SANTO DOMINGO.- El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional descartó imponer prisión preventiva como medida de coerción a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, de esta capital, cuyo techo se desplomó y causó la muerte de 236 personas.
En cambio, la jueza Fátima Veloz impuso a ambos una garantía económica de 50 millones de pesos, impedimento de salida y la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades.
Ambos están acusados de homicidio involuntario por supuestas negligencias en el mantenimiento de la colapsada edificación.
Las decisiones en este sentido fueron adoptadas por esta magistrada en la madrugada de este jueves luego de una audiencia que duró más de 12 horas.
PEDIDO DEL MINISTERIO PÚBLICO
El Ministerio Público había solicitado prisión preventiva para Antonio y prisión domiciliaria contra su hermana, pero la jueza no tomó en cuenta este pedido. Resaltó que la edificación presentaba daños estructurales y fue sometida a remodelaciones irregulares. Asimismo, que el techo tenía carga «excesiva» y que a Antonio Espaillat se le informó de los problemas que este presentaba un día antes de la tragedia, ante la caída de restos del techo.
APELARÁN DECISIÓN
El director de persecución de este Ministerio, Wilson Camacho, anunció que apelará la decisión de la jueza ya que, a su juicio, los imputados pueden incidir en la afectación del proceso, como ya lo evidencia el hecho de que habrían intentado intimidar a uno de los testigos que era empleado de la discoteca.
ABOGADOS DEFENSORES LA CONSIDERAN ADECUADA
Miguel Valerio, abogado de los hermanos Espaillat, consideró adecuada lo dispuesto por la Jueza ya que, según alegó, ambos han colaborado con la justicia así como con los peritos que han realizado las investigaciones sobre el colapso.
ABOGADOS DE LOS ACUSADOS
Abogados de unos 80 afectados en la tragedia, que han presentado querellaS contra los propietarios de la discoteca, formalmente solicitaron que fuera cambiada la acusación homicidio involuntario por la de «homicidio voluntario», pues en su opinión los ahora acusados fueron negligentes en lo relativo a corregir las fallas que finalmente provocaron la tragedia.
ANtonio Espaillat es propietario de decenas de emisoras de radio, algunas de ellas de las más populares.
