Un año de prisión preventiva contra una mujer que asesinó a un extranjero en Puerto Plata
PUERTO PLATA (República Dominicana).- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta demarcación impuso un año de prisión preventiva contra Angélica María López González, a quien el Misterio Público acusa del asesinato del canadiense Reynald Payant, el 14 de abril de 2022.
Conforme a las investigaciones realizadas por la fiscal Maribel Reynoso, Reynald Payant se encontraba compartiendo en su residencia con la imputada, quien le pidió de regalo 5,000 pesos y, al extranjero negarse, la mujer le propinó varias estocadas de arma blanca en diferentes partes del cuerpo.
La víctima trató de defenderse, logrando despojarla de uno de los cuchillos y luego procedió a romper el arma blanca, pero la imputada se dirigió a la cocina de la residencia, en donde buscó otro cuchillo con el cual continuó propinándole estocadas hasta dejarlo tendido en el piso sin vida.
Una vez cometido el hecho la imputada se colocó prendas de vestir del occiso, a los fines de ocultar su identidad para evitar ser reconocida al salir de la residencia.
La encartada abandonó la ropa a unos doscientos metros del lugar del hecho.
El juez Romaldi Marcelino impuso la medida de coerción en virtud de las pruebas materiales, documentales, periciales y testimoniales presentadas por el Ministerio Público.
Hasta el momento el Ministerio Público ha calificado el hecho cometido por la imputada López González, de violación a los artículos 295, 297, 304, 379 y 385 del Código Penal Dominicano, que tipifican y sancionan el asesinato, seguido del robo agravado, así como violación a los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
La medida deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe de esta ciudad.
Prisión preventiva contra hombre imputado de matar a su pareja sentimental y a suegra
PUERTO PLATA (República Dominicana).- Un tribunal impuso, atendiendo a una solicitud del Ministerio Público, un año de prisión preventiva a Wandy Hernández, procesado por matar a su pareja sentimental y a su suegra el pasado 17 de abril, en el sector Villa Paraíso, del municipio Sosúa.
Hernández le ocasionó la muerte a su pareja Jelissa Paulino Corona y a su suegra Ivelisse Corona Martínez.
Paulino Corona se encontraba en su residencia cuando se generó una acalorada discusión con su pareja Wandy Hernández.
La víctima salió corriendo pidiendo auxilio y se dirigió a la casa de su madre, la señora Ivelisse Corona Martínez, hasta donde el imputado la persiguió armado con un cuchillo y cuando la alcanzó en dicho lugar le propinó varias estocadas en diferentes partes del cuerpo.
De acuerdo a la instancia con la solicitud de medida de coerción presentada por la fiscal Maribel Reynoso, cuando la señora Ivelisse Corona Martínez abrió la puerta de su vivienda, ante el llamado de su hija y le preguntó qué pasaba, el imputado le propinó una estocada mortal en el pecho.
La solicitud estuvo sustentada con diferentes evidencias aportadas por Ramón Cabrera, el representante del Ministerio Público en la litigación.
El juez Romaldi Marcelino, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Puerto Plata, impuso la medida de coerción por la violación de los artículos 295, 297 y 304, del Código Penal Dominicano, así como los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, que tipifican y sancionan el asesinato y el uso ilegal de armas blancas.
La medida de coerción será cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe de esta provincia.
Veinte años de prisión para hombre que mató a otro en patronales de Guayubín
MONTECRISTI (República Dominicana).- Un tribunal de esta provincia impuso 20 años de prisión en contra de un hombre acusado por el Ministerio Público de matar a otro en el año 2019, durante la celebración de las fiestas patronales de la sección Agua Las Palmas, del municipio Guayubín.
La Fiscalía de Montecristi aportó pruebas suficientes al proceso con las que logró la imposición de la condena contra Ramón Alfonso Peña, quien fue hallado culpable de provocarle la muerte a causa de un disparo en el tórax a Edio Manuel Dionicio Gómez.
Días antes de ocurrir el crimen ambos habían sostenido una discusión.
Bajo la dirección de la fiscal titular Grimaldi Oviedo, el Ministerio Público obtuvo durante las pesquisas diferentes pruebas aportadas al proceso que permitieron demostrar la vinculación de Alfonso Peña al caso.
La fiscal Socorro Rosario se encargó de la investigación, mientras que en la litigación representó al Ministerio Público la fiscal Ibelka Castillo.
El Tribunal Colegiado de Montecristi, integrado por los jueces Wendy Tavares, Jaquelín Toribio y Mercedes María Reyes, dictó la sentencia condenatoria y ordenó su cumplimiento en la cárcel pública de esta provincia.
Gobierno de Haití se interesa en brindar asistencia a sus nacionales recluidos en República Dominicana
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La procuradora general Miriam Germán Brito recibió en su despacho a la responsable del Ministerio de los Haitianos que Viven en el Extranjero, Judith Nazareth Auguste, quien le manifestó el interés de su gobierno de establecer mecanismos de cooperación que permitan a su país brindar un mayor apoyo a sus compatriotas recluidos en los centros de privación de libertad de República Dominicana.
“Para nosotros es de vital importancia que Haití pueda, al igual que otros países, brindar apoyo jurídico a sus ciudadanos en conflictos con la ley penal de República Dominicana”, informó Germán Brito tras concluir la reunión.
“Este es un tema de Derechos Humanos que todos debemos entender y al que la sociedad, tanto la dominicana como la haitiana, debe prestar atención para fortalecer una cultura de justicia social”, sostuvo.
Con Judith Nazareth Auguste, titular del Ministerio de los Haitianos que Viven en el Extranjero (MHAVE, por sus siglas en francés), visitaron a la procuradora general Edwin Paraison, exdiplomático del vecino país y director ejecutivo de la Fundación Zile, la cual invitó a la ministra a República Dominicana a participar en diversas actividades con motivo de la celebración de la décima versión de la Semana de la Diáspora Haitiana.
Además de Auguste y Paraison, la procuradora recibió al embajador de Haití, Smith Auguste, y a Israel Jacky Cantave, director de gabinete del MHAVE.
La magistrada Germán Brito se hizo acompañar de Roberto Hernández Basilio, responsable de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC); de Hilda Patricia Lagombra Polanco, directora de Centros de Corrección y Rehabilitación, y de Félix Tena de Sosa, director técnico del Despacho de la Procuradora General.
Hernández Basilio y Lagombra Polanco se mostraron complacidos del interés del gobierno del país vecino, a través de la MHAVE y de su embajada en Santo Domingo, así como de la Fundación Zile en mantener abiertas las vías de comunicación y cooperación para tratar los temas relativos a los privados de libertad de nacionalidad haitiana.
Hernández Basilio explicó que en estos momentos el sistema penitenciario tiene alojado a 1,464 privados de libertad de nacionalidad haitiana, lo cual representa un 80% de los 1,828 extranjeros alojados en los recintos y el 5% de la población total de 26,763 personas.
Indicó que el 21% de los privados de libertad haitianos están retenidos por homicidios, el 19% por robo y el 12% por violación sexual.
Un total de 458 (31.3%) de los privados de libertad haitianos tienen entre 30 a 45 años de edad; 448 (30.6%) entre 18 y 30 años, 388 (23.1%) entre 45 y 55 años de edad y 100 (6.7%) entre 55 y 70 años. Un total de 70 (4.8%) superan las citadas edades.
Mientras, 925 reciben asistencia médica por diversos problemas de salud, como la hipertensión arterial o la diabetes.
Ministerio Público: acusación de Operación Coral incluirá nuevos imputadosSANTO DOMINGO (República Dominicana).- El procurador adjunto Wilson Camacho reveló este miércoles que la acusación que presentará el Ministerio Público contra los involucrados en corrupción administrativa en Operación Coral incluirá a nuevos imputados y empresas.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) manifestó que “esta acusación, como hicimos, en la Operación Antipulpo, va a traer nuevas personas involucradas, nuevas personas jurídicas, empresas involucradas”.
“Cuando se deposite esta acusación, se verá por qué el Ministerio Público se toma todo el tiempo necesario para presentar de manera completa en las acusaciones las estructuras que participan en estas operaciones”, añadió.
Dijo que Operación Coral no será la excepción, ya que “cuando presentemos la acusación se podrá ver cómo de manera completa se tendrá que sentar en el banquillo de los acusados todos los involucrados de esta operación a responder por sus hechos”.
Camacho se refirió al caso al responder preguntas de la prensa en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, luego del conocimiento de una acción de amparo en uno de los procesos que lleva la Pepca.
El procurador adjunto aseguró que el Ministerio Público trabaja, como siempre, “día y noche”, para presentar la acusación de Operación Coral dentro de los plazos que establece la norma.
Sobre la pregunta de una eventual fusión de las operaciones Coral y Coral 5G, Camacho dijo que se trata de una posibilidad que todavía está sobre la mesa.
En enero pasado el Primer Juzgado de la Instrucción concedió un plazo de 60 días al Ministerio Público para presentar la acusación formal del caso que involucra al mayor general Adán Cáceres Silvestre, Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa), el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, así como al mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez.
Tribunal rechaza pretensiones de Jean Alain Rodríguez de que no sea utilizado el nombre “Operación Medusa” en relación al caso en el que está involucrado
SANTO DOMINGO (República Dominicana).-El Cuarto Juzgado de la Instrucción rechazó la acción de amparo con la que el imputado Jean Alain Rodríguez Sánchez pretendía que el Ministerio Público dejara de utilizar el nombre “Operación Medusa” respecto al amplio operativo que desplegó para evitar que quedara en la impunidad la red de corrupción que el exfuncionario encabezó durante su gestión en la Procuraduría General de la República.
Tras conocer el fallo, el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), ponderó la decisión de la jueza Altagracia Ramírez respecto a la acción de amparo con la que Rodríguez Sánchez también pretendía que los medios informativos borraran de sus portales digitales el nombre “Operación Medusa” y, además, se abstuvieran de utilizarlo en el futuro.
“En el día de hoy este tribunal ha decidido, de manera correcta y en base a derecho, que el Ministerio Público no afecta ningún derecho fundamental cuando pone nombres a sus operaciones”, sostuvo Camacho.
“Ha entendido el tribunal, tal y como se lo planteó el Ministerio Público, que el nombre que ponemos en cada una de las operaciones, identifica a esa operación y que no hace referencia de manera particular a ninguno de los integrantes (de los expedientes sometidos a la justicia)”, añadió.
Resaltó que el Ministerio Público incluso se cuida en la difusión de algunos alias que pudieran ser ofensivos. Deploró que la acción de amparo procuraba incluso, conforme al escrito, que el Ministerio Público pidiera disculpa al imputado.
“Procuraba, conforme el escrito que (los abogados de la defensa) depositaron en el tribunal, que el Ministerio Público retirara de sus medios el nombre de Medusa y procuraba además que el tribunal obligara a los medios de comunicación, ya sean digitales o escrito, al retiro del nombre Medusa de estos medios”, dijo.
Especificó que esas peticiones están incluidas en el escrito presentado por el imputado Rodríguez Sánchez ante el tribunal, específicamente en el tercer petitorio, en la página número 24.
“Todos estos temas…, unos porque fueron entendidos por la propia defensa, porque la fuerza de la verdad tiene esa condición aplastante, y no fueron planteados en el tribunal, y el que fue planteado en el tribunal, que se refería exclusivamente al Ministerio Público, ha sido rechazado por el tribunal, porque el Ministerio Público no ha vulnerado derechos fundamentales”, resaltó Camacho.
“Hemos dicho en más de una ocasión que nosotros somos celosos del respeto del debido proceso y así es como procedemos”, indicó, al responder preguntas de los periodistas que lo abordaron al salir de la audiencia en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, al que acudió en compañía de un equipo de fiscales de la Pepca integrado por la procuradora de corte Mirna Ortiz y el fiscalizador Enmanuel Ramírez.
El exprocurador Rodríguez Sánchez enfrenta cargos criminales por encabezar una red de corrupción entre 2016 y 2020, cuando se desempeñó como procurador general de la República.
El órgano persecutor de la corrupción administrativa les imputa la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado, entre otras normas jurídicas.
