Ministerio Público expone ante jueza la forma en que operó la red de corrupción desarticulada con la Operación Coral
SANTO DOMINGO (República Dominicana).-El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, garantizó este miércoles que el Ministerio Público seguirá realizando todos los esfuerzos necesarios para procesar a todos los implicados en el entramado de corrupción administrativa desarticulado con la Operación Coral.
Camacho sostuvo que el Ministerio Público llevará ante los tribunales a “tantas personas como sea necesario” y “las evidencias indiquen que están vinculadas a este entramado de corrupción”.
El Ministerio Público concluyó en horas de la noche con la presentación de la medida de coerción del Caso Coral y solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra los seis involucrados en el expediente.
La prisión fue solicitada en contra del mayor general Adán Cáceres Silvestre y Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), así como del cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la religiosa; el coronel policial Rafael Núñez de Aza, Raúl Alejandro Girón Jiménez y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
Los representantes del Ministerio Público detallaron parte de los bienes acumulados de forma irregular por los involucrados en el expediente. También hicieron referencia a un apartamento de lujo ubicado en Las Terrenas, Samaná, y el que, según explicaron, pertenece al general Juan Carlos Torres Robiou, quien hasta hace poco dirigió el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
“Sin embargo, no entendemos por qué disfraza dicha propiedad a través de un contrato de alquiler por el que supuestamente paga tres mil dólares mensuales por una propiedad de uso esporádico”, expuso una de las representantes del Ministerio Público.
La procuradora adjunta y directora general de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, pidió al tribunal que proceda a declarar la complejidad del proceso y que imponga la prisión preventiva por 18 meses en los centros de corrección y rehabilitación para hombres y mujeres de Najayo, San Cristóbal.
Reynoso dijo que en la instancia teorizaron sobre la corrupción, definiéndola como una plaga insidiosa y de amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad, “porque socava la democracia y el Estado de derecho, da pie a violaciones de derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida, permite el florecimiento de la delincuencia organizada”.
Agregó que la corrupción es un factor clave del bajo rendimiento y un obstáculo muy importante para el alivio de la pobreza y el clima de desarrollo de una sociedad.
De su lado, el titular de la Pepca explicó que el Ministerio Público ha solicitado 18 meses de prisión preventiva y dijo que ello es una consecuencia de que se haya solicitado la declaración del caso complejo.
“Además, nosotros hemos demostrado en el tribunal que este es un caso de los más complejos que ha manejado el Ministerio Público, donde tenemos información que tenemos que analizar, a fin de determinar hasta dónde llega este entramado de corrupción que ha depredado fondos públicos”, dijo Camacho, tras reiterar que por ello solicitaron 18 meses de prisión preventiva.
Asimismo, reafirmó que han construido un proceso blindado, “y hoy hemos demostrado en el tribunal que ha sido así; este es un proceso que se ha construido con el más alto estándar de calidad dentro del funcionamiento del Ministerio Público; es algo que nosotros ponemos todo el empeño”.
Dijo que los imputados han tratado de entorpecer las investigaciones del Ministerio Público y que gracias a la reacción rápida de esta institución han podido recabar la cantidad de pruebas con que cuentan, “que la propia defensa ha reconocido que son abundantes; hemos dicho que son fulminantes y que las defensas no podrán reaccionar ante ellas”.
Sobre el avance de las pesquisas, dijo que hay más personas que se seguirán investigando y que se seguirán arrestando, y en la medida de que sea necesario el Ministerio Público las procesará y las presentará a los tribunales.
El equipo que representa al Ministerio Público lo encabezan los magistrados Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho. Además, forman parte los fiscales Marinel Brea, Mervin Romero, Emmanuel Ramírez, María Melenciano, Jonathan Pérez Fulcar y Miguel Collado.
Al inicio de la presentación de la solicitud de medidas de coerción, el magistrado Camacho dijo que el Caso Coral muestra la corrupción en las entrañas del poder.
“En la medida en que este tribunal pueda tener contacto con las personas que el Ministerio Público imputa en este proceso y los hechos que el Ministerio Público les imputa estará en condición de verificar por qué decimos que este es un caso de corrupción en las entrañas del poder”, señaló.
El grupo es procesado por acusaciones de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
A petición de la defensa, la jueza Kenya Romero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, dispuso un receso para reiniciar el proceso la tarde de este jueves.
El Ministerio Público sostiene que el Caso Coral muestra la corrupción “desde las entrañas del poder”
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público procedió este miércoles con la lectura de la solicitud de medida de coerción contra el mayor general Adan Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán Sánchez y otros cuatro involucrados en el Caso Coral, calificado como un entramado de “corrupción en las entrañas del poder”.
Además del mayor general Cáceres Silvestre y Guzmán Sánchez, en el expediente de la Operación Coral figura el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la citada imputada. También el coronel policial Rafael Núñez de Aza, Raúl Alejandro Girón Jiménez y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
Contra el grupo el Ministerio Público solicita a la jueza Kenya Romero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, que le imponga un año de prisión preventiva y que declare el proceso de tramitación compleja.
El magistrado Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dijo que es un caso que muestra la corrupción en las entrañas del poder.
“En la medida en que este tribunal pueda tener contacto con las personas que el Ministerio Público imputa en este proceso y los hechos que el Ministerio Público les imputa estará en condición de verificar por qué decimos que este es un caso de corrupción en las entrañas del poder”, detalló.
Dijo que los imputados crearon un entramado militar y policial con el interés de depredar el erario.
El equipo que representa al órgano acusador lo encabezan la directora general de Persecución del Ministerio Público y el titular Pepca, Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho. Además, forman parte los fiscales Marinel Brea, Mervin Romero, Emmanuel Ramírez, María Melenciano, Jonathan Pérez Fulcar y Miguel Collado.
El Ministerio Público indicó que contra los procesados pesan acusaciones de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
El órgano de justicia destacó que los procesados utilizaron sus funciones y su poder en sus actividades delictivas.
Los imputados fueron arrestados el pasado mes de abril en el transcurso de 27 allanamientos realizados en el Gran Santo Domingo y varias provincias del país, en los que las autoridades ocuparon bienes inmuebles y otras posesiones que fueron adquiridas con fondos que corresponden al erario.
La audiencia había sido aplazada en dos ocasiones a solicitud de los abogados defensores de los imputados. La pasada semana fue suspendida luego de que el abogado Félix Portes, quien representa al coronel Núñez de Aza, recusara a la jueza Kenya Romero. Posteriormente, la Corte de Apelación del Distrito Nacional decidió que continuara con el conocimiento de la audiencia que fue fijada para este miércoles.
La juez Romero ordenó un receso de la audiencia hasta las 3:00 de la tarde.
ictan 10 años de prisión a un hombre que cometió incesto contra niña de 10 años en Sabana Perdida
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Fiscalía de Santo Domingo Este obtuvo una condena de 10 años de prisión contra un hombre que en 2019 agredió sexualmente a una niña de 10 años, en el sector Sabana Perdida, de Santo Domingo Norte.
El condenado, cuyo nombre se omite para salvaguardar la identidad de la víctima, fue sentenciado por el Cuarto Tribunal Colegiado de esta jurisdicción, que lo halló culpable de incesto y lo sentenció a 10 años de reclusión en la Penitenciaría Nacional de La Victoria.
El Ministerio Público, representado por la fiscal Wilquenia Aquino, presentó en el juicio de fondo suficientes evidencias para sustentar la acusación por violación de los artículos 332-1 y 332-2, del Código Penal, modificado por la Ley 24-97, que, entre otras cosas, castigan el incesto. También los artículos 12, 13, 14, 15, 18 y 396, literales B y C, de la Ley 136-03, del Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes.
El expediente instrumentado por la Fiscalía indica que el delito fue descubierto debido a que su madre encontró a la niña realizando movimientos inadecuados para su edad y, al cuestionarla, la pequeña le contó las situaciones a las que la sometía su padrastro.
Además de los testimonios, la acusación se sustentó en la evaluación psicológica forense que las autoridades realizaron a la niña.
Procuraduría de Medio Ambiente detiene a decenas de personas por contaminación sónica y daños a los recursos naturales
SANTO DOMINGO (República Dominicana).– La Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales apresó a decenas de personas, cerró negocios y ocupó diversos equipos por diferentes tipos de violaciones a las normas ambientales, fruto de los operativos y acciones regulares realizadas en la última quincena de abril.
El 22 de abril pasado, la regional de Proedemaren en el Sur, encabezada por el procurador Juan Castillo Cabral, llevó a cabo acciones contra incendios forestales en la zona norte de la provincia San Juan y en el Bosque del Morro, del municipio Bánica, de la provincia de Elías Piña.
Con la participación del Ministerio de Medio Ambiente y del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), también fueron detenidas varias personas por haber quemado unas 500 tareas de terrenos en hechos separados, lo que afectó a unos 4,500 árboles adultos. Las personas involucradas, unas 15, fueron detenidas.
Ese mismo día, la Proedemaren provincial de Pedernales logró que un juez de instrucción le impusiera a la señora Mirta Matos una garantía económica por valor de RD$50,000, tras ser sorprendida en flagrante delito traficando con la especie de guaconejo, un árbol en peligro de extinción. Fue detenida con el apoyo del SENPA y la Dirección Provincial de Medio Ambiente de Pedernales.
En la provincia de María Trinidad Sánchez, el 24 de abril pasado, en compañía de la Policía Nacional y del Ministerio de Salud Pública, los fiscales de esta procuraduría especializada realizaron un operativo contra la contaminación sónica y el incumplimiento de los protocolos de salud, en el municipio Nagua y el Distrito Municipal de las Gordas.
Como resultado, cerraron dos establecimientos y ocuparon 12 bocinas, además someter a los responsables a la acción de la justicia.
También el 24 de abril, en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Norte, los magistrados Rudy Pérez Medrano y Héctor Peralta encabezaron operativos de combate a la contaminación sónica y de la realización de actividades festivas que infringen las restricciones preventivas ante la COVID-19, en conjunto con el Programa de Control de Bebidas Alcohólicas (COBA), del Ministerio de Interior y Policía, y el Ministerio de Salud Pública.
Durante la jornada, el Ministerio Público detuvo a 20 personas que incumplían el toque de queda en el sector El Majagual, de Sabana Perdida, mientras que el Ministerio de Salud Pública clausuró dos negocios de bebidas alcohólicas por la misma causa.
Los agentes actuantes ocuparon bocinas, equipo para DJ (disc-jockey), narguiles, más conocidas como hookahs, una máquina tragamonedas, además de varios vehículos cuya música se proyectaba a altos decibeles.
Mientras que, en Puerto Plata, como resultado de la coordinación entre la dirección provincial de la Proedemaren, la Policía Nacional, el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), Salud Pública y el COBA, se realizaron operativos en varias áreas de esa ciudad norteña, con el objetivo de procurar que se cumpliera con el toque de queda, con el distanciamiento social y con las leyes de antirruido. Durante el recorrido se incautaron varias bocinas que producían contaminación sónica.
Mientras que, en Bonao, como resultado de otro operativo antirruido realizado el 26 de este presente mes, fueron retenidos equipos de sonido, una yipeta, narguiles, además de cerrarse un establecimiento comercial por incumplir con las disposiciones legales en cuanto a la contaminación sónica y el uso de narguiles.
