Diario Digital Dominicano, por Marisol Laurenz, 28 de abril 2019,Santo Domingo DN.-La Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas, con la colaboración de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y otras agencias, apresó a tres personas y clausuró dos bares en el Distrito Nacional, donde fueron rescatadas 10 mujeres, cinco de ellas venezolanas, una brasileña y cuatro dominicanas.
Los detenidos son José Ramón Cabreja Rodríguez, alias Raymond, quien se presume es el cabecilla de una red de trata de personas, y Carmen Milagros García Ramos, ambos dominicanos, y el venezolano Andrés Yovanny Silva Pernia, alias “El Chamo”.
Mientras que los establecimientos clausurados son La Fragancia Bar y/o La 6, antiguo Pink Poni Bar, ubicado en la avenida Núñez de Cáceres y La 51 Bar y/o El Gallero Bar, de la calle Centro Olímpico, del sector El Millón.
El Ministerio Público informó en un comunicado de prensa que la operación fue ejecutada mediante cuatro allanamientos con la debida orden judicial en distintos lugares del Distrito Nacional, donde se estableció que operaban y residían los cabecillas y miembros de dicha red.
Explicó que durante las pesquisas ocuparon dinero en efectivo producto de las transacciones por los servicios sexuales, y un libro récord que se usaba para el control de dichos servicios, así como facturas y otros documentos que según han determinado las investigaciones eran utilizados en esa práctica ilícita.
Además, durante la requisa realizada en los dos bares, los miembros del Ministerio Público y los organismos auxiliares pudieron establecer que contaban con habitaciones en donde alojaban a las mujeres que laboraban en dichos negocios y que según se ha determinado durante las indagatorias eran explotadas sexualmente.
Las autoridades indicaron que esta red se presume que se encargaba de contactar mujeres en la República Dominicana y en otras naciones, las que luego explotaban sexualmente, lucrándose económicamente producto de esa actividad.
Destacaron que cuentan con suficientes evidencias para que se imponga a los encartados la prisión preventiva, como medida de coerción, ya que las mismas los vinculan con la práctica ilegal del proxenetismo.
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