La Procuraduría inaugura nuevas instalaciones de Fiscalía y Unidad de Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Sexual en Villa Altagracia
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Al encabezar el acto inaugural de las nuevas instalaciones de la fiscalía ordinaria y la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de Villa Altagracia, la procuradora general Yeni Berenice Reynoso reiteró el compromiso del Ministerio Público de llevar la justicia a donde están las personas en cumplimiento de sus funciones como institución garante del Estado de derecho.
“Estamos, desde el Ministerio Público, profundamente convencidos de que la justicia tiene que estar en las comunidades, la justicia tiene que estar al servicio de las personas, porque el ser humano es el centro de todo”, destacó Reynoso en el acto que contó con la presencia del vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), y de Pura Casilla, gobernadora de San Cristóbal.
En la actividad inaugural también estuvo presente la procuradora de corte Ana Andrea Villa Camacho, titular de la Dirección Nacional contra la Violencia de Género; el general Miguel Mata Rodríguez, director de la Regional Cibao Sur de la Policía Nacional; Faustino Pulinario, procurador de corte de San Cristóbal, y Elizabeth Báez, procuradora fiscal titular de Villa Altagracia. La bendición estuvo a cargo del sacerdote Alfredo Rodríguez Uceta, de la Iglesia Nuestra Señora de La Altagracia.
“Este acto es la reafirmación de un compromiso inquebrantable con la justicia que tenemos desde el Ministerio Público, un Ministerio Público centrado en las personas, nuestro himno”, dijo Reynoso, al tiempo de adelantar que próximamente serán inauguradas la Fiscalía Comunitaria de Miches y la de Villa Isabela.
Recordó que, como institución garante del Estado de derecho establecido en la Constitución, el Ministerio Público tiene la obligación de proteger a las víctimas. “Por esta razón, desde el Ministerio Público, desde nuestro Consejo Superior, hemos impulsado una justicia de proximidad, una justicia profundamente empática con la ciudadanía”, reiteró.
“Las personas son el centro de todo y, por esta razón, el modelo de fiscalía que ustedes hoy ven aquí, es un modelo estandarizado, porque no creemos en un modelo en el que las condiciones mejores están en las grandes ciudades, porque los derechos de las personas son los mismos, sin importar que estén en la sede central, o en el municipio o comunidad más apartada de la sede central”, enfatizó.
“Donde resida la persona no define el valor y la importancia de su caso, ni de su derecho fundamental de acudir a nuestras instalaciones para que le tutelemos ese derecho a tener acceso a la justicia de forma oportuna”, dijo la titular del Ministerio Público, reiterando que tiene que ser “una justicia de calidad, una justicia que tiene que ser transparente y una justicia que tiene que ser eficiente”.
Al dirigirse a cada uno de los integrantes del Ministerio Público de la jurisdicción y a los miembros del equipo que va a trabajar en la fiscalía ordinaria y en la unidad especial, les exhortó: “sirvan con dedicación, sirvan con empatía objetiva y razonable, sirvan con humildad, siéntanse orgullosos de ser servidores públicos, pero, sirvan con profundo sentido del valor tan grande que tienen para tutelar la dignidad humana, el servicio que nosotros damos desde la justicia”.
“Ciudadanos de este municipio, no se conformen con nada que no sea la excelencia. A todos los miembros de las distintas agencias que tienen que trabajar con el Ministerio Público, al Ministerio Público, les exhorto: trabajen en equipo, trabajen unidos para servirles a la sociedad”, añadió Reynoso.
“Aquí van a tener médicos legistas, trabajadores sociales, fiscales, personal de apoyo, como: secretarios, mensajeros, abogados asistentes, todo un equipo de hombres y mujeres que integran el trabajo que hacemos desde el Ministerio Público”, dijo ante la comunidad presente en las nuevas instalaciones ubicadas en la avenida Duarte Vieja No. 38, barrio San Francisco, de Villa Altagracia.
Reynoso recordó que en marzo de este año fueron abiertas 37 oficinas a nivel nacional para los abogados representantes de víctimas que no tienen recursos.
“Las víctimas asisten a una de las oficinas del Relevic y van a tener un abogado formado en nuestra escuela especialista en victimoligía, que le va a servir a cero costo, porque es un servicio que constitucionalmente debemos brindar libre de cualquier costo, así que estas puertas que queden abiertas para servir a este hermoso y laborioso municipio de Villa Altagracia”, resaltó la procuradora general.
En tanto que la fiscal Elizabeth Báez destacó la importancia de elevar la calidad de los servicios.
“El remozamiento de esta fiscalía junto a la creación de la unidad de violencia de género es una muestra palpable del compromiso del Ministerio Público, en especial de nuestra procuradora general de la República para garantizar una respuesta especializada y oportuna frente a la violencia de género y los diferentes ilícitos penales”, dijo.
Modernas instalaciones y servicio especializado
Con la inauguración de las nuevas instalaciones, el Ministerio Público continúa avanzando en el fortalecimiento de su capacidad de atención especializada y acerca sus servicios a las víctimas de esta jurisdicción.
La puesta en funcionamiento de esta unidad representa un avance en la estrategia institucional de ampliar y fortalecer la respuesta territorial frente a la violencia de género, intrafamiliar y los delitos sexuales, facilitando que las personas afectadas puedan acceder a servicios especializados en su propia comunidad y recibir acompañamiento durante las distintas etapas de sus procesos.
La necesidad de fortalecer esta respuesta se evidencia en los registros de la jurisdicción. Entre enero y junio de 2026, Villa Altagracia registró 283 denuncias relacionadas con violencia de género, violencia intrafamiliar y delitos sexuales, con la violencia intrafamiliar como la de mayor incidencia entre los casos reportados.
La nueva unidad permitirá articular en un mismo espacio servicios vinculados con la recepción y gestión de denuncias, orientación y acompañamiento a víctimas, evaluaciones psicológicas y médico-forenses, intervención social, investigación y judicialización, así como el seguimiento de las medidas de protección y la coordinación de las acciones necesarias para la atención de los casos.
El modelo de atención contempla la participación de un equipo multidisciplinario, integrado por fiscales y profesionales de las áreas de psicología forense, medicina forense, trabajo social y asistencia jurídica, además del personal de apoyo requerido para el funcionamiento de la dependencia.
La habilitación de esta unidad se articula, además, con los esfuerzos de la Procuraduría General de la República para fortalecer y estandarizar los procesos de atención, investigación, persecución y prevención de la violencia de género, intrafamiliar y los delitos sexuales, en el marco de los nuevos lineamientos institucionales que se preparan con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Con esta nueva infraestructura, el Ministerio Público amplía su presencia especializada en Villa Altagracia y fortalece una respuesta más cercana, integral y articulada, orientada a facilitar el acceso a la justicia, reforzar la protección de las víctimas y mejorar la capacidad institucional para investigar y perseguir los hechos de violencia.
Desde el pasado año han sido inauguradas unidades de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales en Haina, San Cristóbal; Boca Chica, en Santo Domingo; Hato Mayor, Jarabacoa, en La Vega; Espaillat, Sánchez, Samaná; Bahoruco, y en Cienfuegos, Santiago, a las cuales se suma ahora Villa Altagracia.
MP procesa a hombre arrestado en la noche y en flagrante delito mientras extraía arena del río Tireo
SANTO DOMINGO (República Dominicana). –En respuesta a una solicitud del Ministerio Público, el Juzgado de la Instrucción del distrito judicial de Constanza impuso, como medidas de coerción, presentación periódica, impedimento de salida del país y una multa de 70 mil pesos, a un hombre atrapado en flagrante delito y en medio de la oscuridad mientras extraía arena del lecho del río Tireo, en el sector Tireo al Medio, Los Chichiguao.
Las medidas les fueron impuestas a Josué de Jesús Corcino, arrestado por los miembros del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa) y del Sexto Batallón de Cazadores del Ejército de la República Dominicana mientras extraía arena y gravilla del río Tireo sin contar con los debidos permisos ambientales.
Las autoridades arrestaron a Josué de Jesús Corcino alrededor de las 10:22 de la noche del pasado miércoles 2 de septiembre, a bordo de un vehículo tipo camión volteo, marca Daihatsu, color rojo, placa SO 10411, en el cual se disponía a extraer y transportar materiales de la corteza terrestre.
El apresamiento de Josué de Jesús Corcino se produjo cuando miembros del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa) realizó un operativo nocturno de reacción rápida, en respuesta a una denuncia de un ciudadano que grabó con un dispositivo telefónico la extracción del material en medio de la oscuridad y alertó a toda la comunidad a través de WhatsApp.
El detenido, el vehículo y su carga fueron conducidos bajo custodia militar a la Oficina Municipal de Medio Ambiente, en Constanza.
El procurador de Corte Ramón Arturo Rosario Sánchez, adscrito a la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Proedemaren), del departamento judicial de La Vega, expuso a la jueza Yanet Bernabel Martínez la gravedad de los hechos cometidos por el imputado.
En ese contexto, solicitó que al procesado se le impusiera prisión preventiva y la incautación del camión utilizado en la comisión del delito que afecta a río vital para agricultura del valle de Tireo, pero que se encuentra profundamente impactado por la depredación ambiental.
El representante del órgano persecutor indicó que las acciones cometidas por Corcino se encuentran tipificadas y sancionadas en los artículos 16 (numerales 1, 10, 16, 30, 38 y 40) 41(numeral 10), 116, 124, 129, 174, 175 (núm. I y 8) y 183 de la Ley 64-00, General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como también la Ley 123-71, que prohíbe la extracción de los componentes de la corteza terrestre.
30 años de prisión para hombre que asesinó a un primo para robarle en SDN
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Acogiendo la solicitud del Ministerio Público, un tribunal condenó a un hombre a 30 años de prisión que le provocó la muerte a un primo para robarle sus pertenencias, en un hecho ocurrido en el sector Hacienda Estrella, de Santo Domingo Norte, en el año 2022.
Yimi Francisco Acosta Mateo fue condenado a cumplir la pena máxima en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, del municipio de San Antonio de Guerra, de la provincia Santo Domingo, así como al pago de una indemnización de 2.0 millones de pesos a los familiares de la víctima.
Acosta Mateo fue declarado culpable de provocarle la muerte a causa de varias heridas de arma blanca a su primo Pablo Geovani Toribio Acosta (Vani), para despojarlo de una cantidad indeterminada de dinero, una cartera y una cadena de oro.
El expediente instrumentado por el fiscal litigante Wilson Díaz señala que, mientras el hoy occiso se encontraba en un colmado del sector de Villa Jerusalén, donde residía, al lugar se presentó el encartado, a quien le había pedido que lo acompañara a un car wash del sector de Haras Nacionales, del municipio Santo Domingo Norte, para lavar su vehículo, antes de viajar a los Estados Unidos en horas de la tarde.
La víctima dejó el vehículo lavando en el establecimiento para regresar luego al lugar a retirarlo junto a su pariente. Horas después ambos salieron de la vivienda del hoy occiso con destino al car wash a buscar el vehículo.
Posteriormente, Acosta Mateo cometió el asesinato de su primo, siendo arrestado con orden judicial y sometido a la justicia tras ser identificado como principal sospechoso del crimen.
En el juicio, el Ministerio Público, representado por la fiscal litigante Ana Basora, presentó diferentes pruebas testimoniales, documentales, periciales, actos procesales, audiovisuales y materiales, con los que demostró la responsabilidad penal del procesado.
El Ministerio Público demostró ante los jueces del Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este, Josefina Ubiera Guerrero (presidenta), Ana Miledys Taveras e Isaías R. Martínez P., que el procesado violó los artículos 295, 298, 302, 379, 382, 383 y 386 del antiguo Código Penal Dominicano y los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Condenas a 40 y 30 años de prisión a tres hombres por el asesinato de un segundo teniente de la Fuerza Aérea
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Acogiendo la solicitud del Ministerio Público, el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a tres hombres con penas de 40 y 30 años de prisión, por el asesinato de un segundo teniente de la Fuerza Aerea de la República Dominicana (FARD), en el sector de Hainamosa.
Stiven Herrera (Wilito y/o Moto Loco) y Yeuri Antonio Rojas (Tommy, Jhon y /o Jhonci el Mecánico) fueron sentenciados a 40 años de prisión, mientras que, al capitán de la FARD Fraulin Gabriel Pérez Camacho debrerá cumplir 30 años de prisión, por el asesinato del segundo teniente aéreo Bienvenido Reyes Chalas.
El Ministerio Público, representado por los fiscales Francisco Vinicio y Ana Basora, demostró al tribunal la responsabilidad penal de los tres procesados, quienes violaron los artículos 265, 266, 295, 304, 379, 383 y 386 del Código Penal Dominicano, que castigan la asociación de malhechores, el homicidio voluntario y el robo agravado.
Los sentenciados también violaron las disposiciones de los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
El expediente, instrumentado por la fiscal investigadora Ivette Mateo, señala que los hechos ocurrieron la madrugada del lunes 16 de diciembre del 2024, en la calle 3ra. del sector de Hainamosa, mientras Reyes Chalas se encontraba compartiendo en un juego de dominó, en compañía de varios amigos.
Revela que dos de los procesados, Yeury Antonio Rojas y Stiven Herrera, en compañía de un tercer hombre solo identificado como El Gordo, quien se encuentra prófugo, se presentaron al lugar en una moto y al notar su presencia Reyes Chalas intentó infructuosamente tomar su arma de reglamento para defenderse, lo que aprovechó Antonio Rojas para realizarle varios disparos, logrando impactarlo en el hemitórax, herida que terminó causándole la muerte.
Con la víctima en estado agónico, Antonio Rojas lo despojó de su arma de reglamento y de una cadena, mientras el encartado Herrera y El Gordo lo esperaban, hechos que quedaron captados en cámaras de seguridad del lugar.
Durante la investigación, realizada por el Ministerio Público, en coordinación con el Departamento de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional (DICAT), fue identificado una Toyota Land Cruiser, color blanco, placa núm. G240236, registrada a nombre del conscripto de la Fuerza Aérea Odailyn Ezequiel Santana Encarnación, quien prestó el vehículo a su supervisor Fraulin Gabriel Pérez Camacho.
El vehículo fue captado pasando minutos antes por el lugar donde estaba el hoy occiso, siendo conducido por el capitán Pérez Camacho, desmontándose del mismo los encartados Antonio Rojas y Herrera, para abordar la motocicleta que conducía El Gordo, en la que posteriormente utilizaron para desplazarse y cometer el asesinato.
Al momento del arresto, a Herrera le fue ocupada el arma de fuego, tipo pistola, marca Taurus, calibre 9 mm, serie No. TER21429, con su cargador y catorce cápsulas del mismo calibre, la cual portaba de manera ilegal y que, al ser depurada, se encontró que había sido robada en San Pedro de Macorís.
Al ser entrevistado, en presencia de su abogado, Herrera admitió los hechos, ubicándose como la persona que se visualiza en los videos, como el que va en el medio de la motocicleta que intercepta al occiso, portando un arma de fuego e indicó que fue contactado por Pérez Camacho para cometer el hecho.
El Ministerio Público demostró que Antonio Rojas actuó como el autor material del disparo que provocó la muerte al oficial para despojarlo de su arma de reglamento y una cadena de oro, y Stiven Herrera, como participante en el asalto.
Al momento de ser depurado, Pérez Camacho figura con un proceso posterior de robo, en el año 2022, por el cual hasta el momento está en investigación.
Por decisión de los jueces Julio A. de los Santos Morla, Yuri Cuevas de la Cruz y Ana Miledys Taveras, los procesados Herrera y Antonio Rojas deberán cumplir su condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras,
En el caso del capitán Pérez Camacho, cumplirá la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Ministerio Público inicia presentación de pruebas testimoniales contra Antonio y Maribel Espaillat en el Caso Jet Set
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público inició este viernes la presentación de las pruebas testimoniales en el juicio seguido contra Antonio Espaillat y Maribel Espaillat, quienes son procesados por incurrir en homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias tras el colapso del techo del Jet Set, donde fallecieron 236 personas fallecidas y más de 180 heridas el 8 de abril de 2025.
En la jornada fueron presentados dos peritos, quienes mostraron los resultados del informe técnico pericial realizado al establecimiento luego de que ocurrieron los hechos, estableciendo, como consta en el expediente acusatorio, que la estructura colapsó porque fue sobrecargada con diferentes aparatos, entre estos, equipos de climatización de gran volumen y tinacos de agua.
El ingeniero sismorresistente Leonardo de Jesús Reyes Madera, director de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie), explicó que el techo solo estaba preparado para soportar unas 160 libras, pero que tenía más de 650 libras.
“Eso significa que solo a nivel del peso propio que debía resistir, estaba excedido unas cinco veces el peso original; además de eso, los techos no están para recibir cargas de esa naturaleza ni mucho menos lo que le llamamos cargas vivas (relacionados a todo lo que es móvil)”, dijo.
“En este caso nos encontramos con una cantidad de unidades de aire, tanques de agua, equipos, casetas”, dijo al explicar que lo pudieron rastrear desde el 2011 hasta el 2025 a través de Google Earth, donde se puede ver cómo fueron variándose y aumentándose esas cargas vivas que excede en mucho las 220 libras por metros cuadrados que están establecidas por norma.
Detalló que del 2011 al 2025 el techo se fue variando, iniciando en el 2011 visiblemente con siete elementos, después en el 2017 tenía 12 unidades, y entre 2017 y 2025 llegaron a 17 instalaciones visibles sobre el techo.
Dijo que previamente a la evaluación consultaron con el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), el Instituto de Sismología de la UASD y la Policía Nacional para descartar otras posibles causas.
En la audiencia también compareció Máximo José Corominas Quezada, ingeniero civil con una especialidad en costo y en patología de las edificaciones, quien, igualmente, dijo que el colapso del Jet Set se produjo por sobrepeso.
Dijo que al establecimiento le hicieron ampliaciones y que crearon un mezzanine que fungía como la zona VIP. Además, que en visita al establecimiento pudieron observar que había zonas donde todavía permanecían “los finos” del techo y que vieron con asombro que habían cuatro capas “de fino” sobre la losas cuando solo debería de haber una.
El Ministerio Público estuvo representado en audiencia por el director general de Persecución, Wilson Camacho; los fiscales litigantes Emmanuel Ramírez, Rosa Ysabel y Miguel Collado. De la Fiscalía del Distrito Nacional, la fiscal Magali Sánchez.
El juez Franny González, de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, escuchó a los peritos en la continuación del juicio.
En el proceso el Ministerio Público ha establecido que el techo recibió varias reparaciones superficiales, inadecuadas e insuficientes para la necesidad que ameritaba el mismo y para evitar que el local se convirtiera en una fuente de peligro.
Los representantes del Ministerio Público han indicado que demostrarán en el proceso, con diferentes pruebas, que lo ocurrido la madrugada del 8 de abril del año 2025, no puede ser explicado como un simple accidente, ni como un hecho completamente imprevisible.
Asimismo, que existió un conjunto de condiciones estructurales, modificaciones, sobrecargas y señales del daño progresivo, que fueron conocidas por quienes tenían responsabilidad y control sobre la operación del establecimiento.
El desplome del techo del Jet Set, la discoteca ubicada en la avenida Independencia, en el sector El Portal, del Distrito Nacional, se produjo en horas de la madrugada del 8 de abril de 2025.
El juez González dispuso la celebración de la audiencia todos los viernes. Luego de completar la agenda de la jornada de este viernes, el juicio fue aplazado hasta el próximo 11 de septiembre.
En la próxima audiencia los fiscales del órgano acusador continuarán con la presentación de las pruebas testimoniales.
El expediente consta de 156 páginas e incluye 84 testigos, además de peritajes de ingeniería sismorresistente y patológica.
Por razones de espacio, debido a la cantidad de víctimas y querellantes, la audiencia se celebra en la sala del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Tribunal otorga prórroga de cuatro meses al Ministerio Público para investigar red que cometió desfalco en el SeNaSa
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional otorgó este viernes una prórroga de cuatro meses al Ministerio Público para concluir la investigación y presentar acusación contra Santiago Marcelo F. Hazim Albainy y otros vinculados a la red de corrupción que desfalcó con miles de millones de pesos al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dijo: “Como todos ustedes saben, nuestras investigaciones son vivas, nuestras investigaciones son activas, y no se circunscriben a los imputados que se presentaron en la medida de coerción”.
“Así que, esperemos el depósito de la acusación y ahí ustedes verán el alcance de la misma”, añadió Ortiz, al responder preguntas de la prensa sobre el avance de las investigaciones.
“Seguimos trabajando y tengan por seguro que estaremos presentando los casos como lo hemos hecho siempre”, afirmó.
Como solicitó el Ministerio Público, el tribunal también rechazó el pedimento de algunas barras de la defensa y decidió mantener la prisión preventiva como medida de coerción a imputados en este proceso.
El juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, determinó que la prórroga se justifica y la estableció hasta el próximo 11 de diciembre.
El juez fijó para el próximo 25 de septiembre la lectura íntegra de la decisión.
El Ministerio Público estuvo representado en la audiencia por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y la procuradora de corte Mirna Ortiz, así como el procurador de corte Héctor García y las fiscales litigantes Rosa Alba García y Yudelka Holguín.
La solicitud de prórroga, que fue depositada por el órgano acusador el pasado 10 de agosto, fue presentada al tribunal por la fiscal Rosa Alba García, quien estableció ante el juez que este caso tiene varias líneas de investigación.
Una de las líneas de investigación es la que tiene que ver con la custodia y almacenamiento de documentos de una empresa privada que obstaculizó la continuidad de la investigación, “por lo que el Ministerio Público tuvo que solicitar una orden de allanamiento y buscar aproximadamente 15 mil cajas de documentos”.
El Ministerio Público reiteró que la prórroga le permitirá seguir ampliando la investigación sobre hechos de corrupción en SeNaSa.
El plazo fue solicitado por los cientos de miles de operaciones que se tienen que analizar, la cantidad de investigados y la gravedad de los hechos.
El proceso penal
El pasado 5 de agosto, el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó otra vez la prisión preventiva impuesta a Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa y cabecilla del entramado de corrupción, así como a otros vinculados al caso.
El cumplimiento de la coerción de 18 meses de prisión preventiva le fue impuesta en diciembre del pasado año a Hazim Albainy y a los coimputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim y a Ramón Alan Speakler Mateo.
También, fue impuesta la misma medida a la imputada Ada Ledesma Ubiera, quien ahora cumple arresto domiciliario, luego de que se le variara la coerción por asuntos de salud el pasado 16 de julio.
El proceso judicial, que inició a partir de la Operación Cobra, también se sigue contra los imputados Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, a quienes el pasado mes de diciembre también les fueron impuestas medidas de coerción, consistentes en arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país.
Por el caso también es procesado Ángel Luis Guzmán Vásquez, a quien el pasado 30 de julio el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, también, le ratificó la prisión preventiva de 18 meses que le fue impuesta el pasado mes de mayo.
El entramado criminal fue desmantelado con la Operación Cobra, iniciando el Ministerio Público, posteriormente, la judicialización en busca de sanciones penales y el decomiso del dinero sustraído al patrimonio público.
Con sus actuaciones, los procesados afectaron a los afiliados al SeNaSa, al defraudar esa administradora de riesgos de salud (ARS) pública con miles de millones de pesos.
Al grupo se le imputa cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
En el transcurso de la investigación, el Ministerio Público ha podido recabar evidencias de soborno a gran escala, adulteraciones de estados financieros, programas especiales sin sustentos jurídicos, utilizados para distraer fondos, mediante maniobras fraudulentas.
El órgano acusador indicó que se trata de un esquema de corrupción sistemático instalado por el director ejecutivo del SeNaSa, en coalición con funcionarios de esa ARS y con la participación, en asociación criminal, de prestadores del servicio de salud, en perjuicio del Estado dominicano.
