MP incinera más de 20 mil unidades de mercancías ingresada por la frontera de manera ilegal
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público, en cumplimiento de su compromiso de erradicar el comercio ilícito, incineró más de 20 mil unidades de mercancías ilegales incautadas en diversos operativos realizados en la provincia Elías Piña.
La mercancía destruida bajo la supervisión de la procuradora Damia Veloz, directora de Bienes Incautados de la Procuraduría General de la República (PGR), se encontraba almacenada bajo la custodia de la Fiscalía de Elías Piña, que encabeza el fiscal interino Vicente Rodríguez Sánchez.
El Ministerio Público, en cumplimiento de los procedimientos establecidos, destruyó 21,011 unidades de mercancías incautadas en diversos procesos judiciales, contando entre ellos 18,600 cigarrillos de la marca Capital, 2,403 unidades de bebidas alcohólicas, correspondientes a ron y whisky de distintas marcas, y ocho unidades de estimulantes sexuales masculinos.
La incineración de estas mercancías, las cuales pretendían ingresar de manera ilegal al mercado nacional, fue realizada en el vertedero ubicado en la Entrada del Llano, en el municipio de Elías Piña, con la presencia de representantes del Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados (Incabide), del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) y de la Contraloría de la Procuraduría General de la República.
Estás acciones están orientadas a garantizar el manejo, custodia y disposición de bienes incautados de acuerdo con los procedimientos establecidos por el Ministerio Público y las instituciones competentes.
Ministerio Público solicita prisión preventiva contra imputado por feminicidio agravado
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público solicitó la imposición de prisión preventiva, como medida de coerción, contra un hombre vinculado con la muerte de su expareja reportada como desaparecida luego de salir momentáneamente de un salón de belleza de la avenida Independencia, del Distrito Nacional.
José Luis Rodríguez Fabián, quien enfrenta cargos por feminicidio agravado, es señalado como principal sospechoso de la muerte a causa de heridas de arma de fuego de su expareja Loyca Alvarado Adames, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida el pasado 28 de septiembre en las inmediaciones del municipio Bajos de Haina, de la provincia San Cristóbal.
La instancia, presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, por la procuradora fiscal Topacio Milagro Suero Sierra, del Departamento de Crímenes y Delitos contra las Personas (Homicidios), establece que el feminicidio ocurrió en fecha 27 de septiembre de 2026, en las instalaciones de una cabaña ubicada en la avenida George Washington de la capital.
El Ministerio Público ha establecido durante las pesquisas que, mientras la víctima se encontraba en compañía de una hermana, en el salón de belleza, el 27 de septiembre, aproximadamente a las 10:40 de la mañana, la víctima recibió una llamada en su teléfono celular, por lo que salió del lugar, manifestando que regresaría en breve, dejando todos sus artículos personales.
Horas más tarde, su hermana, al no lograr comunicarse con la víctima, informó de la situación a otros familiares. Posteriormente, estos acudieron ante las autoridades policiales a fin de solicitar su localización.
Inmediatamente, miembros del Departamento de Desaparecidos de la Dirección Central de Investigaciones (Dicrim) iniciaron el proceso de búsqueda y localización. Como parte de las labores investigativas, procedieron a revisar las cámaras de seguridad instaladas en la zona, logrando observar a la víctima abordando una yipeta color negro.
Como resultado de las diligencias, el equipo investigador estableció la ruta seguida por el imputado, logrando observar que el vehículo ingresó a las inmediaciones de una fábrica de furgones y transportaciones de Bajos de Haina, provincia San Cristóbal, permaneciendo en dicho lugar por un período de tiempo y posteriormente saliendo del mismo. En las inmediaciones de ese lugar fue localizado el pasado lunes el cuerpo sin vida de la víctima.
El imputado fue arrestado el 29 de septiembre de 2026, en virtud de una orden judicial. Ese mismo día, el Ministerio Público ejecutó la Orden Judicial de Allanamiento No. 0105-SEPTIEMBRE-2026, en un negocio ubicado en el Ensanche La Paz, del Distrito Nacional.
Durante el allanamiento fue ocupada un arma de fuego tipo revólver, calibre 38, de marca y numeración no legibles, junto a un casquillo y dos cápsulas del mismo calibre. El arma ocupada presentó coincidencia balística con el proyectil colectado en la yipeta vinculada a los hechos investigados.
El Ministerio Público le ha otorgado al presente hecho la calificación jurídica de violación a los artículos 93 y 94 del nuevo Código Penal Dominicano (Ley No. 74-25) y los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
La solicitud de medida de coerción está sustentada con diferentes pruebas, incluyendo un Informe Psicológico Forense de Estado Emocional, de fecha 26 de septiembre del año 2026, que prueba la afectación emocional que presentaba la víctima Alvarado Adames a consecuencia de la violencia perpetrada por el imputado Rodríguez Fabián y el riesgo en que se encontraba.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional fijó el conocimiento de la medida para este jueves, 1 de octubre de 2026.
Prisión preventiva a implicados en asalto a sucursal de una entidad financiera en Azua
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Acogiendo la solicitud del Ministerio Público, la Oficina Judicial de la Atención Permanente de Azua impuso ocho meses de prisión preventiva, como medida de coerción, a un hombre imputado de participar en un asalto perpetrado en una sucursal de una entidad financiera en el municipio Sabana Yegua.
La medida le fue impuesta a Railin Cabrera Núñez, a quien el Ministerio Público le imputa haberse asociado con otros cinco hombres para perpetrar un robo en una entidad dedicada al envío y recibo de remesas, así como al cambio de divisas del municipio ubicado en la provincia de Azua.
En la audiencia, el fiscal litigante Franklyn Vicente Vicente demostró ante el tribunal la gravedad de los hechos en los que incurrió el imputado y el peligro de fuga existente de no ser aplicada la prisión preventiva como medida de coerción.
El expediente presentado por el Ministerio Público establece que Cabrera Núñez se asoció con Sandy Alberto Samboy Garó, Ismailin Andrés de León Hiraldo y Guillermo José Arias Rincón, quienes cumplen ocho meses de prisión preventiva por el hecho, así como a Maikol Manuel López Urbáez (Cachón), quienes están en espera de que se le conozca la solicitud de medida de coerción, y con los occisos Dani Braulio Contreras Basilio (El Negro), Pedro Luis Paredes Echeverría (El Lince) y Esterlin Leonel Peñaló Peñaló (Santiaguero y/o El Niño) para cometer el asalto.
El órgano persecutor explica que para la comisión del ilícito, Arias Rincón rentó una jeepeta Honda CR-V, año 2012, color blanco, placa G293860 y la entregó a Peñaló Peñaló (el Santiaguero y/o El Niño), mientras que León Hiraldo, rentó una jeepeta Honda, modelo CR-V, año 2013 color gris, placa G450759,
Después de rentar los vehículos, los imputados se trasladaron hacia el municipio Sabana Yegua y a las 12:54 del mediodía, irrumpieron en la sucursal de la entidad financiera, portando armas de fuego, tipo pistola, y armas largas, con el rostro cubierto por antifaces.
Estando dentro de la entidad financiera, estos agredieron al vigilante Celestino Aquino Alcántara, a quien le propinaron un golpe en la cabeza que le provocó un traumatismo craneoencefálico y lo despojaron de su arma de reglamento, una pistola marca carandaí, así como de su teléfono móvil y novecientos pesos.
Mientras irrumpían en el área de caja, fueron vistos por un miembro de la Dirección Central de Investigaciones (Dicrim) de la Policía Nacional, quien alertó sobre lo que estaba ocurriendo en el establecimiento.
Al percatarse de la presencia de las autoridades, los malhechores emprendieron la huida, desatando una persecución que terminó en las proximidades del municipio Estebanía con un intercambio de disparos con los agentes de la Policía Nacional, en el que resultaron heridos Contreras Basilio, Paredes Echavarria y Peñaló Peñaló, quienes posteriormente perdieron la vida mientras recibían atenciones médicas.
Por su parte, Samboy Garó, Ismailin Andrés de León Hiraldo y Guillermo José Arias Rincón fueron arrestado mediante la ejecución de las órdenes de arresto número 2026-AJ0079489 y 2026-AJ0079957
El Ministerio Público le ha otorgado al presente hecho la calificación jurídica provisional de asociación de malhechores y robo agravado, violaciones previstas y sancionadas en los artículos 73, 224, 225 numeral 1, 225 numeral 4, 225 numeral 5, 225 numeral 9, 226 numeral 2, 226 numeral 3 y 226 numeral 5 del Código Penal y 66 y 67 de la Ley No. 631-16
La magistrada Dania Abreu Abreu, jueza designada del Segundo Juzgado de la Instrucción, declaró el caso complejo e impuso la prisión preventiva, ordenando su cumplimiento en la cárcel pública 19 de Marzo de Azua.
Condena de 15 años para hombre que violó sexualmente a adolescente en Barahona
SANTO DOMINGO (República Dominicana). – Respondiendo a lo solicitado por el Ministerio Público, un tribunal del distrito judicial de Barahona condenó a 15 años de prisión a un hombre que violó sexualmente a una adolescente de 16 años, en un hecho ocurrido en el año 2025.
La condena le fue dictada a Brayan Segura Santana, por las acciones cometidas en detrimento de la adolescente, de quien se omite el nombre para cuidar de sus derechos.
En audiencia, el Ministerio Público, representado por el fiscal litigante Jhoeudis Medina, demostró de manera irrefutable la culpabilidad de Segura, quien con sus acciones faltó a los artículos 330 y 331 del Código Penal Dominicano, que castiga la agresión y violación sexual.
La investigación desarrollada por la fiscal investigadora Aura Deyanira Fernández Curi, de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género e Intrafamiliar, sostiene que Segura se presentó a la vivienda de los parientes de la víctima a sabiendas que esta estaba sola y aprovechando el nivel de confianza poseía por parte de la familia, le solicitó a la adolescente que le permitiera pasar, solicitud a la que ella accedió.
Una vez dentro de la casa, y a sabiendas de la condición de indefensión de la adolescente, Segura la sujetó y cometió el hecho, que posteriormente fue denunciado ante el Ministerio Público.
Las juezas Wanda Deño Suero, Celina Novas, y Nathalia Sosa Nin, del Tribunal Colegiado de Barahona, acogieron en todas sus partes la solicitud del Ministerio Público y como lo había solicitado el órgano persecutor del delito, condenaron a Segura a 15 años de prisión.
Tres acusados por falsificar documentos judiciales fueron condenados
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Respondiendo a una solicitud del Ministerio Público, el Primer Tribunal Colegiado de Santiago condenó a tres hombres, incluyendo a un empleado en suspensión del Poder Judicial, que falsificaron documentos judiciales para facilitar la libertad irregular de imputados de delitos graves.
Ariel Antonio Bencosme Reyes, supervisor en estado de suspensión del archivo central del Poder Judicial en Santiago, recibió una condena de cinco años de cárcel, al igual que el vendedor de fianzas Francisco de Jesús Comprés Rodríguez. También, fue sentenciado a dos años de prisión Jonathan Francisco Vásquez Ventura, uno de los imputados de la Operación Discovery.
El tribunal, integrado por los jueces Juan Carlos Colón, Claribel Mateo y Gladys de los Santos, dispuso la absolución del procesado Francisco Antonio Vásquez Pichardo (Frank), padre del sentenciado Vásquez Ventura.
La estructura criminal perseguía agenciar la libertad irregular de Vásquez Ventura, quien permanecía encarcelado tras enfrentar imputaciones por la comisión de delitos del cibercrimen y lavado de activos, entre otros hechos graves investigados y judicializados por el Ministerio Público a partir de la Operación Discovery.
Vásquez Ventura fue condenado en el primer proceso tras acogerse a un proceso penal abreviado por los delitos cibernéticos.
Los fiscales Liliana Guillén y Juan Elías Pérez hicieron un recuento minucioso de las pruebas documentales, periciales y materiales, detalladas en el escrito de acusación. Los procesados, dos de ellos ejerciendo funciones dentro del sistema judicial, abusaron de la confianza del órgano de justicia, incurrieron en la falsificación de sentencias, resoluciones, contratos de fianza y otros documentos judiciales, para lograr la libertad irregular de imputados, a cambio de altas sumas de dinero.
Comprés Rodríguez se desempeñaba como vendedor de fianzas judiciales en Santiago y en La Vega, en tanto que Bencosme Reyes ejercía como supervisor del Archivo Central del Poder Judicial en Santiago.
El Ministerio Público presentó cargos penales por falsificación de documentos públicos y privados, y uso de documentos falsos, en perjuicio del Estado, los que contemplan violación a los artículos 265, 266, 147, 148, 150, 151 y 177 del Código Penal Dominicano, que tipifican y sancionan la asociación de malhechores, falsedad en escritura auténtica o pública, uso de documentos falsos, y el soborno.
Procesado con Operación Onco14 seguirá en prisión
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Al acoger la solicitud del Ministerio Público, una jueza de Santiago ratificó la prisión preventiva a Héctor Antonio Lora Cruceta, principal imputado de la estructura que abusó del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer para enriquecerse con maniobras fraudulentas que afectaron al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), así como a pacientes afectados por el cáncer y al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
A Lora Cruceta, expresidente del Consejo de la asociación sin fines de lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC, le fueron impuestos el pasado mes de junio 18 meses de prisión preventiva que fueron confirmados este martes durante la revisión obligatoria de la medida de coerción.
La misma medida le fue impuesta a su esposa Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida, mientras que su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez cumple arresto domiciliario.
Lora Cruceta y Guzmán cumplen la prisión preventiva en los centros de corrección y rehabilitación (CCR) de Rafey Hombres y Mujeres, de Santiago.
En el caso de Luisa Yasiris Guzmán, a quien la Corte de Apelación de Santiago le ratificó este mes la medida de coerción a petición del Ministerio Público, se conocerá la revisión obligatoria el próximo 2 de diciembre.
La decisión fue adoptada porque el tribunal de apelación conoció el recurso el pasado 2 de septiembre, por tanto con ella se reinició el reconteo para su revisión desde ese día hasta 3 meses.
Mientras que Vargas Sánchez, quien permanece bajo arresto domiciliario, renunció a su revisión, por tanto, permanece con esa medida.
Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, se divorció del imputado en 2014 y ocupó la vicepresidencia, y, a la vez, fungió como auditora interna y externa del patronato que administra al Instituto Oncológico Regional del Cibao cuando el imputado era presidente de la citada ASFL.
El procurador de corte adscrito a la Dirección General de Persecución, Eduardo Velázquez, y la fiscal de Santiago Heidys de León, integraron el equipo litigante que representó al Ministerio Público en la audiencia donde fue ratificada la medida.
La jueza Yerixa Cabral de la Cruz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, acogió el pedimento del Ministerio Público y decidió mantener la medida de coerción en virtud de que no han variado los presupuestos que se tomaron en cuenta para su imposición.
La estructura utilizó distintos mecanismos fraudulentos
Los imputados y las razones sociales Vargas Lora & Asociados (hoy Vargas Guzmán Accounting Center) y la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida sustrajeron los fondos mediante distintos mecanismos fraudulentos.
La investigación realizada del órgano persecutor aborda hechos delictivos como el fraude clínico y farmacéutico mediante el cambio de indicaciones médicas, uso de sellos médicos falsos, doble facturación al SeNaSa y la entrega incompleta de medicamentos.
Además, la prohibición de donaciones gratuitas de medicamentos, la venta de medicamentos donados, el contrabando con exoneraciones fiscales y el tráfico con sustancias controladas.
Asimismo, la utilización de habitaciones del oncológico para realizar cirugías estéticas, el gasto de representación ilegítimos y reembolsos fraudulentos de gastos en viajes y hoteles, así como sabotaje digital, robo de archivos y lavado de activos.
Según la investigación, los procesados sobornaron a distribuidoras de medicamentos, crearon la fundación Tócate, con la cual distraían fondos y cobraban al SeNaSa por servicios y medicamentos no suministrados a pacientes del Oncológico de Santiago.
Otro de los mecanismos para distracción de fondos del Patronato, según el órgano investigador, fue la autoasignación de salarios, viáticos y otros beneficios que no corresponden al personal que labora en este tipo de entidades.
El caso, que continúa en investigación, fue declarado de tramitación compleja.
Otros procesados
El Ministerio Público recordó que el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso la noche del domingo prisión preventiva y domiciliaria, así como garantías económicas a 24 de los arrestados tras la puesta en marcha de la Operación Cobra 2.0-A contra los imputados de sustraer fondos públicos aprovechándose del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
La prisión preventiva fue impuesta a Angeury Guzmán, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Wander Díaz y Juan Henry Poueriet, quienes deberán cumplirla en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, del municipio San Antonio de Guerra.
También, a Ysabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista, quienes deberán cumplir la medida de coerción en el CCR Najayo Mujeres, por 18 meses.
La revisión obligatoria de la medida de coerción fue fijada para el 22 de diciembre del año 2026.
El arresto domiciliario se impuso a los imputados Heidy Coronado, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Marcelino Eusebio Figuereo, Víctor Felipe Rodríguez García y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
Además, fue impuesta una garantía económica de 2 millones de pesos, a través de compañía aseguradora, impedimento de salida y arresto domiciliario contra Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Keila Beatriz Acosta Leonardo y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
En tanto que a Martha María Saldaña Saldaña le fue impuesta una garantía económica de tres millones de pesos a través de una compañía aseguradora, impedimento de salida del país y arresto domiciliario.
Igualmente, una garantía económica de un millón de pesos a través de una compañía, impedimento de salida y presentación periódica fueron impuestas a José Díaz Hernández, Guillermo Enrique Dicló Garabito y Yocaira Antonia Méndez Beltré.
La judicialización inició el pasado año
En una de las líneas de investigación de la Operación Cobra, el Ministerio Público arrestó el pasado año a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa, así como a los coimputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Eduardo Read Estrella y Ángel Luis Guzmán Vásquez.
Con la judicialización de los imputados el Ministerio Público procura sanciones penales y el decomiso de miles de millones de pesos sustraídos al Estado dominicano.
Al grupo, que cumple distintas medidas de coerción, se le imputan cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
