SANTO DOMINGO.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) salió en defensa de la jueza Fátima Veloz que dispuso la libertad condicional de los propietarios de la colapsada discoteca Jet Set.
El gremio respaldó la «independencia y autonomía» con la que deben actuar los jueces, ante lo que calificó de ola de cuestionamientos y presiones en torno a la decisión de Veloz.
«Este caso, que ha provocado una intensa conmoción social por tratarse de la trágica muerte de 236 personas, ha desatado una avalancha de reacciones mediáticas, reclamos ciudadanos y pronunciamientos del Ministerio Público y de los abogados de las víctimas, lo cual ha desbordado los límites del respeto institucional y del debido proceso de ley», expresó el CARD en un comunicado.
Explicó que Veloz, en el ejercicio de su rol como autoridad judicial, dictó una medida de coerción conforme a los principios del derecho penal y procesal penal dominicano, amparada en su facultad constitucional y legal, cuya medida aun cuando es distinta a la prisión preventiva no equivale a una decisión impune, ni representa el cierre del proceso.
Veloz impuso el jueves pasado una fianza de 50 millones de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país al propietario del Jet Set Antonio Espaillat, al igual que a su hermana Maribel, acusados por el Ministerio Público de homicidio involuntario. También solicitó 18 meses de prisión para el primero y prisión domiciliaria para la segunda.
«Esta medida no debe ser interpretada como una absolución anticipada ni como una negación de justicia, sino como una actuación basada en criterios jurídicos, el proceso apenas comienza, y será en ese curso procesal donde deberán presentarse las pruebas y ejercerse los derechos tanto de las víctimas como de los imputados», refirió el CARD.
Tildó de jurídicamente «desproporcionada» la solicitud del Ministerio Público de imponer 18 meses de prisión preventiva a los imputados, en un caso en que, conforme a las normas actuales y salvo que se presenten agravantes probadas, la eventual pena podría oscilar entre tres meses y dos años.
«No podemos permitir que el sistema de justicia se vea distorsionado por decisiones que parezcan responder más al clamor popular que a la razón jurídica», consideró.
