Diario Digital Dominicano por José Benítez, 5 abril 2019, Santo Domingo, D.N. El presidente de la Comisión Bicameral que estudia el proyecto de ley para la disolución del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) y el que modifica varios puntos de la Ley 87-01, de Seguridad Social, aseguró que escucharán la opinión de todos los sectores involucrados en el tema, en la búsqueda de equilibrar su participación en el sistema y garantizar más beneficios a los trabajadores.
El senador José Rafael Vargas, considera que las dos iniciativas sometidas por el Poder Ejecutivo contienen muchos aspectos positivos y reflejan la voluntad del Gobierno de poner fin a trabas como las que mantienen a más de 200 mil personas sin acceso a la Seguridad Social por la deuda de más RD$264 mil millones que varios ayuntamientos y pequeñas empresas tienen con la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), y que en más del 90% corresponde a mora y recargos por intereses.
Asimismo, destaca el interés de fortalecer dos instituciones medulares del sistema como la Tesorería y la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA), y que en el caso de la TSS, estaría adscrita al Ministerio de Trabajo y tendría personería jurídica para las funciones de recaudo, distribución y pago de las cotizaciones del sistema y del Sistema Único de Información y Recaudo (SUIR).
“Esto significa que ahora tendrá más capacidad económica para poder operar administrativamente, para financiar sus operaciones. El párrafo primero del artículo 1 dice que la TSS recibirá mensualmente una comisión equivalente al 0.1% del salario cotizable para el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia del sistema de capitalización individual, más el 0.1% del salario cotizable para el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia del sistema de reparto”, explicó.
Sin embargo, el legislador por la provincia Espaillat, cree que válida la preocupación de los representantes sindicales ante la eventual eliminación del auxilio de cesantía del Código Laboral, que pudiera derivarse de la creación del Instituto Nacional de Prevención y Administración de Riesgos Laborales (INARIL), planteada en el proyecto de disolución del IDSS y que le otorga funciones para la administración de un fondo destinado a la protección laboral en caso de desempleo o desahucio.
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