Noticias del Ministerio Público del 3 de septiembre 2021

Por Diario Digital Dominicano
Compartir

Será el jueves 9 de septiembre cuando se conozca medida de coerción al expelotero Juan Encarnación

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional acogió la solicitud de la defensa del expelotero Juan Encarnación y volvió a aplazar la audiencia de conocimiento de medida de coerción en torno a la acusación de abuso sexual contra una hija menor de edad.

El juez Juan Francisco Rodríguez Consoró pautó la nueva audiencia para el próximo jueves 9 de septiembre, al acoger el pedido de aplazamiento de parte de la representación legal del imputado, a fin de que la Fiscalía del Distrito Nacional le entregue el contenido de las declaraciones de la niña. Encarnación está detenido en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, luego de que fuera denunciado ante las autoridades por agresión sexual contra su hija.

Según la instancia, preparada por la Unidad de Prevención y Persecución de la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales del Distrito Nacional, el ex Grandes Ligas cometió el hecho en mayo de 2021.

El Ministerio ha otorgado al presente hecho la calificación jurídica de violación a los artículos 332-1 y 332-2 del Código Penal Dominicano y al artículo 396 literales b y c de la Ley 136-03, del Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

La Procuraduría General quema más de una tonelada de drogas

Dando continuidad a las acciones contra el narcotráfico, la Procuraduría General de la República (PGR) procedió este jueves con la incineración de más de una tonelada de drogas ocupadas en diferentes zonas del país.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) certificó que los narcóticos tenían un peso total de 1,191.64 kilogramos, de los cuales correspondían a cocaína 1,006.7, que equivalen al 84.48%, y a marihuana 184.67, que representan el 15.50%. Correspondían a crack 0.263 gramos, para un 0.02%, y a éxtasis 0.003 gramos con 0.0003%.

En adición, las autoridades incineraron un kilogramo, 252 gramos y 888 miligramos de sustancias no controladas ocupadas, que al ser analizadas en los laboratorios del Inacif dieron negativo a droga.

El órgano forense precisó que las sustancias correspondían a 319 casos de incautaciones realizadas por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público en Santo Domingo, Montecristi, Pedernales, Elías Piña, Santiago, Barahona, La Altagracia, Independencia, San Pedro de Macorís, Espaillat, el Distrito Nacional y otras localidades.

El acto de incineración, que se llevó a cabo en el recinto del Ejército Dominicano, en el municipio Pedro Brand, provincia Santo Domingo, contó con la participación de representantes de diferentes órganos a cargo del combate del tráfico de drogas, así como del sector salud. En lo que va de año han sido incinerados en total 18,974.59 kilogramos, destaca el Inacif.

Wilson Camacho: El Ministerio Público avanza en todos los procesos que lleva contra la corrupción

El procurador adjunto Wilson Camacho destacó este viernes que las nuevas evidencias obtenidas en el transcurso de la investigación del Caso Pulpo se suman a las que ya fueron valoradas por el sistema de justicia para mantener las medidas de coerción a los imputados por corrupción y lavado de activos en perjuicio de los contribuyentes.

“En cada audiencia de revisión de medida de coerción, independientemente del caso de que se trate, como el Ministerio Público no se detiene de trabajar y sigue recabando información, vamos aportando a los tribunales parte de esa investigación para que puedan darse cuenta de cómo evolucionan nuestros procesos y cómo se van haciendo más fuertes”, dijo.

El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) habló en esos términos al responder preguntas de la prensa, luego de que la jueza Yanibet Rivas, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, aplazara para el próximo lunes 6 de septiembre, a las 10:30 de la mañana, la revisión obligatoria de la medida de coerción a los encartados, para dar tiempo a que las defensas conozcan los nuevos documentos aportados por el órgano acusador.

Camacho resaltó que “en la audiencia del día de hoy, depositamos documentos que serán suficientes como para que la jueza pueda llegar a la conclusión, que es a la que ha llegado el Ministerio Público, de que, al revisar las medidas de coerción, deben mantenerse tal y como han sido impuestas hasta ahora”.

“En este proceso nosotros hemos dicho en varias ocasiones que habrá nuevas personas imputadas, pero eso se dará a conocer en el momento oportuno”, dijo sobre preguntas de los periodistas en torno al avance de las investigaciones. Destacó que el pasado miércoles realizaron 24 allanamientos y dijo que en esos allanamientos consiguieron información que utilizarán en el proceso en el momento oportuno.

Explicó que la documentación depositada este viernes en el tribunal ha sido ocupada durante el desarrollo de la investigación del caso, al tiempo de indicar que la información obtenida ayer todavía está siendo analizada por los equipos que trabajan en la Operación Anti Pulpo.

“La audiencia se aplazó para conocerla el lunes (la documentación que ya fue depositada). A la defensa se le notificaron esas informaciones en el día de hoy, en consecuencia, el lunes estaremos en condiciones de conocer la audiencia de revisión de la medida de coerción y la prórroga que ha solicitado el Ministerio Público para presentar acto conclusivo”, declaró.

El pasado 26 de agosto, el  Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, luego de acoger la petición del Ministerio Público, ratificó la prisión preventiva a Juan Alexis Medida Sánchez, principal acusado por el entramado de corrupción administrativa desarticulado a final del pasado año con la Operación Anti Pulpo.

Mientras que el próximo lunes le revisará la medida a los demás implicados en el proceso judicial que también se sigue en contra de Fernando Manuel Aquilino Rosa Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper); Julián Esteban Suriel Suazo y José Dolores Santana Carmona, así como  de Rafael Antonio Germosén Andújar, ex contralor general  de la República.

Además, Wacal Vernavel Méndez Pineda, Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Juan Alexis Medina Sánchez y del expresidente Danilo Medina Sánchez; Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud, y Domingo Antonio Santiago Muñoz.

Luego de desmantelado el entramado de corrupción en diciembre del pasado año con la Operación Anti Pulpo, el Ministerio Público procedió a someter a los integrantes de la red de corrupción a la justicia y logró que la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impusiera en su contra diferentes medidas de coerción.

El Ministerio Público sustenta que Juan Alexis Medina Sánchez se valía de su vínculo familiar directo con el poder político, en calidad de hermano del entonces presidente Danilo Medina (2012-2020), para enriquecerse a costa de los recursos de todos los contribuyentes. La investigación del Ministerio Público desarticuló la red de corrupción sustentada en un entramado de compañías de carpetas controladas por el imputado Medina Sánchez para establecer negocios con el Estado.

Allanamientos arrojan nuevas evidencias en investigación del Caso Pulpo

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El procurador adjunto Wilson Camacho destacó este jueves que los allanamientos del miércoles arrojaron nuevas evidencias que se suman a las pruebas del acto conclusivo del expediente de corrupción y lavado de activos surgido de la Operación Anti Pulpo.

“En la Operación Anti Pulpo nosotros seguimos desarrollando las nuevas líneas de investigación, líneas de investigación que en su momento se presentarán blindadas como acostumbramos a hacerlo”, dijo el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) a los periodistas que lo abordaron en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, luego de concluida la audiencia del Caso Odebrecht.

“Se hicieron en el día de ayer 24 allanamientos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo y Monseñor Nouel. En esos allanamientos, afortunadamente, encontramos documentos, computadoras, en algunos casos, dinero en efectivo, vehículos, que es información que va a ser útil para el Ministerio Público seguir avanzando en esta investigación de cara al acto conclusivo”, destacó.

Ante preguntas de la prensa sobre las pesquisas, dijo que hablar de esos temas en detalle puede afectar la investigación, pero “sí puedo decir que vinculan a algunos de los involucrados hasta ahora y hacen referencia a personas que podrían ser involucradas en el futuro”. Añadió “en lo que respecta a la investigación que hace el Ministerio Público en la operación Anti Pulpo lo que hemos recabado es información, evidencias que nos permiten seguir avanzando en esta investigación”.

Los operativos fueron realizados por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dirigida por el procurador adjunto Wilson Camacho, y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, que encabeza la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso.

La Operación Anti Pulpo, que mantiene abiertas nuevas líneas de investigación, develó a finales de 2020 un entramado societario que se valió del tráfico de influencia para establecer relaciones contractuales con instituciones del Estado, a través de las cuales sustrajo miles de millones de pesos del erario, en montos que siguen en aumento en la medida que se incorporan nuevas evidencias.

El expediente del caso detalla que el grupo de imputados operaba en torno a un conjunto de empresas de carpeta creadas por Alexis Medina Sánchez, quien se aprovechó de su condición de hermano del entonces presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, para establecer un amplio entramado de corrupción. Esas compañías no registraban ni el capital ni el personal necesarios para ofrecer los servicios para los que fueron contratadas de forma privilegiada.

Por este caso desde diciembre pasado cumplen prisión preventiva Alexis Medina Sánchez, Fernando Rosa, exdirector del Fondo Patrimonial de la Empresa Reformada (Fonper); Francisco Pagán Rodríguez y Aquiles Alejandro Christopher, ex director general y exdirector de Fiscalización de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), respectivamente; Wacal Vernavel Méndez Pineda, tesorero de las empresas creadas por Medina Sánchez; así como Julián Esteban Suriel Suazo y José Dolores Santana Carmona, testaferros de Medina Sánchez.

Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud Pública, cumple arresto domiciliario, mientras Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Alexis Medina Sánchez y ex vicepresidenta administrativa del Fonper, permanece en un espacio controlado con un localizador electrónico.

El ex contralor general Rafael Antonio Germosén permanece en arresto domiciliario, mientras que Domingo Antonio Santiago, otro de los acusados de ser prestanombres del cabecilla de la red, debe cumplir con una presentación periódica ante los órganos persecutores del Ministerio Público.

Wilson Camacho: Andrés Bautista incurrió en lo que la ley tipifica como “enriquecimiento ilícito”

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El procurad0r adjunto Wilson Camacho sostuvo este jueves que la defensa del coimputado del Caso Odebrecht Porfirio Andrés Bautista García, sigue sin referirse a temas importantes del proceso, al citar, como ejemplo, la omisión de bienes en las declaraciones juradas del exlegislador.

Las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, continuaron este jueves escuchando a los abogados de la defensa de Bautista, quienes concluyeron con su discurso de clausura respecto a la acusación por su vinculación a los US$92 millones de sobornos que distribuyó la empresa Odebrecht a cambio de ser favorecida con la adjudicación de contratos de obras en el país.

Al responder preguntas de representantes de los medios de comunicación a la salida del tribunal, respecto a argumentos de la defensa, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) destacó que los representantes del Ministerio Público, “no solamente en derecho, como lo establece la Constitución de la República, sino que, en los hechos, somos garantes de los derechos de cualquier ciudadano dominicano, haya cometido o no cometido un delito”. 

“Ahora bien, lo que sí pasa con la defensa y, me da la impresión, que no solo lo hace dentro del tribunal, sino, que lo hace fuera, es que rehúye de temas importantes de este proceso, como algo que hemos estado discutiendo y que el Ministerio Público ha planteado en reiteradas ocasiones de las declaraciones juradas del acusado Bautista García. Nosotros hemos indicado que hubo bienes que no se presentaron en las declaraciones juradas, que hubo cuentas que no se presentaron en las declaraciones juradas y que, por ejemplo, en 2010, a la salida de la función, tampoco se presentaron esas declaraciones juradas”, destacó.

“Eso la defensa no lo refiere ni dentro del tribunal ni fuera del tribunal; la ley (82-79) dice como se llama eso, y dice que se llama enriquecimiento ilícito”, enfatizó.

El Ministerio Público  acusa a Bautista García de incurrir en los delitos de soborno en el ejercicio de la función pública, enriquecimiento ilícito, falsedad en las declaraciones juradas y lavado de activos producto de infracciones graves.

En el proceso figuran como coimputados Ángel Rondón Rijo, representante empresarial de Odebrecht; el exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa; el abogado Conrado Pittaluga Arzeno, el exsenador de San Cristóbal, Tommy Alberto Galán Grullón, y Roberto Rodríguez Hernández, también exdirector del Inapa.

En esta etapa final del juicio de fondo las partes presentan sus discursos de clausura ante el tribunal. El Ministerio Público fue el primero que expuso en audiencias anteriores, concluyendo con la petición de penas de 10, 7 y 5 años de prisión para los imputados.

El órgano acusador también pidió al tribunal que todos los procesados paguen una multa de 200 salarios mínimos, que se ordene el decomiso de bienes en favor y provecho del Estado dominicano y el pago de las costas del proceso, además de que se le varíe la medida de coerción por prisión preventiva. Después de que el Ministerio Público concluyó, iniciaron las defensas con sus discursos, correspondiendo el primer turno a los abogados del coimputado Ángel Rondón Rijo, seguido de los de Víctor Díaz Rúa y, posteriormente, los de Bautista García.

Según la agenda de discusiones, en las próximas audiencias presentarán sus discursos de cierre las defensas de los imputados Galán Grullón, Rodríguez Hernández y Pittaluga Arzeno. El juicio fue suspendido hasta el próximo lunes 6 de septiembre, a las 9:00 de la mañana.

MP solicitó orden de conducencia a tres testigos en el juicio por la agresión contra Yocairi Amarante

El Ministerio Público del Distrito Nacional solicitó al Tercer Tribunal Colegiado de esta demarcación dictar orden de conducencia a tres testigos que no se presentaron al juicio de fondo contra los acusados de atacar con “ácido del diablo” a Yocairi Amarante.

Rosalba Ramos, fiscal titular del Distrito Nacional, declaró que el pedimento hecho al tribunal se debe a que, a la audiencia del martes, así como a las anteriores, no se presentaron tres testigos de cargo y que “uno de ellos es clave para esclarecer el crimen que sufrió Yocairi”.

Las juezas del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional acogieron dicho pedimento y recesaron el juicio de fondo para el próximo miércoles 8 de septiembre, a las 2:00 de la tarde.

Asimismo, Ramos reiteró que el Ministerio Público tiene todas las pruebas para que les sea impuesta la pena máxima, 30 años de prisión, a Willy Antonio Javier, principal imputado, Pedro Alexander Sosa Méndez (Alex) y Joan José Féliz (Pinol), acusados de la agresión contra Amarante.

Un comunicado de prensa de la Fiscalía del Distrito Nacional relata que durante la cuarta audiencia del juicio que se les sigue a los atacantes, el Ministerio Público presentó varios testigos, entre ellos un vecino y un hermano de la víctima, quienes afirmaron que la joven era sometida a una violencia sistemática por el padre de su hija, el imputado Willy Antonio Javier.

El órgano acusador estableció que, a causa de los sancionables actos cometidos, la joven resultó con quemaduras graves en diferentes partes del cuerpo, por lo cual fue sometida a varias cirugías; también el conductor del carro público en el que ella se desplazaba en el momento de la agresión presentó quemaduras múltiples en brazo, costado y pierna derecha.

Estos hechos, según el Ministerio Público, están tipificados como asociación de malhechores, actos de tortura o barbarie, violencia contra la mujer, heridas y golpes voluntarios, delitos previstos y sancionados en los artículos 265, 266, 303, 303-4, 309 y 309-1 del Código Penal Dominicano.

Centro de Corrección Rafey Mujeres suspende visitas de familiares para atender casos de COVID-19

El Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres suspenderá las visitas presenciales de familiares de las privadas de libertad por recomendación de las autoridades sanitarias, debido a la detección de varios casos de  COVID-19 en un operativo de pruebas.

La Dirección de Salud Física del Modelo de Gestión Penitenciaria informó que nueve internas dieron resultados positivos al coronavirus, las cuales fueron aislada en el recinto, que alberga a 67 privadas de libertad, de las que 64 ya tienen dos dosis de la vacuna anticovid-19 aplicadas.

La suspensión de las visitas de familiares a Rafey Mujeres se produce tres semanas después de la reapertura de estos encuentros presenciales en los recintos. El MGP apeló a la comprensión de los familiares de las internas y confía en que los equipos sanitarios puedan controlar la expansión del virus.

Pgase obtiene medidas de coerción contra un hombre que sustrajo ocho módulos eléctricos en Villa Altagracia

 Villa Altagracia.- La Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (Pgase) obtuvo medidas de coerción contra un hombre acusado de desmontar y sustraer ocho módulos eléctricos y provocar interrupciones en el servicio de energía en sector Lechería, de este municipio.

El Juzgado de Instrucción de Villa Altagracia impuso una garantía económica de 10 mil pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país contra el imputado, en cuya casa las autoridades ocuparon los equipos eléctricos.

La detención se produjo tras la denuncia que presentó ante Pgase la empresa distribuidora Edesur Dominicana.

La instancia con la solicitud de medida de coerción indica que el acusado es empleado de una empresa contratista que trabaja para la distribuidora.

Sobre el caso, Ángela Gillén, procuradora fiscal, adscrita a la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico, explicó que en respuesta a la denuncia interpuesta por Edesur Dominicana, la Pgase procedió a realizar las investigaciones, tras las cuales se solicitó orden de arresto y allanamiento.

En el operativo participaron agentes de la Policía y los procuradores fiscales Ángela Guillén y Miguel Genao, además de personal de seguridad de la Pgase.


Compartir

Contenido relacionado