Santiago.-El jurista Ramón Antonio -Negro- Veras aportó pruebas de víctimas del denunciado caso de fraude inmobiliario, el cual involucra a abogados en todo el Cibao.
Dijo que para conocer si los métodos que se pusieron en ejecución para robarle su propiedad a una persona a la que sirve como abogado, examinó varios expedientes de su interés.
“Nunca, jamás, en ningún momento, pensé que en el seno de la profesión que he ejercido durante cincuenta y tres años, me llegaría a encontrar con abogados que pusieran sus conocimientos de las leyes para llevar a cabo operaciones dolosas; como de igual manera, no me pasó por la mente que la sociedad dominicana estaría en un grado de degradación ética y moral que el robo fuera aceptado impunemente”, apuntó.
Una muestra es el caso de la familia Jorge Metz, de la parcela número 84 del distrito catastral 9 del municipio de Guayubín, provincia de Montecristi. El día 9 del mes de noviembre de 2006, los abogados organizadores del fraude contra esa familia se presentaron al Parque Central de La Vega y establecieron comunicación con un hombre en estado de embriaguez, que dijo llamarse Roberto Peña, y le prometieron mil pesos para que fuera al Juzgado de Paz de Trabajo de La Vega.
Ese mismo día, la juez presidenta magistrada del Juzgado de Paz de Trabajo del Municipio de La Vega, dio inicio a una audiencia concediéndole la palabra a las partes para que expresaran sus respectivas pretensiones y procedieran a fijar los puntos controvertidos de la demanda. La parte demandada, la familia Jorge Metz, falsamente compareció representada por el borracho al que identifica como Roberto Peña, mientras la parte demandante vivamente aceptó, y el tribunal falló en el sentido de que: “Primero: se levanta acta de acuerdo entre las partes, según la cual la demandada pagará a la demandante la suma de RD$103,000.00.
En otro hecho, bajo el falso argumento de que Paola Carolina Ureña Mora, trabajó como despachadora para Abelardo Jorge Salomón y compartes, se simuló que, alegadamente, ella había sido despedida y que usurpando en forma ilícita su nombre y calidades, se procedió a lanzar una demanda laboral en reclamación de prestaciones laborales contra sus pseudos empleadores. Este se produjo el día 13 de octubre de 2006 en la Secretaría de Trabajo de La Vega, se hicieron los cálculos los cuales ascendieron a la suma de RD$ 86,544.68.
Denunció que fue falsificada la firma de Paola Carolina Ureña Mora, y que se organizó la mentira de que esta, en fecha 24 de octubre de 2006, concedió un poder de Cuota Litis al abogado Edwin Rafael Pimentel. Pimentel a nombre de ella, y de forma inconsulta, incoó la demanda en reclamo de prestaciones laborales contra Abelardo Jorge Salomón y compartes, por ante la magistrada Juez Presidenta del Tribunal de Trabajo del Distrito Judicial de La Vega. De esa cifra, RD$ 86,544.68 corresponden a las pretensiones de la demandante y la suma restante a los honorarios de Edwin Rafael Pimentel, abogado de esta, los recibiría el 13 de noviembre de 2006, en la oficina de Pimentel ubicada en Santiago.
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