Home Noticias Resolución afecta a más de un millón de dominicanos afiliados a las ARS
Noticias

Resolución afecta a más de un millón de dominicanos afiliados a las ARS

Santo Domingo, D. N. — La Comisión Nacional de los Derechos Humanos sometió ante el Tribunal Constitucional una acción directa de inconstitucionalidad y solicitud de extrema urgencia y suspensión provisional de la Resolución 624-02, que incluye el per cápita diferenciado, del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS).

La disposición establece un nuevo sistema para distribuir entre las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) los recursos destinados a la atención médica de sus afiliados. Según la Comisión, su aplicación podría afectar la cobertura y la calidad de los servicios que reciben cerca de un millón de dominicanos afiliados al Seguro Familiar de Salud (SFS).

La acción busca que el Tribunal Constitucional determine si la resolución respeta los derechos fundamentales de los afiliados, en particular los derechos a la igualdad, la seguridad social y la salud, así como las garantías del debido proceso. Estos derechos están reconocidos en los artículos 39, 60, 61 y 69 de la Constitución dominicana.

El nuevo modelo, conocido como per cápita diferenciado, toma en cuenta la edad y el sexo de los afiliados. De esta manera, las ARS recibirán más recursos por las personas que, según los cálculos utilizados, tienden a necesitar más servicios médicos; adultos mayores y mujeres. Como resultado, la asignación correspondiente a otros grupos, especialmente jóvenes y personas consideradas de menor riesgo, sería menor.

Asimismo señaló que ser joven o haber utilizado pocos servicios médicos no significa necesitar menos protección. Cualquier persona puede sufrir un accidente, recibir un diagnóstico inesperado o requerir una cirugía o un tratamiento costoso.

“Un millón de dominicanos no puede verse sólo como una cifra. Detrás de cada afiliado hay una persona que puede necesitar atención médica urgente o un tratamiento costoso en cualquier momento”, afirmó la institución.

La acción sostiene que la resolución incumple el artículo 3 de la Ley 87-01, que establece principios como la universalidad, la solidaridad, la equidad y el equilibrio financiero del Sistema Dominicano de Seguridad Social. La Comisión indicó que “la resolución contiene causas o vicios de invalidez constitucional porque fue concebida y ejecutada violentando principios fundamentales, tales como: Un procedimiento participativo previo de las personas afiliadas y de los demás sectores que soportan el sistema, cumplimiento del debido proceso, análisis lógico y motivación sobre las investigaciones y estudios técnicos calificados que justifiquen la medida y su impacto en la mejora de la calidad de vida de aproximadamente cinco millones de personas afiliadas, con derecho a ser informadas debidamente al respecto”.

También señala un posible incumplimiento de los artículos 9 y 10 de la Ley 167-21, que exigen evaluar los efectos de una nueva regulación antes de aprobarla. Según la Comisión, no se presentaron públicamente estudios suficientes para conocer las consecuencias y los posibles riesgos del modelo para los afiliados y para el Sistema Dominicano de Seguridad Social.

Ante esta situación, la Comisión solicitó a las autoridades informar cuántos afiliados recibirán una asignación menor, cuáles ARS resultan afectadas y qué medidas se han establecido para evitar retrasos, restricciones o una disminución en la calidad de los servicios médicos.

La Comisión aclaró que no se opone a mejorar la protección de quienes tienen mayores necesidades de salud. Su cuestionamiento se dirige a la aplicación de un modelo que no ha demostrado de forma pública y suficiente que los demás afiliados conservarán el mismo nivel de protección.

Finalmente, sostuvo que la prioridad debe ser garantizar una atención digna, oportuna y de calidad para todos los afiliados, sin importar su edad, sexo o historial de uso de los servicios médicos. Por ello, solicitan al Tribunal Constitucional la declaración procedente de esta acción directa de inconstitucionalidad y se intervenga en defensa de los derechos de las personas afiliadas al sistema de salud que no tienen voz, y están siendo afectadas por la resolución.

 

Related Articles

Diputados aprueban en primera discusión proyecto de ley de protección fitosanitaria y otras iniciativas

SANTO DOMINGO. – La Cámara de Diputados aprobó en primera discusión el...

Fondos de AFP serán entregados a empresarios de la construcción

SANTO DOMINGO, R.D.- Los fondos de pensiones están impulsando el desarrollo de...

OEA pide actuar contra Nicaragua, tras cierre embajada en RD

WASHINGTON.- El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA),...

Nicaragua cierra su embajada en RD

SANTO DOMINGO.- La Cancillería de República Dominicana informó este miércoles del cierre...