Ministerio Público logra apertura a juicio contra propietario compañía de seguridad implicado en tráfico armas de fuego
Destaca es una decisión que impacta positivamente la lucha contra ese flagelo.
SANTO DOMINGO, D.N.- El Ministerio Público, representado por la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico, Porte y Tenencia Ilegal de Armas y la Fiscalía del Distrito Nacional, logró que fuera dictado auto de apertura a juicio en contra del propietario de la empresa Security Protection Center, S.R.L. (SEPCTER), Nelson Rafael Fermín Ovalles, acusado de incurrir en tráfico de armas de fuego.
La decisión fue adoptada por la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, magistrada Solange Vásquez, luego que acogiera la petición hecha por el Ministerio Público en contra de Fermín Ovalles por los delitos de tenencia, porte y uso ilegal de armas de fuego de uso civil o partes de estas, tráfico ilícito de armas, falsificación y alteración de las características técnicas de armas de fuego, así como por tenencia y utilización de armas de uso exclusivo del Ministerio de Defensa.
Dicho imputado, quien presuntamente violó varios artículos de la Ley No. 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados en perjuicio del Estado dominicano, también es acusado de delitos de acopio o almacenamiento de armas de fuego y delito de legitimación de capitales provenientes del tráfico ilícito de armas de fuego y municiones.
En un comunicado de prensa a través del cual ofreció la información, el Ministerio Público recordó que dicha compañía de seguridad fue allanada el 28 de junio del pasado año por la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico, Porte y Tenencia Ilegal de Armas mediante la Orden Judicial No. 0058-Junio-2018, ocupándole en el transcurso de la operación la cantidad de 106 armas de fuego ilegales.
Explicó el órgano acusador que entre esas 106 armas, se encuentran 96 pistolas, 48 escopetas y 8 revólveres, algunas retroqueladas, duplicadas, de particulares (reportadas como robadas) y otras sin registro en el Ministerio de Interior y Policía, así como dos vehículos.
Indicó en ese mismo orden, que de esa gran cantidad de armas sólo 22 están asignadas en el Ministerio de Interior y Policía a nombre de SEPCTER, sin embargo, dijo que tienen a usuarios privados asignados que no tienen relación jurídica con esa empresa ni son las personas a las que se le ocuparon.
En el expediente instrumentado por el Ministerio Público se hizo constar que con relación al resto de las armas se ha certificado que algunas armas de fuego figuran en la base de datos de Interior y Policía consignadas a nombre de otra empresa de seguridad privada, además de que hay varias armas de fuego duplicadas, con la misma numeración en su serie.
También, según el peritaje expedido por la Policía Científica, en el resto de las armas no se pudieron recuperar sus numeraciones originales por el alto grado de limadura en sus características originales, indica la información difundida por el Ministerio Público.
En torno al proceso judicial, la institución del sistema de justicia destacó los esfuerzos que se realizan para llevar este caso hasta las últimas consecuencias y procurar justicia.
En ese orden, explicó que luego de que fuera confiscada la citada cantidad de armas se procedió al arresto de Fermín Ovalles y se solicitó ante el Décimo Juzgado de Instrucción en función de Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente la imposición de medidas de coerción de prisión preventiva en su contra, imponiéndole dicho tribunal una garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país en fecha 8 de agosto de 2018.
Señala el Ministerio Público que inconforme con esa decisión, la Procuraduría Especializada contra el Tráfico, Porte y Tenencia Ilegal de Armas, apeló esa medida y al imputado le fue impuesto arresto domiciliario, en fecha 6 de diciembre mediante resolución No. 501-2018-SRES-00244, expedida por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Destaca que posteriormente, el 17 de abril del presente año presentó formalmente el escrito de acusación y solicitud de apertura a juicio contra el imputado Nelson Rafael Fermín Ovalles y la empresa Security Protection Center, S.R.L. (SEPCTER), logrando de manera exitosa que fuera acogida la petición hecha en contra del encartado.
Jean Rodríguez remodela y entrega nuevos equipos a Fiscalía Comunitaria de Sabana Perdida
Destaca este plan se ejecuta dando prioridad a los barrios de alto índice de inseguridad para mejorar la respuestas a los delitos.
SANTO DOMINGO.- El procurador general de la República, Jean Rodríguez, entregó remodelada, dotada de nuevos equipos y de personal calificado la Fiscalía Comunitaria de Sabana Perdida para que los ciudadanos puedan acceder a mejores servicios y garantizarles mayor seguridad.
Durante el acto de entrega de esta dependencia del Ministerio Público a la comunidad de Sabana Perdida, el magistrado Jean Rodríguez explicó que los trabajos ejecutados en esa dependencia fueron realizados dentro del plan de mejoras que aplica en los organismos del Ministerio Público a nivel nacional para mejorar la asistencia al ciudadano y ofrecer respuestas rápidas a sus denuncias.
“Estamos procurando que todas las oficinas del Ministerio Público funcionen adecuadamente y que el personal cuente con las herramientas necesarias que les permitan prevenir y combatir la delincuencia y la criminalidad con la rigurosidad que se requiera en cada demarcación”, expresó.
Agregó el procurador general de la República que en el marco de esa labor han dado prioridad a los barrios que tienen un alto índice de inseguridad para mejorar la respuesta a los delitos. Dijo que esta es la tercera fiscalía comunitaria que entrega en la provincia Santo Domingo, tras destacar que recientemente fueron igualmente remodeladas, equipadas y entregadas las fiscalías comunitarias de las localidades de Guerra y Los Mina.
La máxima autoridad del Ministerio Público hizo un llamado a los residentes de los barrios Sabana Centro, Los Palmares, Lotes y Servicios, Enriquillo, Salomé Ureña y La Javilla, entre otros, a realizar sus denuncias en la Fiscalía Comunitaria de Sabana Perdida que funciona en las mismas instalaciones del destacamento policial en la calle Gregorio Luperón frente al play Hermanos Alou, en la avenida Charles de Gaulle.
La Procuraduría General de la República divulgó la información a través de un comunicado de prensa a través del cual indica que los ciudadanos también pueden contactar la Fiscalía Comunitaria de Sabana Perdida a través de los teléfonos 809-590-2281 y del destacamento 809-590-3083.
Explica la información que los servicios que ofrece el Ministerio Público en esta dependencia son de asistencia en la recepción de denuncias por robos, golpes y heridas, riñas, entre otros delitos, así como de mediación y conciliación en los conflictos.
El procurador general de la República entregó las instalaciones durante un acto en el que también participó Milcíades Guzmán Leonardo, procurador fiscal titular de Santo Domingo Este; el titular la Procuraduría Regional de Santo Domingo, Francisco Berroa; el fiscal y director de las fiscalías comunitarias de esta demarcación, Iván Díaz, y el encargado de la Fiscalía Comunitaria de Sabana Perdida, José Elías Tavares.
Ministerio Público SDE obtiene un año de prisión preventiva contra tres implicados en tráfico de 484.94 kilogramos de cocaína
Destaca lucha contra ese flagelo no se detiene.
SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público de Santo Domingo Este obtuvo un año de prisión preventiva y la declaratoria de complejidad del caso que sigue en contra de tres hombres involucrados en el tráfico de 471 paquetes de cocaína, con un peso de 484.94 kilogramos, que fueron decomisados en horas de la madrugada del pasado sábado en el Puerto Multimodal Caucedo, en el municipio de Boca Chica.
Luego de acoger la petición del Ministerio Público, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este les impuso la medida de coerción a los imputados José Alberto de Jesús, Julio Francisco Hernández Sosa y Hansel Santana Báez por presuntamente incurrir en tráfico de drogas.
A través de un comunicado de prensa se informó que la medida de coerción, que deberá ser cumplida en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, fue impuesta por los delitos de asociación ilícita para el tráfico de drogas nacional e internacional, agravado, previsto y sancionado por el artículo 5 literal A, 28, 60, 75 Párrafo II, 85 letras B, C, D, de la Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.
El Ministerio Público le atribuye a los imputados ser parte de una red que se dedicaba a la distribución de drogas en el país y el envío de estas al extranjero, utilizando de forma clandestina los contenedores que se encuentran en el Puerto Multimodal Caucedo.
En relación a la operación, el órgano a cargo de las pesquisas detalló que la citada cantidad de droga fue ocupada en dieciocho bultos y que además de los narcóticos les fueron confiscados un camión tipo cabezote revólver con seis cápsulas, varios celulares, cizallas, un puñal, un precinto o sello de seguridad y un pasamontaña.
Durante la audiencia el Ministerio Público presentó diferentes evidencias materiales, documentales, testimoniales y periciales en contra de los encartados que establecen sus vínculos con esa actividad del crimen organizado, logrando que fuera acogida su petición de imponer la prisión preventiva, como medida de coerción, por existir evidentemente el peligro de fuga.
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