Santo Domingo.- El Ministerio Público solicitó este lunes 18 meses de prisión preventiva contra los presuntos implicados en un supuesto desfalco de más de 15,000 millones de pesos en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Las autoridades solicitaron además que el proceso sea declarado complejo, debido a la magnitud del fraude y a la cantidad de elementos que aún deben analizarse para esclarecer el esquema de corrupción denunciado.
En caso lleva por nombre Operación Cobra, con la cual inicia un proceso de persecución judicial que busca sanciones penales y el decomiso del dinero sustraído al patrimonio público a través del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
DIEZ ARRESTADOS
En la operación arrestaron a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa y otras nueve personas imputadas de defraudar esa administradora de riesgos de salud (ARS) pública con miles de millones de pesos mientras varias personas físicas y jurídicas continúan bajo investigación conforme avancen las indagatorias del órgano acusador.
También fueron arrestados, Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero; Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor jurídico; Francisco Iván Minaya Pérez, exgerente de Servicio de Salud; Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera, empresarios, Rafael Luis Martinez Hazim, Fundador del Centro de Telemedicina MyCare, Heidi Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella.
Entre otros delitos, al grupo se le imputan cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
El Ministerio Público aseguró que ha podido recabar evidencias, de soborno a gran escala, adulteraciones de estados financieros, programas especiales sin sustentos jurídicos, utilizados para distraer fondos, maniobras fraudulentas, en definitiva, un esquema de corrupción sistemático instalado por el director ejecutivo del SeNaSa, en coalición con funcionarios de esa ARS y con la participación, en asociación criminal, de prestadores del servicio de salud, en perjuicio del Estado dominicano.
