Notas Judiciales correspondientes al 25 de febrero 2021

Por Diario Digital Dominicano

Procuraduría habilita nuevas entidades para que usuarios paguen infracciones de tránsito

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Procuraduría General de la República habilitó la facilidad de pago de infracciones de tránsito a través de entidades financieras y plataformas de servicio para proporcionar a los usuarios más lugares de acceso donde pueden saldar sus contravenciones.

La institución informó que la medida tiene como objetivo agilizar el proceso para evitar inconvenientes y tumultos a los usuarios que deben realizar los pagos.

La Procuraduría General detalló, en un comunicado de prensa, que el Banco Adopem de Ahorro y Crédito, la Asociación Bonao de Ahorros y Préstamos, la Asociación La Vega Real, así como la agencia UEPA-Tickets, son las entidades que brindarán el servicio de cobro de infracciones de tránsito.

Estas vías de pago se suman al estatal Banco de Reservas y a los canales electrónicos que pone a disposición de la ciudadanía la Procuraduría General de la República a través de su portal.

El organismo detalló que las instituciones financieras ofrecerán estas atenciones de forma presencial y dentro de sus respectivos horarios laborales.

Tener saldadas las infracciones de tránsito es un requisito para gestionar el certificado de buena conducta o realizar cualquier trámite relacionado con la circulación de vehículos de motor, como obtener y renovar la licencia de conducir y la placa, traspasar la propiedad de un vehículo y adquirir un seguro, de acuerdo con el artículo 281, párrafo II, de la Ley 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Fiscales de la Pepca incorporan documentos sobre empresas del imputado Juan Roberto Rodríguez en juicio Odebrecht 

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) incorporaron este jueves nuevas pruebas en el juicio que se sigue a seis imputados por los millonarios sobornos en dólares que pagó la empresa Odebrecht para lograr adjudicación de obras en el país.

La fiscal de la Pepca, Mirna Ortiz, explicó que en la audiencia de este jueves incorporaron documentos sobre las empresas a nombre del señor Juan Roberto Rodríguez, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa). 


“El informe como tal no se había ofertado, o sea, no era una prueba que estaba ofertada para el señor Juan Roberto; mas, sí todos los soportes que envió la Cámara de Comercio, que demostraban la existencia de las empresas a nombre del señor Juan Roberto”, precisó Ortiz a miembros de la prensa que cubren el juicio y que le cuestionaron sobre un informe no incorporado. 


La magistrada Ortiz enfatizó en que el tribunal admitió la incorporación de todos los documentos de la Cámara de Comercio relativos a esas firmas. 


Las citadas evidencias fueron incorporadas con los testigos número 13 y 14 del Ministerio Público, Anny Puello, quien ya concluyó su comparecencia, y Julián Rojas, quien continuará testificando después del receso. 


El titular de la Pepca, procurador adjunto Wilson Camacho, encabeza el equipo litigante que representa al Ministerio Público en el juicio, el cual está integrado por la magistrada Ortiz y otros fiscales de ese órgano, quienes procuran demostrar a través de sus testigos, 28 en total, la vinculación de los imputados con los sobornos de la constructora brasileña. 

El juicio se sigue en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional en contra de Rodríguez Hernández, así como de los imputados Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista García, Tommy Galán y Conrado Pittaluga, acusados de recibir y distribuir sobornos de los US$92 millones que Odebrecht admitió haber pagado para ser favorecida con obras estatales.


Con las pruebas que el Ministerio Público está incorporando en el proceso procura demostrar que los encartados se enriquecieron de manera ilícita, producto de sus actividades con la multinacional brasileña, en violación al Código Penal Dominicano, la antigua Ley 72-02, sobre Lavado de Activos, y la Ley 448-06, sobre Soborno. 


El tribunal, integrado por las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo dispuso la continuación del juicio a partir de las 2:00 de la tarde.

Incendio provoca daños materiales en el penal de La Victoria

SANTO DOMINGO (República Dominicana).-La Dirección General de Prisiones informó que afortunadamente se sofocó, sin que llegara a provocar daños humanos lamentables, un incendio registrado la noche del miércoles en un área de la Penitenciaría Nacional de La Victoria.

Junto con el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Norte, Prisiones indaga las causas del incendio, aunque adelantó que todo indica que se trató de un cortocircuito en el área conocida como Los Pasillos, específicamente en los C y F.

Un interno de 32 años de edad alojado en el C-5 de Los Pasillos presentó dificultad respiratoria y tuvo que ser trasladado en una ambulancia a un subcentro de salud de La Victoria, de donde pudo ser retornado al penal a las 12:40 de la madrugada de este jueves.

Un informe preliminar explica que a las 10:30 de la noche se reportó el incendio y que los agentes policiales empezaron a sofocarlo de inmediato, con el apoyo de los propios internos. 

Tres unidades del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Norte llegaron en auxilio y procedieron a un corte rápido de la energía eléctrica en el área, en donde el cableado presenta dificultades.

Imponen coerción a fiscalizador acusado de embarazar a una menor de edad

SANTIAGO (República Dominicana).– La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta jurisdicción impuso una medida de coerción consistente en presentación periódica e impedimento de salida del país al fiscalizador Mauricio Osoria Castillo, acusado de sustracción de menores.

El juez Cirilo Salomón Sánchez ordenó que el fiscalizador, imputado de embarazar a una menor de edad, deberá presentarse periódicamente ante la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales.

Los procuradores fiscales Regis Reyes y Nuris Arelis Espinal Uceta, de la provincia Valverde, representaron en la audiencia a la Procuraduría Regional de Santiago, que había sido apoderada de la investigación en contra del fiscalizador Osoria Castillo, a través de una solicitud que hiciera el procurador adjunto Juan Medina de los Santos, inspector general del Ministerio Público. 

Al fiscalizador Mauricio Osoria Castillo se le imputa el delito de sustracción de menores, tipo penal contenido en los artículos 355 del Código Penal Dominicano y 396 de la Ley 136-03, que crea el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes. 

La Inspectoría General del Ministerio Público sometió a una investigación a Osoria Castillo, luego de que una mujer depositara ante un juzgado de Paz, el 28 de diciembre de 2020, una denuncia en reclamo de pensión alimentaria al fiscalizador, en virtud de que ella cursaba un embarazo de 23 semanas.

Las indagatorias permitieron determinar que, aunque en la actualidad la mujer es adulta, en el momento de quedar embarazada era menor de edad.

Ministerio Público investiga auditorías “maquilladas” por la Cámara de Cuentas

SANTO DOMINGO (República Dominicana).-La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), que encabeza Wilson Camacho, mantiene trabajando a un amplio equipo de técnicos de diferentes áreas que profundizan el análisis de la documentación ocupada en la Cámara de Cuentas durante el allanamiento del pasado lunes.

Al referirse al tema sobre el que preguntaron los periodistas que cubren la fuente judicial, el procurador adjunto aseguró que la Operación Caracol abre un caso en el que la obstrucción de la justicia y otros ilícitos penales operaron en beneficio de personas, empresas o entidades favorecidas con auditorías maquilladas.

“Entre esas auditorías “maquilladas” figura una realizada a las obras construidas por Odebrecht entre 2002 y 2014”, apuntó Camacho.

La Pepca allanó a la Cámara de Cuentas amparada en la Resolución 01-2021, emitida el 18 de este mes de febrero de 2021, por la jueza de la Suprema Corte de Justicia, María G. Garabito Ramírez.

El presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Francisco Álvarez Pérez, está siendo investigado bajo sospecha de obstrucción de la justicia, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, asociación de malhechores, complicidad en los tipos penales de desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos provenientes de actos de corrupción.

La investigación incluye a Pedro Antonio Ortiz Hernández, Carlos Noés Tejada Díaz, Margarita Melenciano Corporán y Félix Álvarez, así como a otros funcionarios del organismo.

Para el allanamiento, el cuerpo de fiscales dirigidos por la Pepca se presentó desde tempranas horas de la mañana del lunes en el  edificio gubernamental Manuel Fernández Mármol, en la avenida 27 de Febrero, esquina calle Abreu, en el Distrito Nacional.

Internos del 15 de Azua contarán con delegación permanente de los derechos humanos

AZUA (República Dominicana).- La Dirección General de Prisiones puso a disposición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el espacio donde operará la oficina de esa entidad, que velará por la integridad de los privados de libertad del recinto carcelario ubicado en el 15 de Azua.

El director general de Prisiones, coronel Roberto Hernández Basilio, recibió a una delegación de la CNDH que dejó inaugurada la Oficina de Derechos Humanos del centro de privación de libertad, una instancia independiente que velará por el trato digno a los internos y contribuirá a la transformación del sistema penitenciario que impulsa la Procuraduría General de la República.

La CNDH ofrecerá un servicio de veeduría, alertas oportunas e informes periódicos a las autoridades, sobre actos que atenten contra los derechos de las personas privadas de libertad.

El 15 de Azua alberga en la actualidad a 491 internos y recibe condenados y preventivos desde diferentes jurisdicciones, incluso el Gran Santo Domingo. 

La delegación instalada en el lugar mantendrá una veeduría permanente sobre el tratamiento de las autoridades a los reclusos, las condiciones del centro en aspectos como la alimentación y la salud, así como el oportuno traslado de los internos a las citas de sus respectivos procesos judiciales.

El acto de apertura de esta oficina, la segunda después de la que funciona en La Victoria desde octubre pasado, estuvo encabezado por el coronel Hernández Basilio; el presidente de la CNDH, Manuel María Mercedes; el procurador de la Corte de Apelación de Azua, Dante Castillo, y el presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Juan Dionisio Restituyo. Participaron, además, funcionarios civiles, policiales y militares de la Dirección General de Prisiones, el Ministerio Público y el Ministerio de Interior y Policía.

Hernández Basilio explicó que esta iniciativa responde al propósito de las autoridades en la Procuraduría General de la República de avanzar en el proceso de transformación del sistema penitenciario, al cabo del cual todos los recintos de privación de libertad pertenecerán al Modelo de Gestión Penitenciaria, que sirve de referente internacional en cuanto al trato digno a los internos.

Dijo que mientras ese proceso avanza, la Dirección General de Prisiones se complace de contar con las instituciones interesadas en que el país supere las condiciones infrahumanas y abusivas que por décadas se han impuesto en el sistema penitenciario. Avanzó que, para los próximos meses, se prevé abrir en el penal un taller de ebanistería y una panadería, que beneficiarían a los internos con capacitación y ocupación laboral.

“Hemos tenido mejoras contundentes y fehacientes de los servicios de salud, los servicios de alimentación, de transporte hacia sus audiencias, y qué más que contar con esta oficina que será como un elemento de control, de veeduría y de fiscalización de esas operaciones”, expuso.

Manuel María Mercedes resaltó que las oficinas de derechos humanos se apoyan en un acuerdo con la Procuraduría que data de 2014 y reconoció el empeño y la apertura de la actual gestión para acoger la preocupación de la sociedad por las condiciones de vida de los privados de libertad.

Que el sistema de justicia cuente con dos oficinas independientes para velar por los derechos de los internos representa un hito no solo para el país, sino en el plano internacional, aseguró el diputado Restituyo, quien expresó la determinación de los congresistas de cumplir con su deber de fiscalizar a las autoridades, pero también el de legislar para apoyar la transformación del sistema penitenciario.

La oficina, instalada junto al dispensario médico del centro de privación de libertad, cuenta con computadora e impresora, además del mobiliario necesario para que la delegación designada reciba allí las informaciones del funcionamiento del centro y establezca comunicación con las autoridades.

Condenan a hombre a pena máxima por adquisición, disposición y divulgación de pornografía infantil

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Primer Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo Este condenó a cuatro años de prisión a un hombre al que las autoridades le ocuparon 120 videos que muestran  niños, niñas y adolescentes mientras son sexualmente abusados por personas adultas.

Sergio Heredia fue encontrado culpable de violar las disposiciones contenidas en el artículo 24 de la Ley 53-07, así como los artículos 26 y 411 del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03). Estas normativas sancionan la adquisición, disposición y divulgación de material con contenido de abuso sexual infantil o pornografía infantil.

De acuerdo con la Procuraduría Especializada contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, los hechos se dieron a conocer por un reporte generado por el Sistema de Protección de la Infancia en Internet (Iccacops, por sus siglas en inglés), el cual detectó que el condenado se dedicaba a la comisión de esos hechos utilizando la red Peer to Peer ARES, que facilita para el intercambio digital de archivos.

El expediente detalla que uno de los videos tiene por título “violación de menor de edad en la República Dominicana”, lo que denota una actividad de producción y disposición local de material con contenido de abuso sexual infantil.

Ante la gravedad de estos hechos y al acoger las evidencias expuestas por el órgano de la acusación, el tribunal impuso al procesado la pena máxima para este tipo de ilícito, de cuatro años de reclusión.

A través de esta procuraduría especializada, el Ministerio Público advirtió que pondrá todo el empeño para perseguir sanciones ejemplarizantes para este tipo de conductas que afectan a la niñez.

Además, instó a la sociedad dominicana y a los extranjeros radicados o de paso en República Dominicana a que acaten las prohibiciones legales existentes sobre producción, disposición, difusión, comercialización, adquisición y posesión de material con contenido de abuso sexual infantil.

Asimismo, llamó a denunciar la comisión de estos hechos, que como estableció el Primer Tribunal Colegiado en su sentencia, ocasiona daños muy graves, especialmente a la niñez y la adolescencia.

La Escuela Nacional Penitenciaria acogerá a 171 jóvenes de San Juan para formarlos como agentes de vigilancia

PEDRO CORTO (San Juan).- La Escuela Nacional Penitenciaria informó que 171 de los 394 jóvenes que se presentaron a la convocatoria del pasado sábado en este distrito municipal cumplieron con los requisitos exigidos y superaron las pruebas para formarse como agentes de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario (VTP).

“Les damos la más calurosa bienvenida a estos hombres y mujeres que al ingresar a la ENAP apuestan a la transformación del ser humano desde el Modelo de Gestión Penitenciaria y con este paso se suman a la noble tarea de rehabilitar a los privados de libertad desde los Centros de Corrección y Rehabilitación”, expresó en un despacho de prensa Ysmael Paniagua, director de la ENAP.

La recepción de postulantes se llevó a cabo en la escuela Adriana María Guillú, en este distrito municipal, perteneciente al municipio de San Juan de la Maguana, donde funcionará un nuevo Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR).

Los 171 jóvenes iniciarán un año de formación intensiva en la Escuela Nacional Penitenciaria, ubicada en el Castillo del Cerro, en San Cristóbal, bajo un programa que incluye derechos humanos, seguridad ciudadana, tratamiento penitenciario y, sobre todo, se les formará en la filosofía institucional contenida en el Manual de Gestión que rige al Modelo de Gestión Penitenciaria y en la Reforma Penitenciaria. Además, deben realizar cinco meses de internado y pasantía.

Esta formación garantiza alojamiento, alimentación, útiles y uniformes totalmente gratis, además de una mesada de tres mil pesos durante nueve meses y de cinco mil pesos durante la pasantía de tres meses. Quienes aprueben recibirán su diploma y pasarán a la nómina de agentes VTP del Modelo de Gestión Penitenciaria con un salario inicial de 16 mil pesos, seguro médico y seguro de vida, entre otros beneficios.

Los seleccionados representan el 43% del total de postulaciones. Al proceso se presentaron 394 aspirantes, de los cuales 223 no cumplían con los requisitos. Por razones de peso y tamaño resultaron inelegibles 181 personas, 10 por no haber completado la secundaria, 18 por no corresponder al rango de edad requerido (entre 19 y 35 años) y 14 por razones médicas.

El 51% de las personas que aspiraron a una de las 220 plazas para el CCR Pedro Corto fueron mujeres, con 203 que se presentaron, y 162 de ellas fueron descartadas por no llenar los requisitos exigidos en la convocatoria.

El reclutamiento de los agentes VTP representa el inicio del proceso para poner en funcionamiento el Centro de CCR Pedro Corto, cuya construcción está prevista para concluir en abril próximo, informó en la jornada la coordinadora nacional del Modelo de Gestión Penitenciaria, Hilda Patricia Lagombra.

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