burlarse de las víctimas en sus medios de defensa.
“En esos medios hubo una completa burla tanto de las defensas técnicas de los abogados, así como de las víctimas” sostuvo la fiscal del Ministerio Público.
La litigante detalló que las defensas técnicas tomaron como un elemento de burla la edad de las víctimas, señalando “¿Qué si son personas de 91 y 92 años?, “que, ¿Por qué no cogieron el avión para venir para acá?”, elementos que indicó suelen ser un tema común en este tipo de delito.
“La vulnerabilidad de la víctima es una razón de porqué se pescan ese tipo de víctimas, para precisamente ocasionar ese tipo de situaciones”, explicó la fiscal, sobre la escogencia por parte de los imputados, de personas de la tercera edad para realizar este tipo de delito.
“Los imputados han mostrado una actitud de irrespeto hacia las víctimas lo que denota que no están arrepentidos de los delitos que han cometido”, puntualizó la fiscal, quien resaltó la falta de respeto mostrada por las defensas técnicas a la solemnidad del proceso.
Jáquez destacó la solidez de la acusación presentada por el órgano de justicia y señaló que el cuerpo de fiscales actuantes en el proceso, están listos para concluir con los alegatos, en la continuación del conocimiento de la medida de coerción, este viernes a las 9:00 de la mañana.
“El Ministerio Público dijo que no se trataba de un caso de simple estafa, sino un caso de organización criminal y la pena mínima que tiene la asociación de malhechores es de 20 años”, especificó Jáquez sobre el tipo de sanción que enfrentan los implicados en la desarticulada red en el Caso Discovery.
La acusación establece como esta estructura criminal despojó de altas sumas de dinero, así como de sus identidades, a ciudadanos de los Estados Unidos de América cuyo perfil previamente estudiaban, a fin de impactar sus vidas y sus emociones con terror psicológico, toda vez que recreaban historias falsas para materializar la estafa.
Generales continuarán en prisión por vinculación a corrupción en Caso Coral 5G
SANTO DOMINGO (República Dominicana).-Con las nuevas evidencias aportadas en el Caso Coral 5G, el Ministerio Público logró este jueves que un tribunal del Distrito Nacional les confirmara la prisión preventiva a tres generales de distintos órganos castrenses acusados por corrupción administrativa en el Caso Coral 5G.
“En el día de hoy el tribunal ha mantenido la medida de coerción a la mayoría de los imputados, salvo excepciones, incluso en una de esas excepciones el Ministerio Público estuvo de acuerdo con la variación de la medida por el comportamiento del imputado en este proceso”, destacó el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
“En sentido general, el tribunal acogiendo los planteamientos realizados por el Ministerio Público, entendiendo y así lo motivó en la gravedad de los hechos que se imputan, la pena imponible en caso de condena y el gran daño que hay que resarcir al pueblo dominicano con la gran cantidad de dinero que se sustrajo del erario, ha mantenido las medidas de coerción de este proceso en sentido general”, apuntó.
Resaltó que esta revisión de medida de coerción se ha conocido con relación a doce personas y dijo que el tribunal ha acogido el pedimento del Ministerio Público con relación a diez de esas doce personas, “y en consecuencia el tribunal ha valorado correctamente lo planteado por el Ministerio Público y ha decidido en esa dirección”.
El titular de la Pepca dijo que los pasos a seguir lo determinarán el desarrollo de los acontecimientos de este proceso, tras responder preguntas de varios periodistas que lo abordaron a la salida del tribunal.
El juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ratificó la prisión preventiva que cumplen por 18 meses los generales Boanerges Reyes Batista (ARD), Juan Carlos Torres Robiou (FARD) y a Julio Camilo De los Santos Viola (FARD).
También, la prisión preventiva impuesta al capitán de navío ARD Franklin Mata Flores y a José Manuel Rosario Pirón.
En tanto que la prisión domiciliaria les fue ratificada a Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez y a Jehohanan Lucía Rodríguez.
En el caso de Yehudy Blandesmil Guzmán, decidió variar la prisión preventiva a domiciliaria e impedimento de salida del país.
Asimismo, respecto a César Ramos Ovalles y a Esmeralda Ortega Polanco, dispuso la variación de domiciliaria a impedimento de salida del país, presentación periódica y una garantía económica de un millón de pesos.
El magistrado Mejía adoptó la decisión durante la revisión obligatoria de la medida de coerción. La próxima revisión obligatoria fue fijada para el 14 de junio del año 2022.
La lectura íntegra de la decisión fue fijada para el 16 de mayo.
En la audiencia para la revisión obligatoria de las medidas de coerción, además del procurador adjunto Wilson Camacho, representaron al Ministerio Público Mirna Ortiz, Jonathan Pérez y María Melenciano.
Los imputados cumplen prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.
Durante el desarrollo de las investigaciones contra los integrantes del entramado de corrupción, el Ministerio Público ha logrado obtener diferentes documentos de bancos, títulos de propiedad, bienes inmuebles que han sido decomisados y otros elementos probatorios.
La red de corrupción desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos 4,500 millones de pesos, ha establecido el Ministerio Público en el transcurso de las pesquisas.
El Ministerio Público ha aportado casi 100 testigos y ha presentado más de 15 mil páginas de evidencias irrefutables contra los involucrados en el caso.
A los oficiales de cuerpos castrenses se les ha ocupado durante las investigaciones unas 125 propiedades.
Un año de prisión preventiva contra otros cuatro involucrados en fraude a programa de asistencia social Supérate
BARAHONA (República Dominicana).- El Ministerio Público logró que un tribunal de esta jurisdicción le impusiera un año de prisión preventiva y declarara complejo el proceso que se sigue contra otros cuatro involucrados en transacciones fraudulentas con tarjetas del programa de ayuda social estatal Supérate.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Barahona dictó la medida de coerción en contra de Hansel Arturo Féliz Féliz, de 20 años de edad; Andy Reimi Ubiera, de 26 años; Francisco Andrés Sánchez, de 27, y Euris Bautista Sánchez, de 23.
La Fiscalía de Barahona, la Procuraduría Especializada Contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat), de la Policía Nacional, han establecido en el proceso que el grupo fue arrestado en flagrante delito con 103 tarjetas del programa cuando se dirigían a hacer las transacciones en negocios de esta localidad.
La jueza María Consuelo Valenzuela adoptó la decisión en atención al pedimento del Ministerio Público, luego que aportara distintas pruebas que vinculan a los encartados al acto delictivo.
Las investigaciones han permitido determinar que se trata de una estructura del crimen organizado que opera en varias regiones del país.
El órgano del sistema de administración de justicia precisó que los integrantes de la red criminal se dedicaban a la clonación de tarjetas, a la estafa contra el Estado dominicano y contra los beneficiarios, a quienes le realizaban una suplantación de su identidad digital al utilizar las tarjetas clonadas a su nombre, en detrimento del propio programa, así como también a la violación a la ley de lavado de activos, la cual tiene como delito precedente los delitos de alta tecnología.
El caso ha recibido la calificación jurídica de violación a varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que, entre otros, tipifican y sancionan el enriquecimiento ilícito, la asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, obtención ilícita de fondos y robo de identidad, así como el uso de datos por acceso ilícito.
El Ministerio Público destaca en un comunicado de prensa que por el fraude al programa de ayuda social Supérate, el Tribunal de Atención Permanente de Santo Domingo Este también le impuso recientemente medidas de coerción a otras seis personas vinculadas a esos hechos delictivos, incluyendo tres que recibieron prisión preventiva, y además declaró el caso complejo.
La denuncia de las acciones fraudulentas fue recibida por el Ministerio Público de parte de la Administradora de Subsidios Sociales (Adess), en el transcurso de las investigaciones que desde hace alrededor de dos años realizan a nivel nacional sobre esos casos.
Los imputados deberán cumplir la medida de coerción en la cárcel pública de Barahona, mientras los fiscales a cargo del caso continúan ampliando las investigaciones.
Fiscalía de Las Matas de Farfán obtiene 20 años de prisión por robo con violencia
LAS MATAS DE FARFÁN (República Dominicana).- A solicitud del Ministerio Público, un tribunal de esta jurisdicción condenó a 20 años de reclusión a un hombre por herir a otro de varios machetazos en la cabeza, en un atraco realizado en 2019, en el sector Los Cartones de este municipio.
El Tribunal Colegiado, presidido por el juez Blaury Luciano, emitió la sentencia en contra de Leonel Luciano Paniagua (a) Kanki, quién junto al nombrado Mayinoa (prófugo), agredió a Víctor Santiago Amador Roa, para robarle sus pertenencias.
El expediente indica que la víctima accedió a llevar en su motocicleta a los dos agresores al sector Los Cartones y que en el trayecto lo amenazaron y lo obligaron a dirigirse a un terreno baldío en el paraje Calabozo. Ya en el lugar, le propinaron varias heridas con machetes en su cráneo y en el antebrazo derecho y lo despojaron de su motocicleta y de su cartera, que contenía cinco mil pesos.
A través de la procuradora fiscal Beatriz Rosario, el Ministerio Público presentó en el juicio de fondo suficientes pruebas que comprometen a Luciano Paniagua con la violación a los artículos 265, 266, 379 y 383 del Código Penal, sobre asociación de malhechores y robo agravado con violencia.
El condenado deberá cumplir la pena en la cárcel pública de San Juan de la Maguana.
Veinte años de prisión a dos hombres acusados por el Ministerio Público de robo con violencia
PUERTO PLATA (República Dominicana).- Tras acoger el pedimento del Ministerio Público de esta demarcación, un tribunal condenó a 20 años de prisión a dos hombres acusados de robar a otro con violencia el 23 de diciembre de 2019.
José Ignacio Vargas Paulino (Heavy Flow) y Dison Arismendi Santana (Dayan) fueron sentenciados luego de ser hallados culpables de interceptar a Oscar Almonte Almonte, a quien encañonaron y amenazaron con matarlo en caso de que hiciera algún ruido que alertara a los vecinos.
Los sentenciados despojaron a su víctima del dinero de la venta del día del negocio del cual es propietario y lo obligaron a abrir la puerta de la casa.
Una vez dentro, le colocaron un cuchillo en la garganta y lo amenazaron con matarlo si se resistía a entregarle el dinero que tenía guardado en la casa.
La investigación realizada por el fiscal José Armando Tejada establece que el monto sustraído asciende a los 200 mil pesos.
El tribunal presidido por la juez Jakaira Veras impuso la condena para ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe.
El Ministerio Público realizó formal acusación en contra de los imputados por violación a los artículos 265, 266, 379 y 382 del Código Penal Dominicano, que tipifican y sancionan la asociación de malhechores y el robo con violencia física con arma de fuego; además de violación a la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Tribunal impone coerción contra los arrestados en la Operación Iguana y declara el caso complejo
INDEPENDENCIA (República Dominicana).- El Ministerio Público aportó los elementos probatorios que llevaron a un tribunal de esta demarcación a imponer un año de prisión preventiva contra un funcionario local y un inspector de la Dirección General de Migración, así como contra otras cinco personas arrestadas por tráfico de inmigrantes durante el despliegue de la Operación Iguana.
Los imputados Roberto Méndez Pérez, coordinador de control en el puesto fronterizo de Aduanas en Jimaní, y el inspector de esa dependencia Johan Rosario Castillo, así como Quelinton Eduardo Vólquez Guzmán, Delson Manuel Medina Díaz y Juan Mateo Feliciano (Yefo) deberán cumplir un año de prisión en la cárcel de Neyba. También, Deivi Nova Reyes, quien era empleado del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa).
Mientras que Dominga Guzmán, madre de uno de los imputados, tendrá que presentarse en forma periódica ante el Ministerio Público.
El juez de la Instrucción de Jimaní, Paco Terrero Pérez, acogió la solicitud formulada por el Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), y declaró el caso de tramitación compleja.
La PETT, encabezada por la procuradora de corte Yoanna Bejarán, desarrolló la Operación Iguana con nueve allanamientos simultáneos en municipios de las provincias Independencia, Bahoruco y Pedernales.
En las audiencias de coerción el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Belkis Ulloa y Wendy González, procuradora general titular de la Procuraduría Regional de Barahona. También por la fiscal Aleika Almonte, de la PETT, y Alexis Piña y Yoneivy González, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Durante la operación, el Ministerio Público arrestó a los involucrados en la red de tráfico de inmigrantes y ocupó como evidencias siete vehículos, 127 pasaportes de ciudadanos extranjeros, aproximadamente 116 mil pesos y 383 dólares, cientos de documentos y un arma de fuego, calibre 9 milímetros.
El desmantelamiento de la red se llevó a cabo en el marco de la investigación del Caso La Placa, por el que el 8 de diciembre del pasado año fue arrestado en flagrante delito Deivi Novas Reyes, quien transportaba de manera ilegal a una cubana con su hija de siete años a bordo de una motocicleta.
La PETT, apoyada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca, inició una investigación contra la estructura criminal, dirigida por los imputados Roberto Méndez Pérez y/o Robert Méndez y Johan Rosario Castillo, quienes cometieron delitos graves aprovechando su condición de empleados de Migración.
Ambos ejecutaron las acciones en coautoría con el servidor público Deivi Nova Reyes y los imputados Quelinton Eduardo Vólquez Guzmán, Delson Manuel Medina Díaz, Dominga Guzmán y Juan Mateo Feliciano en perjuicio de la integridad personal y libertad de ciudadanos extranjeros, la seguridad del Estado dominicano y la correcta administración pública.
Según consta en la solicitud de medida de coerción, además del tráfico de personas y la recepción de sobornos, la cabeza de esta estructura criminal, Méndez Pérez, distrajo el dinero y las evidencias que colectaron las agencias de seguridad del Estado, en ocasión de arrestar a personas por la comisión del ilícito de tráfico de personas.
También distrajo las multas que cobró en el puesto de chequeo fronterizo de Jimaní.
Fiscalía de SDE obtuvo 20 años de prisión contra un atracador que mató a su víctima en Los Guaricanos
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Fiscalía de Santo Domingo Este y Norte obtuvo una condena de 20 años de prisión en contra de un hombre que mató a otro durante un atraco ocurrido en 2019, en el sector Los Guaricanos, de Santo Domingo Norte.
El Segundo Tribunal Colegiado de esta jurisdicción dictó la sentencia en contra de Alex Adames López, quien deberá cumplir la pena en el centro de privación de libertad La Victoria.
El Ministerio Público, representado por la fiscal litigante Marlene Roa, demostró en el juicio de fondo la responsabilidad penal del procesado sobre la muerte de Diez Charles, de nacionalidad haitiana, quien andaba en compañía de su hermana Linda Charles.
El expediente instrumentado por la fiscal Evelyn Peña Quezada establece que la noche del 18 de noviembre de 2019, Adames López y otros tres hombres interceptaron a los hermanos Charles en la calle Los Casabes del sector Los Guaricanos, del municipio Santo Domingo Norte.
Indican que cuando Diez Charles intentó resistirse al atraco, uno de los malhechores le dio un golpe en la cabeza con un arma de fabricación casera y que luego Adames López lo hirió con un cuchillo, lo que provocó su muerte mientras recibía atenciones médicas.
Adames López fue apresado por otro hecho y luego fue identificado por Linda Charles cuando acudió a poner la denuncia.
El Ministerio Público asignó a las acciones del procesado la calificación jurídica contenida en los artículos 2, 265,266, 295, 304, 309, 379 y 385 del Código Penal y los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Tribunal de Santiago condena a un hombre a 15 años de prisión por robo con violencia
SANTIAGO (República Dominicana).- El Primer Tribunal Colegiado de esta jurisdicción acogió la solicitud del Ministerio Público y condenó a 15 años de prisión a un hombre que cometió el delito de robo con violencia en una residencia, donde la víctima recibió heridas múltiples.
Los jueces Sergio Augusto Furcal, Juan Carlos Colón y Claribel Mateo Jiménez dictaron la condena en contra de José Ignacio Espinal Núñez, quien se presentó junto a otros dos hombres a la casa de Rafael Román Núñez, para despojarlo de sus pertenencias.
Durante del juicio de fondo, la fiscal Jennifer Rodríguez probó que el procesado incurrió en violación a los artículos 265, 266, 379, 382 y 385 del Código Penal, que castigan el robo con violencia, agravado con los elementos de nocturnidad, casa habitada y pluralidad de agentes.
El expediente incluye también violación al artículo 67 de la Ley 631-16, que sanciona el uso ilegal de un arma de fuego.
Detalla que Espinal Núñez, acompañado de Yeuri de Jesús Rodríguez (también condenado a 20 años) y de un hombre de nacionalidad haitiana solo identificado como Pití, llegó a la residencia de la víctima y se le abalanzó encima, sujetándolo por el cuello, circunstancia en la que Rodríguez lo hirió con un arma blanca en las manos y en un brazo.
Román Núñez también recibió una herida de bala en una pierna y fue despojado por los agresores de 125 mil pesos y de un arma Smith & Wesson, calibre 38 milímetros.
Fiscalía de Santo Domingo Oeste trabaja en el traslado de privados de libertad de Bella Colina
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público de Santo Domingo Oeste ha movido desde el pasado 18 de este mes a más de 80 imputados desde el recinto carcelario que opera en el destacamento policial de Bella Colina de esta demarcación.
El fiscal titular de Santo Domingo Oeste, Edward López Ulloa, explicó que algunos de los privados de libertad fueron trasladados a otros recintos. “Seguimos trabajando con las resoluciones judiciales pendientes, logramos el despacho de comida con los Comedores Económicos, realizamos la limpieza del séptico y de los filtrantes”, dijo.
Informó que la magistrada procuradora Miriam Germán Brito está pendiente de las acciones que se realizan para humanizar la permanencia de los privados de libertad en ese y otros recintos.
“La magistrada Miriam Germán Brito se mantiene en contacto permanente con nosotros. De hecho, el pasado 25 de marzo, la procuradora general instruyó a Vilma Pérez, directora administrativa del Ministerio Público, para que trabaje en la reubicación de los preventivos”, indicó López Ulloa.
“Germán Brito instruyó a la Dirección Administrativa para que ubique un local en donde se puedan alojar los privados de libertad preventivos que están en el destacamento de Bella Colina”, añadió.
López Ulloa explicó que la magistrada pidió celeridad y la coordinación de la Fiscalía de Santo Domingo Oeste y la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
“Para este proceso de búsqueda de solución estamos en conversación permanente con el área de Ejecución de la Pena del Poder Judicial y con la propia Policía Nacional, en cuya edificación opera el recinto”, dijo.
“Además, agradecemos públicamente a los legisladores, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública y a los medios informativos que muestran interés en que los privados de libertad tengan un espacio digno. Es algo por lo que siempre hemos abogado y esperamos que podamos lograrlo en esta ocasión”, sostuvo el fiscal López Ulloa.
