Santo Domingo, DN.-Suplidores del Programa de la Jornada Extendida del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) pidieron la intervención del presidente Danilo Medina para que sean habilitados los suplidores pioneros excluidos, se resuelva la insuficiencia de raciones e investigue la condena a dos años de prisión suspendida y multa de un millón de pesos a la consultora y asesora Elizabeth Beriguete.
Sostienen que en los Pliegos de Condiciones Específicos no se contempló la debida protección de las empresas establecidas, creadas o impulsadas en este gobierno, con una vasta experiencia en el programa y con empleos generados, llevándolas a una calamitosa situación en que no han podido recuperar los capitales invertidos.
Atribuyen la sentencia a represalias por las denuncias de Beriguete sobre graves fallas en los procesos de las licitaciones, en que se habrían excluido suplidores o disminuidos raciones para favorecer otras empresas en forma irregular.
Dijeron que la situación fue claramente advertida, sin ningún resultado, en dos consultas escritas y un recurso de impugnación avalada por 25 y 460 firmas de suplidores en todo el país. Además de una carta enviada al presidente de la República licenciado Danilo Medina.
“Estas licitaciones, en vez de agregar valor y legalidad, desbarataron lo que se había hecho bien en los años 2012-2017, al perjudicar suplidores pioneros y viejos, para beneficiar nuevos suplidores o aumentar las raciones a otros, sustituyendo de esa manera el orgullo y la felicidad por la desesperanza”, añadieron.
Insistieron en los perjuicios causando en el sector el mal manejo de las licitaciones para suplir los alimentos de las Jornada Extendidas, incurriendo en la exclusión de empresas establecidas sin razones justificadas, inhabilitaciones de otras por alteración de documentos informativos y subsanables de la DGII y mermas en raciones de hasta un 73 %
Denunciaron que la quiebra causadas por estas anomalías en suplidores tradicionales tiene como agravante la pérdida de cientos de empleos, sin que las empresas tengan los recursos necesarios para el pago de prestaciones y otras necesidades y compromisos contraídos.
Recordaron que «es política del Estado Dominicano promover, impulsar y proteger el desarrollo de la micro, pequeñas y medianas empresas por ser uno de los sectores más importantes en la generación de empleos y sustento de la economía».
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