Notas Judiciales

Por Diario Digital Dominicano

Condenan a 20 años de prisión a hombre por violación a su hija

SAN JUAN (República Dominicana).- La Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de esta ciudad obtuvo una condena de 20 años de prisión contra un hombre acusado de violar sexualmente a su hija adolescente desde que esta tenía 12 años.

El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Juan de la Maguana emitió la sentencia contra el procesado, por violar los artículos 332-1 y 332-2 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97, que tipifica el incesto mediante engaño, violencia, amenaza, contra una persona menor de edad ligada por lazos de parentesco natural, legítimo o adoptivo.

Los hechos tipifican también violación al Código del Sistema de Protección y  Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), que define el abuso sexual y psicológico en perjuicio de un menor de edad.

La coordinadora de la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales,  Danelys Medina Peguero, presentó todas las evidencias documentales, testimoniales y forenses que demuestran la conducta violenta del hombre hacia su descendiente directa, cuyos nombres se omiten para proteger la intimidad de la víctima.

El expediente indica que el agresor permaneció cuatro años violando a su hija, a quien mantenía en silencio mediante amenazas y maltrato psicológico.

Wilson Camacho dice es incomprensible que abogado de encartado Caso Coral no se presente a audiencia para conocer recurso de apelación

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- En atención al pedimento del  Ministerio Público, la Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional decretó el abandono de la defensa del sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, imputado por corrupción en el Caso Coral, y aplazó la audiencia para el próximo 29 de noviembre, día en que deberá presentarse con un representante legal o ser asistido por la Defensoría Pública.

El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), calificó como incomprensible y reprochable la actitud procesal de la defensa del imputado, ya que son quienes presentaron un recurso sin asistir al tribunal a defender su postura.

“Por eso, nosotros, en el día de hoy hemos solicitado al tribunal que decrete el abandono de esa defensa para que esta persona sea asistida por otro defensor de su elección o por la Defensa Pública y el tribunal ha acogido el pedimento del Ministerio Público y ha decretado el abandono de la defensa”, dijo Camacho. “Él puede contratar un abogado o lo asistirá la Defensa Pública”, agregó.

Atendiendo la petición, los jueces de la Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Doris Pujols Ortiz, Rafael Báez García y Carmen Mancebo, aplazaron para el próximo lunes 29 de noviembre, a las 9:00 de la mañana, el conocimiento del recurso, ante la ausencia por segunda vez del abogado José Francisco Aquino.

El tribunal recordó que el pasado lunes el abogado presentó un parte médico en el que indicaba que debía someterse a una prueba para la detección de la COVID-19, por lo que decidió suspender la audiencia ante sus alegatos de sospecha de estar afectado por el virus.

Pero este miércoles el abogado presentó otros documentos de la misma entidad que emitió la anterior, con un parte médico que establece que debe guardar distanciamiento por diez días ante una sospecha de COVID-19, basado en una prueba rápida que se realizó en el día de hoy,  pese a que se le habían otorgado dos días para realizarse el estudio correspondiente.

En mayo pasado el Ministerio Público presentó pruebas que llevaron a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional a imponer 18 meses de prisión preventiva en contra del sargento Montero Cruz, así como del mayor general Adán Cáceres Silvestre, Rossy Guzmán Sánchez, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán y el coronel policial Rafael Núñez de Aza.

En tanto que contra Raúl Alejandro Girón Jiménez se ordenó el arresto domiciliario por razones de seguridad, por cooperar con la investigación del Ministerio Público.

Posteriormente, el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional le confirmó a todos la medida de coerción, que ahora fue apelada por el imputado Montero Cruz.

El Ministerio Público destacó que tras acoger de nuevo su solicitud, el pasado viernes durante la revisión obligatoria el juzgado le confirmó por segunda vez la coerción a los demás imputados, excepto a Montero Cruz, a quien no le fue revisada la medida por tener pendiente el conocimiento del recurso de apelación.

El órgano de justicia destacó que desde que le fue impuesta la medida en mayo pasado, los imputados han intentado en diferentes instancias obtener la libertad, sin que hayan logrado su objetivo.

Los imputados guardan prisión en los centros de corrección y rehabilitación de Najayo Hombres y Mujeres, en San Cristóbal, mientras el Ministerio Público continúa con la investigación del caso, que fue declarado de tramitación compleja.

El grupo es acusado de incurrir en asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.

La Pepca y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público llevan a cabo la investigación y litigación del caso.

El entramado criminal desarrollaba sus actividades delictivas en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), principalmente, con el abultamiento de la nómina. Durante las pesquisas, el Ministerio Público descubrió que el coronel Rafael Núñez de Aza también fungió como director financiero del Conani, a pesar de que no aparecía en los registros públicos.

El Ministerio Público ha establecido en el transcurso del proceso judicial que realizaban operaciones fraudulentas para adquirir una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares del país.

Ministerio Público concluye lectura de acusación contra  implicados en sobornos del caso Super Tucano 

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público concluyó este miércoles con la lectura de la acusación contra los involucrados en la distribución de los 3.5 millones de dólares entregados por la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) a cambio de ser beneficiada como suplidora de ocho aviones Super Tucano.

El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por las juezas Arlín Ventura, presidenta; Milagros Mercedes Ramírez Cabrera  y Leticia Martínez, donde se desarrolla el proceso, suspendió la audiencia en virtud de que tenía programado el conocimiento de otros casos.

Isis de la Cruz, fiscal de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), especificó en declaraciones a la prensa que el juicio se suspendió para el próximo 25 de noviembre, a las 9:00 de la mañana.

“En el día de hoy el Ministerio Público continuó leyendo su acusación y concluyó la misma”, detalló a periodistas que la entrevistaron a la salida de la sala de audienciasSobre el avance del proceso, la representante del Ministerio Público dijo que los abogados del mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, exministro de Defensa, presentaron su discurso de apertura.

Por este caso, son procesados además el coronel Carlos Piccini Núñez, exdirector de Proyectos Especiales de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), y el empresario Daniel Aquino Hernández. 

También, la empresa 4D Business Group, S. A. (hoy 4D Business Group, S.R.L.), así como la compañía Magycorp, S. A. (hoy Magicorp, S.R.L). El Ministerio Público los acusa por incurrir en sobornos, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

El proceso se inició en 2016, el Ministerio Público presentó la acusación en 2017 y ahora se encuentra en la etapa de juicio de fondo.

La empresa Embraer, que admitió la entrega de sobornos, fue condenada en 2018 al pago de 7 millones 40 mil dólares al Estado dominicano.

La Pepca acusa al grupo de imputados de violar varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley No. 448-06, sobre Soborno en el Comercio y la Inversión, y la antigua Ley 72-02, sobre Lavado de Activos en perjuicio del Estado dominicano.

Durante la investigación del caso, el órgano de justicia logró obtener pruebas suficientes que vinculan a los imputados a este acto de corrupción administrativa.

Las indagatorias abarcaron el rastreo de transferencias de dinero en el país y en el exterior, análisis y verificación de patrimonios, examen a movimientos de cuentas bancarias, así como la localización del origen de bienes.

En marzo pasado, tras acoger la solicitud del Ministerio Público, el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ordenó el envío a juicio de los encartados.

Tribunal condena a 30 años de prisión a hombre que mató hijastra en La Romana

LA ROMANA (República Dominicana).-  El Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de La Romana acogió el pedimento del Ministerio Público de esta jurisdicción e impuso una pena de 30 años de prisión contra un hombre  acusado de asesinar a su hijastra en 2019.

Los jueces Máximo Agustín Reyes Vanderhorst, María Luisa Charles Castillo y Jossephang R. Bernhardt Nivar tomaron la decisión luego de validar como buenas y válidas las pruebas presentadas por los fiscales litigantes contra Francis Ashil Polo Mateo. Además, el condenado deberá pagar una indemnización de cinco millones de pesos.

El tribunal ordenó que cumpla la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama, de La Romana.

Durante las audiencias, Surielly Guerrero Arache y Héctor Julio Matos de La Cruz, representantes del órgano persecutor, relataron que el procesado planificó el hecho en actitud de represalia contra la madre de la menor de edad.

Asimismo, presentaron ante el tribunal pruebas testimoniales, periciales y audiovisuales, así como un teléfono móvil y la conversación entre Polo Mateo y la madre de la víctima luego de cometer el delito.

Este hecho, según el Ministerio Público, constituye una violación a los artículos 295, 296, 297, 298 y 302, del Código Penal Dominicano.

Fiscalía del Distrito Nacional logra condena de 20 años de prisión a un hombre que secuestró y torturó a otro por deuda de drogas

SANTO DOMINGO (República Dominicana).-  El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 20 años de prisión a un hombre acusado de secuestrar y torturar a otro durante una fallida transacción de drogas ocurrida el año pasado en el sector Villas Agrícolas, de esta capital.

as juezas Arlin Ventura y Milagros Cabrera acogieron como buenas y válidas las evidencias presentadas por el Ministerio Público en contra de Pedrito Sánchez Montero, quien amarró y golpeó a Willy Mesa Encarnación, en reclamo de más de 100 mil pesos.

Según la acusación presentada por la fiscal litigante Yellianny Polanco, el hecho ocurrió en la tarde del 21 de agosto de 2020, cuando un hombre identificado como Junior le pidió a la víctima que lo acompañara a entregar “algo” en el sector de Villas Agrícolas. Una vez en el lugar, ambos fueron interceptados por tres individuos que transitaban en un motor, entre ellos el imputado Pedrito Sánchez Montero, y un tal Ronny, quienes lo acusaron de haberle robado una droga.

Sánchez Montero y sus dos cómplices que se encuentran prófugos llevaron a Mesa a un billar en el sector Los Ríos, donde lo amarraron y lo golpearon y luego enviaron fotos a su familia mediante              WhatsApp, para exigir un rescate de RD$117 mil.

Mediante el rastreo del número telefónico, la Policía dio con el paradero de Sánchez Montero, a quien le ocupó un juego de esposas, 19 cápsulas de pistola calibre 40, un radio de comunicación y varios celulares, además de rescatar a la víctima.

El Ministerio Público destacó que el hecho constituye los tipos penales de secuestro, acto de tortura, barbarie, asociación de malhechores y porte ilegal de armas de fuego, delitos que están sancionados por la Ley 583, que sanciona el secuestro; los artículos 265, 266, 303 del Código Penal, así como 66, 67, 83 y 86 de la Ley 631-16, sobre Control de Armas, Municiones y Materiales Relacionados. El condenado deberá cumplir la pena en la cárcel La Victoria, según dispusieron las juezas en su sentencia.

Fiscalía de Santo Domingo Oeste captura hombre que atacó a puñaladas a su exsuegro

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Fiscalía del distrito judicial Santo Domingo Oeste, con el apoyo de agentes policiales adscritos a esta jurisdicción, capturó a un hombre que permanecía prófugo por haber herido a su exsuegro con un arma blanca en Los Alcarrizos.

Mediante un comunicado de prensa, la Fiscalía informó que, mediante el Departamento de Captura de Prófugos de la Unidad de Violencia, desarrolló una exhaustiva labor de inteligencia para hacer efectiva la captura de Mariano Reynoso.

El hombre está imputado de infringir múltiples heridas de arma blanca al padre de su expareja, en un hecho ocurrido en marzo del presente año en el municipio Los Alcarrizos. El Ministerio Público informó que en las próximas horas presentará solicitud de medida de coerción contra Mariano Reynoso. 

Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva para agentes policiales vinculados a sustracción de drogas en Barahona

 BARAHONA (República Dominicana).- El Ministerio Público solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta jurisdicción que imponga 18 meses de prisión preventiva  y que declare complejo el caso seguido en contra de varios agentes policiales vinculados a la sustracción de un cargamento de drogas.

La medida fue solicitada en contra del cabo Esteban Armando Féliz Batista (Chatica), sargento Oscar Andrés Valentín Jiménez (Oscalito), rasos Iván Féliz Volquez y Carlos David Pimentel Cuevas (Cabezón), así como del capitán Rafael Amaurys Medina Pérez (Patú), y los sargentos Frainel Féliz (Bambí), Jorge Ramón Alcántara Urbáez (Sargento Alcántara), Jordany Cuevas Méndez (Yoda), Miguel Ángel Féliz Féliz (Argenis), el cabo Juan Carlos Medina Méndez (Pelo Fino) y el raso Junior Geraldo García.

En un comunicado de prensa el Ministerio Público destaca que en las últimas horas fueron apresados el cabo Welni Féliz, y los rasos Brayan Polanco y José M. Olivero, quienes también fueron sometidos a la justicia y se pidió la misma medida.

A este caso también son vinculados otros dos hombres identificados hasta el momento como Álvaro y el Guardia, quienes son perseguidos por las autoridades.

La jueza del Tribunal de Atención Permanente de esta demarcación, María Consuelo Valenzuela, aplazó para el próximo 23 de noviembre, a las 10:00 de la mañana, el conocimiento de la medida de coerción, tras acoger una solicitud de la defensa para conocer el expediente y preparar los presupuestos.

De acuerdo con la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público, las drogas se presume que correspondían a cocaína y marihuana, con un peso aproximado a los 400 kilogramos, las cuales fueron incautadas en Las Costas de la Salina, Villa Central, el pasado 28 de agosto.

Los investigadores señalan que las drogas habrían sido vendidas a narcotraficantes, que son perseguidos con órdenes de arrestos.  También, han establecido que además de la droga ocuparon un fusil y tres armas de fuego tipo pistola, de las cuales solo el fusil ha sido recuperado.

Luego de la sustracción de las sustancias narcóticas otros tres agentes policiales y un civil secuestraron al cabo Esteban Armando Féliz Batista (Chatica), hecho por el que también fueron sometidos a la justicia cuatro personas, para quienes el órgano persecutor del crimen pidió igualmente 18 meses de prisión preventiva y que el proceso sea declarado complejoPor el secuestro el Ministerio Público procedió con el sometimiento a la justicia de los miembros de la Policía Wellington Ferreras, Jonathan Pérez, Cherilyn Suero Medina, así como del civil Jorge Luis Díaz.

La medida de coerción solicitada en contra de los vinculados al secuestro fue aplazada por el tribunal para el próximo jueves 18 de noviembre, a las 10:00 de la mañana. Los apresados por estos casos se encuentran detenidos en recintos penitenciarios de esta demarcación.

 

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