Santo Domingo DN.-El Consejo del Poder Judicial mediante Sesión Ordinaria No. 33-2023, acogió
de manera total la acusación disciplinaria formulada por la Inspectoria de la
Suprema Corte de Justicia al comprobar la existencia de faltas muy graves
en la ejecución de un desalojo en la comunidad de Punta Rucia, Provincia
Puerto Plata y en consecuencia ordeno la destitucion del ministerial Andrés
Enrique Ureña Ureña, alguacil de estrados del Juzgado de Paz del Municipio
de Villa Isabela.
El alguacil había sido acusado de violación a la ley 396-19 que regula el
ejercicio de la Fuerza Pública para llevar a cabo medidas ejecutorias, en
contra del señor Ramón Andrés Reynoso Pichardo a quien mediante acciones
fraudulentas lo despojaron de su vivienda luego de haberle realizado en su
casa un deslinde fraudulento sin que este se enterara por parte del
agrimensor Segundo Antonio Brito Marte quien tambien fue suspendido de
sus funciones mediante cuatro juicios disciplinarios llevados a cabo por el
Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores Codia,
mientras el departamento de asuntos internos de la Policia Nacional oculto la
investigación para proteger
En la ejecución de dicho desalojo se realizó a requerimiento de la sociedad
Franasyl, s.r.l y del señor Abraham Selman Hasbun, sin cumplir con el
debido proceso establecido, desalojo en el cual dos personas hasta ahora
desconocidas simularon uno ser el juez de paz y otro el fiscal y procedieron
a romper los candados que dan acceso a la propiedad del señor Ramón
Andrés Reynoso Pichardo, acompañados de miembros de la Policia Turística
(Cestur), mientras la vivienda se encontraba cerrada y posteriormente la
misma le fue entregada al ex director de la Policia Turística, como
compensación por brindarles apoyo militar corrupto al proceso.
Según revelo el abogado Amadeo Peralta actualmente se llevan a cabo otras
investigaciones y procesos judiciales contra otros alguaciles de Puerto Plata
por su participacion activa como miembros de ese entramado conocido como
“la mafia de Punta Rucia” y advirtió que todo alguacil, agrimensor, notario y
abogado que pertenezca a ese entramado será sometido a la justicia para
que responda por sus actos delictivos.
Tanto el Ministerio Publico, como las Inspectorías del Poder Judicial y del
Ministerio Publico, están llevando a cabo diferentes investigaciones para
desmantelar una red de falsificaciones de documentos con los cuales
obtuvieron cartas constancias y posteriormente iniciaron procesos
fraudulentos de deslindes de casa y propiedades sin que nadie lo supiera en
la comunidad de Punta Rucia y posteriormente desalojaban a sus propietarios y a otros les depositaban falsas acusaciones de violación de propiedad para extorsionar a las víctimas para que entreguen sus viviendas
a personas que ni ellos conocían entre ellos varios norteamericanos que hansido victimas de estas mafias y que se espera que la Procuraduria General de la Republica
actué contra los mismos.
