SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) suspendió de oficio el Registro de Proveedores del Estado (RPE) de once senadores, entre ellos 10 del gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM) y uno del Reformista Social Cristiano (PRSC) en cumplimiento de la nueva Ley de Contrataciones Públicas.
Los afectados son Moisés Ayala Pérez (PRM-Barahona), Santiago José Zorrilla (PRM-El Seibo), Jonhson Encarnación Díaz (PRM-Elías Piña), Carlos Manuel Gómez Ureña (PRM-Espaillat), Ginnette Altagracia Bournigal de Jiménez (PRM-Puerto Plata), Gustavo Lara Salazar (PRM-San Cristóbal), Daniel Enrique de Jesús Rivera Reyes (PRM-Santiago), Bernardo Alemán Rodríguez (PRM-Montecristi), Casimiro Antonio Marte Familia (PRSC- Santiago Rodríguez) y Alexis Victoria Yeb (PRM-María Trinidad Sánchez).
La DGCP explicó en un comunicado que la suspensión se realizó como parte de la implementación del nuevo régimen de inhabilidades absolutas para funcionarios electos y designados, vigente desde enero de este año.
Aclaró que la medida no tiene carácter sancionador, sino preventivo y administrativo, con el propósito de garantizar el cumplimiento de la legislación mientras los funcionarios permanezcan en el ejercicio de sus cargos.
CAMBIOS DE LA LEY 47-25
Indicó que la Ley 47-25 modificó las reglas aplicables a los funcionarios en materia de contrataciones públicas. A diferencia de la derogada Ley 340-06, que permitía a funcionarios de primer y segundo nivel jerárquico —como los legisladores— mantener una participación accionaria de hasta un 10 % en empresas proveedoras del Estado, la nueva normativa prohíbe cualquier participación societaria, sin importar el porcentaje, así como desempeñar funciones de dirección, gerencia o integrar consejos de administración.
Recordó que el 13 de febrero emitió la circular DGCP44-PNP-2026-001, mediante la cual concedió un plazo de 15 días hábiles a los funcionarios comprendidos dentro de las causales de inhabilidad para solicitar voluntariamente la suspensión de su Registro de Proveedores del Estado.
Dijo que, una vez vencido ese plazo, procedió con las suspensiones de oficio conforme a lo establecido en el artículo 69 del Reglamento de Aplicación 52-26.
Asimismo, señaló que los cruces de datos, las verificaciones y las labores de debida diligencia que dieron origen al acto administrativo forman parte de sus procesos rutinarios para preservar la integridad del Registro de Proveedores del Estado.
81 REGISTROS SUSPENDIDOS ESTE AÑO
La DGCP informó que, desde la entrada en vigor de la Ley 47-25, ha emitido tres actos administrativos mediante los cuales ha suspendido de oficio 81 registros de proveedores del Estado correspondientes a funcionarios electos y designados.
Agregó que, entre 2020 y 2025, bajo la derogada Ley 340-06, suspendió de oficio 591 registros pertenecientes a funcionarios de primer y segundo nivel jerárquico, autoridades municipales electas y sociedades comerciales vinculadas a estos.
