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Notas Judiciales 17 de noviembre 2026

Ministerio Público presenta acusación contra hombre que falsificó dos actas de defunción

 SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público depositó formal acusación y solicitud de auto de apertura a juicio en contra de un planificador de servicios funerarios que falsificó dos actas de defunciones, con la intención de evadir los protocolos y controles legales para agilizar la inhumación de dos cadáveres.

La acusación y solicitud de apertura a juicio fue depositada en el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santo Domingo Este, en contra de Braulino Perdomo Encarnación, quien tiene impuestas diferentes medidas de coerción.

La acusación del Ministerio Público, elaborada por la fiscal adscrita a la Junta Central Electoral (JCE), Esther María González Peguero, y el fiscal Hamlet Andrés Paulino, del Departamento de Investigaciones de Delitos de Falsificaciones de Santo Domingo Este, indica que Perdomo Encarnación incurrió en la falsificación de los documentos que depositó en un cementerio privado para tramitar la inhumación de los cadáveres y su colocación en osarios.

La acción del acusado fue realizada tras el servicio para los trámites que le fue solicitado por un hombre para cumplir con los requisitos legales establecidos para esos procesos.

La acusación establece que Perdomo Encarnación violó los artículos 147 y 148 del Código Penal Dominicano y el artículo 210 de la Ley núm. 4-23, Orgánica de los Actos del Estado Civil, en perjuicio del Estado dominicano y de la Junta Central Electoral.

El órgano acusador sostiene que existen elementos de prueba suficientes para sostener razonablemente la acusación en juicio.

Condenas de 30, 20 y 5 años de prisión para tres procesados por asesinar a un hombre en Villa Mella

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Acogiendo el pedimento del Ministerio Público, un tribunal condenó a 30, 20 y 5 años de prisión a tres hombres que le quitaron la vida a otro al que luego quemaron y desmembraron su cuerpo, en un hecho ocurrido en Villa Mella, Santo Domingo Norte, en el año 2024.

Enmanuel Martínez (Anuel) fue condenado a 30 años, mientras que Bryan Martínez Flores fue condenado a 20 y Mauro Ogando Suero (Mauro) a cinco años de prisión por la muerte de Bernardino Girón Brand, de 61 años de edad.

De acuerdo con el expediente, los procesados enterraron el cuerpo en una zona que se utiliza para la agricultura en la provincia San Juan.

La esposa del hoy occiso denunció la desaparición de la víctima el 19 de julio de 2024, alrededor de las 8:00 de la noche, luego de que saliera de su casa en su vehículo marca KIA, modelo K5, 2014, en dirección a una bomba de gasolina.

La mujer indicó que su esposo le había informado que pasaría por un solar que tiene  en el sector Sagrario Díaz, de Villa Mella, Santo Domingo Norte, sin volver a saber nada de él.

Durante la investigación se pudo establecer que Girón Brand se reunió en el referido lugar con los procesados y que había surgido entre ellos un desacuerdo, momento que Martínez procede a asfixiarlo y, posteriormente, con ayuda de los otros dos montó el cadáver en el baúl del vehículo de la víctima, el cual era conducido por Mauricio Ogando.

Luego se dirigieron al municipio de Las matas de Farfán, en la provincia San Juan, donde procedieron a enterrar el cuerpo en una propiedad agrícola.

Producto de las labores de inteligencia realizadas, en fecha 28 de agosto de 2024, resultó arrestado Martínez, mediante la orden de arresto No.973-2023-EMES-1041, solicitada por el Departamento de Recuperación de Vehículos y ejecutada por miembros del Departamento de Desaparecidos de la Policía Nacional.

Luego de ser cuestionado por la desaparición de Girón Brand, confesó libre y voluntariamente todo lo ocurrido.

Al surgir los nombres de los otros dos encartados, en fecha 29 de agosto de 2024, le fue solicitada la orden de arresto No. 530-2024-EMES-01694, logrando arrestar a Mauricio Ogando, en Las Matas de Farfán, y al ser cuestionado en torno al occiso, también confesó su participación en el caso y dio detalles del lugar a donde enterraron el cuerpo y la venta del vehículo propiedad del fallecido.

Martínez Flores, mediante labores de inteligencia, fue detenido por inspectores de Migración, intentando salir del país por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana.

La fiscal Ivette Mateo tuvo a cargo la investigación del caso.

Durante el juicio, el Ministerio Público, representado por la fiscal litigante Ana Basora, mostró al tribunal suficientes elementos de prueba con los que demostró la responsabilidad penal de los hoy condenados, quienes fueron hallados culpables de violar los artículos 265,266, 295 y 304 del Código Penal Dominicano.

Los jueces del Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este, integrado por Julio Santos Morla (presidente), Yuri Cuevas de la Cruz y Ana Miledys Taveras (miembros), dictaron la sentencia condenatoria tras ponderar las pruebas aportadas por el Ministerio Público.

Enmanuel Martínez y Bryan Martínez Flores cumplirán la sentencia en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Las Parras, en el municipio de San Antonio de Guerra, de la provincia Santo Domingo, mientras que Mauro Ogando Suero en el CCR de Monte Plata.

Prisión para imputado de agredir y amenazar de muerte a su madre

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- A solicitud del Ministerio Público, un tribunal del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, a un hombre imputado por agredir verbalmente y amenazar de muerte a su madre.

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso la medida de coerción a Adrián Manuel Vargas y ordenó que la cumpla en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-XVII) de Najayo, en la provincia San Cristóbal.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, los hechos ocurrieron el 26 de junio de 2026, alrededor de las 3:00 de la tarde, en un establecimiento comercial, ubicado en la avenida Duarte esquina París, del sector Villa Francisca, en el Distrito Nacional.

Los hechos quedaron captados en un vídeo. El expediente establece que mientras la víctima se encontraba en su lugar de trabajo, su hijo comenzó a insultarla con palabras obscenas y, posteriormente, la amenazó de muerte al no lograr su objetivo de que le entregara dinero para adquirir sustancias controladas.

Como consecuencia de los hechos de violencia denunciados, la víctima presenta sintomatología vinculada a un cuadro ansioso-depresivo, conforme a los resultados de la evaluación psicológica practicada durante la investigación.

El imputado fue arrestado el 15 de noviembre de 2026, en cumplimiento de una orden judicial emitida en su contra.

El juez Emmanuel López impuso la medida de coerción y fijó la revisión obligatoria para el próximo 17 de febrero de 2027.

Según las declaraciones ofrecidas por la víctima, no era la primera vez que sufría hechos de violencia por parte del imputado. En enero de 2026, este la agredió físicamente con un tubo y, en febrero del mismo año, habría golpeado con un palo a su abuela materna.  Ambos incidentes, de acuerdo con los registros del Ministerio Público, no fueron denunciados ante las autoridades. 

El órgano investigador otorgó a los hechos la calificación jurídica provisional de violación al artículo 309-2 del Código Penal dominicano, que sanciona la violencia doméstica o intrafamiliar.

Veinte años de prisión para hombre culpable de robo a mano armada en Las Caobas

 SANTO DOMINGO (República Dominicana).- A solicitud del Ministerio Público, un tribunal de Santo Domingo Oeste condenó a 20 años de prisión a un hombre hallado culpable de cometer robo agravado en perjuicio de dos personas, durante un hecho ocurrido en el mes de mayo de 2023, en la manzana 37, del sector Las Caobas.

Cristian Rivera Uribe fue condenado por violar los artículos 265, 266, 379, 383 y 386-2 del Código Penal dominicano, que sancionan la asociación de malhechores y el robo agravado.

De acuerdo con la acusación, sustentada en la investigación del fiscal Leónidas Suárez, las víctimas fueron interceptadas en horas de la madrugada por Rivera Uribe, quien llegó al lugar acompañado de otras tres personas no identificadas, todas portando armas de fuego.

El procesado y sus acompañantes golpearon a las víctimas y las despojaron de sus teléfonos celulares y dinero en efectivo y, posteriormente, emprendieron la huida del lugar a bordo de dos motocicletas.

Durante el juicio, el Ministerio Público, representado por la fiscal Brenda Reyes, presentó diversas pruebas que demostraron la responsabilidad penal del procesado, entre ellas, los certificados médicos que establecieron que las víctimas presentaban lesiones físicas curables en un período de cinco a ocho días.

También, fue presentada la autorización judicial de arresto, emitida el 11 de diciembre de 2023, luego de que el procesado permaneciera prófugo.

Los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste, presidido por Julio Aybar e integrado por las magistradas Clara Joselyn Rivera y Sandra Josefina Cruz, dictaron la sentencia condenatoria.

Prisión preventiva para hombre imputado por agresión sexual contra una niña

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- A solicitud del Ministerio Público, un tribunal impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, a un hombre imputado de cometer agresión sexual contra una niña de un año de edad.

La medida fue dictada contra Giancarlo Miguel Tejeda Guzmán, de 36 años, por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.

Durante la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por las fiscales Julia Laury Vásquez y Belkis Rodríguez, esta última encargada de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Fiscalía del Distrito Nacional.

La solicitud, presentada por el fiscal Nelson Beltré, adscrito a la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Fiscalía del Distrito Nacional, explica que la investigación inició a partir de una alerta sobre la difusión de videos en la red social TikTok, en los que se observaba al imputado abordando temas sexuales con la víctima en brazos.

La Dirección de Área de Policía Cibernética de la Policía Nacional detectó las publicaciones mediante labores de ciberpatrullaje. A partir de la verificación del perfil, identificado como “Carlos Tejeda” y su respectivo usuario, las autoridades realizaron diligencias para establecer la identidad de la persona que se mostraba en los audiovisuales.

Como parte de las actuaciones, el Ministerio Público obtuvo órdenes judiciales de arresto y allanamiento, emitidas por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, con el propósito de localizar dispositivos electrónicos, equipos de grabación y otros elementos vinculados con los hechos investigados.

La investigación también incluye la denuncia presentada por el padre de la niña, quien informó a las autoridades que tuvo conocimiento de lo ocurrido a través de las redes sociales. En su declaración, explicó que recibió un audiovisual en el que reconoció a su hija en brazos del imputado y observó las acciones de naturaleza sexual que derivaron en la denuncia.

Asimismo, fue entrevistada la abuela materna de la niña, quien confirmó que los hechos ocurrieron en su residencia, donde el imputado había tenido acceso a la menor de edad. La mujer manifestó que tuvo conocimiento de los audiovisuales luego de recibir una llamada de una amiga que los había visto en TikTok.

El expediente también incorpora un informe técnico de la Dirección de Área de Policía Cibernética, remitido a la Fiscalía del Distrito Nacional el 13 de noviembre de 2026, que documenta las labores de ciberinteligencia y verificación del perfil investigado, así como capturas de las publicaciones y un disco compacto con los videos preservados durante la investigación.

El imputado fue arrestado en las instalaciones de la Unidad de Prevención y Persecución de la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, ubicada en la avenida Rómulo Betancourt, del Distrito Nacional.

El juez Emmanuel López dispuso que el imputado cumpla la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Anamuya, del municipio Higüey, provincia La Altagracia. El tribunal fijó para el 17 de febrero de 2027 la revisión obligatoria de la medida de coerción.

El Ministerio Público otorgó provisionalmente a los hechos una calificación jurídica que incluye violación de los artículos 140 y su párrafo, 179 y 180, numerales 4 y 5, de la Ley núm. 74-25; el artículo 24 de la Ley núm. 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, relativo a la pornografía infantil, así como los artículos 12, 16, 396 y 411 de la Ley núm. 136-03, que instituye el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

El Ministerio Público reitera que entiende el interés de las personas que se hicieron eco de la situación para alertar a las autoridades, al tiempo que recuerda que la reproducción del vídeo implica una violación a la ley, por lo que llamó a evitar su difusión.

 Ministerio Público solicita prisión preventiva para hombre vinculado con muerte de adolescente en La Vega

 SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Vega que imponga tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, a un hombre vinculado con la muerte de un adolescente.

La medida de coerción fue solicitada contra Darwin David Jiménez Almonte (Darwin), de 24 años de edad, quien fue arrestado con orden judicial por su vinculación con la muerte del adolescente de 15 años de edad.

La Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (PETT), representada por su titular, la procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, conjuntamente, con la titular de la Fiscalía de La Vega, procuradora Aura Luz García Martínez, y el fiscal de esa jurisdicción Julián Tomás Capellán Marte, sustentaron la solicitud de medida de coerción con diferentes pruebas testimoniales, documentales, ilustrativas y digital.

En la instancia el Ministerio Público establece que el imputado conoció al adolescente el pasado 7 de septiembre de 2026, en un centro de recreación del sector Barranca, de La Vega, ubicado en la misma zona donde residía la víctima.

A partir de ese momento, el imputado inició comunicación con el adolescente a través de una red social, aparentando interés en entablar una amistad con él.

Indica que, en el curso de esas conversaciones, que el adolescente sostenía desde el teléfono celular de su abuela, el imputado Jiménez Almonte identificó las limitaciones económicas del menor de edad, quien le habría manifestado que deseaba comprarse un teléfono propio.

Ante esa situación, el imputado le propuso vender sustancias controladas bajo su dirección y le ofreció “una nueva mercancía para probarla”, en referencia a marihuana.

A partir de ese momento, Jiménez Almonte comenzó a buscar al adolescente de manera habitual en la vivienda de su abuela paterna, a bordo de un vehículo de color gris con cristales oscuros. El imputado llevaba a salir a la víctima y le hacía regalos.

El procesado dirigía la venta de sustancias controladas que encomendó al adolescente y le daba seguimiento a través de Instagram, con mensajes sobre “¿cómo va la venta?”.

En fecha 29 de octubre del año 2026, siendo aproximadamente la 1:20 de la tarde, el imputado Jiménez Almonte llegó a bordo del referido vehículo gris frente a la vivienda de la abuela paterna del adolescente, siendo esa la última vez que la mujer vio a su nieto con vida. Ese mismo día el adolescente fue retenido en un lugar utilizado para la venta de drogas.

Posteriormente, el 30 de octubre de 2026, alrededor de las 10:00 de la mañana, las autoridades levantaron el cuerpo sin vida del adolescente en la carretera Barranca – Villa Tapia.

Luego de practicar el examen correspondiente al cadáver se diagnosticaron múltiples policontusiones (hematomas) por objeto contundente en tórax posterior, región glútea y ambos miembros inferiores. Asimismo, en la evaluación externa se observó una herida en la región craneal parietal izquierda y surcos postligadura en ambas muñecas.

El cuerpo fue remitido al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) de Santiago para fines de autopsia médico legal.

El Juzgado de Atención Permanente de La Vega dará a conocer el fallo este martes, 17 de noviembre de 2026.

Ministerio Público: no hay motivos jurídicos para retrasar proceso contra acusados de pagar sobornos en instituciones públicas

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público aseguró este lunes que no existen motivos jurídicos válidos para retrasar el proceso contra los acusados de  formar parte de una red criminal que distribuyó sobornos por más de 108 millones de pesos con el propósito de agenciarse la contratación del servicio de seguridad privada en diferentes instituciones públicas.

“No hay ningún motivo jurídico válido para suspender o retrotraer un proceso que ya tendría sus audiencias”, dijo el fiscal litigante Ernesto Guzmán Alberto a periodistas que lo abordaron a la salida del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en donde el procesado Elías Caamaño Pérez, acusado de  formar parte de la red criminal, recusó al juez Deiby Timoteo Peguero.

“Esperamos que la recusación sea rechazada por la Corte de Apelación y que se ordene la continuación del presente proceso”, aseguró el fiscal Guzmán Alberto, al referirse a la recusación incoada por Caamaño Pérez, excoordinador de Seguridad Patrimonial de la Dirección Ejecutiva del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

El juez Deiby Timoteo Peguero dispuso, el pasado mes de octubre, la separación de Caamaño Pérez del expediente matriz presentado por el órgano acusador contra la red criminal.

Proceso penal por sobornos

El pasado mes de julio el Ministerio Público presentó acusación y solicitó apertura a juicio para 14 personas físicas y jurídicas que integraban la red de sobornos.

Por el caso también son acusados Quilvio Rodríguez González, representante de la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral S.R.L. (Senase); Bolívar Nicolás Fernández Espinal, exencargado de Seguridad de Edenorte Dominicana; Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de seguridad de EdeSur; Francisco Guarín Fernández Vásquez, exdirector de seguridad del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), y de Ramón Quezada Ortiz, miembro del Departamento de Seguridad de EdeEste.

También, Andrés Pacheco Varela, exencargado de seguridad de la Empresa EdeNorte Dominicana, S.A.; Wellington Peralta Santos, exasistente del encargado seguridad del Inaipi, y de Luis Ernesto Vicioso Bocio, exdirector de seguridad de EdeEste.

El expediente, igualmente, incluye a Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar.

Además, fueron acusadas las razones jurídicas Servicios Senase y El Niño Prodigio EIRL, propiedad del acusado Quilvio Bienvenido Rodríguez. También, Magestym Waste & Recycling Company SA y Magesty Recycling SRL, propiedad de Bolívar Nicolás Fernández Espinal y Miguelina Antonia Rosario Sánchez.

El expediente detalla que los sobornos identificados ascienden a la suma de ciento ocho millones ochenta mil trescientos cincuenta y nueve pesos con noventa y dos centavos (RD$108,080,359.92), los cuales fueron exigidos y recibidos por los encargados de la seguridad institucional de diversas entidades públicas y los demás funcionarios acusados.

La Pepca inició, con el apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, una investigación que partió de una denuncia remitida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental que identificó la existencia de una red criminal dedicada a estafar al Estado dominicano mediante la manipulación de contratos y la exigencia sistemática de sobornos a cambio de beneficiar a contratistas que ofrecían servicios de seguridad privada en instituciones públicas.

Las investigaciones establecieron que la empresa Senase, durante los períodos 2012-2020 y 2020-2025 pagó sobornos a funcionarios de las citadas instituciones públicas, los cuales se realizaron mediante distintas maniobras o modalidades, incluyendo transferencias bancarias y por entrega de dinero en efectivo, las que tenían como finalidad asegurar la permanencia de los contratos adjudicados a la empresa acusada.

Ministerio Público demostrará en la corte que Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta deberán ir a juicio por corrupción administrativa

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público está preparado para demostrar en la Corte de Apelación del Distrito Nacional que Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta deben ser enviados a juicio para responder las acusaciones que pesan en su contra por corrupción administrativa.

El Ministerio Público recurrió los autos de no ha lugar dictados por la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, a favor de Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta, Daniel Guerrero Mena, Rosa Arias y Marcial Reyes.

“En el día de hoy, el Ministerio Público vino, como siempre comparece a todas las audiencias, listo para el conocimiento de los recursos de apelación que presentamos en relación a los autos de no ha lugar que fueron dados en la audiencia preliminar”, dijo la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), a periodistas que la abordaron cuando salía de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

Detalló que la próxima audiencia se conocerá el día 11 de enero de 2027, “plazo en el que todos debemos estar listos y nosotros estaremos firmes aquí conociendo nuestros recursos y demostrando que todos deben ir a juicio”.

“El tribunal, conforme a los recursos que ha presentado el Ministerio Público, deberá enviar a juicio de fondo a todos aquellos que fueron favorecidos con auto de no ha lugar; estamos listos para presentarlos y para demostrarlos en la corte cuando sea necesario”, destacó.

“Las pruebas son pruebas del proceso y es ilógico establecer que, siendo todos acusados de lo mismo, con los mismos testigos y los mismos elementos documentales, había para algunos y no había para otros. Por tanto, todos irán a juicio”, enfatizó la titular de la Pepca.

Mirna Ortiz representó al Ministerio Público junto al procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución, así como con los fiscales litigantes Melbin Romero, Rosa Ysabel, Arolin Lemos, Jhensy Víctor y Elvira Rodríguez. Además, con el procurador de corte José Manuel Aguiló.

La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, integrada por los jueces Ysis Muñiz (presidenta), Luis Omar Jiménez y Teófilo Andújar, fijó la audiencia para el próximo 11 de enero del año 2027, a las 9:00 de la mañana.

El proceso judicial

El pasado mes de mayo el Ministerio Público obtuvo apertura a juicio contra 35 de 40 acusados de corrupción.

El exministro Ángel Donald Guerrero Ortiz, el abogado Ángel Lockward, el excontralor Daniel Omar de Jesús Camacho Santana, el exdirector del CEA Luis Miguel Piccirillo Mccabe, el exdirector de Catastro Claudio Silver Peña, y el exdirector de Casinos Julián Omar Fernández Figueroa, fueron enviados a juicio por decisión del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

Entre los enviados a juicio, también, se encuentran: Princesa Alexandra García Medina, Luis Miguel Piccirilo, Yahaira Brito Evangelista, Edwin Oscar Brito, Mabel Mejía, Nathaly Hernández Guzmán, Kimberly Zayas Martínez, Marino Cabrera y Agustín Mejía Ávila. También, César Santana, Omar Miqui Arias, Claudio Silver Peña,  Alejandro Constanzo Sosa, Juan Tomás Polanco Céspedes y Julián Omar Fernández Figueroa.

En tanto que fueron emitidos auto de no ha lugar a favor de Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta, Daniel Guerrero Mena, Rosa Arias y Marcial Reyes.

La red es acusada de defraudar al Estado dominicano con más de RD$19 mil millones de pesos a través de una estructura de corrupción administrativa.

La decisión que envía a juicio a 35 acusados fue adoptada al establecer el tribunal que el Ministerio Público incorporó suficientes elementos de prueba que comprometen la responsabilidad penal de los procesados en hechos de corrupción administrativa en el entramado criminal.

Los acusados integraban una estructura que desvió la indicada suma millonaria mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y sobornos utilizados para financiar la campaña electoral de 2020.

La estructura además sustrajo dinero de pagos de deudas a ministerios, implantó un esquema de sobornos sobre los juegos de azar que deben ser regulados por el Ministerio de Hacienda en estricto apego al marco jurídico.

El Ministerio Público en este caso presentó acusación contra personas físicas y varias empresas.  El grupo es procesado por incurrir en asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedentes y lavado de activos.

En el proceso el Ministerio Público demostró la acusación con más de 1,278 medios de pruebas.

En este caso el 18 de marzo de 2023 fueron ejecutados 40 allanamientos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana, en los que participaron 40 fiscales, decenas de técnicos de diferentes unidades de investigación, 300 miembros de la Policía Nacional y un amplio equipo de apoyo administrativo.

Condenas de 40 y 15 años de prisión para tres hombres que mataron a otro durante asalto en avenida Ecológica

 SANTO DOMINGO (República Dominicana).- En atención al pedimento del Ministerio Público, un tribunal condenó a 40 y 15 años de prisión a tres hombres hallados culpables de matar a otro durante un asalto perpetrado el pasado año en la avenida Ecológica, Santo Domingo Este.

Franklin Javier Montero Santana (el Chino) fue condenado a 40 años de prisión, mientras que Darlin José Mateo Féliz, y Ángel Marino Novas Arias (el Flaco) fueron sentenciados a 15 años. En el caso también fue involucrado un menor de edad que fue procesado en la jurisdicción de niños, niñas y adolescentes.

El expediente establece que el hecho ocurrió en fecha cinco (05) de octubre del año dos mil veinticinco (2025), mientras la víctima Miguel Amauris Álvarez Rodríguez y su esposa Julie Louis se encontraban transitando por la citada avenida a bordo de una motocicleta. La pareja regresaba a su vivienda después de llevar a un compañero de la iglesia a su residencia.

Aproximadamente a las 10:16 de la noche Álvarez Rodríguez y su esposa se detuvieron en una bomba de combustible de la Avenida Ecológica y luego de salir de la estación fueron perseguidos por dos motocicletas.

Los procesados amenazaron al hoy occiso y lo obligaron a detenerse. Montero Santana portaba un arma de fuego con la que amenazó a Álvarez Rodríguez y con la que le realizó un disparo que le provocó la muerte por herida de proyectil en el hombro izquierdo sin salida. Posteriormente, huyeron del lugar.

El grupo fue arrestado con orden judicial solicitada por el Ministerio Público.

El fiscal litigante Ignacio Rojas, coordinador del Departamento de Litigación Final de la Fiscalía de Santo Domingo Este y Norte, representó al Ministerio Público en el proceso.  La investigación fue realizada por el fiscal de esa jurisdicción Jesús Manuel Núñez.

Los jueces del Primer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este, Julio de los Santos Morla (presidente), Flor Batista Polo y Loida Paola Amador Sención, dictaron la sentencia condenatoria con base en las pruebas aportadas por el Ministerio Público.

La sentencia ordena el cumplimiento de la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, del municipio San Antonio de Guerra.

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