SANTO DOMINGO.-Una red de proveedores que presuntamente manipuló contrataciones públicas a través de prácticas fraudulentas fue sometida ante la Procuraduría General de la República (PGR).
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República (CGR) enviaron el informe sobre la red que habría incurrido en intimidación, extorsión y posibles vínculos con funcionarios, afectando la competencia y la igualdad en las contrataciones estatales.
El informe, elaborado a partir del análisis exhaustivo de los registros del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) y otras fuentes de información, revela la actuación coordinada de varias empresas vinculadas, que habrían utilizado distintas razones sociales para simular competencia, repartirse adjudicaciones y excluir a otros oferentes legítimos.
La DGCP informó que entre las empresas identificadas se encuentran Empresas Integradas SAS, Inversiones Qtek SRL, Tingley Business SRL, así como otras asociadas, las cuales presentan patrones coincidentes de participación conjunta, rotación de adjudicatarios y concentración de contratos en sectores específicos del mercado público.
El documento también recoge testimonios de proveedores afectados, quienes denunciaron amenazas, chantajes y presiones para desistir de adjudicaciones legítimas, lo que evidencia la existencia de mecanismos de intimidación y manipulación que distorsionan la transparencia y la equidad de los procesos.
Compromiso con la transparencia
Mediante una nota de prensa, la DGCP informó que oportunamente remitirá el informe a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), para que, conforme a sus atribuciones legales, profundice en la investigación de posibles acuerdos colusorios y de manipulación del mercado en las contrataciones públicas.
El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, valoró el trabajo conjunto con la Unidad Antifraude y reafirmó el compromiso institucional de proteger los recursos del Estado y garantizar la transparencia del sistema.
“Este informe, fruto de la cooperación entre la DGCP y la Unidad Antifraude, demuestra la efectividad del control preventivo y el análisis técnico de datos en la detección de estructuras fraudulentas”.
De su lado, Leónidas Peña, coordinador de la Unidad Antifraude de la CGR, explicó que el trabajo técnico permitió detectar patrones de colusión, intercambio de roles entre oferentes y uso de información privilegiada.
“El uso avanzado de herramientas analíticas, la trazabilidad de los datos y la coordinación interinstitucional fueron claves para identificar este entramado. Este informe es un ejemplo del impacto positivo del trabajo conjunto entre las instituciones de control para fortalecer la integridad de las contrataciones públicas”, señaló Peña. La DGCP ha implementado medidas para identificar irregularidades en la contratación, incluyendo el monitoreo de procesos y la asignación de un oficial de cumplimiento.
