República Dominicana coopera con Países Bajos en investigación contra hombre vinculado al narcotráfico internacional, lavado, asesinatos y sicariatos
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- En el marco de la cooperación jurídica internacional, un equipo del Ministerio Público de República Dominicana y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) realizaron labores investigativas relacionadas con la extradición y la asistencia jurídica internacional solicitada por las autoridades penales del Reino de los Países Bajos (Curazao) contra un ciudadano de ese país vinculado al tráfico internacional de drogas, lavado de activos, asesinatos, homicidios y sicariatos, así como a otros hechos criminales.
El ciudadano curazoleño Reyno Martin Cijntje (alias Bomba), de 39 años de edad, fue arrestado en República Dominicana con orden judicial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), para fines de extradición a su nación por su vinculación a los referidos crímenes.
Martin Cijntje, quien es vinculado a 22 delitos graves, fue localizado por las fuerzas de seguridad en una residencia de la provincia de La Vega. El despliegue operativo fue ejecutado por los equipos tácticos durante varios allanamientos en distintas propiedades que dieron con la captura de Martin Cijntje, contra quien pesa una orden de arresto en su país. Durante las intervenciones en los inmuebles se ocuparon dos vehículos y otras evidencias vinculantes con la investigación.
Las labores investigativas son realizadas atendiendo a una solicitud formulada por la Fiscalía de Primera Instancia de Curazao. Mediante las labores de inteligencia, vigilancia y seguimiento, realizadas por miembros del Ministerio Público y agentes de la DNCD, en coordinación con las autoridades policiales y judiciales de Curazao, en el marco fortalecimiento de la cooperación jurídica internacional, se logró detectar la presencia del investigado Reyno Martin Cijntje (alias Bomba) en territorio dominicano donde se ejecutó su arresto.
La Dirección de Cooperación Jurídica Internacional y la Procuraduría Especializada Antidrogas, representaron al Ministerio Público, auxiliados por unidades especiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas.
La investigación de orden público se fundamenta en una investigación criminal denominada “Stratego”, en contra del investigado Reyno Martin Cijntje, (alias Bomba), quien se dedicaba a participar en actividades de la organización criminal (No Limit Soldiers”) Homicidios/Asesinatos (Tentativa e Instigación), tráfico internacional de drogas, tráfico y posesión ilegal de armas de fuego, extorsión, coacción, amenazas y blanqueo de capitales.
Martin Cijntje es vinculado a la organización criminal cuyo objeto incluye también la comisión de asesinatos y otros delitos violentos, operando en Curazao y San Martín, así como a hechos de amenazas de muerte, extorsión e intento de coacción contra una expareja y de otras personas.
El imputado será presentado ante las instancias correspondientes para iniciar de inmediato el trámite legal formal para su posterior extradición y puesta a disposición de los tribunales de Curazao, garantizando el cumplimiento del debido proceso y los acuerdos internacionales de lucha contra el crimen organizado.
En una acción simultánea desarrollada esta misma semana, las autoridades de Curazao lograron la detención de un segundo implicado dentro de la misma estructura criminal.
Las fuerzas de seguridad de la República Dominicana reafirman su firme compromiso de continuar fortaleciendo los lazos de cooperación internacional y de mantener el combate frontal contra las redes del crimen transnacional que pretendan utilizar el territorio nacional como refugio o puente de operaciones.
Ministerio Público sostiene defensas siguen dilatando proceso contra Jean Alain Rodríguez y compartes en su afán de evadir la justicia
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La procuradora de corte Mirna Ortiz sostuvo este lunes que las defensas del caso por corrupción administrativa seguido contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez y compartes continúan dilatando el proceso para evitar el inicio del juicio, en su afán de beneficiarse de una supuesta extinción de proceso.
“Nueva vez, iniciando por las defensas de Jean Alain Rodríguez, plantean situaciones dilatorias en el tribunal en miras de no iniciar el conocimiento de este proceso”, dijo la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), al ser abordada por la prensa a la salida del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional durante un receso de la audiencia.
“Ahora, bajo el alegato de que la conformación del tribunal ha cambiado, han solicitado al tribunal conocer una serie de incidentes que ya habían sido debatidos y que el tribunal, con su conformación anterior, había diferido para fallarlos conjuntamente con el fondo”, dijo.
Aseguró que se trata de una situación totalmente salvable, “porque bastaba con que al momento de la presentación de sus pruebas las defensas pudieran hacer los alegatos pertinentes. Sin embargo, bajo la excusa de una presunta nulidad del proceso que, abiertamente, y contrario a la norma, nunca procedería, pues han vuelto a plantear los mismos incidentes”.
“Todo, en aras de que sigamos aquí, perdiendo más tiempo en un proceso que ya hace más de un año debió iniciar a conocerse, para luego entonces pretender beneficiarse de una extinción que ellos han provocado”, enfatizó Ortiz.
Las defensas solicitaron que vuelvan a presentar 21 incidentes que ya habían sido presentados por distintas barras de las defensas de los acusados.
El Ministerio Público, representado por la directora de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, y los fiscales litigantes Emmanuel Ramírez, Miguel Collado y Melbin Romero, solicitó al Segundo Tribunal Colegiado rechazar el pedimento de las defensas, y ordenar el inicio del juicio.
El Segundo Tribunal Colegiado está integrado por Yissel Soto (presidenta), Clara Castillo y Harlin Elizabeth Rosario, quienes ordenaron la presentación de los incidentes el miércoles, 14 de octubre de 2026. El tribunal rechazó el pedimento de las defensas que pidieron más a los fines de prepararse para presentar sus incidentes.
Durante el proceso, a solicitud del Ministerio Público, el tribunal ha rechazado varios incidentes planteados por las defensas para la extinción de la acción penal, ordenando la continuación del juicio.
Rodríguez Sánchez es acusado de malversar más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos entre 2016 y 2020, años en que se desempeñó como procurador general de la República.
El grupo es acusado por corrupción, cobro de sobornos, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos
Además de Rodríguez Sánchez, en el expediente figuran: Jhonatan Loander Medina Reyes, Alfredo Alexander Solano Augusto, Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya y Braulio Michael Batista Barias.
También, son procesados Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.
Treinta años de prisión para hombre que asesinó a expareja en Moca
A solicitud del Ministerio Público, un tribunal condenó a 30 años de prisión a un hombre que asesinó a su expareja con un arma blanca, en un hecho ocurrido en el municipio de Moca, en la provincia Espaillat, en el año 2024.
Junior Roberandy Rodríguez fue condenado a la pena máxima luego de que el órgano acusador demostrara con diferentes pruebas que le provocó la muerte a su expareja Crisleidy Yanet Rosario. Además, deberá pagar una indemnización de RD$3.0 millones a los familiares de la víctima.
Sobre el caso, el expediente establece que ocurrió en el baño de una finca ubicada en la comunidad La Isleta, de Moca, el 29 de junio del año 2024, luego de que el procesado llamara vía telefónica a la víctima para que hablaran sobre el hijo que tenían en común.
El ahora condenado llevaba consigo un arma blanca, tipo cuchillo, con el cual atacó a Rosario, provocándole cuatro heridas mortales. Antes de cometer el crimen, Rodríguez había amenazado a Rosario en varias ocasiones. Mientras mantuvieron la relación sentimental la mujer también fue víctima de maltrato.
La investigación fue realizada por el fiscal de Espaillat Michael Taveras, mientras que las litigantes Angélica Castillo y Luisa Rodríguez representaron al Ministerio Público en el proceso. Los abogados querellantes fueron Braulio Berigüete y León Alberto Ureña.
El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de Espaillat, compuesto por los jueces Luis Rafael Dilone, presidente; Bienmey Suárez y Michel A. Hernández, miembros, dictó la sentencia condenatoria al establecer el que el encartado violó los artículos 295-296-297-298 y 302 del antiguo Código Penal y los artículos 383 y 386 de la Ley de Armas 631-16.
El tribunal, además, varió la medida de garantía no cumplida y le impuso la prisión preventiva al procesado, la cual deberá cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) La Isleta, de Moca.
Seis hombres deberán enfrentarse a un juicio por violación grupal a una joven en Villa González
Al admitir la acusación presentada por el Ministerio Público, una jueza dictó auto de apertura a juicio contra seis hombres que se asociaron para cometer violación sexual grupal en perjuicio de una joven de 21 años de edad, en un hecho ocurrido en el municipio Villa González, de la provincia Santiago, en el mes de marzo del año 2025.
El Cuarto Juzgado de la Instrucción de Santiago envió a juicio a José Alfonso Rubiera Rodríguez (Fonso), Edwin Manuel Castro Guzmán (el Guaro), Javier Eduardo Núñez Toribio y/o Javier Núñez (Bebé), Oniel Rafael Pichardo Martínez (Contreras), Yamir Fernando Pérez Toribio (Ferrere) y a Delfri de Jesús Rodríguez.
Atendiendo a que no han variado los presupuestos y que permanece latente el peligro de fuga, el tribunal, además, ratificó la prisión preventiva a Rubiera Rodríguez, Castro Guzmán, Núñez Toribio, Pichardo Martínez y a Pérez Toribio. Entre tanto que De Jesús Rodríguez permanecerá bajo garantía económica, presentación periódica e impedimento a salir del país sin previa autorización judicial.
Al escuchar de la representante del Ministerio Público, la fiscal litigante Yajaira Morel, la relación de hechos atribuidos a los acusados, la jueza Ilka María Méndez Sosa, acogió de manera total la acusación por violación a los artículos 265, 266, 309-1 y 331 del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97, sobre Violencia de Género, y por transgresión a los artículos 8 y 23 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que contemplan los tipos penales de asociación de malhechores, violencia agravada contra la mujer, violación sexual, reproducción, distribución de imágenes y atentado sexual por medios electrónicos, en perjuicio de la joven víctima.
La investigación a cargo de un equipo interdisciplinario de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Fiscalía de Santiago, cuyas pesquisas contaron con la colaboración de la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía (Dicrim), establece que los hechos ocurrieron en una residencia de la comunidad La Javilla, del municipio Villa González.
Según establece la acusación, dos de los imputados se ofrecieron a llevar a la víctima a un centro de salud; sin embargo, nunca ingresaron al centro médico y la trasladaron a la residencia en La Javilla donde cometieron la violación.
Consejo Público-Privado de Prevención del Comercio Ilícito fortalece sus estrategias: destaca el decomiso de más de 270 millones de productos
Los integrantes del Consejo Interinstitucional Público-Privado de Prevención del Comercio Ilícito que encabeza el Ministerio Público sostuvieron un encuentro de trabajo para fortalecer sus acciones estratégicas y alinear su operatividad conforme a las disposiciones del nuevo Código Penal que entró en vigencia a partir de agosto de este año.
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, encabezó el encuentro en el que estuvieron Yayo Sanz Lovatón, titular del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), quien ostenta el secretariado del Consejo, así como la procuradora adjunta Isis de la Cruz, coordinadora del órgano, y el procurador de corte Jonathan Baró, titular de la Unidad de Propiedad Intelectual del Ministerio Público.
Reynoso resaltó la importancia de alinear los trabajos de investigación a los objetivos estratégicos de la unidad. En ese sentido, propuso llevar el tema sobre el delito del comercio ilícito a la academia para profundizar en el conocimiento de sus particularidades y fortalecer la lucha para su erradicación.
Sostuvo que el país tiene un mayor fortalecimiento para erradicar ese mal con instrumentos legales como la Ley de Extinción de Dominio (núm. 340-22), cuya primera sentencia se relaciona con un caso de comercio ilícito, así como el nuevo Código Penal (Ley núm. 74-25) que fortalece la lucha contra los delitos con sanciones más fuertes y que establece normas de cumplimiento para las empresas.
Asimismo, resaltó que la mayoría de los delitos precedentes al comercio ilícitos son precedentes del lavado de activos, un delito sancionado por la Ley 155-17.
Lamentó que, en algunos casos por falta de conciencia ciudadana, en determinadas zonas del país se podría ver el comercio ilícito sin la gravedad que implica, aunque ese delito impacta de forma negativa en la libre competencia, en la producción que sigue regulaciones y en el nivel de seguridad jurídica de un país.
“Hay que desmontar una cultura, para que se llegue a entender que el comercio ilícito es grave, porque cuesta vida: cuesta salud, tiene una afectación económica, afecta a las empresas y si afecta las empresas va a afectar el clima de inversión, va a afectar el empleo, es un impacto de 360 grados».
La procuradora general dijo que, por esa razón, el Ministerio Público impulsó la creación de una unidad operativa de investigación sobre el comercio ilícito.
De su lado, el ministro Sanz Lovatón llamó a cada una de las entidades vinculadas a mantener el seguimiento a los casos y la constancia en las acciones contra el comercio ilícito. “Este es un compromiso país, y estas estadísticas dicen que vamos por el camino correcto”, añadió el ministro al tiempo que valoró los aportes del sector privado en el consejo.
Retención de más de 270 millones de mercancías ilícitas
En la reunión, los integrantes del Consejo pasaron balance a los resultados del trabajo conjunto y se mostraron de acuerdo en fortalecer los operativos conjuntos para continuar consolidando una respuesta interinstitucional coordinada.
Entre los resultados presentados, figuran la retención de más de 270 millones de mercancías ilícitas, en las que se encuentran 132 millones de unidades de tabaco y sus derivados, 135 millones de medicamentos y sus derivados, 1.5 millones de botellas de alcohol y sus derivados y 330 mil unidades de clerén y estimulantes sexuales, mediante 53,086 patrullajes y 759 allanamientos, en el periodo 2020-2026.
Otro logro destacado representa el hecho de que el país se mantiene, desde el 2022, sin ninguna fatalidad asociada al consumo de bebidas alteradas o clandestinas.
En el sector farmacéutico destaca el volumen de medicamentos y derivados retenidos, que pasaron de 67,487 en 2021, a 67 millones en lo que va de 2026, producto del fortalecimiento y la coordinación de las acciones mediante este consejo.
Solo en el periodo enero-septiembre de 2026, más de 95 millones de mercancías han sido retenidas, entre las que figuran tabaco, medicamentos, alcohol y estimulantes sexuales.
Este año, 59 personas vinculadas a estas actividades de contrabando y comercio ilícito fueron detenidas, de los cuales 13 han sido judicializados.
El consejo resaltó que República Dominicana se mantiene fuera de la lista de observación del Informe 301 de Estados Unidos sobre Propiedad Intelectual.
En la reunión estuvieron presentes representantes del Ministerio de Salud Pública, Dirección General de Aduanas, Dirección General de Impuestos Internos, Proconsumidor y el Instituto Dominicano para la Calidad.
Por parte del sector privado, la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Asociación Dominicana de Productores de Cigarros de la República Dominicana, la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Asociación Dominicana de Productores de Cerveza, Asociación Dominicana de Productores de Ron, Representantes Importadores de Vinos y Licores Asociados, Asociación Dominicana de Empresas de la Industria del Combustible, Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos, Asociación de Industrias Farmacéuticas Dominicanas.
Un año de prisión preventiva a imputado de violar y matar a una adolescente en Navarrete
Al analizar las evidencias aportadas por el Ministerio Público, un juez impuso un año de prisión preventiva, como medida de coerción, contra el hombre imputado de violar sexualmente y matar a una adolescente a la que luego lanzó al río Yaque del Norte, en el municipio Villa Bisonó (Navarrete), de la provincia Santiago, donde el cuerpo fue hallado por las autoridades dos días después del crimen.
Tras escuchar de los fiscales Yarily Toribio y Elvin Ventura, representantes del Ministerio Público, las solicitudes planteadas en la instancia, el juez José Rafael D´Asís, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, impuso la medida de coerción al imputado Edwin Reynaldo Rodríguez Cruz, quien cumplirá la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Hombres, de la provincia Santiago.
Además de la prisión preventiva, y en atención a la solicitud del Ministerio Público, el tribunal autorizó la realización de anticipo de pruebas a la víctima sobreviviente, pedimento que este órgano investigador hizo con intención de preservar la intimidad de la víctima, así como para evitar la revictimización y el riesgo de que se pierdan detalles que la memoria no pueda conservar.
A Rodríguez Cruz, de 28 años de edad, se le imputa incurrir en violación sexual agravada en perjuicio de dos menores de 13 y 14 años de edad, y de provocar la muerte a la primera a causa de heridas de arma blanca.
La adolescente de 13 años intentó huir, pero fue alcanzada por el agresor que la apuñaló múltiples veces y luego lanzó su cuerpo a las aguas del río, donde fue recuperado por las autoridades después de un operativo de búsqueda.
En la solicitud de medidas de coerción, el Ministerio Público plantea que el imputado, quien se desplazaba a bordo de su motocicleta, se ofreció a transportar a las víctimas a comprar una cena. Luego de recorrer calles y callejones se adentró en una zona apartada entre matorrales, cercana a la carretera que une el centro de la ciudad con la comunidad Capilla, en las proximidades del río Yaque del Norte, donde cometió los hechos.
La investigación preliminar estableció que la víctima de 14 años logró sobrevivir porque se escondió entre los matorrales cuando el agresor corrió detrás de su amiga y permaneció allí hasta el amanecer.
Las distintas diligencias que el equipo investigador desarrolla, persiguen construir la teoría de los hechos perpetrados por el imputado, quien enfrenta cargos provisionales por violación a los artículos 117, 118 (numerales 1 y 4), 119, 127, párrafo II (2, 3, 4, 5, 8), 135, 137 (2 y 6) y 167, del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley No. 44-26, que tipifican y sancionan la tortura o actos de barbarie agravados, trato cruel, inhumano o degradante, violencia de género agravada, violación sexual agravada por amenazas de muerte y uso de armas blancas.
También, el artículo 396 (A, B y C) de la Ley No. 136-03, del Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, en perjuicio de la víctima menor de 14 años.
Además, se le imputa violar los artículos 117, 118 (1 y 4), 119, 127, párrafo II (2, 3, 4, 5, 8), 93, 94 (1), 135, 137 (2 y 6), y el 167, del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley No. 44-26, que tipifican y sancionan la tortura o actos de barbarie agravados, trato cruel, inhumano o degradante, violencia de género agravada, violación sexual agravada, uso de armas blancas y feminicidio agravado. Igualmente, el artículo 396 (A, B y C) de la Ley No. 136-03, en perjuicio de la víctima menor de 13 años de edad.
Un amplio equipo obtiene pruebas del caso
El levantamiento de información pericial, documental y material está a cargo de un equipo multidisciplinario del Ministerio Público, integrado por la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf), dirigido por Olga Diná Llaverías; la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes del distrito judicial de Santiago, representado por la procuradora fiscal María Dolores Rojas, y la Unidad de Atención a la Violencia de Género de la Fiscalía de Santiago, dirigida por la fiscal Gladisleny Núñez.
También, por la fiscal Xiomara Peña, y el Departamento de Violencias Físicas (Homicidio) de la Fiscalía, encabezado por su directora Yeilín Durán, y la fiscal Cristina Ramírez.
