Fiscalía SDE obtiene 20 años de prisión contra hombre que agredió sexualmente a su hija adolescente
SANTO DOMINGO ESTE (República Dominicana).- El Ministerio Público de este municipio obtuvo una condena de 20 años de prisión contra un hombre que durante dos años abusó sexualmente de su hija desde que ella tenía 14 años de edad, en Santo Domingo Este.
Los jueces del Primer Tribunal Colegiado de esta demarcación dispusieron también que el condenado pague una indemnización de medio millón de pesos y que cumpla la pena en el centro de privación de libertad La Victoria.
El expediente instrumentado por esta Fiscalía de Santo Domingo Este establece que el 12 de septiembre de 2019, la madre de la menor de edad, cuyos nombres se omiten por protección de la víctima, denunció que su hija le contó que cuando su madrastra no estaba en la casa, su padre la abusaba sexualmente y la amenazaba con matarla si lo delataba.
El Ministerio Público les asignó a los hechos la calificación jurídica contenida en los artículos 330, 332 y 333 de la Ley 24-97 y los 396 y 397 de la Ley 136-03, que instituye el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes.
La Pgase somete a la justicia a 11 empresarios por fraude contra el sistema eléctrico
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (Pgase) sometió a la justicia a 11 empresarios, imputados de cometer fraude contra el sistema eléctrico, mediante la sustracción de energía por valor de casi 20 millones de pesos.
Las acciones reñidas con la Ley General de Energía, en su artículo 125, consistieron en manipulación y alteración de contadores, conexiones directas sin contratos previos y reconexión ilegal, indicó el Ministerio Público. Las maniobras incluían la utilización de programas informáticos o redes de comunicación interconectadas al sistema de medición.
Esta procuraduría especializada especificó que el total de la energía consumida irregularmente fue estimado en 2,222,446 kilovatios horas, con una potencia sustraída ascendente a 3,896.8 kilovatios, lo que representa un valor monetario de RD$19,719,716.79 pesos, de acuerdo con la estimación divulgada por la institución que abarca un período de entre 2016 y 2021.
Las empresas involucradas, algunas formales y otras informales, y sus respectivos propietarios, son Cabañas los Coquitos, de Juan Antonio de la Rosa), y una granja de pollo sin nombre, de Robinson Alberto Ferreira Frías.
Además, EIRL Sagama Meat Market (Ahumado Manuel García), cuyo propietario es el señor Manuel García Sarita, mientras que la administradora tiene por nombre Adolfina Mejía.
También, figura una empresa distribuidora de bebidas y cuarto frío, propiedad de un señor de nombre Emegildo Morla Calderón. Asimismo, Bodega García, cuyo propietario se identifica como Orlando García Matos.Se incluye, además, a la empresa Las Américas Car Wash, cuyo propietario se identifica como Horacio Andrés Balbuena y una granja de pollo cuyo propietario es identificado como Nasín Abel Hernández.
Igualmente, otras empresas con el nombre de Bodega los Boricuas, Centro Médico Juan Carlos (Inmelamca) SRL; Hongos del Valle y Cabañas las Cañas, con sus respectivos propietarios Evangelista Bidó, Nicolás Lembert Báez, Yesmenia Durán Amarante y Juan Antonio de la Rosa.
El sometimiento a la justicia es fruto de exhaustivas acciones de investigación desarrolladas por la Pgase, cuyo titular es el procurador Francisco José Polanco Ureña. El depósito de la acusación estuvo encabezado por la fiscal Martha Idalia Florentino, de la División Este.
Magistrada Miriam Germán Brito plantea al Congreso que el Ministerio Público requiere al menos 10 mil 500 millones de pesos para el 2022
La procuradora general resalta que con esa partida el órgano de justicia podrá cumplir su planificación estratégica y reforzar la persecución penal en todo el territorio nacional
SANTO DOMINGO (República Dominicana).-Para llevar a cabo su planificación estratégica, desarrollar sus proyectos de fortalecimiento institucional y reforzar la persecución penal en todo el territorio nacional, el Ministerio Público amerita de un presupuesto mínimo de 10 mil 500 millones de pesos para el año 2022.
Así se lo hizo saber a los legisladores la magistrada Miriam Germán Brito, procuradora general de la República, durante una visita a la Comisión Bilateral del Congreso que estudia el Proyecto de Ley de Presupuesto de Gastos Públicos para el venidero año.
La procuradora general indicó que “son de todos conocidas las precariedades que pasa” el órgano responsable de la política penal y de la persecución de crímenes y delitos. Al respecto, agregó: “Aunque hasta ahora hemos tenido apoyo en las extremas necesidades”, se hace necesario un incremento de los recursos asignados “con el objetivo de lograr un fortalecimiento institucional y la reestructuración del Ministerio Público”.
Germán Brito expuso a los congresistas, junto a parte de su equipo técnico, los cuatro grandes ejes de su planificación estratégica.
Detalló que el tope presupuestario asignado por el Gobierno al Ministerio Público, tal como figura en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), se establece en RD$8,399,310,777, razón por la que el órgano solicitó al Ministerio de Hacienda un incremento de RD$2,105,070,792, con lo que ascendería a 10,504,381,569.
Aunque la actual gestión entiende, sin embargo, las limitaciones que pudiera imponer la pandemia de la COVID-19 a todos los países, República Dominicana hará los esfuerzos requeridos para seguir fortaleciendo el Ministerio Público.
Sobre la planificación estratégica para 2022, la máxima representante del Ministerio Público explicó que se sustenta en cuatro ejes, que consisten en fortalecer la gestión institucional, desarrollar una efectiva persecución penal con altos estándares técnicos y de calidad, habilitar la infraestructura física, de tecnología de información y de operaciones y servicios, y optimizar el cumplimiento de las normativas legales del Ministerio Público, del Sistema Penitenciario y del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
En los aspectos administrativos, resaltó entre los principales compromisos, el pago del convenio de suministro de alimentos a los centros penitenciarios del país, del 22 de diciembre de 2020, y el seguimiento a los programas establecidos por la Ley No. 133-11, Orgánica del Ministerio Público.
Al responder preguntas de la comisión bicameral, la directora general administrativa del Ministerio Público, Vilma Pérez Díaz, explicó que en el monto de los 8 mil 400 millones asignados en la propuesta de presupuesto del Gobierno están ya incluidos los recursos de captación directa por los servicios que presta la institución, con un estimado de lo que recibiría por ese concepto en 2022.
Pérez Díaz, quien acompañó a la procuradora general, resaltó que, aún con el aumento esperado, la institución quedaría por debajo del 1.44% del Presupuesto Nacional que le corresponde por ley.
Indicó que con el incremento de más de dos mil millones de pesos la institución podrá desarrollar los procesos de transformación que la harán “más transparente, más funcional y de cara a los nuevos tiempos”.
Fiscalía obtiene condena contra hombre que intentó matar a su madre en Santiago
SANTIAGO (República Dominicana).- La Fiscalía de esta jurisdicción logró una condena de ocho años de prisión contra un hombre que en 2019 intentó matar a su madre en el municipio Villa González, de esta provincia.
La sentencia emanó del Segundo Tribunal Colegiado de este distrito judicial, integrado por los magistrados Luis Ernesto Torres, Esther Reyes y Miguel Alejandro Báez.
En un documento de prensa, el Ministerio Público establece que el procesado cometió violencia de género e intrafamiliar agravadas en perjuicio de su madre, identidad que se reserva en protección de su intimidad. Estos hechos están sancionados por los artículos 309-1, 309-2 y 309-3, literales A y E, del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97.
De acuerdo con la narración aportada por la víctima, el hombre se presentó a la residencia de su progenitora y la intentó estrangular mientras le gritaba “vine a matarte”. La mujer, que pedía auxilio, logró liberarse de su agresor, quien huyó del lugar.
El hoy condenado, quien se mantuvo merodeando la casa de su madre en los días posteriores, quedó detenido por orden de arresto gestionada por el Ministerio Público ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta jurisdicción.
Entre las evidencias levantadas por la Fiscalía, se encuentran informes de evaluaciones psicológicas sobre los agravios que provocaron a la víctima la violencia física, verbal y psicológica ejercida por su hijo en su contra.
Ministerio Público solicitará prisión preventiva contra banda de secuestradores en Baní
PERAVIA (República Dominicana).- Durante una acción conjunta con la Dirección Sur Central y la Dirección de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional con asiento en Baní, el Ministerio Público desmanteló una banda que había ejecutado varios secuestros en esta provincia.
Las autoridades identificaron a los detenidos como Francis Báez (Muñeco) y Luis Pascual Veras, ambos de nacionalidad dominicana, y el haitiano Yeison Semar.
La Fiscalía de Peravia informó que solicitará prisión preventiva y la declaración del caso de tramitación compleja.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Peravia conocerá la audiencia este martes, a partir de las 9:00 de la mañana.
En un comunicado de prensa, el Ministerio Público indicó que las autoridades han activado la búsqueda de otro hombre de nacionalidad haitiana vinculado a la banda y que se encuentra prófugo.
El grupo quedó bajo arresto luego de haber secuestrado al agricultor Norbelto Paulino Encarnación, de unos 50 años de edad, cuando se encontraba en una finca ubicada en la carretera Nizao-Paya.
Las autoridades rescataron a Norbelto Encarnación cuando los imputados lo mantenían en cautiverio en una cabaña en la Autopista 6 de noviembre, en San Cristóbal.
Señalaron que los secuestradores habían solicitado como rescate inicialmente la suma de 100 mil pesos, luego aumentaron a un millón de pesos, para finalmente exigir 150 mil pesos.
Uno de los integrantes de la banda fue detenido en la cabaña, mientras que otros dos cuando se disponían a recibir el dinero del rescate en Baní.
Precisa que la banda había realizado otros cuatro secuestros del tipo express, entre Baní y San Cristóbal, todos en el mes de noviembre.
El órgano de la acusación penal precisó que ha otorgado al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 265 y 266, del Código Penal, los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 583, sobre secuestro, así como los artículos 66 y 67 de la Ley No. 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Tribunal impone coerción a ocho empleados de aeropuerto vinculados a alijo de 46 kilogramos de cocaína
LA ALTAGRACIA (República Dominicana).- Un tribunal de esta demarcación impuso medidas de coerción, incluyendo prisión preventiva, a ocho empleados del Aeropuerto Internacional de Punta Cana vinculados a 46 kilogramos de cocaína que fueron ocupados la pasada semana en esa terminal aérea.
El Juzgado de la Instrucción en funciones de Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente impuso prisión preventiva por tres meses a los imputados Lewis Rodríguez, Julio Jon, Francisco Muñoz y a Andrés Quezada, quienes deberán cumplirla en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-14) Anamuya, del municipio Higüey.
El tribunal también le impuso medida de coerción a los imputados Luis Alberto Silva Jiménez, Emerlin Bienvenido Castillo Mejía, Eliazar Heredia Ramos y Adoni Sánchez, quienes deberán presentarse los días 30 de cada mes por un período de seis meses ante el órgano investigador.
La instancia con la solicitud de medida de coerción señala que miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público incautaron la cocaína el pasado 29 de noviembre, la cual sería transportada en dos maletas en un vuelo que tenía como destino a la ciudad Toronto, Canadá.
La jueza Francis Yojary Reyes Diloné impuso la medida de coerción con base en diferentes pruebas aportadas por el Ministerio Público, las cuales vinculan al grupo con el tráfico de cocaína.
El caso ha recibido la calificación jurídica de violación a los artículos 4-D, 5-A, 60 y 75 II, de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas.
