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Pena de muerte sí. Ejecuciones policiales no

Por Johnny Arrendel, Nueva York.-Soy partidario de la pena capital.

La considero la más justa cuando existe el sociópata verdadero: el antisocial incapaz de compasión o remordimiento.

Hay delitos que no tienen regeneración posible: abuso y asesinato de infantes, quemar viviendas con gente dentro, trata y explotación de personas, genocidio.

En esos casos, la sociedad no debe mantener con vida a quien ya demostró que no puede convivir.

Pero la pena de muerte solo la pueden disponer los tribunales.

Con pruebas sólidas y márgenes largos para evitar errores.

No la policía en la calle, de forma arbitraria.

Cuando un delincuente representa peligro real, resiste armado, toma rehenes o huye tras un crimen atroz mientras es apuntado, el uso de la fuerza letal es válido.

Eso no es lo que estamos viendo.

Me opongo a las ejecuciones extrajudiciales.

No solo por el Estado de derecho.

También porque encubren complicidades.

Al matar al investigado se corta la cadena: ya no se sabe qué policías le cobraban peaje, quién lo protegía, quién más está metido.

El caso de San Juan de la Maguana es claro.

La familia del ultimado “Tojunto” denuncia que pagaba peaje semanal a agentes por su punto de drogas.

El patrón se repite: el Dicrim, que debería investigar y responder solo si es atacado, actúa como bloque de búsqueda.

Acribillan al sujeto y de inmediato lo suben a la camioneta.

“Para llevarlo al médico”, dicen.

Si sobrevive los balazos, lo mata el golpe y el tirón.

No preservan la escena.

Ni el Ministerio Público ni Asuntos Internos pueden determinar si hubo intercambio real o fue ejecución.

Esto abre la puerta a falsos positivos.

La chaqueta aplaude que la policía decida quién vive y quién no.

Así pueden eliminar a quien les estorbe o matar a un inocente confundido.

Mientras esto siga, no se resuelve la corrupción policial a gran escala.

Aunque existan policías honestos y capaces.

Todo este esquema muestra el fracaso de la costosa reforma policial de Faride Raful y Abinader.

La sociedad no puede aplaudir lo que viola el Estado de derecho y protege a los corruptos de uniforme.

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