Prisión preventiva para intérprete de ritmos urbanos Rochy RD, imputado de agresión sexual a una adolescente
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público logró la imposición de prisión preventiva, por tres meses, en contra del intérprete de ritmos urbanos Aderly Ramírez Oviedo (Rochy RD), imputado de agresión sexual en contra de una adolescente de 16 años de edad.
El órgano persecutor aportó suficientes pruebas con las que demostró que se trata de la medida más adecuada para evitar que el imputado se sustraiga del proceso penal.
El juez Bernardo Coplín, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta jurisdicción, ponderó la gravedad del caso que puso al desnudo el hecho de que el imputado se aprovechó de la vulnerabilidad económica de la víctima para cometer el delito.
El Ministerio Público estuvo representado por los procuradores fiscales Milcíades Guzmán Leonardo, titular de la demarcación, así como por Isaura Suárez y Julissa Hernández, de la Unidad de Atención a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Fiscalía de Santo Domingo Este.
Los fiscales solicitaron, mediante instancia, la imposición de la medida de coerción, siendo fijada la audiencia para el domingo 24 de abril.
El juez reenvió la medida para este domingo 1 de mayo a solicitud de la defensa del encartado en el expediente.
En la primera audiencia el tribunal le impuso a la madre de la víctima, como medida de coerción, la presentación de una garantía económica por cinco mil pesos e impedimento de salida del país.
Al mismo tiempo, emitió orden de protección que obliga a la mujer a mantenerse alejada de la víctima (ninguna de las dos es identificada por sus nombres para proteger a la menor afectada en este caso).
Como parte del proceso, el Ministerio Público mantiene abierta una línea de investigación para determinar si el intérprete de dembows tenía a su servicio una red de explotación sexual infantil.
Al informar sobre los resultados de la audiencia, la Unidad de Atención a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales del Ministerio Público agradeció la comprensión de los medios informativos y recordó a las personas que difunden contenidos en redes sociales y otras plataformas digitales, que la ley establece penalidades claras para las personas que incurren en violaciones a los derechos supremos de los menores de edad.
En ese contexto, agradeció a las personas que enmendaron el error de difundir material inadecuado que vulnera los derechos de la víctima del presente proceso.
El Ministerio Público recordó que el interés superior del niño debe ser tutelado en un Estado de derecho. Además, que su integridad física y psicológica tiene que ser protegida por todos, incluyendo a sus progenitores.
Intervención de Derechos Humanos del Ministerio Público aporta salida a conflicto por hogar para personas que requieren asistencia psiquiátrica
LA ALTAGRACIA (República Dominicana).- La intervención del Departamento de Derechos Humanos del Ministerio Público facilitó una solución sobre un conflicto en torno a un centro de Higüey destinado al cuidado de personas que deambulaban por las calles y que requieren asistencia psiquiátrica, incluyendo a varios adultos mayores.
La fiscal Danissa Cruz, encargada de esta área del Ministerio Público, explicó que finalizó el proceso que originó una denuncia hecha, el 22 de julio del año 2021, por el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape) en contra de la Fundación Emaús y Belkis A. Zorilla Castillo.
Explicó que luego de la denuncia del Conape y el cierre del centro por parte del Ministerio de Salud Pública, fueron realizadas varias vistas conciliatorias entre las partes envueltas en el conflicto.
Cruz explicó que Zorrilla Castillo, directora del Centro Emaús Higüey, deberá cumplir el compromiso de entregar la infraestructura del espacio al Ministerio de Salud Pública en las condiciones convenidas entre las partes.
El proceso conciliatorio, que busca el bienestar de las personas que requieren terapia psicológica, y en especial a los adultos mayores, llevó al Ministerio Público al archivo definitivo de la acción penal.
“Pudimos constatar que el centro Emaús no contaba con los recursos económicos ni humanos para llevar a cabo el trabajo que pretendía y que la señora Belkis Aracelis Zorrilla no tuvo intención de hacer daño, aunque sí falta de conocimiento en la debida intervención que llevan estas personas en condiciones de vulnerabilidad”, apuntó.
Cruz ponderó el esfuerzo de la fiscal Mercedes Santana, de Higüey, en la solución del conflicto, así como del Ministerio de Salud Pública de dicha demarcación, por asumir y ejecutar el compromiso de traslado de las personas que estaban en ese centro, y que debían ingresar a unidades de intervención psicosocial para recibir la atención integral y adecuada para esta población tan vulnerable.
Inauguran segunda edición Feria de las Madres de cooperativa del Ministerio Público
SANTIAGO (República Dominicana).-La Cooperativa de Ahorro, Crédito y Servicios Múltiples de Empleados de la Procuraduría General de la República (Cooprogral) inauguró en esta ciudad la Feria de las Madres 2022, promocionando facilidades de compra para sus beneficiarios y potenciales socios.
Este año los ahorrantes cuentan con una gracia de RD$25,000, facilitando de esta manera el pago de los productos que desean adquirir.
En la inauguración se dieron cita las autoridades de la Fiscalía de Santiago y Cooprogral, siendo acompañadas por los representantes de los distritos que conforman la región norte de la cooperativa.
La directora técnica de la Fiscalía, Quirsa Abreu, dio la bienvenida a los asistentes a la feria, incentivándolos a afiliarse y a apoyar el cooperativismo.
“La iniciativa de traer esta feria a nuestra jurisdicción nos hace sentir privilegiados. Como miembros de la cooperativa podemos afirmar, tanto a los organizadores como a los demás ahorrantes, que existe la posibilidad de tener una perspectiva diferente del ahorro. Esperamos que este evento sirva de incentivo para que aquellos colaboradores que no forman parte, se integren”, manifestó Abreu.
El presidente del Consejo de Administración de Cooprogral, Carlos Manuel Guerrero Hernández, recalcó la responsabilidad social que persigue la cooperativa. “Esto es un servicio social que estamos haciendo para cumplir nuestros objetivos institucionales de mejorar la calidad de vida de nuestros socios”, puntualizó.
La Feria de las Madres 2022 estará efectuándose en el estacionamiento del Centro de Intervención Conductual para Hombres en Santiago, los días 29, 30 de abril y 1 de mayo, con el fin de que los afiliados tengan más oportunidades de aprovechar las facilidades de compra que promueve la actividad y las ofertas exclusivas de los proveedores participantes.
Equipo élite del Ministerio Público y la DNCD arresta a un extraditable de la Operación Falcón
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) arrestaron a uno de los prófugos de la Operación Falcón que, además, es requerido por Estados Unidos por cargos de narcotráfico y lavado de activos.
El dominicano Osiris Díaz Medina fue arrestado por un equipo élite integrado por fiscales y un personal táctico utilizado solo en operaciones de crimen organizado en una finca localizada en el municipio Sabana Grande de Boya, provincia Monte Plata.
El allanamiento se hizo amparado en la orden número 668-2022-SAJP-00513, dictada por la jueza Carmen Daniela Araujo, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Monte Plata.
En el lugar se ocuparon armas de fuego (larga y corta). Además, documentaciones, dispositivos electrónicos, decenas de gallos y evidencias relacionadas a la Operación Falcón, con la cual el Ministerio Público desmanteló una amplia red de narcotráfico y lavado de activos.
La Operación Falcón forma parte de la nueva política de persecución en contra del crimen organizado implementada por la gestión de la actual procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, y el presidente de la DNCD, vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, en coordinación con varias agencias de seguridad del Estado dominicano, así con la cooperación internacional de Estados Unidos, a través de sus agencias de investigación.
Junto a Díaz Medina fueron arrestados además Francisco Alberto Medina Díaz, Mártires De la Rosa Castro y Santo Bueno.
El entramado criminal desmantelado con la Operación Falcón se sostenía con dinero producto del narcotráfico y se dedicaba a adquirir estaciones de gasolina en diferentes puntos del país, como forma de lavar los capitales que acumulaba.
Además, lavaban dinero a través de negocios de entretenimiento, de compra y venta de vehículos, incluyendo de automóviles de alta gama, bancas de apuestas, y compra y remodelación de inmuebles.
La red, que tenía su mando de operación en la provincia de Santiago, contaba con ramificaciones en distintos puntos del país.
Un punto neurálgico era el municipio Miches, desde donde transportaban miles de kilos de drogas y adquirieron múltiples propiedades, desde estaciones de gasolina hasta todas las rutas de transporte del municipio.
El grupo de imputados tenía también su propio ‘dealer’ para activar sus líneas de telefonía móvil, en la que usaban sobre todo teléfonos tipo BlackBerry, con el fin de dificultar las interceptaciones telefónicas de las autoridades.
Entre los imputados de la red figuran María Olimpia Tavares Rodríguez (Oli y/o La Princesa); Juan Maldonado Castro (Marcial y/o El Líder), Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera (El Gordo), Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanabia (Tony y/o Presidente), Julio César Jiménez Talavera (domínico-venezolano) y Juan Bautista Carpio Reynoso.
También, José Alejandro de la Cruz Morales (Omar La Moña); Raúl Antonio Castro Mota, Yana Iris Maldonado Castro, Angélica María Maldonado Peralta, Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Ana Margarita Collado Marte, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Taveras (Migue), Elva Teresa Polanco, Juan Carlos Durán Rodríguez, Javier Antonio Tavares Rodríguez, Felipe Espino Germán, Andrés Guzmán Collado y Amadeo Garibaldi Read Ruiz.
Ministerio Público procesa a diez productores de arroz de La Vega por contaminación atmosférica
LA VEGA (República Dominicana).- La Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales en esta provincia procesa a diez productores de arroz arrestados por quemar residuos del producto en fincas de su propiedad, ocasionando contaminación atmosférica y daños a la calidad del aire.
“A estos diez encartados se le aplica la figura procesal del procedimiento penal abreviado; es decir, se han realizado acuerdos plenos en el que admiten la comisión del delito, realizan el pago de una remediación ambiental, se comprometen a pasar por un período de prueba con ciertas condiciones y se condenan a la pena de un año de prisión suspendida”, explicó la procuradora general de corte Sonia María Saviñón Borges, coordinadora de la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Departamento Judicial de La Vega.
Indicó que las sanciones incluirán el pago de multas de entre 50 mil y 150 mil pesos.
Expuso que el proceso se realiza bajo la supervisión del juez de Ejecución de la Pena de esta demarcación.
Detalló que contra los encartados se tenían órdenes de arrestos, de las que sólo aplicaron una, porque los otros nueve se presentaron de manera voluntaria.
Al informar sobre las acciones contra los delitos ambientales a través de un comunicado de prensa, Saviñón Borges expresó que han instrumentado varios expedientes en contra de decenas de productores del cereal por los referidos delitos.
“Durante esta zafra, en la cual se ha cortado aproximadamente el 20% del arroz, se han investigado 22 casos, se han obtenido 16 órdenes de arrestos y se están tramitando 4 órdenes por ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente”, dijo Saviñón Borges.
Indicó que además han sido citadas dos personas que son investigadas por esos casos y se procedió con el arresto de otro implicado en flagrante delito.
La representante del Ministerio Público en el área de medio ambiente en La Vega destacó que el órgano que dirige ha realizado múltiples acciones para prevenir y controlar la comisión de este delito ambiental.
“En las zafras anteriores se llevaron a cabo encuentros con miembros de Coopearroz, la Junta de Regantes y los principales productores de arroz de las comunidades de Ranchito, Las Cabuyas, Rancho Viejo y Jima Abajo”, manifestó.
Dijo que otra medida que han tomado dentro de la labor preventiva ha sido la firma de actas de compromiso y de advertencia, con cientos de parceleros, en donde éstos se han comprometido a utilizar otras alternativas de tratamiento de la tierra diferente a la quema de los rastrojos del arroz.
De igual manera, declaró que han implementado la concienciación a través de los medios de prensa y se ha conversado de manera directa con los productores de arroz, entrenándolos sobre la implementación de otras alternativas sobre el uso de empaque de los residuos para cederlas a los ganaderos, la trituración de los rastrojos para incorporarlos como materia orgánica a la tierra, así como sobre la utilización de una sustancia química que diluye las pajas, la recolección de las pajas en un centro de acopio, entre otras, con el objetivo de evitar los incendios en las parcelas.
“Estos trabajos de prevención se están realizando bajo la coordinación del magistrado Francisco Contreras, titular de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales”, señaló.
“La quema de estos rastrojos es una práctica habitual en los productores de arroz que debe ser abolida, ya que produce una fuerte humareda que ocasiona daños a la salud de las personas, especialmente, ocasionan enfermedades respiratorias e implican una violación a la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales No. 64-00, añadió la procuradora de corte.
Adelantó que conforme a las investigaciones que se están llevando a cabo, seguirán solicitando órdenes de arrestos y allanamiento ante el juez de la Instrucción, al tiempo que advirtió que quienes sean sorprendidos incurriendo en ese tipo de delito, serán sometidos a la acción de la justicia.
Tribunal condena a 20 años de prisión a hombre que mató otro en una discoteca en Los Girasoles
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Fiscalía del Distrito Nacional logró una sentencia condenatoria de 20 años de prisión contra un hombre que mató a otro de un disparo en una discoteca del sector Los Girasoles.
El Cuarto Tribunal Colegiado, compuesto por los jueces Emely Bruno, Arisleida Méndez y Elías Santini, sentenció al acusado Alfredito Rodríguez Aracena (Rafaelito) a cumplir la pena en la Penitenciaría Nacional La Victoria.
Durante la audiencia, la fiscal litigante Yelianny Polanco presentó las pruebas testimoniales, documentales, periciales, ilustrativas y materiales, que fueron evaluadas y acogidas por el tribunal.
El expediente acusatorio establece que el hecho ocurrió en enero de 2019, mientras la víctima Wander Saviel Carvajal compartía con amigos en una discoteca del referido sector.
La instancia detalla que al lugar se presentó el esposo de una joven que acompañaba a la víctima y la miró con un gesto de que estaba incómodo, lo que generó una discusión en el grupo y esto provocó que la seguridad del establecimiento lo sacara del lugar.
Luego, el procesado, quien fungía como dueño o administrador de la discoteca, salió del interior del negocio con un arma apuntando en dirección a la víctima y realizó dos disparos, uno de los cuales lo alcanzó en la cabeza. Tras cometer el hecho huyó del lugar, mientras la víctima fue trasladada a un hospital de esta ciudad capital donde falleció.
El Ministerio Público otorgó al caso la calificación jurídica de homicidio y porte ilegal de arma de fuego, delitos previstos y sancionados en los artículos 295 y 304-11 del Código Penal Dominicano, y los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas Municiones y Materiales Relacionados.
Ministerio Público logra condena de 30 años contra Sidney Matías, procesado por narcotráfico
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 30 años de prisión a Sidney Rafael Matías Pérez (el Fuerte), procesado por narcotráfico.
Los jueces Keila Pérez Santana, Elías Santini y Arisleida Méndez Batista sentenciaron al imputado a cumplir la pena máxima en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres, en Santiago.
La fiscal litigante Lewina Tavárez presentó las pruebas testimoniales, documentales, periciales, ilustrativas y materiales que fueron acogidas como buenas y válidas para dictar la condena.
En la sentencia, que será leída de forma íntegra el próximo 18 de mayo, el tribunal también ordena al condenado el pago de una multa de un millón de pesos y de las costas del proceso.
Sobre el crimen, la Fiscalía del Distrito Nacional establece en el expediente acusatorio que las operaciones ilícitas realizadas por el procesado fueron detectadas gracias a un arduo proceso de investigación en conjunto con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), que iniciaron en el mes de octubre de 2017, alertados sobre la existencia de una organización que traficaba droga en territorio dominicano procedente de Suramérica y que penetraba por la zona este del país.
También, que Matías Pérez cometió los ilícitos en asociación con los condenados Rubén Leonardo Checo Paulino que cumple una pena de 10 años de prisión desde el 2019 en la Penitenciaría Nacional La Victoria, dictada por este mismo tribunal.
Checo Paulino era el jefe de operaciones y recibía órdenes de el Fuerte para la materialización de instrucciones.
Así como Juan Amaury Gil Fernández, sentenciado por el Primer Tribunal Colegiado a 10 años de prisión que cumple en la Fortaleza Duarte desde el 2019. Este se desempeñaba como chofer a cargo del traslado del cargamento de droga.
Indica que la tarde del 12 de noviembre del año 2017, en los parqueos de un centro comercial, ubicado en el kilómetro 10 ½ de la autopista Duarte, del Distrito Nacional, el imputado Gil Fernández fue detenido mientras conducía un camión de carga refrigerador, encontrándose en el techo del furgón una caleta donde se ocuparon 345 paquetes de cocaína, con un peso de 363.13 kilogramos.
Ministerio Público logra prisión preventiva contra hombre que mató a un joven
SANTIAGO (República Dominicana).-El Ministerio Público logró este viernes que un tribunal de esta jurisdicción impusiera medidas de coerción contra un hombre que mató a palos a otro en medio de un incidente ocurrido en Santiago, la noche del pasado domingo 24 de abril.
Basándose en la secuencia de los hechos que degeneraron en la muerte de la víctima, Jairo Rafael Acevedo Núñez, el órgano investigador atribuyó al imputado, identificado como Rubén Darío Pérez Fernández (Cacha y/o Rubén Pérez), la violación a los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, que tipifican y sancionan el homicidio.
El expediente acusatorio recoge el informe emitido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que describe que la víctima murió a causa de un “trauma contuso craneoencefálico severo” de etiología homicida.
Los hechos que dieron lugar a la imposición de la privación de libertad, durante tres meses y que el imputado cumplirá en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres, relatan que el acusado persiguió a la víctima, alcanzándole y propinándole golpes en repetidas ocasiones con una tabla de madera.
La víctima, que estaba acompañada por varios amigos, ahora testigos, habría intentado mediar para evitar que su agresor, antes armado con un machete, peleara con uno de sus acompañantes.
Además de las pruebas periciales y testimoniales, el Ministerio Público cuenta con pruebas documentales, que afirman la acusación con la fuerza probatoria suficiente para que, en un potencial juicio de fondo, se imponga una condena contra el imputado.
