Por el Lic. Máximo Martínez de la Cruz, Santo Domingo.-Es imperdonable que una parte importante de la población, en medio del cao provocado por el siniestro de la tienda L&R, aproveche tal desdicha para actuar al margen de la ley, como lo hicieron, bajo la falsa premisa de que «si otros lo hacen, yo también». Con esta reprochable acción ocasionaron un daño colectivo, no solo en perjuicio causados a los propietarios del establecimiento comercial, sino también, que esta injustificada acción, provoca una crisis económica del sector, con el consiguiente de pérdidas de fuentes de empleos, rompiendo por demás la confianza de convivencia ciudadana del entorno.
En abril de 1984, ocurrió una revuelta popular violenta donde las masas ensordecidas atendiendo al llamado a huelga nacional, convocada al transcurrir el asueto de semana santa, la población se lanzó a las calles, en protestas por las medidas económicas impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que el gobierno del presidente Dr. Salvador Jorge Blanco, había dispuesto, trayendo como consecuencias la proliferación de alzas en los productos de primera necesidad.
En medio de aquel levantamiento popular, una parte de la población se dedicó al saqueo masivo de comercios y destrucción de bienes privados, lo que obligo al gobierno responder enviando al ejército nacional a dar apoyo a la P. N., que no pudieron contener las masas enardecidas.
Un símil de lo ocurrido en aquellos acontecimientos histórico, sucedió el día 1 de agosto del 2026, que mientras se incendió la tienda L&R, al igual una parte de la población circundante aprovecho la ocasión para el saqueo de todos lo allí dentro de la tienda. En la tragedia de 1984 se calcularon más de 500 personas fallecidas, y la pérdida de miles de millones de pesos a consecuencias del saqueo y destrucción de propiedades.
El punto que conectan ambos episodios: la falta de civismo de muchos, el oportunismo en medio del desorden. En ambos casos, se presenta un suceso que la gente aprovecho para cometer los hechos reñidos. En el primero, las medidas económicas que detonaron las protestas de 1984. Y en el segundo el incendio de la tienda L&R, del día 1 de agosto y que en ambos casos quedó relegado a un segundo plano el civismo puesto que, los involucrados prefirieron el hurto indiscriminado y colectivo, antes que socorrer, puesto que los actores no actuaron por necesidad, sino por codicia y la sensación momentánea de impunidad.
En este caso hay que reconocer el trabajo idóneo y oportuno de la Policía Nacional, quienes de inmediato dieron repuestas pronta, acudiendo a socorrer el comercio siniestrado, deteniendo a muchos aquellos que huían infraganti cargando con electrométricos sustraídos. El vocero de la Policía indico que serán sometidos a la acción de la justicia por el robo colectivo e individual a todos los delincuentes apresados.
Ambos episodios dejan al descubierto que, cuando se rompe el orden, quienes no ven la tragedia ajena, sino que en cambio solo aprovechan la oportunidad de tomar lo que no les pertenece, una realidad presente en la psiquis de muchos, por lo que es propicias la ocasión, para hacer un llamado a la sociedad dominicana que debemos cambiar para fortalecer la educación en valores cívicos y seguridad ciudadana antes casos como estos.
Este delito masivo y conjunto por ser multitud no borra la responsabilidad, sino que cada quien deberá responder por su actuación personal, pero los organizadores o líderes que incitaron si lo hubieran, deberán recibir penas mayores. Las pruebas de los hechos están recogidas en (videos, fotos, testigos, mercancía recuperada) son fundamentales para que el Ministerio Público pueda identificar y acusar a cada quien. A esto se agrega la responsabilidad civil: deberán estar contempladas para indemnizar a la empresa por todo lo sustraído o dañado.
Con este hecho del 1 de agosto, hay un paralelo doloroso con el de abril de 1984. En ambos casos el caos se convirtió en pretexto idóneo para el hurto, pero la ley tiene herramientas adecuadas para actuar con firmeza e imponerle la debida sanción a todos aquellos que participaron. Que se investigue, identifique y proceda penalmente para caigan todos los responsables. Con esto se enviaría un mensaje no solo contundente a la sociedad, sino también se enviarían un mensaje educativo y reconfortante, declarando la responsabilidad civil de cada uno, para que paguen el valor total de lo robado o dañado, más los perjuicios por la interrupción del negocio y que este episodio quede gravado en la sociedad para el presente y el porvenir.
Si la empresa cuenta con seguro contra incendio, robo o desastres tendrá un aval para recuperar las pérdidas cuantiosas. Si la aseguradora paga, luego ella misma tendrá derecho a reclamar a los responsables del saqueo
Por lo que no es un pretexto que haya mucha gente involucrada, las autoridades pueden identificar a muchas personas a través de los videos difundidos en redes. Cada uno responde individualmente, y también pueden demandar a quienes compraron la mercancía sabiendo que era robada.
Si el Estado asume la carga de las perdidas entonces la sociedad en sentido general terminamos todos pagando. Se agrava la sensación de inseguridad y debilidad institucional. Se refuerza una cultura de impunidad que luego se repite en otras situaciones. Desde el punto de vista legal son verdaderos daños colectivos, que se sienten no solamente dentro de la administración de la tienda, sino también sienten fuera esas paredes.
