SANTO DOMINGO.-El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, advirtió que el encarecimiento del crudo es uno de los factores que más presión ejerce sobre las finanzas públicas dominicanas, por lo que, adelantó, el Gobierno continuará monitoreando de manera constante el comportamiento del crudo a nivel internacional para implementar nuevas medidas preventivas que eviten mayores incrementos en los precios internos.
Díaz recordó que durante la crisis petrolera registrada entre 2022 y 2023, la economía dominicana logró mantenerse estable gracias a los subsidios aplicados por el Gobierno. Según indicó, esas medidas permitieron evitar que la inflación alcanzara niveles cercanos al 15 %, pese a que los subsidios destinados a los alimentos superaron el 10 %, como parte de las acciones para proteger el poder adquisitivo de la población.
Sin embargo, el presupuesto nacional había proyectado un precio promedio del petróleo de 65 dólares por barril. Pero, actualmente, el costo internacional se encuentra cerca de 30 dólares por encima de ese cálculo.
Díaz aseveró que la brecha entre el precio presupuestado y el precio real del petróleo complica el margen de maniobra del Gobierno. En consecuencia, sostuvo, el Estado enfrenta una decisión difícil: absorber parte del choque con subsidios o permitir aumentos mayores en las estaciones de combustibles.
Puntualizó Díaz que el gobierno optó por una fórmula mixta, con subsidio millonario y un alza parcial en los principales derivados, aseguró que, mientras el barril se mantenga muy por encima de lo previsto en el marco fiscal de 2026, el Gobierno tendrá menos espacio para sostener subsidios sin afectar otras prioridades presupuestarias. Por lo que, adelantó, se estudian las medidas a tomar en caso de ese escenario.
En caso de la necesidad de un próximo aumento planean que los próximos aumentos sean graduales y razonables. Sostuvo Díaz que, actualmente, el 20% más rico de la población consume el 50% de los subsidios a los combustibles, por lo que este sector de mayores ingresos tendrá que pagar más, mientras el gobierno intenta focalizar la ayuda para proteger al 30% o 40% más pobre.
