Diario Digital Dominicano, por Andrés Rodríguez, 3 de febrero 2023, Santo Domingo, DN, República Dominicana.-Ministerio Público de Duarte logra prisión preventiva contra hombre que encabezaba red de viajes ilegales hacia Las Bahamas
DUARTE (República Dominicana).- El Ministerio Público de esta demarcación logró que un tribunal impusiera tres meses de prisión preventiva a un hombre acusado de liderar una red que se dedicaba a la realización de viajes ilegales con destino al archipiélago de Las Bahamas.
La jueza Noemí Díaz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Duarte, a petición del fiscal Arturo Vélez, declaró el caso complejo y le impuso a Sixto Alfredo Paulino Hernández la prisión preventiva que deberá cumplir en la Fortaleza Duarte.
El Ministerio Público también le imputa incurrir en trata de personas y lavado de activos provenientes de actividades ilícitas.
La institución detuvo al imputado mediante operativo desarrollado en coordinación con la División Especializada de Investigación Contra Delitos Migratorios (Deidem).
La acción se llevó a cabo en el transcurso de la investigación que implicó un amplio operativo en la provincia Duarte con allanamientos de varias propiedades que Paulino Hernández utilizaba tanto para la comisión de los ilícitos como para evadir su detención.
Las autoridades ejecutaron una orden de arresto, además de ocupar armas de fuego de alto calibre y municiones tipo militar.
Con anterioridad, Paulino Hernández había recibido una condena en la ciudad de Santiago por este tipo de delitos.
Dictan siete años de prisión a hombre que intentó matar a su expareja en el sector Mejoramiento Social
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Los jueces del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenaron a siete años de prisión a un hombre acusado por el Ministerio Público de agredir en varias ocasiones a su expareja, con último incidente registrado en noviembre de 2021, en el sector Mejoramiento Social.
Harold Fernando Collado Custodio, acusado por la Fiscalía del Distrito Nacional de violencia física contra Yanil Quiñonez Gabriel, deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres, en San Cristóbal.
El tribunal, integrado por los magistrados Vladimir Rosario, Milagros Ramírez y Leticia Martínez Noboa, tomó la decisión luego de valorar las pruebas periciales, testimoniales y documentales aportadas por el fiscal litigante Orlando Ramos, quien pidió la condena considerando la gravedad de los hechos y el peligro que representa el agresor para su excompañera.
La acusación sustentada por la Fiscalía del Distrito Nacional establece que Collado Custodio atacó en tres ocasiones a su expareja Quiñonez Gabriel.
Indica que el 6 de noviembre de 2021 el hoy condenado interceptó a la mujer mientras caminaba por la calle Baltazar de los Reyes, del sector Mejoramiento Social, la amenazó de muerte e intentó introducirla por la fuerza en su vehículo. Al ver que la víctima se resistía, el hombre le propinó varios golpes en la cara y le provocó heridas en el pecho con un objeto indeterminado.
Collado Custodio, quien asediaba de forma constante a la mujer para forzarla a regresar con él, ya la había agredido tanto en la residencia de ella como en su lugar de trabajo, en una plaza comercial de Santo Domingo Este, donde en una ocasión la estaba estrangulando y luego huyó al sentir que no respiraba.
El Ministerio Público estableció que la conducta de Harold Fernando Collado Custodio constituye los tipos penales de violencia de género e intrafamiliar, previstos y sancionados por los artículos 309-I y 309-II, Literales B, C, E y G, del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97 sobre Violencia Intrafamiliar.
Conocerán el lunes la solicitud de prisión preventiva contra hombre implicado en violación y muerte de hijastra en Sabana Perdida
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público solicitó la imposición de tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra un hombre implicado en la violación y muerte de una niña hija de su pareja, en un hecho ocurrido en enero pasado en el sector Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte.
Cheibin Guerrero García y/o Chervin Guerrero García (Chomi), de 19 años de edad, fue apresado y sometido a la acción de la justicia luego de que el Ministerio Público obtuviera diferentes evidencias que le vinculan al hecho cometido contra la infante de un año y cinco meses de edad.
La jueza suplente Carol Modesto, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, aplazó para el próximo lunes 6 de febrero, a partir de las 9:00 de la mañana, el conocimiento de la solicitud de coerción que hace la Fiscalía de Santo Domingo Este en contra del imputado.
El hecho ocurrió alrededor de las 6:10 de la tarde del pasado 29 de enero cuando el imputado se encontraba solo junto a la niña en el lugar donde residían.
La fiscal Dahiana Castillo Antigua está a cargo de la investigación del caso, mientras que el fiscal litigante Florentino Sánchez representa al Ministerio Público en el proceso.
El caso recibió la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 295, 304 y 331 del Código Penal Dominicano y al artículo 396, literales A y C, del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03).
El órgano persecutor del delito dijo esperar que en este caso se imponga la prisión preventiva que ha solicitado contra el imputado, por el peligro de fuga y la gravedad del caso.
Mirna Ortiz: “Los tribunales se niegan a hacer un examen de la Ley conforme a las nuevas tendencias”
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La procuradora de corte Mirna Ortiz deploró la decisión del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que varía la prisión preventiva a un imputado por corrupción administrativa del Caso Medusa y lamentó que los jueces sigan sin asumir la magnitud de los casos de corrupción procesados por el Ministerio Público.
Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), lamentó que “los tribunales continúan dando decisiones bajo un pensamiento ortodoxo”.
Al ser consultada por los periodistas sobre la decisión el juez Amauri Martínez de disponer el cese de la prisión preventiva a favor del imputado Alfredo Alexander Solano, ex subdirector administrativo del Ministerio Público, la litigante indicó que “los tribunales se niegan a hacer un examen de la Ley conforme a las nuevas tendencias, atender a la realidad de que los tribunales no estaban preparados para casos de esta magnitud, como tampoco la legislación está adaptada a casos de esta magnitud”.
Sostuvo que frente a los casos de corrupción que lleva el Ministerio Público en estos momentos producto de sus múltiples operaciones contra la corrupción y la impunidad se hace necesario, sin dilaciones y conforme lo ya establecido por el Tribunal Constitucional, “extender los plazos por la cantidad de imputados, la cantidad de pruebas, y la complejidad de la obtención de dichas pruebas; cosas que no se habían visto con otros procesos, por lo menos en la historia de la justicia penal dominicana”.
“Entonces, los jueces se niegan a entender esa realidad y, en este caso, incluso, el juez tampoco escuchó el llamado y el clamor de una víctima que le dijo a la justicia dominicana a través de una denuncia que su vida se sentía amenazada con la libertad del ciudadano Solano, y esa persona es nada más y nada menos que la exesposa del imputado”, añadió.
Al variar la prisión preventiva al acusado Solano, el juez Martínez le dispuso arresto domiciliario, el pago de una garantía económica por un monto de RD$10 millones a través de una compañía aseguradora e impedimento de salida del país.
La litigante de la Pepca resaltó que al tribunal se le explicó que la exesposa de Solano presentó, el día 26 de enero, una denuncia por sentirse violentada de manera persistente a través de llamadas telefónicas amenazantes, realizadas por el imputado desde la cárcel, desde dónde le advertía incluso, “que la cárcel no era eterna, o sea, poniendo fecha y hora para que a su salida resolvieran conflictos y situaciones de pareja”.
“El juez entendió que esto tampoco era motivo suficiente para mantenerlo en prisión y que eso era un caso distinto al caso que estábamos conociendo”, deploró Ortiz.
Por razones de espacio la audiencia fue celebrada en la Novena Sala Penal del Distrito Nacional, donde el Ministerio Público además de Ortiz estuvo representado por los fiscales Miguel Collado y Emmanuel Ramírez.
Ortiz recordó que el Ministerio Público se mantiene confiado en el proceso pese a la decisión del tribunal. “El Ministerio Público continúa como siempre a pie de batalla y seguiremos presentando la acusación donde inequívocamente serán enviados todos a juicio”, subrayó.
Además de Alfredo Alexander Solano, el proceso también se sigue en contra del ex procurador general Jean Alain Rodríguez Sánchez, quien es acusado de dirigir el entramado de corrupción administrativa cuando estuvo al frente del Ministerio Público en el período del 2016 al 2020.
También, contra el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra, y el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert.
Igualmente, contra Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos; la ex subdirectora administrativa Altagracia Guillén Calzado, así como de Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad, y el exasesor Miguel José Moya.
Los imputados del Caso Medusa enfrentan cargos criminales por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.
En este caso el Ministerio Público presentó una acusación mediante un voluminoso expediente de 12,274 páginas, acompañado de más de 3,500 pruebas, incluyendo más de 400 testigos. La acusación fue presentada contra 41 personas físicas y 22 empresas.
Ministerio Público y Funcapex capacitarán y concienciarán contra la violencia de género a personal de zona franca en Santiago
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público coordina con la Fundación para la Educación, Capacitación e Innovación (Funcapex) un programa para concientizar sobre la violencia de género, dirigido a empleados de las empresas que operan dentro del Parque Industrial Víctor Espaillat Mera de Santiago.
El proyecto forma parte de un convenio de colaboración interinstitucional firmado por la procuradora general Miriam Germán Brito y el fiscal Osvaldo Bonilla Hiraldo con Miguel Lama Rodríguez, presidente de Funcapex, una organización sustentada por la Corporación de Zona Franca de Santiago (CZFS).
La iniciativa busca impactar en la reducción de los casos de violencia de género e intrafamiliar, con la promoción de una cultura de “tolerancia cero a la violencia” y fomentar la inclusión, la convivencia y la integración familiar.
Además de Bonilla, acompañó a la procuradora general Frinette Padilla Jiménez, responsable de la Dirección Jurídica del Ministerio Público.
Lama Rodríguez estuvo acompañado por la directora del proyecto Capex, Cayra Bencosme y el asesor legal del CZFS, José Ramón Vega.
La magistrada Germán Brito ponderó el interés de los ejecutivos de la CZFS en contribuir con la convivencia pacífica en el seno familiar de sus empleados, así como con las poblaciones de los barrios que circundan el complejo empresarial.
“Ustedes no se han limitado a la búsqueda de ganancias, sino que han aportado para el progreso del entorno y por la calidad de vida de las personas”, resaltó en su despacho Germán Brito, al dirigirse a los visitantes.
“Me llega mucho el aspecto de que ustedes se integren en la preparación de los jóvenes, y eso tiene un efecto a largo plazo, porque les abre (a los jóvenes) esperanzas que no les llevarían a optar por una actividad delincuencial y eso tiene un mérito extraordinario para esta sociedad y particularmente para Santiago”, indicó Germán Brito.
También el fiscal de Santiago resaltó el apoyo de la CZFS en este antiguo proyecto del Ministerio Público, enfocado en concienciar a los trabajadores sobre el tema de violencia de género e intrafamiliar.
“Ahora queremos con el acuerdo también trabajar el tema de la conciliación y mediación dentro del parque”, agregó Bonilla.
En ese contexto, la magistrada Germán Brito resaltó el valor de las vías alternativas de resolución de conflictos. Indicó que la conciliación y la mediación tienen un efecto a largo plazo porque son “una forma de evitar que se llegue a la salida extrema del proceso penal y es una opción que tiene repercusión hasta en el aspecto de la sobrepoblación carcelaria y eso es una cuestión socialmente muy valiosa y que ayuda mucho al progreso social”.
Mientras que Lama Rodríguez, presidente de la Corporación Zona Franca y Funcapex, agradeció la acogida de Germán Brito a la iniciativa que busca apoyar los esfuerzos de la Fiscalía de Santiago por disminuir los niveles de violencia intrafamiliar y de género.
“Espero que, dentro de poco, podamos reunirnos de nuevo para ver y aplaudir los resultados y el impacto en bienestar de nuestra gente”, indicó.
Lama Rodríguez hizo una breve presentación sobre el impacto económico y social que tiene el complejo de empresas de zona franca en la ciudad de Santiago y la región Norte.
También esbozó los planes que impactarán en la mejoría de los más de 22 mil trabajadores del complejo y de los 300 mil habitantes de los sectores circundantes.
“Esa es la única manera, doña Miriam”, recalcó, “para que el talento no se te vaya y los talentos queden y no migren, y no haya rotación en la empresa y no haya pérdida de gente valiosa que se te vaya, tienes que darle las condiciones necesarias, no las mínimas, las necesarias, para que la gente se quiera quedar”, amplió el directivo empresarial.
El convenio establece que ambas instituciones diseñarán, en conjunto, un programa de capacitación destinado a mejorar la convivencia, la inclusión social y la tolerancia cero de la violencia.
El proyecto facilitará la intervención de expertos para la formación y orientación en estos temas, así como también, se hará del conocimiento del colectivo las acciones legales que podrán ser tomadas a cargo del Ministerio Público ante situaciones de violencia.
Inicialmente se implementará un plan piloto en las empresas que operan dentro del Parque de Zona Franca Víctor M. Espaillat Mera, en Santiago.
El Ministerio Público valorará, en coordinación con otros órganos del Estado y a partir de los resultados obtenidos con el plan piloto, la posibilidad de implementar el proyecto en otras empresas.
