Santo Domingo.- Un tribunal aplazó hasta el próximo miércoles la vista para conocer la medida cautelar en contra del empresario Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, cuyo techo se desplomó el pasado 8 de abril causando la muerte de 236 personas y heridas a más de 180.
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional decidió este domingo aplazar la audiencia, casi una hora después de haber comenzado, para permitir a la defensa del empresario y de su hermana, Maribel Espaillat, también imputada, revisar los documentos que depositó el sábado el Ministerio Público en contra de ambos, dijo a la prensa el abogado defensor, Miguel Valerio.
El empresario, para quien el Ministerio Público pide prisión preventiva, fue trasladado esposado, con un casco y un chaleco antibalas en medio de un fuerte dispositivo de seguridad a la sala de audiencia desde la prisión del cuarto piso del Palacio de Justicia, donde también se ubica el citado tribunal.
Unos minutos antes, también fuertemente custodiada, ingresó a la sala Maribel Espaillat, y quien, al igual que Antonio, está detenida desde el pasado jueves, aunque desde el día siguiente se encuentra ingresada en una clínica, a la que fue enviada tras finalizar la audiencia de este domingo, que se celebró a puertas cerradas, sin presencia de la prensa.
NEGLIGENCIA E IRRESPONSABILIDAD
A la sala acudieron varios de los heridos en la tragedia, así como sus abogados y de los familiares de algunos de los fallecidos, quienes reclamaron justicia, a la vez que acusaban a los hermanos Espaillat de actuar de manera irresponsable ante los daños que presentaba la discoteca Jet Set, muy popular entre la clase media del país.
Los hechos ocurridos la madrugada del 8 de abril pasado en el centro de diversión «han generado un duelo colectivo» producto «del comportamiento de Antonio y Maribel Espaillat que fueron negligentes e irresponsables, una muestra absoluta del desprecio a la vida humana», declaró a la prensa el titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, el procurador adjunto Wilson Camacho.
IA INVESTIGACION
Según la investigación del Ministerio Público, para la que contrató tres peritos, «durante años el Jet Set Club operó con una sistemática y grave negligencia en el mantenimiento y adecuación estructural de sus instalaciones, poniendo en riesgo la vida de sus clientes y empleados».
Los hermanos Espaillat «permitieron y gestionaron la realización de importantes remodelaciones, adecuaciones y ampliaciones en la estructura del establecimiento sin obtener los permisos requeridos ni realizar las evaluaciones estructurales necesarias por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones o la Alcaldía del Distrito Nacional, señaló la información oficial.
Los imputados «apelaron a soluciones paliativas inadecuadas solo en interés de ahorrar recursos y siempre tuvieron conocimiento pleno de los problemas del techo».
Incluso Maribel Espaillat, «con conocimiento de un incidente de caída de escombros horas antes del desplome y ante la petición de suspender la actividad, se negó a hacerlo, alegando la ausencia de su hermano», quien estaba en el extranjero.
Los peritajes técnicos han confirmado hallazgos críticos como la ausencia de una columna esencial, el anclaje deficiente de vigas y la ausencia de muros de mampostería de soporte, que validan las fallas estructurales directamente atribuibles a las acciones y omisiones de la gestión de la discoteca, agregó el documento del Ministerio Público.
También se alude a movimientos de los imputados para presuntamente intentar intimidar o manipular a empleados de la empresa Inversiones E y L, S.R.L., la cual manejaba la discoteca, y que pueden actuar como testigos en el proceso.
El Ministerio Público ha interrogado a uno de los empleados de la discoteca, Gregory Adames, quien supuestamente habría advertido a Antonio Espaillat de que la infraestructura presentaba un deterioro físico y no había condiciones para realizar la fiesta del 8 de abril, a la que cientos de personas acudieron para disfrutar de la actuación del popular merenguero Rubby Pérez, también fallecido en el siniestro.
Gobierno entrega bono a familias afectadas caso Jet Set
El Gobierno comenzó a entregar el Bono de Emergencia a las familias sobrevivientes del derrumbe de la discoteca Jet Set.
Gloria Reyes, directora general del programa social Supérate, explicó que «este apoyo económico de 30 mil pesos durante seis meses forma parte de las medidas adoptadas para brindar asistencia integral a los hogares afectados tras el lamentable hecho ocurrido el pasado 8 de abril, que dejó pérdidas humanas y un impacto significativo en la vida de decenas de familias».
«La entrega del bono ha sido posible gracias al levantamiento de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), realizada por el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), en coordinación con los equipos de intervención social y psicológica desplegados por Supérate, el Ministerio de Salud Pública, CONANI y el Servicio Nacional de Salud (SNS)», informó.
Reiteró que «desde el primer momento la respuesta del Estado ante esta tragedia ha sido integral, empática y oportuna». “Este protocolo tiene como objetivo principal proteger la dignidad y los derechos humanos de las personas afectadas por esta tragedia, que dejó 237 fallecidos”, recordó.
Destacó que «este bono no representa únicamente un alivio económico, sino que constituye un símbolo del compromiso del Gobierno con el bienestar integral de las personas afectadas y sus familias, especialmente de los 174 niños, niñas y adolescentes que han quedado en situación de orfandad, ya sea de uno o ambos progenitores.
Indicó que hasta la fecha, 205 familias han solicitado el bono y están siendo debidamente asistidas por las autoridades.
«El proceso de entrega continuará desarrollándose en los próximos días, asegurando que cada hogar que lo requiera reciba el apoyo correspondiente por un período de seis meses a partir del primer depósito», explicó.
