SANTO DOMINGO.- República Dominicana ocupa el segundo lugar con el mayor porcentaje de personas en prisión preventiva y la tasa de ocupación penitenciaria más alta de América Latina y el Caribe, solo por debajo de Haití.
Según datos de la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) que son reseñados este domingo por el periódico Listín Diario, más del 60% de los presos en el país son preventivos.
El dato refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
El informe Democracias Bajo Presión, sobre democracia y desarrollo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000 se encuentran en prisión preventiva.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
3–Abinader inaugura carretera y aulas en Santiago
SAN JOSÉ DE LAS MATAS, República Dominicana.– El presidente Luis Abinader inauguró este sábado la carretera Cruce de Carrizal–La Piedra–La Guázuma, construida por la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), con una inversión superior a RD$362 millones.
Esta obra busca fortalecer la producción agrícola, mejorar la movilidad y potenciar el ecoturismo en comunidades montañosas de San José de las Matas. Forma parte del programa de responsabilidad social de EGEHID en las zonas de influencia de los complejos hidroeléctricos Tavera–Bao y López-Angostura, dice una nota de prensa de la Presidencia de la República.
Rafael Salazar, gerente general de la EGEHID, dijo que el Gobierno ha intervenido más de 200 kilómetros de carreteras, caminos vecinales y calles en la Sierra, muchas de las cuales ya están concluidas y otras en ejecución. Señaló que la mayoría estará terminada antes de finalizar el año.
El funcionario propuso un plan de ordenamiento territorial para la Sierra que permita preservar sus recursos naturales y promover un crecimiento organizado acorde con su vocación ecoturística.
Presidente Abinader
La gobernadora de Santiago, Rosa Santos, resaltó que la obra responde a las necesidades de la población y exhortó a los comunitarios a cuidarla por los beneficios que aporta al desarrollo local.
De su lado, el alcalde de San José de las Matas, Alfredo Reyes, afirmó que la carretera transformará la vida de las familias y marcará un antes y un después para la Sierra.
En representación de la comunidad, el profesor Wilys Díaz agradeció al presidente Abinader por cumplir una demanda histórica y destacó que la nueva vía facilitará el transporte, el comercio y la inversión.
La bendición estuvo a cargo del párroco Manuel Segura, quien expresó el agradecimiento de la comunidad por la entrega de la obra.
Al acto asistieron el senador Daniel Rivera, la viceministra Ángela Jáquez, la alcaldesa Ibanova Ramos, el alcalde Enrriquez Romero y los diputados Braulio Espinal y Mirna López.
INAUGURA ESCUELA
También en la ciudad de Santiago el gobernante inauguró este sábado la Escuela Básica José Valentín Pérez Castro, en la zona de La Noriega, y dejó en funcionamiento, de manera simultánea, otras 27 aulas para el nivel inicial en distintos puntos de la provincia.
Estas últimas corresponden a los centros educativos Profesor Aquiles Trinidad, Norma Lucrecia Medrano, Lidia Antonia Luciano Liz, Manuel de Jesús Luciano Méndez, Gregorio Luperón, Miguel Ángel Jiménez, Arturo Jiménez, Santiago Guzmán Espaillat, Francisco Alberto Caamaño Deñó, Doña Inocencia Mercedes Cabrera y Pedro Antonio Estrella.
Durante el acto, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, destacó que la entrega de nuevos centros educativos y la ampliación de aulas forman parte de una visión integral orientada a fortalecer la educación dominicana y ampliar las oportunidades para todos los estudiantes.
Dijo que la educación sigue siendo la herramienta más poderosa para impulsar el desarrollo del país, al tiempo que valoró el esfuerzo que realiza el Gobierno para responder a las necesidades concretas de cada comunidad.
Señaló que la puesta en funcionamiento de las 27 nuevas aulas de nivel inicial permitirá ampliar la cobertura educativa y fortalecer el acceso a la educación desde los primeros años.
En representación de los estudiantes, Joshua de los Santos Núñez, alumno de tercer grado, expresó su alegría por la inauguración del nuevo centro educativo y agradeció a Dios por permitirles vivir un momento tan significativo para la comunidad escolar.
La bendición del acto estuvo a cargo de Juan Valentín Torres, de la parroquia Jesucristo Rey del Universo, quien elevó una oración para encomendar a Dios el nuevo centro educativo y las labores que allí se desarrollarán en beneficio de los estudiantes, docentes y familias de la comunidad.
Estuvieron presentes la gobernadora de Santiago, Rosa Santos; el senador Daniel Rivera; el alcalde Ulises Rodríguez; los directores, de Infraestructura Escolar Roberto Herrera; del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Eduard Guzmán; el director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), Andrés Cueto; los diputados Soraya Suárez y Nelson Marmolejos, entre otras personalidades.
