Santo Domingo.- El procurador adjunto Wilson Camacho, director de la Procuraduría de Persecución del Ministerio Público, aseguró este viernes que, de acuerdo con las evidencias, se trató de una «ejecución extrajudicial» la muerte a tiros de cinco hombres en una plaza comercial de La Barranquita, en Santiago, por la que son acusados 11 policías.
«Las pruebas que ha recabado el Ministerio Público, hasta el momento, indican que la muerte de estas cinco personas en La Barranquita se trató de una ejecución extrajudicial», dijo Camacho a los medios en Santiago
Los acusados son los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco; el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez; el segundo teniente Domingo de los Santos Vargas; los cabos Yohandy Encarnación, Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad.
Además, el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz; el sargento Hairo Mateo Morillo, y los rasos Adrián Miguel Villalona Pineda y José Octavio Jiménez Peña.
El «número dos» de la Procuraduría General de la República (PGR) dijo que los once agentes realizaron diversas maniobras para intentar borrar las evidencias que los vinculan con el caso ocurrido la tarde del pasado 10 de septiembre.
«Los imputados sustrajeron los videos del hecho, sustrajeron teléfonos y han generado otras maniobras con el fin de obstruir la investigación y de ocultar la verdad», indicó. «No vamos a permitir que hechos de esta naturaleza queden impunes y vamos a procurar justicia, tanto para las víctimas como para sus familias», puntualizó el procurador adjunto.
Camacho habló tras el aplazamiento -para el 9 de octubre- de la audiencia en la que el Ministerio Público pidió 18 meses de prisión preventiva para los 11 imputados. Explicó que el tribunal tomó la medida con el fin de que los abogados de los agentes dispongan de tiempo para estudiar el expediente acusatorio y para que los familiares de las víctimas puedan estar presentes.
Policías sustrajeron pruebas para obstruirla investigación
En el expediente que consta de 341 páginas revela acciones delictivas de los 11 agentes policiales, imputados de asesinar a cinco hombres, en el sector La Barranquita, entorpecieron y obstruyeron la investigación, sustrayendo pruebas.
Luego de que la jueza Yeritza Cabral de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago aplazara para el jueves 9 de octubre el conocimiento de medida de coerción, Wilson Camacho, procurador adjunto y director de Persecución del Ministerio Público, califica como una ejecución extrajudicial por parte de los policías, al determinar que, de parte de las víctimas nunca hubo disparos.
Camacho explicó que el aplazamiento se produjo a solicitud de las defensas de los imputados, quienes pidieron tiempo para analizar el voluminoso expediente probatorio y socializar las pruebas con sus representados.
El Ministerio Público solicitó al tribunal la imposición de 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo, al sostener que los acusados cometieron los delitos de asociación de malhechores y homicidio voluntario, previstos en los artículos 265, 266, 295 y 304 del Código Penal.
Los fiscales aseguran que tras cometer el hecho, los agentes realizaron múltiples maniobras para obstaculizar la investigación, incluida la sustracción de DVR de cámaras de seguridad de los negocios de la plaza y de teléfonos móviles de personas que grabaron el tiroteo, entre otros elementos.
También establece que Edward Bernardo Peña Rodríguez, Carlos Enrique Guzmán Navarro (el Charly o Charli Chasc), el barbero José Vladimir Valerio Estévez, Elvis Antonio Martínez Rodríguez y Julio Alberto Gómez, fueron ejecutados por los policías, sin que se diera ningún intercambio de disparo.
Indica que ante la gravedad de los hechos, la pluralidad delitos cometidos, la cantidad de víctimas, la posible pena a imponer en un juicio de fondo, que es posible que sea de hasta 20 años, hace necesario que el presente caso sea declarado complejo y que el órgano acusador cuente con el tiempo suficiente para recabar las pruebas idóneas que puedan destruir la presunción de inocencia en contra de los imputados. Junto a Wilson Manuel Camacho, procurador adjunto, estuvieron Quirsa Abreu Pena, Geraldo Andrés Ponce y Miguel Antonio Ramos.
Policías destruyeron las evidencias de la escena
En la pesquisa asumida, para determinar que los agentes actuantes intentaron encubrir pruebas en su contra, establece que en el caso de una testigo que se dispuso a grabar con su celular y varios de los imputados subieron al tercer nivel donde la misma se encontraba y les quitaron su celular, observaron lo que había grabado y le llevaron el teléfono. Tras cometer los hechos los imputados José Ignacio Gómez Rodríguez, Domingo De Los Santos Vargas, Yohandy Encarnación, Geyser Francisco, Adrián Miguel Villalona Pineda, Alvaro Paredes Panlagua y los imputados Hansel Michel Cuevas Carrasco, Sócrates Fidel Féliz Féliz, Hairo Mateo Morillo, César Augusto Martínez Trinidad, José Octavio Jiménez Peña sustrajeron los DVR de los negocios del lugar de los hechos, así como varios teléfonos pertenecientes a distintas personas presentes en el lugar, con el interés de destruir evidencias del proceso y obstruir la investigación.
