Condenan a 15 años de prisión a hombre por violación y abuso sexual contra una niña de 7 años en Puerto Plata
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- A partir de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, un tribunal condenó a 15 años de prisión a un hombre que incurrió en violación y abuso sexual en perjuicio de una niña de 7 años de edad, en hechos ocurridos en el año 2025, en Puerto Plata.
Tomás Antonio Polanco Padilla (Thomas) fue condenado luego de que el Ministerio Público demostrara de manera irrefutable su culpabilidad en los hechos cometidos en contra de la víctima, cuya identidad se omite por razones legales.
El órgano persecutor inició el proceso judicial tras la denuncia realizada por la madre de la niña en la Fiscalía de Puerto Plata, a través de su Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales.
La acusación fue sustentada por el Ministerio Público con distintas pruebas periciales y testimoniales, entre ellas, un certificado médico legal y una entrevista psicológica forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
La fiscal Carmen Daynisa Rosario tuvo a cargo las investigaciones. Mientras que el fiscal Leury V. Ureña Morrobel representó al Ministerio Público en la litigación del caso.
El órgano acusador demostró que el procesado faltó a los artículos 331 del Código Penal dominicano y 396, literales b y c, de la Ley 136-03 (Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes).
Los jueces Jakayra Veras, Benecia Rojas y José Juan Jiménez, del Tribunal Colegiado de Puerto Plata, ordenaron el cumplimiento de la sentencia en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) San Felipe de esa provincia.
Tras el veredicto, la Fiscalía de Puerto Plata reiteró su compromiso con la protección de los niños, niñas y adolescentes y con la persecución de quienes cometen delitos sexuales en su contra, al mismo tiempo que llamó a la ciudadanía a denunciar cualquier sospecha de abuso infantil ante las autoridades.
Condena de 20 años de prisión para hombre que violó sexualmente a una niña de 10 años
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- A solicitud del Ministerio Público, el Tercer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste condenó a 20 años de prisión a un hombre que violó sexualmente a una niña de 10 años de edad, en hechos ocurridos en el sector Buenos Aires de Herrera.
Argenis Abrahán Amézquita García fue declarado culpable de cometer la violación sexual contra la menor de edad en reiteradas ocasiones. Por respeto a su integridad y para evitar su revictimización, se omite la identidad de la niña.
La investigación, a cargo de la fiscal Brenda Reyes, establece que la menor de edad reveló los hechos a su madre, quien posteriormente presentó la denuncia ante la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, en marzo de 2025.
Durante el juicio, el equipo de litigación, integrado por los fiscales Francheska Alcántara y Nicasio Pulinario, presentó diversos medios de prueba que sustentaron la acusación, entre ellos, un examen físico practicado por una médico legista, una entrevista forense realizada por una psicóloga a la víctima, así como otras pruebas periciales, documentales y testimoniales.
La sentencia fue dictada por los jueces Julio Aybar (presidente del tribunal), Sandra Josefina Cruz y Loida Amador Sención, quienes ordenaron su cumplimiento en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, del municipio San Antonio de Guerra.
Amézquita García fue condenado por violar los artículos 331 y 332-1 del Código Penal dominicano, así como el artículo 396 de la Ley 136-03 que crea el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes.
Tribunal separa a dos acusados del juicio penal contra Donald Guerrero y compartes
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Tras acoger la solicitud del Ministerio Público, el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, dispuso este miércoles el desglose del expediente respecto a dos procesados en el juicio penal por corrupción administrativa que se sigue contra el exministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz y compartes.
El Ministerio Público solicitó el desglose del expediente atendiendo a males de salud de los procesados Santiago Roberto Moquete y Daniel Omar Caamaño Santana. Planteó, además, que la medida contribuirá a avanzar en el conocimiento del juicio a Guerrero Ortiz y los demás involucrados en el caso por corrupción administrativa.
Luego de que el tribunal dispusiera el desglose en la audiencia de este miércoles, llamó la atención a la defensa de Roberto Santiago Moquete Ortiz, Yahaira Brito Evangelista y Ramón David por recusar a las juezas Leticia Martínez y Evelyn Rodríguez, una acción que los magistrados definieron como una “táctica dilatoria” sancionada por el Artículo 135 del Código Procesal Penal.
En ese contexto, remitieron el incidente a la corte de apelación, tribunal que justo en la audiencia de este miércoles, había comunicado su decisión de rechazar una recusación anterior presentada por las defensas de los acusados.
“Miren, lo que sí hay que decir es que lo que pasó hoy fue un acto de deslealtad procesal. El tribunal, incluso, le invocó el artículo 135 del Código Procesal Penal a ese abogado, porque ha actuado en esta audiencia con total y absoluta deslealtad”, dijo Romero Suazo
“Para avanzar con el conocimiento del juicio, el tribunal acogió esa solicitud, y, simplemente, porque el tribunal, acogió, atendiendo a razones humanitarias, el desglose de ese imputado del proceso, entonces vino esa defensa a recusar el tribunal y a decir que no tiene calidad para conocer este proceso”, señaló.
El Artículo 135 establece, al referirse a la lealtad procesal, “las partes deben litigar con lealtad, absteniéndose de proponer medidas dilatorias, meramente formales y de abusar de las facultades que este código les reconoce”.
El fiscal Melbin Romero Suazo recordó que el Código Procesal Penal establece sanciones para aquellos abogados que, simplemente, por negarse al conocimiento de un proceso, recurren a actos de deslealtad.
“Hoy, ustedes vieron que vinimos a esta audiencia a conocer el juicio y había una decisión pendiente de la corte de apelación sobre una recusación; la corte rechazó esa recusación y le dijo al tribunal que tenía la calidad y la competencia para conocer este proceso”, dijo Romero Suazo, a los periodistas que abordaron al Ministerio Público a la salida del tribunal.
“Valoramos positivamente que el tribunal le advirtiera a esa defensa que si vuelve a actuar de forma desleal será sancionado como establece la norma procesal penal”, dijo Romero Suazo, quien integró el equipo litigante junto a los fiscales Rosa Ysabel, Miguel Crucey y Jhensy Víctor.
Tras anunciar el rechazo de la recusación presentada la semana pasada a las juezas Leticia Martínez y Evelyn Rodríguez por la defensa de Juan Tomás Polanco, el tribunal, presidido por Arlin Ventura, se refirió a la solicitud del Ministerio Público de separar de este proceso judicial a Santiago Roberto Moquete y al excontralor Daniel Omar Caamaño Santana.
El tribunal ordenó la continuación de la audiencia, sin embargo, la defensa de Santiago Roberto Moquete, recusó a las juezas Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez.
En ese contexto, la jueza presidenta del tribunal fijó nueva audiencia para el próximo 18 de noviembre, a las 9:00 de la mañana.
El pasado mes de octubre el tribunal también separó a Rafael Porfirio Calderón Martínez del juicio penal.
El Ministerio Público presentó en septiembre su acusación contra el exministro Donald Guerrero y compartes, procesados por hechos de corrupción administrativa que cometieron al defraudar al Estado con más de 19 mil millones de pesos en perjuicio de todos los contribuyentes.
Los procesados, quienes fueron apresados por el Ministerio Público con la puesta en marcha de la Operación Calamar en el año 2023, integraban una estructura que desvió la indicada suma millonaria mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y sobornos utilizados para financiar la campaña electoral de 2020.
Veinte años de prisión para hombre que mató a su pareja en Sabana de la Mar
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Atendiendo una solicitud del Ministerio Público, un tribunal de Hato Mayor condenó a 20 años de prisión a un hombre hallado culpable de provocar la muerte de su pareja sentimental, en un hecho ocurrido en el municipio de Sabana de la Mar de esa provincia, en el año 2025.
Luis Felipe Agueda Peguero fue hallado culpable de provocarle la muerte a causa de heridas de arma blanca a su pareja Ameiris Darleni Alcántara Javier, de 18 años de edad.
De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, Alcántara Javier perdió la vida en horas de la madrugada del 27 de abril de 2025 a causa de múltiples heridas de arma blanca mientras se encontraba en la residencia que compartía con Agueda Peguero.
La investigación estableció que la relación de pareja estaba marcada por episodios recurrentes de violencia física y psicológica. Asimismo, las pruebas recopiladas permitieron documentar las actuaciones del acusado antes y después del hecho, incluyendo comunicaciones telefónicas, mensajes extraídos de dispositivos electrónicos y otros elementos relevantes para el esclarecimiento del crimen.
Como parte de las diligencias investigativas, el Ministerio Público reunió pruebas testimoniales, documentales, periciales y materiales, entre ellas, el informe de autopsia, los análisis forenses realizados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y la experticia practicada al arma blanca vinculada al hecho.
Entre los elementos probatorios también se encuentran las declaraciones de testigos y los resultados del análisis de los teléfonos celulares ocupados al procesado, cuyos contenidos aportaron información relevante sobre las circunstancias que precedieron y sucedieron a la muerte de la joven.
El Ministerio Público presentó acusación por la violación de los artículos 295, 296, 297, 298, 303 y 303-4, ordinal 7, del antiguo Código Penal dominicano, así como de los artículos 83 y 86 de la Ley núm. 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, conforme a la calificación jurídica establecida en el expediente acusatorio.
Agueda Peguero cumplirá la condena en la cárcel pública de El Seibo por disposición de los jueces que componen el Tribunal Colegiado del distrito judicial de Hato Mayor, Francisco Arias (presidente), Haissel Uribe y María del Carmen García.
La Fiscalía de Hato Mayor reafirmó su compromiso con la persecución penal de los hechos de violencia contra las mujeres y con el fortalecimiento de la respuesta del sistema de justicia frente a los delitos que atentan contra la vida y la integridad de las personas.
Prisión preventiva para dos investigados por delitos de trata de menores de edad con fines de explotación sexual
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Al acoger la solicitud del Ministerio Público, un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, impuso prisión preventiva, como medida de coerción, en contra de un hombre y una mujer que conformaban una red criminal que reclutó a menores de edad para explotarlos sexualmente.
La decisión establece que los imputados, Andrés Acosta Vargas, un abogado de oficio residente en Santiago, y Franyely Franchesca Peralta Guzmán, oriunda del municipio Esperanza, de la provincia Valverde, cumplirán la prisión por un tiempo de tres meses en los centros de corrección y rehabilitación para hombres y mujeres de Rafey, en la provincia Santiago.
La investigación que lleva a cabo el Departamento de Trata y Tráfico de Personas de la Fiscalía de Santiago identificó e individualizó a los imputados, quienes conformaron una red criminal que ubicaba y reclutaba a menores de edad, personas vulnerables a quienes ofrecían diversas sumas de dinero a cambio de que accedieran a sostener relaciones sexuales con otras víctimas también menores de edad.
El fiscal Juan Osvaldo García, director de Trata y Tráfico está a cargo de la investigación en la que estableció que los sospechosos hacían contacto con adolescentes de entre 13 y 17 años de edad a quienes ofrecían dinero en efectivo y otros regalos, a cambio de que sostuvieran relaciones sexuales entre sí, mientras el hombre grababa estos actos sexuales.
A una de las víctimas menores de edad, contactado vía una aplicación de citas, Acosta Vargas le ofrecía dinero para que sostuvieran relaciones sexuales, pero, ante su negativa, le ofreció presentarle a una de las víctimas adolescentes.
Una de las adolescentes abusadas fue trasladada por los investigados mediante engaño, desde la provincia Valverde hasta Santiago.
En la audiencia, la fiscal litigante Heidys de León estableció que la Fiscalía de Santiago ha podido identificar a por lo menos tres víctimas de esta estructura criminal, incluyendo a una adolescente de 17 años de edad en estado de gestación.
Tal como solicitó la Fiscalía de Santiago, el tribunal autorizó el anticipo de pruebas a las víctimas menores de edad y a otro menor, en calidad de testigo, en el interés de conservar sus testimonios, evitando su revictimización, y su exposición recurrente ante un tribunal.
Así también, el tribunal autorizó el levantamiento de evidencia forense, con la extracción de información de los aparatos celulares presentados como una evidencia probatoria de alto interés en la investigación.
El juez Dayham Rodríguez impuso la medida de coerción.
Fundamento probatorio irrefutable
En la oferta probatoria presentada al tribunal, el órgano investigador depositó certificaciones de los elementos de prueba encontrados durante el allanamiento a la residencia del imputado Acosta Vargas, entre las que se encuentran una gran cantidad de preservativos, tanto nuevos como usados, somníferos y otros medicamentos, varias cámaras de videograbación, cables transmisores USB, dinero en efectivo y estimulantes sexuales, entre otros elementos recolectados en la requisa por la procuradora fiscal Cristina Ramírez.
La decisión se ha adoptado en consonancia con la imputación que de manera provisional les atribuye el Ministerio Público por violación a los artículos 1 y 3 de la Ley 137-03, modificada por la Ley 46-25 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas; el artículo 396 (letras B y C) de la Ley 136-03 que crea el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes y transgresión a la Ley 53-03 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que sancionan los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, abuso psicológico y sexual en perjuicio de menores de edad, y crímenes y delitos de alta tecnología.
